La justicia de Colombia imputó hoy a los cinco detenidos por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci por homicidio agravado y fabricación, tráfico y portación de armas de fuego, en una audiencia reservada que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena y en la que los acusados no pudieron ver los rostros de los funcionarios judiciales.
Los detenidos, identificados como Wendel Scott Carrillo, venezolano; Francisco Correa, Eiverson Zabaleta, Cristian Camilo Monsalve y Marisol Londoño fueron arrestados el viernes último en Medellín y luego trasladados a Cartagena para el proceso.
Hay más de 19 elementos calificados como “material probatorio clave en la investigación”, con los que legalizaron las capturas de los ahora procesados, según la radio colombiana Caracol.
Scott Carrillo es el principal sospechoso de ser el autor material del crimen, mientras que Correa sería el articulador y financiador del crimen; y Zabaleta, aparentemente, se encargó de alquilar y manejar la moto acuática en la que se trasladaron hasta la playa donde estaba Pecci con su esposa Claudia Aguilera.
Según la información que circula en medios colombianos, Monsalve y Londoño, madre e hijo, habrían sido los encargados de marcar los pasos del representante del Ministerio Público paraguayo.
El diario El Tiempo dijo que todos aceptaron las imputaciones excepto Correa.
Por otra parte, el sitio de la revista Semana publicó que, según la investigación, a los criminales no se les dijo que Pecci era un fiscal paraguayo, sino un empresario y que se trataba de un “ajuste de cuentas”.
Además, reveló que la banda habría cobrado 500.000 dólares por asesinar al fiscal y no 120.000 como trascendió inicialmente, y que los detenidos confiaron en que habían despistado a las autoridades y comenzaron por eso a hacer compras de ropas de marca y joyas, antes de ser arrestados.
Pecci integraba el equipo especializado en narcotráfico y lavado de dinero, y tenía actuación en algunas causas claves.
Fue baleado en la isla de Barú, cerca de Cartagena, el 10 de mayo, mientras estaba de luna de miel, tras haberse casado con Aguilera el 30 de abril.
Delitos Complejos: Exitoso cierre de intercambio entre la Policía de Misiones, las fuerzas federales y expertos de la Policía Nacional de Colombia
Luego de cinco días de capacitación, 47 cursantes de las fuerzas provincial y nacionales recibieron sus diplomas en el marco de las jornadas catedráticas organizadas por el Ministerio de Gobierno de la Provincia y la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones cerró el Ciclo de Intercambio de Contenidos y Experiencias en Delitos Complejos entre la Policía de Misiones, la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, y la Policía Nacional de Colombia.
Con la cooperación de la Embajada de Estados Unidos, se desarrollaron cinco jornadas en las que profundizaron en tácticas y técnicas de investigación para combatir a las organizaciones criminales, al narcotráfico y narcomenudeo.
En el acto de clausura llevado a cabo en la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el subsecretario de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni; la representante de la Embajada de EEUU, María del Sol Ozuna; el sub jefe de la Policía de Misiones, Víctor Eduardo Maj y el jefe de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía de Colombia, Harol Aguirre, entregaron los diplomas a un total de 47 cursantes de las distintas fuerzas.
“En nombre del Gobierno Provincial agradezco a la Embajada de Estados Unidos por haber propuesto y organizado estas jornadas” comenzó destacando el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.
Luego enfatizó que “hoy estamos un peldaño más arriba en conocimiento luego de este intercambio con profesionales de la seguridad de un país (Colombia) que logró un giro importante en su imagen y tratamiento contra el narcotráfico”.
Por su parte, el teniente de la Policía de Colombia, Harol Aguirre destacó: “Logramos identificar en esta semana que ustedes tienen unos cuerpos de policías que están todos comprometidos de corazón en proteger y en salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos. Todos aman su profesión y están interesados en obtener el conocimiento para fortalecerse. Porque no solamente hablan de proteger la vida de ciudadanos, sino que también la vida de sus hijos y de sus esposas. Por ello, como miembros de la Policía Nacional de Colombia, nos sentimos orgullosos”, finalizó.
Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron una importante carga de estupefacientes que era transportada en un camión
Integrantes del Escuadrón 9 “Oberá” de Gendarmería Nacional, secuestraron este sábado un carga de aproximadamente 7.5 toneladas de marihuana prensada.
El operativo, llevado adelante tras las investigaciones de dicho escuadrón, tuvo lugar esta mañana a la altura de Campo Grande, luego de que los agentes interceptaran un camión con el semirremolque cargado con el estupefaciente.
Todas las actuaciones de la fuerza de seguridad están bajo las órdenes del juez Federal de Oberá, Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga.
Tanto el vehículo como el cargamento fueron trasladados hasta la sede del Escuadrón 9, donde esta tarde estarán realizando el pesaje y testeo total.
Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, comenzó a ser juzgado en un tribunal de USA, donde se declaró no culpable.
El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está actualmente bajo proceso judicial en USA luego de ser extraditado en febrero por acusaciones de corrupción y narcotráfico, cometidos durante su gestión.
Hernández, quien había colaborado con la policía de Honduras y con la de USA para facilitar su extradición, se declaró inocente de los delitos de narcotráfico y corrupción ayer martes 10/05 en un tribunal de Nueva York.
Honduras, ¿Narcoestado bajo Hernández?
Hernández está acusado de recibir “millones de dólares” de cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, también condenado a cadena perpetua en USA, y de crear un “narcoestado” durante su presidencia.
Los fiscales han alegado que Hernández usó el dinero para enriquecerse y financiar sus campañas políticas. En la sesión de hoy, realizada en un tribunal federal de Manhattan, el abogado del exmandatario se ha quejado de las condiciones de “prisionero de guerra” en la cárcel donde Hernández espera a que se desarrolle el juicio.
Según la acusación, el dinero de la droga le sirvió para enriquecerse y “financiar su campaña política y cometer fraude electoral” en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. La defensa espera contar con el testimonio de personas de las sucesivas administraciones estadounidenses, de Barack Obama y Donald Trump, con los que colaboró para extraditar a otros narcotraficantes que actualmente cumplen condenas en USA.
El expresidente de Honduras se declaró inocente de tres cargos penales, incluida la conspiración para importar cocaí na y posesión de armas, en una lectura de cargos ante el juez federal de distrito Kevin Castel. Hernández ingresó a la sala del tribunal con una camisa azul con cadenas en los tobillos y habló brevemente a través de un intérprete de español para decir que no era culpable.
Hernández ha negado las acusaciones en el pasado, presentándose a sí mismo como un feroz oponente de los cárteles de la droga y revirtiendo la acusación a los propios narcotraficantes para vengarse y reducir sus sentencias al hacer tratos con la policía de USA.
En la audiencia, su abogado Raymond Colón denunció que Hernández estaba recluido en régimen de aislamiento en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y que no se le había permitido llamar a su familia. Colón ha afirmado que se le negó el acceso para visitar a Hernández en varias ocasiones.
Está siendo tratado como un prisionero de guerra. No estamos pidiendo que reciba un tratamiento especial porque es un exjefe de Estado, pero estas condiciones son psicológicamente debilitantes
Un portavoz de la Oficina de Prisiones de USA ha confirmado que Hernández está detenido en el centro de Brooklyn, pero se negó a comentar sobre “las condiciones de confinamiento de cualquier recluso individual”, informa Reuters. Castel ha ordenado a los fiscales que discutieron las condiciones de detención de Hernández con los funcionarios del Centro de Detención Metropolitano y le informaran. “No puedo imaginar por qué no podría llamar a la familia, tener acceso al correo electrónico o a los abogados”, ha dicho el juez Castel, el mismo que presidió el juicio que enviará a su hermano Juan Antonio Hernández, también en USA por cadena perpetua.
La próxima audiencia está prevista el 28 de septiembre y en la misma se definirá la fecha del juicio, que previsiblemente se iniciará a principios del año próximo con la constit ución del jurado que con su fallo sellará el futuro del exmandatario.
Por el momento, JOH, como es conocido en Honduras, seguirá detenido. La defensa anunció posteriormente a la prensa que está tratando de encontrar los avales para presentar una fianza “de varios millones” para que el expresidente, que entregó el mando a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, el pasado 27 de enero, pueda aguardar el juicio en libertad.
Complicado
Sin embargo, el tribunal de Nueva York anunció hoy miércoles 11/05 que se presentaron cargos por porte de armas ilegales y de narcotráfico a un exjefe de la policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla, diciendo que este conspiró con el propio Hernandez.
Bonilla, quien dirigió la policía del país centroamericano entre 2012 y 2013 bajo el presidente derechista Porfirio Lobo, fue extraditado de Honduras el martes y se espera que comparezca ante un tribunal federal de Manhattan el miércoles.
“La extradición (de Bonilla) demuestra que nadie está exento en virtud de su título o posición de autoridad, incluso los presidentes y jefes de policía extranjeros”, dijo Damian Williams, fiscal federal en Manhattan, en un comunicado. También añadieron que el modus operandi de Bonilla se basaba en dejar pasar a los cargamentos de cocina por los puestos de control sin ser inspeccionados ni detenidos, a cambio de sumas millonarias en sobornos.
Bonilla ha negado las acusaciones, y en una carta publicada la semana pasada en medios hondureños escribió que tiene la “conciencia tranquila”.
Además, dijeron que Hernández, mientras se desempeñaba como presidente del congreso de Honduras alrededor de 2010, ayudó a Bonilla a avanzar en su posición en la fuerza policial a cambio de proteger sus actividades de narcotráfico.
El asesinato el martes, en una playa ubicada en el norte de Colombia, de Marcelo Pecci, fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, ha conmociado a la sociedad de ambos países.
La muerte del funcionario judicial a manos de sicarios fue confirmada por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien condenó el crimen en un mensaje en su cuenta de Twitter.
“El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la Nación paraguaya. Condenamos en los términos más enérgicos este trágico hecho y redoblamos nuestro compromiso de lucha contra el crimen organizado”, escribió.
El atentado contra Pecci ocurrió en la isla de Barú, ubicada a unos 40 minutos en lancha de la ciudad de Cartagena de Indias. De acuerdo a la versión de medios locales colombianos, dos hombres que llegaron por mar hasta la playa, se acercaron al fiscal, que se encontraba descansando junto a su esposa, y le propinaron dos disparos que le causaron la muerte.
Pecci, de 45 años de edad, era fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Había contraído matrimonio el pasado 30 de abril con la periodista paraguaya Claudia Aguilera y ahora se encontraban de luna de miel en la costa caribeña colombiana.
Aguilera relató que hacia las 10:30 de la mañana del martes un hombre se bajó de la embarcación y le dio dos disparos a su esposo, “uno en la cabeza y otro en la espalda”.
“Fuimos auxiliados por otras personas que estaban en la playa, pero él estaba muerto”, le dijo al diario colombiano El Tiempo.
Pocas horas antes del ataque, Aguilera había anunciado a través de sus redes sociales que ambos estaban esperando su primer hijo.
Agregó que ellos se sentían tranquilos en su viaje, que no tenían escoltas. “No teníamos amenazas”, señaló.
El fiscal especializado en Crimen Organizado
La prensa local también informó que el funcionario formaba parte de un operativo llamado “Ultranza”, dirigido en contra del narcotráfico y el lavado de dinero, y estuvo involucrado en la investigación sobre un atentando ocurrido en enero durante un concierto en Paraguay.
También participó en el pasado reciente en la investigación sobre el asesinato de la hija de un gobernador regional, así como en el caso del exfutbolista brasileño Ronaldinho, cuando este fue detenido al tratar de entrar a Paraguay con un pasaporte adulterado en 2020.
Fuentes de la embajada de Paraguay en Colombia dijeron a la Agencia EFE que fueron informadas sobre el suceso que aún se encuentra bajo investigación y que permanecen en contacto con la Policía Nacional de Colombia, que adelanta las pesquisas.
El director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas, indicó a la prensa que las autoridades ya están adelantando las gestiones urgentes y de carácter reservado que, según afirmó, “ayudarán a identificar a los responsables de ese lamentable hecho”.
La Policía de Paraguay también envió una delegación a Colombia que se sumará a la investigación.
Mario Abdo Benítez informó que se había comunicado con su homólogo de Colombia, Iván Duque, así como con el gobierno de Estados Unidos, y que estos ofrecieron dar su apoyo para investigar lo ocurrido.
Por su parte, la fiscal Belinda Bobadilla, vicepresidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay, lamentó lo ocurrido con su colega en Colombia y aprovechó para criticar la falta de presupuesto en seguridad de los funcionarios judiciales en su país.
“No podemos creer, la pesadilla que siempre teníamos presente de que algún día pudiera llegar a darse eso estamos viendo en forma palpable que finalmente se dio”, expresó a la emisora local Universo 970AM.
De acuerdo a Bobadilla, muchos jueces y fiscales no cuentan con los recursos para la protección integral de ellos y sus familiares: “Incluso no tienen ni para un chaleco antibalas”, señaló.
