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Argentina lidera la morosidad en América Latina y queda última en crédito

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Argentina quedó en una posición singular dentro del sistema financiero latinoamericano: registra el mayor nivel de créditos impagos entre los 16 países relevados por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y, simultáneamente, el menor nivel de crédito en relación con el tamaño de su economía. Los datos, correspondientes al primer trimestre de 2026, muestran una morosidad del 7,3% y un ratio crédito/PBI de apenas 14,3%.

El contraste resulta significativo. Mientras la irregularidad de los préstamos en Argentina casi triplica el promedio regional de 2,78%, la profundidad crediticia local se encuentra muy por debajo del 47,3% que exhibe América Latina en promedio. En otras palabras, el sistema financiero argentino presta poco en términos relativos, pero una proporción creciente de esos préstamos enfrenta dificultades de pago.

El informe de Felaban, entidad que reúne a 540 instituciones financieras de la región, también muestra que la morosidad no es exclusivamente argentina. La cartera vencida de los bancos latinoamericanos alcanzó en marzo un saldo cercano a USD 104.621 millones, 10% más que en diciembre de 2025 y 44% por encima del registro de un año atrás. El indicador regional de morosidad pasó así de 2,51% a 2,78% interanual.

Argentina, sin embargo, se ubicó en el extremo superior del ranking, seguida por Brasil, con 4,3%, y Colombia, con 3,7%. En el otro extremo aparecen República Dominicana, con 1,1%, El Salvador, con 1,4%, y Uruguay, con 1,7%.

El problema no es solamente cuánto se presta, sino cómo se recupera

La combinación de baja profundidad financiera y elevada morosidad modifica el diagnóstico tradicional sobre el crédito argentino. Durante años, el escaso volumen de préstamos privados funcionó también como un límite para la acumulación de riesgos sistémicos: un sistema que presta poco tiene una exposición menor frente a incumplimientos masivos.

El escenario comenzó a cambiar con la recuperación del financiamiento observada durante los últimos dos años. La desaceleración de la inflación, una menor competencia de los instrumentos remunerados del Banco Central y una mayor estabilidad cambiaria favorecieron la expansión del crédito al sector privado. Esa recuperación contribuyó, a su vez, a recomponer la actividad económica después del fuerte ajuste inicial de la actual gestión.

Pero el crecimiento del crédito también expuso un problema que permanecía parcialmente oculto: la capacidad de pago de los hogares y empresas. La expansión de los préstamos, sin una mejora equivalente en los ingresos disponibles, puede traducirse en un aumento de la cartera irregular.

El dato adquiere mayor relevancia porque el sistema bancario tradicional concentra aproximadamente dos tercios de los $14 billones contabilizados como préstamos en situación irregular. El resto corresponde al universo de proveedores de financiamiento no bancario, donde participan fintech, tarjetas de supermercados y cadenas comerciales, mutuales y cooperativas.

La inflación sigue condicionando la profundidad financiera

La historia reciente de la economía argentina ayuda a explicar esta combinación. La inflación elevada deteriora el ahorro de largo plazo, dificulta la planificación financiera y aumenta el riesgo asociado a prestar en moneda local durante períodos extensos.

Según el relevamiento de Felaban, Argentina es el único país incluido en la muestra que mantiene una inflación anual de dos dígitos. Bolivia, que había registrado 20,4% durante 2025, logró reducir significativamente su ritmo de aumento de precios durante el primer semestre de 2026.

La inflación afecta tanto la oferta como la demanda de crédito. Para los bancos, implica mayores dificultades para establecer condiciones financieras sostenibles y administrar el riesgo. Para familias y empresas, en cambio, reduce la previsibilidad necesaria para asumir compromisos de largo plazo.

La recuperación del crédito durante los últimos dos años muestra que una reducción de esas restricciones puede reactivar el financiamiento. Pero el salto de la morosidad plantea la segunda parte del desafío: que el crecimiento del crédito sea acompañado por capacidad de pago, mejores mecanismos de evaluación y condiciones financieras compatibles con los ingresos.

Un punto crítico: la cobertura frente a los incumplimientos

Otro indicador del informe agrega una señal de atención. El nivel de cobertura del sistema bancario latinoamericano —que mide la relación entre las provisiones constituidas y el saldo de cartera vencida— se ubicó en 164% en marzo de 2026, por debajo del 170% registrado un año antes.

Argentina aparece entre los países con menor cobertura. El indicador local fue de 84%, por debajo del 100% y solamente por encima, dentro de los países comparados, de Panamá, que registró 93%. En contraste, República Dominicana alcanzó 316%, Uruguay 226% y Ecuador 210%.

La combinación de una morosidad elevada y una cobertura inferior al total de la cartera vencida constituye uno de los puntos que el sistema financiero deberá seguir de cerca a medida que continúe expandiéndose el crédito.

El desafío para Argentina: prestar más sin repetir los ciclos de endeudamiento

El dato central del informe no es solamente que Argentina tenga una morosidad del 7,3%. El verdadero problema estructural aparece cuando ese porcentaje se cruza con el 14,3% de crédito sobre PBI. El país necesita profundizar su mercado financiero para acercarse a los niveles regionales, pero esa expansión debe evitar que un crecimiento rápido del endeudamiento de hogares y empresas termine deteriorando todavía más las carteras.

Ese equilibrio será particularmente relevante en segmentos como los créditos hipotecarios, personales y destinados a pequeñas empresas, donde el acceso al financiamiento puede generar efectos positivos sobre consumo, inversión, construcción y actividad productiva.

La discusión, por lo tanto, excede la cuestión de si los bancos deben prestar más. El desafío consiste en construir un sistema capaz de ampliar el crédito de manera sostenible: con moneda y plazos compatibles, evaluación adecuada del riesgo, protección del ahorro y mecanismos que permitan atravesar episodios de estrés sin transformar el endeudamiento en una nueva fuente de inestabilidad.

Para una economía que todavía tiene uno de los sistemas financieros menos profundos de la región, el dato de Felaban deja una paradoja difícil de ignorar: Argentina necesita mucho más crédito, pero primero debe lograr que ese crédito sea sostenible para quien lo recibe y recuperable para quien lo otorga.

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La CGT y las CTA reclamaron un plan de refinanciación ante el salto del endeudamiento de familias y Pymes

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La CGT, las dos CTA y movimientos sociales llevaron al Ministerio de Economía un reclamo que busca instalar una discusión que excede el nivel de las tasas de interés: cómo evitar que el endeudamiento de los hogares y las pequeñas empresas termine convirtiéndose en un nuevo freno para el consumo, la producción y el empleo. Las organizaciones sindicales exigieron al Gobierno de Javier Milei la puesta en marcha de un “programa de refinanciación de deudas” frente al fuerte aumento de la morosidad.

La movilización llegó hasta el Palacio de Hacienda sin un acto central ni escenario para discursos. Los dirigentes entregaron un documento en el que plantearon que el equilibrio macroeconómico no puede evaluarse únicamente por las variables financieras, sino que debe incorporar una solución al endeudamiento de familias y Pymes y una estrategia para recuperar la actividad de la economía real.

El diagnóstico presentado por las centrales sindicales vincula directamente la pérdida de ingresos y el deterioro del consumo con el aumento del costo financiero. En esa lectura, cuando una familia deja de poder afrontar una tarjeta o un préstamo, reduce inmediatamente su capacidad de consumo; cuando una Pyme no consigue financiar su capital de trabajo, restringe su producción. La consecuencia final de esa cadena es una economía con menos ventas, menos actividad y mayor presión sobre el empleo.

El planteo adquiere mayor dimensión a partir de los datos atribuidos al Banco Central. Según las cifras citadas por las organizaciones sindicales, más de 20 millones de personas mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias en Argentina, mientras que la morosidad de las familias se cuadruplicó desde diciembre de 2023 y alcanzó al 17,5% de los créditos personales.

Para las centrales, el problema no termina en el sistema financiero formal. El deterioro de la capacidad de pago puede expulsar a los hogares del crédito bancario y empujarlos hacia mecanismos informales de financiamiento, incluso para cubrir gastos esenciales. Allí, advierten, el costo del endeudamiento puede adquirir características usurarias y profundizar todavía más la vulnerabilidad económica.

El documento entregado en Economía propone, en ese sentido, una respuesta que combine extensión de plazos y reducción transitoria de la presión de las cuotas. La hipótesis es que una refinanciación con tasas compatibles con la evolución de los ingresos permitiría liberar recursos de los hogares y de las empresas, recuperar capacidad de consumo y sostener el capital de trabajo.

El reclamo también apunta al Banco Central. Las organizaciones pidieron que el organismo ejerza su función regulatoria sobre las tasas aplicadas a préstamos bancarios, aplicaciones financieras, billeteras virtuales y otros mecanismos capaces de generar endeudamiento entre personas físicas. La demanda busca ampliar la discusión sobre el costo del crédito a todo el ecosistema financiero que hoy utilizan los hogares.

En paralelo, reclamaron un diagnóstico específico sobre la situación de las Pymes, especialmente aquellas cuyo endeudamiento compromete el capital de trabajo y pone en riesgo la continuidad de la actividad. El argumento es que una política de alivio financiero para empresas pequeñas no debería ser vista únicamente como una asistencia al sector privado, sino como una herramienta para preservar unidades productivas y puestos de trabajo.

La CGT sostuvo que “el endeudamiento es una política de gobierno” y cuestionó el modelo económico por obligar, según su diagnóstico, a familias a recurrir al crédito para afrontar alimentación, alquiler y servicios básicos. La protesta reunió a los integrantes del triunvirato de la central, Cristina Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de dirigentes como Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez.

Desde la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar advirtió sobre el riesgo de que el endeudamiento termine actuando como un factor de conflictividad social. El secretario general de ATE sostuvo que millones de hogares atraviesan una situación crítica y reclamó que el Gobierno utilice sus herramientas regulatorias para limitar los costos financieros e implementar un programa de desendeudamiento.

Más allá de la disputa política, el eje económico del reclamo abre una discusión relevante sobre la relación entre estabilidad macroeconómica y economía real. Una reducción de la inflación o una mejora de determinadas variables financieras no necesariamente se traduce en una recuperación automática de los ingresos disponibles si una proporción creciente del salario o de la facturación empresarial queda comprometida por cuotas, intereses y refinanciaciones.

Ese es, precisamente, el punto de mayor profundidad del documento sindical: la deuda no aparece como un fenómeno aislado, sino como una consecuencia y, al mismo tiempo, como un mecanismo que puede profundizar la caída de la actividad. Si los hogares destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de obligaciones financieras, consumen menos. Si las empresas enfrentan dificultades para financiar su capital de trabajo, producen menos. Y si ambas variables retroceden simultáneamente, la recuperación del empleo se vuelve más difícil.

Desde esa perspectiva, una política de refinanciación no debería limitarse a postergar vencimientos. El desafío sería diseñar mecanismos que reduzcan efectivamente la carga financiera, extiendan los plazos y vinculen las condiciones de pago con la evolución de los ingresos. En el caso de las Pymes, la clave estaría en preservar capital de trabajo y capacidad productiva, evitando que una crisis de liquidez transitoria termine en cierre definitivo.

La discusión plantea, además, una cuestión central para cualquier estrategia de crecimiento: quién tiene capacidad para sostener el ciclo económico. El consumo de los hogares genera demanda; la demanda sostiene las ventas; las ventas permiten producir; la producción sostiene el empleo. Cuando ese circuito se rompe por una combinación de ingresos insuficientes y alto costo financiero, la deuda deja de ser solamente un problema individual y comienza a adquirir una dimensión macroeconómica.

Por eso, el reclamo de la CGT y las CTA puede leerse como una propuesta para desplazar parte del foco desde las cuentas financieras hacia las cuentas concretas de hogares y empresas. El desafío no consiste solamente en reducir la morosidad, sino en evitar que el endeudamiento se convierta en una barrera estructural para la recuperación del consumo y la inversión.

La salida que proponen las organizaciones sindicales incluye, además, una estrategia más amplia de estímulo a la inversión productiva y diversificación de la matriz económica. En esa concepción, refinanciar deudas sería una herramienta de emergencia dentro de una política mayor orientada a recomponer ingresos, activar la capacidad instalada, ampliar mercados y generar empleo.

El punto de fondo es que la sostenibilidad económica también se mide en la capacidad de las familias para llegar a fin de mes y de las empresas para sostener su actividad. Si la estabilización financiera se construye sobre hogares cada vez más endeudados y Pymes con menor capital de trabajo, la economía puede mostrar equilibrio en algunas variables mientras acumula tensiones en otras.

El reclamo entregado en el Ministerio de Economía pone así sobre la mesa una alternativa concreta frente a la morosidad: refinanciar, bajar la presión de las cuotas, regular el costo del crédito y proteger el capital de trabajo de las empresas. Pero también plantea una condición de fondo para que esa solución sea sostenible: recuperar los ingresos y la actividad productiva para que las familias y las empresas vuelvan a tener capacidad genuina de pago.

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Morosidad récord: el Norte argentino concentra los mayores niveles de deudores irrecuperables

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El fuerte aumento de la morosidad familiar comienza a mostrar uno de los costos sociales más visibles del actual escenario económico. Mientras algunos sectores vinculados a la energía, las finanzas o las exportaciones exhiben resultados positivos, cada vez más hogares encuentran dificultades para afrontar deudas cotidianas.

Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), 3,6 millones de personas tienen al menos una línea de crédito catalogada como “irrecuperable”, es decir, con más de un año de atraso en los pagos. Son 2,3 millones más que hace un año y representan el 17% de todos los deudores del sistema financiero, una proporción que prácticamente duplicó la registrada en mayo de 2025.

Lejos de tratarse de grandes créditos hipotecarios o préstamos para inversiones, el estudio muestra que el problema atraviesa las economías domésticas. La mitad de los créditos irrecuperables corresponde a deudas de $309.000 o menos, lo que, según el informe, sugiere que muchas familias se endeudaron para afrontar gastos corrientes, como alimentos, servicios o reparaciones del hogar, y no pudieron sostener los pagos.

El deterioro tampoco es uniforme entre los distintos grupos etarios. Los jóvenes aparecen como el segmento más vulnerable: el 24% de los deudores de entre 15 y 29 años ya posee una deuda con más de un año de atraso, mientras que la cantidad de deudores irrecuperables en esa franja creció cerca de un 87% en apenas doce meses, el mayor incremento entre todas las edades.

El Norte concentra la mayor presión financiera

La distribución territorial de la morosidad también deja un mapa desigual. El IAG concluye que las provincias del Norte argentino y de Cuyo son las que presentan la mayor proporción de deudores irrecuperables respecto del total de personas endeudadas.

El caso más crítico es San Juan, donde el 23,8% de los deudores registra al menos una línea de crédito con más de un año de atraso. En el conjunto del Norte argentino, la incidencia de los deudores irrecuperables ronda el 20%, claramente por encima del promedio nacional, que se ubica en el 17,2%.

Dentro de esa región se encuentra Misiones, que forma parte del bloque de provincias donde la morosidad alcanza los niveles más elevados del país. Aunque el informe no publica un dato específico para la provincia, el mapa estadístico la ubica dentro del grupo de jurisdicciones del Norte donde el peso de los créditos irrecuperables supera la media nacional.

Chaco, entre las provincias donde más empeoró la situación

Si bien el Norte concentra los mayores niveles absolutos de morosidad, el mayor deterioro interanual se observó en cuatro provincias: Neuquén, Chubut, Chaco y Santa Fe.

En esos distritos, la participación de deudores irrecuperables aumentó 12 puntos porcentuales en apenas un año, reflejando la velocidad con la que se profundizó el deterioro del crédito familiar.

El informe también busca explicar las causas detrás del fenómeno. Según el análisis, la combinación de salarios reales deteriorados, aumento de tarifas y tasas de interés elevadas redujo significativamente la capacidad de pago de los hogares.

El salario real del sector privado permanece 5,3% por debajo de los niveles de 2023, mientras que el sector público acumula una pérdida cercana al 21%. A ello se suma el aumento del costo fijo de los servicios públicos y el transporte, que redujo aún más el ingreso disponible de las familias.

El estudio agrega que, aunque el Gobierno comenzó a impulsar medidas para moderar las tasas de interés, el elevado nivel de morosidad dificulta esa baja. Tras un alivio parcial a comienzos de 2026, las tasas activas volvieron a subir, encareciendo nuevamente el financiamiento para personas físicas.

En conjunto, los datos muestran un escenario en el que el deterioro del ingreso y el encarecimiento del crédito se retroalimentan. Mientras la economía exhibe sectores dinámicos y ganadores vinculados principalmente a las exportaciones y la energía, una parte creciente de los hogares enfrenta dificultades para sostener obligaciones financieras cada vez más pequeñas, pero igualmente imposibles de pagar.

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Por morosidad récord, bancos toman medidas urgentes y renegocian cuotas con clientes deudores

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La presión sobre los ingresos de los hogares argentinos ya se trasladó de lleno al sistema financiero. En este escenario, bancos de primera línea comenzaron a contactar a clientes con atrasos superiores a los 90 días para renegociar créditos que, en muchos casos, se volvieron impagables. La estrategia, aún incipiente y manejada con discreción, busca contener un deterioro mayor en la calidad de las carteras.

El trasfondo es un dato que enciende alarmas: la morosidad en los créditos a familias alcanzó el 11,2% en febrero, acumulando 16 meses consecutivos de suba y ubicándose en su nivel más alto desde 2004. Se trata de un fenómeno extendido, que ya impacta en casi todo el sistema financiero y refleja el descalce entre ingresos en retroceso y un costo del crédito que sigue en niveles elevados.

En ese contexto, las entidades optan por una salida pragmática. La renegociación se construye caso por caso, con esquemas que incluyen extensión de plazos, reducción de cuotas y, en algunos casos, ajustes en el costo financiero. El objetivo es lograr que el cliente pueda volver a pagar y evitar que la mora siga escalando.

El foco está puesto, sobre todo, en los créditos personales de corto plazo -generalmente menores a 36 meses- que fueron tomados en un escenario económico distinto y que rápidamente quedaron desfasados frente a la caída de ingresos o la pérdida de empleo.

Sin embargo, el problema excede a situaciones individuales. La mora ya es un fenómeno sistémico: alcanza a 28 de las 30 principales entidades financieras del país, lo que confirma que no se trata de errores puntuales de gestión, sino de un cuadro macroeconómico más amplio.

El panorama es aún más delicado fuera del sistema bancario tradicional. En entidades no financieras, la morosidad trepó al 29,9% en febrero, reflejando el impacto de condiciones de financiamiento más duras y menos reguladas.

Detrás de esta dinámica aparece una combinación que tensiona al máximo a los hogares: tasas nominales cercanas al 70% anual, costos financieros totales que pueden superar el 250% y una pérdida sostenida del poder adquisitivo. El resultado es un esquema en el que el crédito deja de ser una herramienta de consumo para convertirse en una carga difícil de sostener.

A pesar de que el Banco Central avanzó en cierta flexibilización monetaria, las tasas al consumidor no muestran una baja significativa. En el sector explican que esto responde a tres factores centrales: el aumento del riesgo de impago, la incertidumbre sobre la política de tasas y un desacople creciente entre la tasa de referencia y el costo final del crédito.

En paralelo, el Congreso comienza a intervenir en el debate. Un proyecto de ley impulsado por el diputado Roberto Santiago propone la creación de un régimen extraordinario de regularización de deudas, con mecanismos de condonación parcial, refinanciación y asistencia estatal para personas con dificultades de pago. La iniciativa apunta a deudores clasificados en niveles de riesgo medio y alto, e incluye tanto a bancos como a fintech y otros prestamistas.

La decisión de los bancos de salir a renegociar deudas marca un punto de inflexión. El problema dejó de ser marginal y se transformó en estructural. Sin una recomposición de ingresos y sin un sendero claro de tasas, la normalización del crédito aparece, por ahora, como un proceso lento y todavía incierto.

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