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ARCA extiende la factura electrónica y pone fecha al fin de las excepciones para pequeños contribuyentes

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió el universo de contribuyentes alcanzados por la obligación de emitir comprobantes electrónicos y fijó un cronograma que incorpora progresivamente a sectores que hasta ahora contaban con excepciones. La Resolución General 5893/2026 fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y establece dos fechas centrales: el 1° de noviembre de 2026 y el 1° de marzo de 2027.

El primer cambio alcanzará desde noviembre a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que estén incluidos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente, así como a quienes figuren en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. Para estos grupos, la factura electrónica o el uso del controlador fiscal pasarán a ser las modalidades ordinarias para documentar las operaciones.

La segunda etapa tendrá un alcance diferente. Desde el 1° de marzo de 2027, los contribuyentes que no estén alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado deberán emitir comprobantes electrónicos originales bajo el régimen general establecido por ARCA. Hasta esa fecha continuarán utilizando el esquema vigente de comprobantes impresos.

El cambio se inscribe en una estrategia más amplia del organismo recaudador para ampliar la información disponible sobre las operaciones económicas y fortalecer la trazabilidad fiscal. La resolución modifica distintos regímenes de emisión de comprobantes y reduce el espacio de las excepciones que permitían utilizar comprobantes impresos como mecanismo habitual.

Para los contribuyentes alcanzados, la diferencia práctica será significativa: la operación quedará registrada mediante los sistemas electrónicos habilitados por ARCA y el comprobante podrá generarse a través de las herramientas disponibles para cada régimen. En el caso de los monotributistas que no tengan un punto de venta habilitado para emitir comprobantes electrónicos, el propio organismo establecerá uno para utilizar el servicio “Comprobantes en línea”, asociado a la opción “Factura en línea – Monotributo” y al domicilio fiscal declarado.

La norma mantiene, sin embargo, una salida para los problemas tecnológicos. Los talonarios de comprobantes impresos podrán seguir utilizándose como modalidad excepcional cuando exista una contingencia que impida emitir el comprobante por los medios electrónicos autorizados. Esa posibilidad no convierte nuevamente al papel en el mecanismo habitual: funcionará como respaldo frente a una imposibilidad de utilizar el sistema electrónico y quedará limitada por las condiciones de autorización correspondientes.

El Gobierno plantea la modificación también como una forma de reducir costos de cumplimiento. La digitalización elimina parte de la operatoria vinculada con la impresión y administración de comprobantes y, al mismo tiempo, permite que la información de las operaciones ingrese de manera más directa a las bases de datos fiscales.

El desafío estará en que esa simplificación sea efectiva para los sectores que se incorporan al sistema. Para un contribuyente pequeño, digitalizar no significa únicamente contar con una computadora: supone disponer de conectividad, comprender el mecanismo de emisión y poder resolver rápidamente una contingencia. Por eso, la implementación de la medida será tan importante como la obligación formal.

La resolución también establece que responsables inscriptos, exentos y no alcanzados en IVA, junto con los monotributistas, quedan comprendidos en el régimen de emisión electrónica y/o controlador fiscal. No obstante, los sujetos no alcanzados por IVA deberán utilizar exclusivamente comprobantes electrónicos en los términos previstos por el régimen, desde marzo de 2027.

En paralelo, las MiPyMEs tienen una consideración específica cuando realizan operaciones con empresas grandes o con otras MiPyMEs que hayan adherido al régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs. En esos casos, la normativa establece la utilización obligatoria de comprobantes electrónicos alcanzados por el régimen correspondiente.

La decisión de ARCA marca así otro paso en la transformación de la relación entre pequeños contribuyentes y el Estado. La tendencia es clara: menos papel, más información en tiempo real y una mayor capacidad para cruzar operaciones. Para el contribuyente, la contracara debería ser un sistema sencillo, accesible y con menos carga administrativa.

El punto de fondo es que la digitalización puede ser una herramienta de formalización sin convertirse necesariamente en una nueva barrera de entrada para quienes trabajan por cuenta propia o desarrollan actividades de baja escala. El éxito de la reforma dependerá de que la tecnología efectivamente reduzca trámites y costos y no se limite a trasladar al pequeño contribuyente las complejidades de un sistema que antes absorbía el papel.

Con el nuevo cronograma, noviembre será el primer hito para los grupos de pequeños contribuyentes específicamente alcanzados y marzo de 2027 marcará la incorporación de quienes no están alcanzados por IVA. Desde entonces, la factura electrónica dejará de ser para estos sectores una opción asociada a la modernización y pasará a ser el estándar obligatorio para documentar sus operaciones.

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El empleo privado registrado cayó por tercer mes consecutivo

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El mercado laboral argentino volvió a mostrar en mayo una señal de debilidad que ya dejó de ser episódica: el empleo privado registrado encadenó su tercer mes consecutivo de caída y acumuló doce meses de contracción en el segmento asalariado. La fotografía que surge de los registros oficiales combina una moderación de la velocidad de destrucción de puestos con un problema más estructural: los empleos formales de mayor densidad productiva siguen perdiendo terreno, mientras crecen modalidades como el monotributo, que amortiguan estadísticamente el deterioro pero no sustituyen en cantidad ni calidad al empleo asalariado perdido.

De acuerdo con los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo privado registrado disminuyó en mayo en 9.059 puestos, equivalente a una baja mensual del 0,15%. La caída fue menor que la registrada en marzo y abril, cuando había alcanzado 0,2% y 0,3%, respectivamente. Sin embargo, la desaceleración no modificó la tendencia de fondo: el empleo asalariado privado mantiene doce meses consecutivos de retroceso.

En términos interanuales, el sector privado registrado perdió 135.438 puestos, un 2,16%. El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa qué actividades explican la mayor parte del ajuste. La industria manufacturera destruyó 52.341 empleos en un año, una reducción del 4,5%, mientras que el comercio perdió 39.154 puestos, equivalente a un 3,1%. Transporte, almacenamiento y comunicaciones recortó otros 13.915 empleos y la intermediación financiera, 6.924.

En conjunto, esas cuatro ramas concentran alrededor del 49% del empleo asalariado privado registrado y unos tres millones de trabajadores. Por eso, la evolución de estos sectores resulta determinante para evaluar si la economía consigue transformar una eventual recuperación de la actividad en generación neta de empleo formal. La señal actual es todavía insuficiente.

La composición de la variación mensual ofrece, al mismo tiempo, una lectura más compleja. Mientras el empleo privado asalariado cayó, el monotributo incorporó 2.676 trabajadores en mayo y acumuló 42.672 nuevos inscriptos en los últimos doce meses. El trabajo en casas particulares también creció, con 1.352 puestos adicionales en el mes y 6.319 en términos interanuales.

Ese desplazamiento es relevante porque permite distinguir entre una recuperación de la ocupación y una recuperación del empleo formal asalariado. El crecimiento del monotributo puede ampliar la cantidad de personas registradas, pero no compensa automáticamente la pérdida de puestos en empresas privadas. De hecho, el aumento de esta modalidad durante el último año absorbió menos de la mitad de los empleos privados asalariados destruidos.

La otra cara del mercado laboral aparece en el sector público. En mayo sumó apenas 736 puestos, un 0,02% mensual, y en doce meses acumuló una reducción de 16.701 empleos, equivalente a 0,49%. El ajuste estatal, por lo tanto, fue considerablemente menor al observado en el sector privado registrado.

La evolución desde el inicio de la actual gestión también exhibe una transformación en la estructura ocupacional. Desde entonces, el empleo privado registrado acumula una reducción de 241.176 puestos, mientras el empleo público retrocedió en 79.865. En sentido contrario, el monotributo incorporó 160.573 inscriptos, un crecimiento del 7,88%.

El problema no se limita a la cantidad de puestos. El salario real también comenzó a deteriorarse nuevamente. La remuneración real promedio del empleo registrado privado cayó 2,9% en mayo y volvió a retroceder 0,9% en junio. Como resultado, quedó por primera vez en 20 meses por debajo del nivel de noviembre de 2023, con una pérdida acumulada del 0,6% respecto de aquel punto de referencia.

La dinámica muestra que la desaceleración de la inflación no necesariamente se traduce de manera inmediata en una recuperación del poder adquisitivo. Durante los primeros cuatro meses de 2026, las remuneraciones nominales habían aumentado en promedio 2,1% mensual, pero entre abril y mayo ese ritmo se redujo a aproximadamente 1%. Si los salarios nominales desaceleran más rápido que los precios, el resultado termina siendo una nueva pérdida de salario real aun en un contexto de menor inflación.

La situación tampoco es uniforme entre los distintos convenios colectivos. Algunas actividades lograron recomponer poder adquisitivo, entre ellas encargados de edificio, camioneros, construcción y farmacia. En el extremo opuesto, textiles acumula una pérdida real del 12,6% interanual, metalúrgicos del 12,4%, comercio del 11% y calzado del 10,5%.

Esta dispersión confirma que la discusión salarial se volvió progresivamente más sectorial. La capacidad de cada actividad para trasladar mejoras nominales y sostener el poder de compra depende de su estructura productiva, productividad, condiciones de demanda y capacidad de negociación. También existe una fuerte dimensión territorial: en el convenio metalmecánico, la mediana salarial de la provincia mejor remunerada llega a ser 4,4 veces superior a la de la jurisdicción con menor salario. En construcción la brecha alcanza 3,7 veces y en alimentación, 3,5 veces.

Para Misiones y el NEA, este componente territorial resulta especialmente relevante. La recuperación del empleo no depende únicamente de que mejore el nivel general de actividad, sino de que esa mejora se traduzca en inversión, producción y demanda laboral en las economías regionales. La brecha salarial entre jurisdicciones y la concentración de la destrucción de puestos en sectores como industria y comercio muestran que una política de empleo efectiva necesita considerar las estructuras productivas locales y no solamente los agregados nacionales.

Los datos de junio tampoco anticipan todavía un cambio de ciclo. La Encuesta de Indicadores Laborales registró una nueva caída del empleo asalariado privado en empresas de diez o más trabajadores de los principales centros urbanos, del 0,1% mensual. En el interior del país la contracción fue del 0,2%, superior a la observada en el Gran Buenos Aires.

La clave para revertir esta dinámica, entonces, excede cualquier modificación normativa sobre el mercado laboral. El propio análisis citado de LCG plantea que la actividad económica, tanto por el lado de la demanda interna como de la externa, tiene mayor capacidad para traccionar la creación de empleo que los cambios regulatorios aislados. El desafío de política económica pasa por conseguir que la estabilidad macroeconómica y la recuperación sectorial se conviertan en inversión productiva y, finalmente, en puestos de trabajo formales.

Ese es el punto donde el dato laboral deja de ser una estadística y se convierte en una señal sobre el modelo de crecimiento. La economía puede estabilizar precios, recuperar determinados sectores y ampliar modalidades de trabajo independiente, pero la prueba decisiva será si consigue reconstruir empleo asalariado formal, particularmente en industria, comercio y servicios. Sin esa transmisión, la mejora macroeconómica corre el riesgo de convivir durante más tiempo con un mercado laboral que todavía no logra recuperar capacidad de absorción.

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Misiones elimina retenciones sobre transferencias bancarias para pequeños contribuyentes

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El gobernador Hugo Passalacqua anunció una nueva medida de alivio fiscal destinada a pequeños contribuyentes de Misiones: a partir del 1 de agosto dejarán de aplicarse las retenciones de Ingresos Brutos sobre las transferencias bancarias, ampliando así el esquema de desgravación que ya había alcanzado a las billeteras virtuales.

La decisión, instrumentada por la Agencia Tributaria Misiones (ATM), establece que el beneficio alcanzará a los monotributistas de hasta la categoría D que cumplan con determinados requisitos de facturación.

Desde el organismo explicaron que las condiciones serán exactamente las mismas que rigen para la exclusión de retenciones en billeteras virtuales. Es decir, podrán acceder quienes sean monotributistas hasta la categoría D y no hayan registrado transferencias superiores al límite establecido para esa categoría, actualmente fijado en $2.184.404.

Además, señalaron que ese monto será actualizado con los nuevos parámetros del Monotributo durante agosto, aunque el cambio recién tendrá impacto operativo en septiembre debido a la mecánica de confección de los padrones de inclusión y exclusión que utilizan las entidades financieras.

“La medida es igual en todos sus términos. Son los mismos requisitos, las mismas condiciones y el mismo régimen. La única diferencia es que una alcanza a las transferencias bancarias y la otra a las billeteras virtuales”, explicaron desde ATM.

La decisión forma parte de la estrategia de simplificación tributaria impulsada por el Gobierno provincial para reducir costos financieros y administrativos de los pequeños contribuyentes, especialmente comerciantes, profesionales y emprendedores que operan mediante medios electrónicos de pago.

Con esta ampliación, Misiones extiende el alivio fiscal tanto al sistema bancario tradicional como a las plataformas de pagos digitales, evitando retenciones sobre movimientos que, en muchos casos, afectaban el flujo de fondos de los monotributistas.

La provincia viene implementando una serie de medidas de modernización tributaria y reducción de cargas para favorecer la formalización de la economía y mejorar la competitividad de las pequeñas actividades económicas.

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ANSES ajusta 2,15% las asignaciones familiares desde julio

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 2,15% en las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los límites de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso a estos beneficios. La actualización comenzará a regir para las prestaciones correspondientes a julio de 2026 y replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, siguiendo el esquema de movilidad mensual vigente.

La medida, formalizada mediante la Resolución 187/2026, tiene un alcance que trasciende a los beneficiarios directos. Para las economías regionales, especialmente en provincias como Misiones y el resto del NEA, donde una porción significativa del consumo depende de ingresos provenientes de prestaciones sociales, la actualización representa un refuerzo del ingreso disponible de miles de hogares, aunque en línea con la inflación y sin generar una mejora del poder adquisitivo real.

El ajuste responde al mecanismo de movilidad establecido tras la reforma previsional vigente, que dispone la actualización mensual de las asignaciones familiares utilizando como referencia la evolución del IPC publicado por el INDEC.

Además de incrementar los montos, la resolución actualiza los rangos de ingresos del grupo familiar (IGF) que determinan cuánto percibe cada trabajador registrado, jubilado, monotributista o beneficiario alcanzado por el régimen.

Uno de los aspectos relevantes para empleadores y áreas de recursos humanos es que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844 mensuales, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares, aun cuando la suma total de ingresos permanezca por debajo del límite general establecido.

Cuáles son los principales montos desde julio

Entre las prestaciones con mayor alcance se destacan los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares para trabajadores registrados.

Los principales valores serán:

  • AUH y Asignación por Embarazo: $148.049.
  • AUH Zona Patagónica: $192.464.
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $74.033.
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041, según ingresos familiares.
  • Nacimiento: $86.295.
  • Matrimonio: $129.209.
  • Adopción: $515.930.
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672.

Para los monotributistas, las asignaciones por hijo y prenatal continuarán diferenciándose por categoría:

  • Categoría A: $74.033.
  • Categoría B: $49.940.
  • Categoría C: $30.206.
  • Categorías D a H: $15.586.

Impacto en el consumo y en las economías regionales

Aunque el incremento mantiene el poder de compra frente a la inflación, su efecto económico adquiere mayor relevancia en localidades donde las transferencias sociales representan una parte importante de los ingresos familiares.

En el NEA, el aumento alcanza no sólo a titulares de la AUH, sino también a trabajadores registrados, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), veteranos de guerra, perceptores de prestaciones por desempleo y pequeños contribuyentes adheridos al Monotributo.

Desde la perspectiva comercial, estas actualizaciones sostienen parte del consumo de bienes esenciales —alimentos, medicamentos, indumentaria escolar y productos de primera necesidad—, segmentos con fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas regionales.

Qué cambia para empleadores y trabajadores

La resolución también actualiza los parámetros utilizados para determinar el acceso a las asignaciones familiares dentro del empleo formal.

Entre los aspectos que deberán considerar empresas y trabajadores figuran actualización del 2,15% en todos los montos alcanzados por movilidad. Nuevos rangos de ingresos familiares para calcular las asignaciones. Exclusión automática del beneficio cuando un integrante supere ingresos mensuales de $3.034.844. Vigencia para prestaciones y hechos generadores ocurridos desde julio de 2026.

La continuidad del esquema de actualización mensual consolida un mecanismo que evita el rezago de las prestaciones frente a la inflación, pero también implica que los ingresos de los beneficiarios evolucionen al ritmo de los precios y no por encima de ellos. Para el comercio minorista y las economías regionales, el principal indicador será si la desaceleración inflacionaria permite que futuras actualizaciones comiencen a traducirse en una recuperación efectiva del consumo interno.

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Brasil avanza con una reforma para los monotributistas: Lula impulsa elevar el tope de facturación

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió al Congreso un proyecto de ley para elevar el límite anual de facturación del régimen de Microemprendedor Individual (MEI), una de las principales herramientas de formalización de pequeños negocios en el país vecino.

La iniciativa fue confirmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, quien informó que el proyecto ya ingresó al Parlamento y será tratado por una comisión especial.

Actualmente, un emprendedor inscripto como MEI puede facturar hasta 81.000 reales anuales. La propuesta del Gobierno eleva ese límite a 140.000 reales, un incremento cercano al 73%, con el objetivo de actualizar un régimen que hace años quedó rezagado frente a la inflación y al crecimiento de la economía brasileña.

Además del aumento del techo de ingresos, el proyecto contempla otra modificación significativa: los microemprendedores podrán contratar hasta dos empleados, cuando hoy el régimen solo permite incorporar uno.

Una implementación gradual

Según explicó el diputado federal Jorge Goetten, relator de la comisión que analizará la propuesta, la actualización sería aplicada de manera escalonada durante 2027 y 2028, para facilitar la adaptación de los contribuyentes y reducir el impacto fiscal.

El tratamiento del proyecto también forma parte de las negociaciones políticas entre el Congreso y el Gobierno brasileño, luego de la aprobación de otras reformas laborales.

Qué es el MEI y por qué es importante

El régimen de Microemprendedor Individual (MEI) fue creado en Brasil para facilitar la formalización de trabajadores independientes y pequeños emprendedores mediante un esquema simplificado de impuestos y aportes previsionales.

Además del nuevo tope de 140.000 reales para el MEI, el sistema brasileño establece otras categorías:

  • Microempresa: hasta 360.000 reales de facturación anual.
  • Empresa de Pequeño Porte (EPP): hasta 4,8 millones de reales anuales.

El Gobierno brasileño sostiene que la actualización permitirá que miles de emprendedores permanezcan dentro del régimen simplificado, evitando que deban migrar prematuramente a esquemas tributarios más complejos.

Un debate que también interpela a Argentina

La iniciativa brasileña vuelve a poner sobre la mesa un tema que también genera discusión en Argentina: la necesidad de actualizar periódicamente los regímenes simplificados para pequeños contribuyentes.

Si bien ambos sistemas presentan diferencias, el MEI brasileño guarda similitudes con el Monotributo argentino, ya que busca promover la formalización, simplificar el pago de impuestos y reducir las cargas administrativas para trabajadores independientes y pequeños negocios.

En Argentina, las escalas del Monotributo se actualizan por inflación, pero cámaras empresarias y asociaciones de emprendedores vienen planteando la necesidad de revisar otros aspectos del régimen, como los límites de contratación, la carga tributaria y la transición hacia categorías superiores.

La decisión del gobierno de Lula podría convertirse en un nuevo antecedente regional sobre cómo adaptar estos esquemas a una economía con inflación y cambios permanentes en los ingresos de los pequeños contribuyentes.

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