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ANSES ajusta 2,15% las asignaciones familiares desde julio

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 2,15% en las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los límites de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso a estos beneficios. La actualización comenzará a regir para las prestaciones correspondientes a julio de 2026 y replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, siguiendo el esquema de movilidad mensual vigente.

La medida, formalizada mediante la Resolución 187/2026, tiene un alcance que trasciende a los beneficiarios directos. Para las economías regionales, especialmente en provincias como Misiones y el resto del NEA, donde una porción significativa del consumo depende de ingresos provenientes de prestaciones sociales, la actualización representa un refuerzo del ingreso disponible de miles de hogares, aunque en línea con la inflación y sin generar una mejora del poder adquisitivo real.

El ajuste responde al mecanismo de movilidad establecido tras la reforma previsional vigente, que dispone la actualización mensual de las asignaciones familiares utilizando como referencia la evolución del IPC publicado por el INDEC.

Además de incrementar los montos, la resolución actualiza los rangos de ingresos del grupo familiar (IGF) que determinan cuánto percibe cada trabajador registrado, jubilado, monotributista o beneficiario alcanzado por el régimen.

Uno de los aspectos relevantes para empleadores y áreas de recursos humanos es que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844 mensuales, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares, aun cuando la suma total de ingresos permanezca por debajo del límite general establecido.

Cuáles son los principales montos desde julio

Entre las prestaciones con mayor alcance se destacan los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares para trabajadores registrados.

Los principales valores serán:

  • AUH y Asignación por Embarazo: $148.049.
  • AUH Zona Patagónica: $192.464.
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $74.033.
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041, según ingresos familiares.
  • Nacimiento: $86.295.
  • Matrimonio: $129.209.
  • Adopción: $515.930.
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672.

Para los monotributistas, las asignaciones por hijo y prenatal continuarán diferenciándose por categoría:

  • Categoría A: $74.033.
  • Categoría B: $49.940.
  • Categoría C: $30.206.
  • Categorías D a H: $15.586.

Impacto en el consumo y en las economías regionales

Aunque el incremento mantiene el poder de compra frente a la inflación, su efecto económico adquiere mayor relevancia en localidades donde las transferencias sociales representan una parte importante de los ingresos familiares.

En el NEA, el aumento alcanza no sólo a titulares de la AUH, sino también a trabajadores registrados, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), veteranos de guerra, perceptores de prestaciones por desempleo y pequeños contribuyentes adheridos al Monotributo.

Desde la perspectiva comercial, estas actualizaciones sostienen parte del consumo de bienes esenciales —alimentos, medicamentos, indumentaria escolar y productos de primera necesidad—, segmentos con fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas regionales.

Qué cambia para empleadores y trabajadores

La resolución también actualiza los parámetros utilizados para determinar el acceso a las asignaciones familiares dentro del empleo formal.

Entre los aspectos que deberán considerar empresas y trabajadores figuran actualización del 2,15% en todos los montos alcanzados por movilidad. Nuevos rangos de ingresos familiares para calcular las asignaciones. Exclusión automática del beneficio cuando un integrante supere ingresos mensuales de $3.034.844. Vigencia para prestaciones y hechos generadores ocurridos desde julio de 2026.

La continuidad del esquema de actualización mensual consolida un mecanismo que evita el rezago de las prestaciones frente a la inflación, pero también implica que los ingresos de los beneficiarios evolucionen al ritmo de los precios y no por encima de ellos. Para el comercio minorista y las economías regionales, el principal indicador será si la desaceleración inflacionaria permite que futuras actualizaciones comiencen a traducirse en una recuperación efectiva del consumo interno.

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Brasil avanza con una reforma para los monotributistas: Lula impulsa elevar el tope de facturación

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió al Congreso un proyecto de ley para elevar el límite anual de facturación del régimen de Microemprendedor Individual (MEI), una de las principales herramientas de formalización de pequeños negocios en el país vecino.

La iniciativa fue confirmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, quien informó que el proyecto ya ingresó al Parlamento y será tratado por una comisión especial.

Actualmente, un emprendedor inscripto como MEI puede facturar hasta 81.000 reales anuales. La propuesta del Gobierno eleva ese límite a 140.000 reales, un incremento cercano al 73%, con el objetivo de actualizar un régimen que hace años quedó rezagado frente a la inflación y al crecimiento de la economía brasileña.

Además del aumento del techo de ingresos, el proyecto contempla otra modificación significativa: los microemprendedores podrán contratar hasta dos empleados, cuando hoy el régimen solo permite incorporar uno.

Una implementación gradual

Según explicó el diputado federal Jorge Goetten, relator de la comisión que analizará la propuesta, la actualización sería aplicada de manera escalonada durante 2027 y 2028, para facilitar la adaptación de los contribuyentes y reducir el impacto fiscal.

El tratamiento del proyecto también forma parte de las negociaciones políticas entre el Congreso y el Gobierno brasileño, luego de la aprobación de otras reformas laborales.

Qué es el MEI y por qué es importante

El régimen de Microemprendedor Individual (MEI) fue creado en Brasil para facilitar la formalización de trabajadores independientes y pequeños emprendedores mediante un esquema simplificado de impuestos y aportes previsionales.

Además del nuevo tope de 140.000 reales para el MEI, el sistema brasileño establece otras categorías:

  • Microempresa: hasta 360.000 reales de facturación anual.
  • Empresa de Pequeño Porte (EPP): hasta 4,8 millones de reales anuales.

El Gobierno brasileño sostiene que la actualización permitirá que miles de emprendedores permanezcan dentro del régimen simplificado, evitando que deban migrar prematuramente a esquemas tributarios más complejos.

Un debate que también interpela a Argentina

La iniciativa brasileña vuelve a poner sobre la mesa un tema que también genera discusión en Argentina: la necesidad de actualizar periódicamente los regímenes simplificados para pequeños contribuyentes.

Si bien ambos sistemas presentan diferencias, el MEI brasileño guarda similitudes con el Monotributo argentino, ya que busca promover la formalización, simplificar el pago de impuestos y reducir las cargas administrativas para trabajadores independientes y pequeños negocios.

En Argentina, las escalas del Monotributo se actualizan por inflación, pero cámaras empresarias y asociaciones de emprendedores vienen planteando la necesidad de revisar otros aspectos del régimen, como los límites de contratación, la carga tributaria y la transición hacia categorías superiores.

La decisión del gobierno de Lula podría convertirse en un nuevo antecedente regional sobre cómo adaptar estos esquemas a una economía con inflación y cambios permanentes en los ingresos de los pequeños contribuyentes.

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¿Qué plan de medicina prepaga conviene si sos monotributista?

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Trabajar por cuenta propia implica tomar decisiones que no siempre aparecen en el radar hasta que se vuelven urgentes. La salud suele ser una de ellas. Mientras el régimen simplificado resuelve lo impositivo en pocos pasos, el acceso efectivo a una cobertura médica requiere entender reglas, plazos y diferencias que no siempre son evidentes.

Quien se inscribe en el monotributo debe elegir una obra social. Pero esa elección inicial no necesariamente agota las alternativas. Entre derivación de aportes, convenios con prepagas y planes particulares, el abanico es más amplio de lo que parece.

¿Cómo se activa la cobertura de la obra social?

La cuota mensual del monotributo incluye un componente destinado a obra social. Ese aporte otorga acceso al Programa Médico Obligatorio (PMO), la cobertura básica que deben brindar las obras sociales.

Sin embargo, para utilizar efectivamente la cobertura suele ser necesario completar el proceso de afiliación ante la entidad elegida. Dependiendo de la obra social, este trámite puede realizarse de forma digital o requerir la presentación de documentación adicional. Además, los aportes no impactan de manera inmediata, por lo que la cobertura puede demorar algunos meses en quedar plenamente operativa.

Es importante tener en cuenta que la obra social básica solo garantiza las prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), que es la canasta mínima que deben cubrir tanto obras sociales como empresas de medicina prepaga. Quien busque una red más amplia o acceso a instituciones específicas suele optar por planes complementarios.

¿Puedo contratar una prepaga si soy monotributista?

Sí. Un monotributista puede contratar un plan de medicina prepaga.

Existen dos modalidades habituales. La primera consiste en elegir una obra social que tenga convenio con una prepaga y luego abonar una cuota diferencial para acceder a un plan superador. En este esquema, el aporte incluido dentro de la cuota del monotributo se destina a la obra social, y la empresa de salud cobra la diferencia según el nivel de cobertura elegido.

La segunda opción es contratar la prepaga de manera particular. En ese caso no hay derivación de aportes y el afiliado paga la cuota completa por fuera del monotributo. Este esquema también aplica para quienes no tienen recibo de sueldo o no están en relación de dependencia.

¿Se pueden derivar aportes directamente a la prepaga?

No siempre de forma directa.

El aporte incluido en el monotributo se destina obligatoriamente a una obra social. Para que ese dinero impacte en un plan privado, debe existir un convenio entre la obra social elegida y la prepaga. En ese esquema, la derivación funciona como un descuento parcial y el afiliado paga una cuota adicional por el plan superior.

No todas las prepagas operan con el mismo mecanismo ni todas las obras sociales aceptan afiliaciones de monotributistas sin restricciones. De hecho, uno de los inconvenientes más frecuentes es elegir una obra social que luego no admite la afiliación o demora el alta.

También hay que considerar que solo se puede cambiar de obra social una vez cada 12 meses. Y cada cambio implica nuevamente un plazo de espera de aproximadamente tres meses hasta que la nueva cobertura quede operativa.

Qué variables conviene analizar antes de elegir

La decisión no debería reducirse al precio mensual. En la práctica, varios factores inciden en la experiencia real de cobertura:

  • Alcance y calidad de la red de prestadores.
  • Presencia en distintas provincias si el afiliado viaja o trabaja de forma remota.
  • Acceso a sanatorios de alta complejidad.
  • Servicios digitales como consultas online o asesoramiento telefónico.
  • Cobertura de medicamentos ambulatorios.
  • Plazos de carencia para prácticas específicas.
  • Posibilidad de incorporar grupo familiar y costo adicional por adherentes.
  • Condiciones ante falta de pago. Con tres cuotas consecutivas impagas o cinco alternadas, la cobertura puede suspenderse.

También conviene recordar que para acceder a las prestaciones es indispensable estar al día con el monotributo. La deuda impacta directamente en la continuidad del servicio.

Para un trabajador independiente hay, además, una variable estructural: la continuidad de ingresos. Si no trabaja, no factura. Eso convierte a la previsibilidad de la cobertura en un criterio que excede la comparación de precios. No se trata solo de cuánto cuesta el plan, sino de cómo responde ante una situación médica que pueda interrumpir la actividad laboral durante semanas o meses.

¿Qué pasa si no tenés recibo de sueldo?

No tener recibo de sueldo no impide contratar una prepaga. Las empresas de medicina prepaga permiten asociarse de manera particular, es decir, abonando la cuota completa todos los meses sin derivación de aportes.

En estos casos, el afiliado paga el plan elegido de forma independiente, como cualquier servicio privado. La diferencia respecto de un trabajador en relación de dependencia o un monotributista es que no existe aporte obligatorio que funcione como descuento parcial. El valor de la cuota se abona íntegro.

Distinto es el caso de la obra social. Para acceder a una obra social dentro del sistema formal es necesario estar inscripto como trabajador en relación de dependencia o como monotributista. Además, se requiere contar con el Comprobante de Empadronamiento (CODEM), donde figura la obra social asignada y los datos del titular y su grupo familiar.

Si la persona trabaja de manera informal, una alternativa es adherirse al monotributo social. Este régimen permite emitir facturas, acceder a una obra social y realizar aportes previsionales, y está orientado a personas en situación de vulnerabilidad económica.

¿Cuál es la mejor prepaga para monotributistas?

En términos de segmentación, Swiss Medical opera mayormente en un rango superior del mercado. Sin embargo, ofrece distintas líneas de planes, algunos más accesibles que los corporativos premium.

Entre los puntos que suelen valorarse:

  • Posibilidad de derivar aportes mediante obra social vinculada.
  • Red sólida en múltiples provincias.
  • Servicios digitales como E-Consulta.
  • Centros médicos propios en grandes ciudades.

Para un profesional independiente que trabaja de forma remota o viaja con frecuencia, la cobertura nacional puede ser un factor determinante.

Por otro lado, si el ingreso mensual es variable o ajustado, la cuota puede representar un compromiso significativo. La clave está en calcular el valor neto tras la derivación de aportes y proyectar su impacto en distintos escenarios de facturación.

Una decisión que excede el valor mensual

Elegir cobertura médica siendo monotributista implica equilibrar costo, red y previsibilidad. No alcanza con comparar cuotas: lo relevante es cómo responde cada alternativa ante una internación, una cirugía o un tratamiento prolongado.

Al final, la elección no habla solo de una preferencia comercial. Expone cuánto margen financiero y cuánto nivel de respaldo busca cada trabajador independiente para sostener su capacidad de generar ingresos.

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ARCA endurece los controles sobre el Impuesto a las Ganancias y rechaza deducciones inconsistentes de trabajadores

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reforzó los controles sobre las deducciones declaradas por empleados en relación de dependencia en el Impuesto a las Ganancias, luego de detectar inconsistencias en las presentaciones correspondientes al período fiscal 2025. La decisión se produce en un contexto de creciente presión por mejorar la recaudación tributaria y coincide con las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ampliar la base de contribuyentes alcanzados por el gravamen.

Las primeras fiscalizaciones apuntan especialmente a trabajadores de mayores ingresos que habrían incorporado como deducibles gastos que la normativa no contempla. Entre los casos detectados figuran importantes erogaciones en indumentaria, gastos vinculados a vehículos y aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), conceptos que, en muchos casos, no cumplen con los requisitos legales para reducir la carga tributaria.

Según pudo conocerse, ARCA comenzó a enviar notificaciones a empleados cuyos formularios SIRADIG y las liquidaciones anuales F1359 presentan diferencias o inconsistencias. En esos avisos, el organismo informa que, tras revisar la documentación presentada, detectó deducciones que podrían resultar improcedentes y solicita la rectificación correspondiente. De no corregirse, el efecto inmediato será una mayor retención del Impuesto a las Ganancias.

Vestimenta, vehículos y otros gastos bajo la lupa

Uno de los principales focos de control está puesto sobre las deducciones por gastos de vestimenta. La legislación únicamente admite este concepto cuando la indumentaria está directamente vinculada con la actividad laboral y siempre que el empleador no asuma ese costo, como ocurre, por ejemplo, con uniformes o ropa de trabajo específica.

Sin embargo, especialistas del ámbito tributario señalaron que algunos empleados, particularmente en cargos jerárquicos o gerenciales, habrían declarado gastos millonarios en ropa como mecanismo para reducir la base imponible del impuesto. Incluso trascendieron casos de deducciones por indumentaria que superarían los $31 millones.

También quedaron bajo revisión las deducciones por gastos de vehículos. La normativa establece que este beneficio corresponde exclusivamente a quienes desarrollan efectivamente actividades como corredores o viajantes de comercio, por lo que no puede aplicarse de manera generalizada a cualquier trabajador que utilice un automóvil en el ejercicio de sus funciones.

Otro de los conceptos observados corresponde a aportes realizados a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), cuya deducción también está sujeta a condiciones específicas previstas en la legislación vigente.

Un mayor control para elevar la recaudación

El endurecimiento de los controles se enmarca en una estrategia orientada a reducir prácticas consideradas abusivas dentro del sistema de deducciones personales.

Si bien el régimen permite descontar determinados gastos para calcular el impuesto, la utilización de conceptos que no cumplen con los requisitos legales implica una menor recaudación fiscal y aumenta el riesgo de ajustes posteriores por parte del organismo recaudador.

En este escenario, ARCA busca reforzar las verificaciones sobre la información declarada a través del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SIRADIG), cruzando esos datos con las liquidaciones informadas por los empleadores en calidad de agentes de retención.

Qué gastos sí pueden deducirse

El régimen vigente contempla una serie de deducciones expresamente previstas por la ley para empleados en relación de dependencia.

Entre ellas se encuentran las cargas de familia, como hijos menores de edad o incapacitados para trabajar y el cónyuge o conviviente; una parte del alquiler de la vivienda; gastos educativos con topes establecidos; servicios médicos y honorarios profesionales; intereses de créditos hipotecarios destinados a vivienda única; donaciones efectuadas a entidades habilitadas; alquileres debidamente facturados y las remuneraciones y contribuciones correspondientes al personal de casas particulares.

Estas deducciones continúan plenamente vigentes, aunque el organismo reforzó las verificaciones para confirmar que cada una cumpla con los requisitos legales y cuente con la documentación respaldatoria correspondiente.

El FMI impulsa una ampliación del Impuesto a las Ganancias

La mayor fiscalización coincide con las recomendaciones incluidas por el Fondo Monetario Internacional en el último Staff Report sobre Argentina.

El organismo sugirió al Gobierno ampliar el universo de trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias hasta recuperar niveles similares a los de 2019, cuando alrededor del 20% de los asalariados tributaba este gravamen.

Además, el FMI propuso avanzar en una convergencia gradual entre la carga tributaria del monotributo y la que afrontan los contribuyentes inscriptos en el régimen general de autónomos, como parte de una estrategia de fortalecimiento de los ingresos fiscales.

En ese contexto, la decisión de ARCA de intensificar los controles sobre las deducciones personales aparece alineada con el objetivo oficial de incrementar la eficiencia recaudatoria sin modificar, por el momento, las alícuotas del impuesto.

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El empleo formal volvió a caer en marzo y el comercio marcó su peor nivel en casi dos años

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La recuperación del mercado laboral volvió a mostrar señales de fragilidad durante marzo. Luego de dos meses de relativa estabilidad, el empleo asalariado formal retomó la senda descendente y arrastró también al monotributo, una categoría que hasta ahora había mostrado mayor capacidad de resistencia. Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan que se perdieron 10.728 puestos de trabajo registrados respecto de febrero, mientras que la cantidad de monotributistas disminuyó en 6.322 personas en términos desestacionalizados.

El deterioro del empleo se da en un contexto de reconfiguración del mercado laboral impulsado por el ajuste económico y la desaceleración de distintos sectores productivos. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el número de empleos asalariados destruidos supera los 300.000, mientras que también desaparecieron 26.448 empresas empleadoras, equivalente al 5,2% del total registrado, según estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El economista y especialista en mercado laboral Luis Campos advirtió que la actual fase contractiva comenzó en agosto de 2023 y ya acumula una pérdida de 252.129 trabajadores asalariados, un nivel que se aproxima a la destrucción de empleo registrada durante la crisis de 2018-2019.

En marzo, el sector privado eliminó 7.603 puestos de trabajo (-0,12%), el sector público perdió 2.364 empleos (-0,07%) y el empleo en casas particulares retrocedió en 761 puestos (-0,17%). También continuó la caída entre los trabajadores independientes: los autónomos disminuyeron en 5.275 personas (-1,32%), el monotributo cayó en 6.322 contribuyentes (-0,3%) y el monotributo social volvió a retroceder con una baja de 5.188 inscriptos (-2,1%).

Comercio e industria concentran la mayor destrucción de empleo

Entre las principales actividades económicas, el comercio volvió a consolidarse como uno de los sectores más afectados. Durante marzo perdió 2.147 puestos registrados respecto del mes anterior y acumuló una caída interanual de 24.275 empleos (-1,9%), alcanzando 1.229.599 trabajadores registrados, el nivel más bajo desde julio de 2024.

El dato adquiere especial relevancia porque el comercio continúa siendo el principal empleador privado del país. Junto con la industria manufacturera, el transporte y la intermediación financiera concentró la mayor parte de la destrucción de empleo formal durante el tercer mes del año.

La industria manufacturera también profundizó su deterioro. Perdió 5.043 puestos de trabajo en marzo (-0,5%) y acumula una baja interanual de 47.647 empleos (-4,1%), reflejando las dificultades que aún enfrenta la actividad fabril pese a la desaceleración inflacionaria.

En contrapartida, los sectores considerados ganadores del actual modelo económico —como minería, petróleo y agro— continúan mostrando incrementos porcentuales en el empleo, aunque con escasa incidencia sobre el mercado laboral total. Durante marzo, ambas actividades incorporaron apenas 1.305 nuevos puestos de trabajo.

Según destacó Campos, estos sectores representan apenas el 7% del empleo registrado del país, mientras que las actividades que hoy muestran retrocesos concentran casi la mitad de los trabajadores formales.

La evolución territorial también muestra un comportamiento dispar. Durante marzo, Neuquén, Río Negro, San Juan y La Rioja registraron aumentos en el empleo privado formal, impulsados principalmente por actividades vinculadas a la energía, la minería y algunos proyectos de inversión específicos.

Sin embargo, si se toma como referencia el inicio de la actual administración nacional, únicamente Neuquén y Río Negro conservan un saldo positivo sostenido, con 9.501 y 3.294 puestos adicionales, respectivamente. San Juan logró recuperar en marzo el nivel de empleo que tenía en noviembre de 2023, mientras que el resto de las provincias continúa por debajo de esos registros.

El monotributo pierde dinamismo por primera vez en cinco meses

Uno de los datos más significativos del informe fue la caída del monotributo, que interrumpió una secuencia de cinco meses consecutivos de crecimiento.

En marzo se registraron 6.322 monotributistas menos respecto de febrero, mientras que el conjunto de trabajadores independientes disminuyó en 16.785 personas debido al retroceso simultáneo del monotributo, el trabajo autónomo y el monotributo social.

En términos interanuales, el régimen todavía mantiene un saldo positivo de 75.344 nuevos inscriptos (+2,7%). No obstante, desde el comienzo de la actual gestión nacional el monotributo social perdió 225.527 contribuyentes producto de las recategorizaciones y modificaciones implementadas sobre ese régimen. Si se excluye esta categoría, el universo conformado por monotributistas y autónomos muestra un crecimiento acumulado de 167.356 personas.

Salarios reales mejoran, pero no compensan la debilidad del mercado laboral

En contraste con la evolución del empleo, los salarios registrados continúan mostrando una recuperación en términos reales.

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo, la remuneración bruta promedio del sector privado alcanzó en marzo los $2,2 millones, con un incremento interanual del 31,6%, mientras que la remuneración mediana llegó a $1,54 millones, un 28,1% superior a la de un año atrás.

Los datos preliminares de abril también muestran una mejora del poder adquisitivo. El salario medio del empleo registrado privado avanzó 1,3% respecto de marzo y se ubicó por encima del nivel observado a fines de 2023. Sin embargo, la evolución de los salarios negociados en los convenios colectivos continúa rezagada: el salario conformado promedio de los principales convenios apenas creció 0,3% en abril y todavía acumula una pérdida real cercana a seis puntos porcentuales frente a noviembre de 2023.

El panorama que dejan las estadísticas oficiales muestra así una economía donde los ingresos comienzan a recuperarse, pero con un mercado laboral que aún no logra consolidar una etapa de creación sostenida de empleo. La persistente caída del comercio, el retroceso industrial y la desaceleración del trabajo independiente plantean nuevos interrogantes sobre la capacidad de la recuperación económica para traducirse en mayores niveles de ocupación formal.

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