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Se perdieron más de 106.000 puestos registrados en 2025 mientras crece el monotributo

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El mercado laboral argentino cerró 2025 con un dato que, en apariencia, sugiere estabilidad pero esconde un cambio profundo en la calidad del empleo. Según datos de la Secretaría de Trabajo basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el total de trabajadores registrados se mantuvo prácticamente sin variaciones interanuales, pero con una transformación significativa: el empleo asalariado cayó en más de 106.000 puestos mientras el trabajo independiente, especialmente el monotributo, creció con fuerza.

El dato central revela una mutación en la estructura laboral. El empleo asalariado —que incluye al sector privado, al sector público y al trabajo en casas particulares— retrocedió 1% interanual en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024. En números concretos, la economía perdió 106.200 puestos formales bajo relación de dependencia.

Al mismo tiempo, el trabajo independiente aumentó 3,8%, con 104.800 nuevos inscriptos. Esa expansión compensó estadísticamente la caída del empleo asalariado y evitó que el total de puestos registrados mostrara un descenso más marcado.

El resultado plantea una tensión que ya comienza a discutirse en el plano político y económico: el empleo formal no desaparece del todo, pero cambia de forma. Y en ese proceso, el peso del trabajo con menor protección laboral crece.

La caída del empleo asalariado y el impacto sectorial

El retroceso del empleo registrado bajo relación de dependencia se distribuyó en varios segmentos del mercado laboral.

El sector privado explicó la mayor parte de la contracción, con una caída interanual del 1,4% equivalente a 88.800 puestos menos. El empleo público también mostró retrocesos, aunque más moderados: bajó 0,5%, lo que representa 18.700 empleos menos.

El único segmento con estabilidad fue el trabajo en casas particulares, que registró una variación prácticamente neutra, con un leve aumento de 0,3%.

Los datos muestran que el problema no se concentra en un solo sector. El deterioro atraviesa tanto al empleo privado como al estatal, lo que sugiere un impacto más amplio del contexto económico.

La dinámica tampoco es reciente. Según la serie del SIPA, la destrucción neta de puestos comenzó en septiembre de 2023 y se profundizó durante 2024. Aunque hacia fines de ese año se observó una recuperación moderada, durante 2025 el mercado laboral volvió a mostrar señales negativas.

Entre junio y diciembre del año pasado, el empleo privado acumuló siete meses consecutivos de variaciones negativas. En ese período se perdieron 96.800 puestos.

Si se amplía la mirada temporal, el deterioro es más marcado: entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 desaparecieron aproximadamente 150.000 empleos privados registrados.

Industria y comercio, los sectores más golpeados

El análisis sectorial revela que el impacto del ajuste económico se concentró en actividades intensivas en mano de obra.

Durante 2025 la industria perdió cerca de 40.000 puestos de trabajo registrados, la mayoría durante el segundo semestre del año. El comercio también mostró una caída significativa: desde mayo se redujeron 22.600 empleos.

El fenómeno no parece limitado a sectores tradicionalmente vulnerables. Incluso áreas consideradas beneficiarias del actual esquema económico —como agro, minería o intermediación financiera— destruyeron empleo durante el segundo semestre de 2025.

Ese comportamiento sugiere que la desaceleración laboral responde a un cuadro económico más amplio, marcado por la caída de la actividad y el ajuste fiscal.

El crecimiento del monotributo como amortiguador estadístico

El crecimiento del trabajo independiente aparece como el principal factor que evita una caída más pronunciada del empleo registrado total.

Durante 2025, el monotributo incorporó más de 104.800 trabajadores. Desde noviembre de 2023, el aumento acumulado alcanza 159.501 nuevos monotributistas.

Sin embargo, ese crecimiento también abre un debate sobre la calidad del empleo generado. En muchos casos, el monotributo funciona como un esquema laboral con menor estabilidad, menos protección social y sin las condiciones propias del empleo asalariado formal.

El fenómeno no es nuevo en el mercado laboral argentino, pero los datos recientes indican que se aceleró en el contexto del ajuste económico.

Un mercado laboral en transición

El balance de 2025 deja un diagnóstico ambiguo: el empleo registrado no colapsó en términos cuantitativos, pero sí experimentó un desplazamiento hacia modalidades laborales más flexibles.

Esa transformación ocurre en paralelo a una economía que todavía no logra consolidar una recuperación sostenida de la actividad.

El comportamiento del empleo en los próximos meses dependerá de dos variables centrales: la evolución del nivel de actividad y la capacidad de los sectores productivos de volver a generar empleo bajo relación de dependencia.

Por ahora, los datos sugieren un mercado laboral que se mantiene en pie, aunque con una estructura cada vez más distinta de la que existía apenas dos años atrás.

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Sturzenegger aseguró que se crearon 400.000 empleos informales o independientes pese a la caída del trabajo formal

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En medio del debate sobre el impacto social del programa económico, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender el balance laboral de la gestión de Javier Milei y sostuvo que la economía generó unos 400.000 nuevos puestos de trabajo en los dos primeros años de gobierno.

El dato, difundido por el funcionario al analizar estadísticas oficiales, apunta a responder una de las críticas más persistentes hacia el rumbo económico: la idea de que la actividad puede recuperarse sin una mejora real en el empleo. Para Sturzenegger, ese diagnóstico no se sostiene frente a los números de crecimiento y a la evolución del mercado laboral.

Según su planteo, la economía registró una expansión del 6,6% en el primer año de gestión y del 3,5% en el segundo, mientras que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) proyecta un crecimiento trimestral cercano al 1% hacia adelante. En ese marco, el ministro afirmó que el país podría alcanzar un aumento acumulado del producto cercano al 20% al final del mandato presidencial.

“Es implausible que con tanto crecimiento tengamos un problema de empleo”, planteó.

La intervención del funcionario no fue casual: busca instalar la lectura oficial de que el mercado laboral está atravesando una reconfiguración estructural más que una crisis de destrucción de empleo.

Un mercado laboral en transición: más trabajo independiente y menos empleo formal

El análisis del Gobierno se apoya principalmente en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Según esa medición, la tasa de actividad —que mide la proporción de personas que trabajan o buscan empleo— subió del 48,2% en el tercer trimestre de 2023 al 48,6% en el mismo período de 2025.

Ese aumento implicó una expansión de la población económicamente activa: pasó de 14.210.000 a 14.554.000 personas.

Dentro de ese universo, el número de ocupados creció de 13.396.000 a 13.606.000, lo que el ministro interpreta como una señal de dinamismo laboral durante el actual gobierno.

Sin embargo, el cambio más relevante aparece al observar la composición del empleo. De acuerdo con la Cuenta de Generación del Ingreso, que permite estimar el total nacional, el país pasó de 22.260.000 puestos de trabajo en el tercer trimestre de 2023 a 22.668.000 en igual período de 2025.

La diferencia equivale a unos 408.000 empleos adicionales, pero con una característica central: el crecimiento se explica mayormente por modalidades informales o independientes.

Según el detalle presentado por Sturzenegger, en ese período se registró: +630.000 empleos informales o independientes, –222.000 puestos de trabajo formales

El ministro describió ese movimiento como un cambio en la estructura del mercado laboral vinculado a formas de trabajo más flexibles, donde el monotributo y las tareas independientes adquieren mayor peso.

La Ley Bases y la apuesta oficial por la flexibilización laboral

Dentro de la explicación oficial, el Gobierno vincula esa transformación con las reformas económicas impulsadas durante la gestión. En particular, Sturzenegger mencionó el impacto de la Ley Bases, que según su interpretación facilitó la expansión del monotributo al reducir cargas impositivas.

Para el ministro, la discusión sobre la calidad del empleo requiere mirar no solo la formalidad del vínculo laboral, sino también el nivel de ingresos.

En ese sentido, señaló que en 2025 el ingreso promedio de un trabajador independiente alcanzó los $1.460.000 mensuales, mientras que el salario promedio de un trabajador asalariado se ubicó en $1.300.000.

“No hay una relación directa entre trabajo independiente y trabajo de mala calidad”, sostuvo.

La comparación busca reforzar el argumento de que el crecimiento del empleo autónomo no necesariamente implica precarización, sino que puede reflejar una reorganización del mercado laboral hacia esquemas menos dependientes del empleo asalariado tradicional.

Sectores en expansión y la construcción como foco de la caída

El análisis sectorial también muestra un panorama heterogéneo. De acuerdo con los datos citados por el ministro, el empleo creció en la mayoría de los 17 sectores productivos relevados, aunque con algunas excepciones.

Las caídas se concentraron en: Construcción, Pesca, Minería, Intermediación financiera, y Servicio doméstico

El caso más significativo es el de la construcción, que explicó alrededor del 80% de las bajas laborales registradas en el período analizado.

El dato resulta relevante porque ese sector fue uno de los más afectados por el ajuste fiscal y la paralización de la obra pública durante la primera etapa del programa económico.

En contraste, el ministro destacó que la industria manufacturera sumó 40.000 nuevos puestos de trabajo en los dos años analizados, un dato que el oficialismo utiliza para responder a las críticas sobre un eventual deterioro del empleo industrial.

El debate por la caída del empleo registrado

Uno de los puntos más sensibles del diagnóstico laboral es la caída del empleo formal registrada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Según esos registros, la cantidad de trabajadores registrados pasó de 13.287.000 a 12.852.000 en un año.

Sturzenegger sostuvo que esa disminución responde casi por completo a un factor específico: la reducción del monotributo social.

De acuerdo con su explicación, ese régimen había sido ampliado en el pasado al eliminarse el costo de la prestación, lo que llevó a una inscripción masiva. Cuando el Gobierno restableció el pago parcial del sistema de salud, la cantidad de inscriptos cayó con fuerza.

El número pasó de 653.400 a 248.900, lo que el ministro considera suficiente para explicar prácticamente la totalidad de la baja en los trabajadores registrados.

La disputa política por la narrativa del empleo

Más allá de los datos, el mensaje del ministro tiene una dimensión política clara. El Gobierno busca instalar la idea de que la recuperación económica ya se refleja en el mercado laboral, aunque con nuevas modalidades de inserción laboral.

Ese enfoque choca con otra interpretación presente en el debate público, que señala la pérdida de empleo formal y la expansión del trabajo independiente como señales de precarización.

En ese cruce de diagnósticos se juega parte de la discusión sobre la agenda laboral futura, especialmente en torno a la modernización de las regulaciones laborales que el Ejecutivo impulsa como parte de su programa de reformas.

Un mercado laboral que todavía redefine su equilibrio

Los datos expuestos por el ministro muestran un mercado laboral que crece en cantidad de puestos pero cambia en su estructura.

El interrogante político y económico es si esa transformación se consolidará como una nueva normalidad laboral, basada en mayor autonomía y flexibilidad, o si representa una etapa transitoria dentro de un proceso de reacomodamiento más amplio de la economía argentina.

Las próximas mediciones de actividad, empleo formal y evolución salarial serán claves para determinar si el crecimiento económico proyectado logra traducirse en un sistema laboral más estable o si el debate sobre la calidad del empleo seguirá siendo uno de los ejes centrales de la discusión política.

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ANSES actualiza las asignaciones familiares y redefine el mapa de ingresos desde marzo

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El sistema de asignaciones familiares vuelve a moverse en línea con la inflación. Con la Resolución 55/2026, publicada el 27 de febrero en el Boletín Oficial y vigente desde marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó un aumento del 2,88% en los montos, límites y rangos de ingresos que determinan el acceso a las prestaciones. El ajuste alcanza a trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de programas sociales, y vuelve a poner en foco el delicado equilibrio entre ingresos familiares, cobertura social y actualización por precios.

El dato clave no es solo el porcentaje, sino su efecto práctico: pequeños movimientos en los topes pueden incluir o excluir hogares completos del sistema. En un escenario de ingresos tensionados y ajustes mensuales por inflación, la actualización importa ahora porque define quiénes siguen dentro del régimen y quiénes quedan afuera, más allá de la nominalidad del aumento.

Qué cambia en la práctica: montos y topes más altos, pero con filtro estricto

La resolución dispone una actualización general del 2,88%, calculada según la fórmula de movilidad que sigue la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El incremento se aplica a:

  • Asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado.
  • Monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo y de la Ley de Riesgos del Trabajo.
  • Jubilados y pensionados del SIPA, pensiones no contributivas y PUAM.
  • Titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo.

La norma ratifica un punto sensible del esquema vigente: si uno de los integrantes del grupo familiar supera un ingreso individual de $2.722.595, el hogar queda excluido del cobro, aun cuando la suma total familiar no exceda el tope general. Es un criterio que refuerza el carácter selectivo del sistema y genera efectos de “salto” entre quienes quedan apenas por encima o por debajo del umbral.

La actualización no incluye la Ayuda Escolar, que fue definida por separado mediante el decreto 115/2026, manteniendo su lógica de ajuste anual y no mensual.

Antecedentes y marco institucional

La medida se inscribe en la arquitectura normativa que combina la Ley 24.714 con los cambios introducidos en los últimos años al régimen de movilidad. Desde 2024, las asignaciones y los haberes previsionales se ajustan mensualmente en función de la inflación, reemplazando esquemas más rezagados.

En este contexto, la Resolución 55/2026 no crea beneficios nuevos ni modifica el diseño del sistema, sino que actualiza parámetros para sostener el poder adquisitivo relativo de las prestaciones. El problema de fondo que busca administrar es conocido: evitar que la inflación licúe las asignaciones, sin desbordar el gasto social ni perder focalización.

Impacto económico: alivio parcial y efectos distributivos

Desde el punto de vista económico, el impacto es acotado pero extendido:

  • Ingresos familiares: el aumento acompaña la inflación del mes previo, pero no implica una mejora real del poder de compra.
  • Consumo: el refuerzo ayuda a sostener gastos básicos en hogares de ingresos medios y bajos, con impacto marginal en el mercado interno.
  • Costos fiscales: el ajuste incrementa el gasto en prestaciones, aunque dentro de una lógica de actualización automática ya prevista.
  • Efectos distributivos: los topes actualizados pueden dejar fuera a familias con ingresos apenas superiores al umbral individual, un punto que suele generar tensiones en el sistema.

No hay efectos directos sobre inversión o empleo, pero sí una incidencia indirecta en la estabilidad de ingresos de sectores con alta propensión al consumo.

Señales políticas: continuidad y administración del gasto social

La resolución envía una señal de continuidad. El Gobierno mantiene el esquema de ajustes mensuales por inflación, sin introducir discrecionalidad ni cambios estructurales. No es una expansión del sistema, pero tampoco un recorte: es una administración técnica del gasto social, alineada con el objetivo de previsibilidad.

Al mismo tiempo, el mantenimiento de topes individuales estrictos refuerza una lógica de focalización, que busca concentrar recursos en los hogares de menores ingresos y contener el costo fiscal.

Qué mirar hacia adelante

En los próximos meses, el impacto real dependerá de dos variables: la velocidad de la inflación y la evolución de los ingresos formales. Si los salarios nominales siguen ajustándose por debajo de los precios, más hogares podrían mantenerse dentro del sistema. Si ocurre lo contrario, los topes —aunque actualizados— pueden volver a actuar como barrera. Ese cruce entre inflación, salarios y umbrales será la clave para medir el alcance efectivo de esta actualización.

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Qué cambia con la nueva Reforma Laboral para empleados, pymes y freelancers

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La reforma laboral que impulsa el Gobierno tiene como uno de sus ejes centrales la regularización de relaciones laborales no registradas o mal registradas. Para ello, prevé incentivos como la reducción de aportes patronales en nuevas contrataciones y mecanismos que faciliten el blanqueo sin que el proceso derive automáticamente en multas o juicios.

Según el Ejecutivo, el objetivo es doble: ampliar el empleo formal y reducir la litigiosidad, un factor que históricamente elevó el costo de contratar en Argentina.

Menos “zona gris” y más previsibilidad

Uno de los problemas que busca atacar la reforma es el fenómeno de los trabajadores en “zona gris”: vínculos contractuales que comienzan como prestación de servicios y terminan siendo recalificados como relación de dependencia en sede judicial.

La nueva normativa intenta reducir ese riesgo, otorgando mayor reconocimiento al contrato de servicios cuando esté correctamente diseñado. Sin embargo, advierte que el empleo encubierto seguirá siendo pasible de reclamo: si existen horario fijo, exclusividad y subordinación, prevalecerán los hechos sobre la forma contractual.

En paralelo, se crea un fondo de cese laboral que reemplaza el esquema tradicional de indemnización “de golpe” por un sistema de capitalización progresiva. El Gobierno sostiene que aportará previsibilidad al costo de desvinculación, mientras que algunos especialistas consideran que podría garantizar cobros más automáticos si está bien financiado. No obstante, también abre el debate sobre el nivel real de protección y quién asume el mayor aporte.

Despidos, bloqueos y condenas en cuotas

La ley habilita el despido con justa causa en casos de bloqueos o tomas de empresas en el marco de reclamos sindicales. Además, permite el pago en cuotas de condenas e indemnizaciones en determinados esquemas, un punto que apunta a aliviar la carga financiera sobre las empresas.

Flexibilidad en horas extras y vacaciones

La reforma también busca regularizar prácticas ya extendidas en sectores como el gastronómico, comercial y tecnológico, donde existen esquemas de administración flexible de horas de trabajo.

Modalidades como el “viernes libre” o la compensación de jornadas especiales quedarían formalmente reconocidas, reduciendo el riesgo de judicialización. En materia de horas extras, se intenta dar marco legal a acuerdos que en muchos casos hoy se negocian por fuera de los convenios.

El foco en las pymes

Para las micro y pequeñas empresas, el “corazón” práctico de la reforma es el incentivo al blanqueo. Se crea la figura del “colaborador” para micro pymes, que permite contratar hasta cierto número de personas bajo un esquema distinto al de relación laboral tradicional.

Se trata de una herramienta pensada para tareas acotadas, aunque especialistas advierten que su uso como empleo encubierto podría derivar en conflictos judiciales.

Además, la reforma busca reducir el “miedo al costo de salida”, uno de los principales frenos a la contratación formal. Con un esquema más previsible, blanquear empleados dejaría de ser una decisión prohibitiva y pasaría a evaluarse en términos económicos.

Empresas con contratistas: más control y más compliance

En los casos de empresas que tercerizan servicios —seguridad, limpieza, logística u obras— se incorporan mecanismos para exigir comprobantes y retener pagos si el contratista incumple con obligaciones previsionales.

La reforma refuerza así un modelo de compliance laboral: si la empresa principal no controla, puede quedar expuesta a responsabilidad solidaria. Esto podría elevar costos administrativos, pero reducir riesgos futuros.

Autónomos y freelancers

Para profesionales independientes, la reforma amplía el reconocimiento del contrato de servicios. Un freelancer que factura a varios clientes, maneja sus horarios y trabaja por entregables tendría un marco más claro y menos riesgoso para las empresas contratantes.

Sin embargo, el esquema no protege situaciones de “monotributistas exclusivos” que cumplen horario fijo y reportan a un superior: en esos casos, la posibilidad de reclamo seguiría vigente.

Como independientes, aguinaldo y vacaciones quedarán librados a la negociación particular, no a la ley.

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Cómo quedaron las nuevas escalas y cuotas del Monotributo

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Tras conocerse el 2,8% de inflación de diciembre, ARCA ajustó los valores anuales del Monotributo que van a regir desde el 1º de febrero. Por su parte, las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias rigen desde el 1º de enero.

Así quedaron las escalas y cuotas del Monotributo: 

Con la información conocida, los montos totales mensuales van desde $42.386,74 para las categorías más bajas hasta $1.381.687,90 para la categoría K en locaciones y prestaciones de servicios.

Cabe recordar que está abierta la recategorización en el monotributo hasta el 5 de febrero.

Las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias rigen desde el 1º de enero. Si ya se liquidaron los salarios de diciembre, el mes que viene las empresas tendrán que compensar lo descontado de más.

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