Efectivos de la Prefectura Naval Argentina incautaron más de 270 kilos de marihuana en dos procedimientos realizados en las provincias de Corrientes y Misiones, en el marco de los controles que se realizan en la zona de frontera para prevenir el delito.
Por un lado, en Itatí (Corrientes), el personal halló, durante un patrullaje a la altura del kilómetro 1280 del río Paraná (Isla Ita Caayú), siete bultos con 215 kilos de marihuana en su interior.
La droga estaba dividida en 221 panes y tiene un valor de mercado que supera los 37 millones de pesos.
Interviene en la causa la Fiscalía Federal de Primera Instancia n° 1 de Corrientes, a cargo del Dr. Flavio Ferrini, quien indicó secuestrar lo hallado y dejarlo a disposición de la Justicia.
Por otro lado, además, en la localidad misionera de Santa Ana, como resultado de tareas de investigación, Prefectura detectó un grupo de personas que trasladaban estupefacientes a la altura del kilómetro 1612 del río Paraná, a unos 1000 metros de la costa.
Al advertir la presencia policial los individuos se dieron a la fuga, amparándose en la densa vegetación característica del lugar.
Prefectura realizó un amplio rastrillaje que dio como resultado el hallazgo de seis bultos con más de 55 kilos de flores de marihuana a granel.
La droga, valuada en siete millones y medio de pesos fue secuestrada por indicaciones de la Fiscalía Federal n° 1 de Posadas, a cargo del Dr. Jorge Campitelli.
Por Julie Turkewitz y Genevieve Glatsky. BOGOTÁ — Fue un conflicto que duró 58 años, involucró a casi todos los sectores de la sociedad colombiana y costó cientos de miles de vidas y miles de millones de dólares estadounidenses.
Y el martes, la Comisión de la Verdad, designada por el gobierno, publicó el informe más exhaustivo hasta ahora sobre el brutal conflicto armado en Colombia, que se prolongó de 1958 a 2016.
El informe fue muy crítico con la estrategia de seguridad que dominó en el país durante décadas —que, según sus autores, trataba como enemigos internos a gran parte de la población— y pidió una transformación amplia de la policía y el ejército.
También criticó con dureza las políticas de Estados Unidos en Colombia, argumentando que emprender una guerra contra el narcotráfico tenía efectos sociales y ambientales desastrosos, al hacer que los agricultores pobres fueran enemigos del Estado y deteriorando paisajes que alguna vez fueron fértiles.
“Las consecuencias de este planteamiento concertado y en gran parte impulsado por Estados Unidos”, señala el informe, llevaron a “un endurecimiento del conflicto en el que la población civil ha sido la principal víctima”.
Los documentos desclasificados recopilados para el informe, que fueron obtenidos por The New York Times, muestran que durante años Washington creía que el ejército colombiano estaba involucrado en ejecuciones extrajudiciales y que trabajaba con paramilitares de derecha y, aun así, continuó profundizando su relación con las fuerzas armadas.
El informe, que se elaboró en cuatro años e involucró más de 14.000 entrevistas individuales y grupales, fue producto del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y el grupo rebelde más grande, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El informe está destinado a contribuir en el proceso de sanación después del conflicto e incluye un nuevo número de muertos: 450.000 personas, casi el doble de la cifra que se estimaba anteriormente.
En la ceremonia del martes, que marcaba la publicación del reporte, algunas víctimas del conflicto lloraron en sus butacas y otras pidieron que se reconocieran las muertes de sus seres queridos. Algunos de los comisionados responsables del informe llevaban camisetas que decían “Hay futuro si hay verdad”.
La lista de víctimas “es interminable y el dolor acumulado, insoportable”, dijo el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la comisión, en un teatro repleto en el centro de Bogotá, la capital. “¿Por qué vimos las masacres en televisión día tras día como si se tratara de una novela barata?”.
El sacerdote Francisco De Roux en la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad en un teatro de Bogotá, Colombia, el martesCredit…Federico Rios para The New York Times
Pero muy pronto el informe pasó a ser parte del panorama político altamente polarizado de Colombia, en el que algunos creen que el ejército fue cómplice de crímenes de guerra y necesita una reforma sistémica y otros culpan a las guerrillas de izquierda por la mayor parte del trauma.
El presidente, Iván Duque, un conservador que hizo campaña en contra el acuerdo de paz y quien es conocido por defender de manera inquebrantable a los militares, no asistió a la ceremonia ni hizo comentarios públicos sobre el informe.
Su partido, Centro Democrático, emitió un comunicado en el que se refiere al informe como una “verdad interpretativa”.
El presidente electo, Gustavo Petro, quien en agosto se convertirá en el primer presidente de izquierda del país, estuvo en la ceremonia junto a la vicepresidenta electa, Francia Márquez. Petro ha prometido que el acuerdo de paz de Colombia será una prioridad y durante su campaña electoral hizo un llamado a favor de una reforma militar.
Petro le dijo a la concurrencia que creía que este informe podría ayudar a “cortar, definitivamente, los ciclos de la violencia” que el país había sufrido durante generaciones, pero que eso solo sucedería si el informe no se utilizaba como arma de venganza.
Las sociedades, dijo, siempre tendrán conflictos, “pero el conflicto no puede ser sinónimo de la muerte”.
Pastora Mira García, de 65 años, cuyo padre murió en el conflicto, viajó más de 320 kilómetros para ir al evento. Calificó a la publicación del informe como “un momento muy esperanzador para nuestro país”.
Pastora Mira García escuchando el informe final de la comisión, al que calificó como “un momento muy esperanzador para nuestro país”.Credit…Federico Rios para The New York Times
El conflicto colombiano empezó como un enfrentamiento entre el gobierno y las FARC pero con el tiempo se convirtió en una batalla compleja que también involucró a grupos paramilitares y al gobierno de EE. UU., que otorgó miles de millones de dólares en asistencia a los colombianos para ayudarles a combatir la insurgencia y el narcotráfico que la financiaba.
El informe constará de 10 capítulos; dos de esos capítulos se publicaron el martes, además de un resumen de 896 páginas de hallazgos y recomendaciones para el futuro.
El resumen ofrece una descripción detallada del sufrimiento, infligido con mayor frecuencia a civiles, y documenta masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, extorsiones, torturas, agresiones sexuales y reclutamiento de menores, entre otras violaciones de los derechos humanos.
Esos crímenes, señala el informe, fueron cometidos por las FARC, por paramilitares, por fuerzas de seguridad del Estado y otros.
Entre las recomendaciones de la comisión para la policía y el ejército está aumentar la supervisión y la rendición de cuentas; una reestructuración de las fuerzas de seguridad del Estado que remueva a la policía nacional del Ministerio de Defensa; trasladar los casos de soldados acusados de delitos de los tribunales militares a la justicia civil, y el fin de los acuerdos entre militares y empresas privadas en los que las fuerzas de seguridad del Estado reciben pagos para proteger a entidades privadas, como las petroleras.
“Son propuestas muy importantes”, dijo Juan Carlos Ruiz, politólogo de la Universidad del Rosario en Bogotá que estudia a la policía colombiana.
Los reclamos de cambio han existido durante años, dijo, pero nunca han tenido éxito.
Algunas de las pruebas utilizadas para redactar el informe del martes se encuentran miles de documentos desclasificados de Estados Unidos reunidos y organizados por el Archivo de Seguridad Nacional, una organización no gubernamental con sede en Washington que se especializa en brindar apoyo a las comisiones de la verdad establecidas después de conflictos.
En agosto se publicará una biblioteca digital con los documentos. Pero el Archivo de Seguridad Nacional le proporcionó a The New York Times algunos de los documentos con antelación. Estos revelan que durante décadas Estados Unidos tuvo conocimiento de supuestos crímenes cometidos por el ejército colombiano “y aun así la relación siguió creciendo”, dijo Michael Evans, director del proyecto de Colombia para la organización.
Gente en las calles de Bogotá celebrando la publicación del informe el martes.Credit…Federico Rios para The New York Times
Dijo que en particular resultaba muy reveladora una serie de reportes operativos de la CIA que no suelen estar disponibles al público, incluso después de solicitudes de registros.
Un informe, escrito en 1988 durante un periodo en el que una serie de activistas de izquierda fueron asesinados, halló que la ola de asesinatos contra “presuntos izquierdistas y comunistas” era resultado de un “esfuerzo conjunto” entre el jefe de inteligencia de la Cuarta Brigada del ejército colombiano e integrantes del Cartel de Medellín.
Muchos de los asesinados estaban relacionados con el partido político Unión Patriótica. El informe dijo que era “poco probable” que esto sucediera “sin el conocimiento del comandante de la Cuarta Brigada”.
Más adelante en el documento, un funcionario de la CIA escribe sobre una masacre de 1988 en la que 20 campesinos, muchos de ellos integrantes de un sindicato, fueron asesinados. El funcionario de la CIA indica que el gobierno de Estados Unidos creía que los asesinos “obtuvieron los nombres de los objetivos previstos” de la unidad de inteligencia de la Décima Brigada del ejército.
Otros documentos muestran que Estados Unidos sabía que las empresas petroleras pagaban a los paramilitares a cambio de protección y que al menos una compañía reunía inteligencia para el ejército colombiano.
Una empresa “activamente brindaba inteligencia sobre las actividades de la guerrilla al ejército”, según la CIA, “empleando un sistema aéreo de vigilancia a lo largo del oleoducto para mostrar los campamentos de la guerrilla e interceptar las comunicaciones de la guerrilla”.
El ejército de Colombia “exitosamente explotó está información y causó unas 100 bajas durante un operativo contra la guerrilla” en 1997, según el informe.
Otro documento, redactado en 2003, insinúa algo sobre uno de los capítulos más sombríos de la guerra, llamado el escándalo de los falsos positivos. En dicho caso, el ejército colombiano está acusado de matar a miles de civiles durante la presidencia de Álvaro Uribe e intentar hacerlos pasar por fallecimientos en combate, un esfuerzo por mostrar que se estaba ganando la guerra.
En un testimonio judicial reciente en Colombia, exintegrantes del ejército han dicho que se sintieron presionados a matar a otros colombianos por sus superiores.
Un memorándum de 2003 dirigido a Donald Rumsfeld, entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, de parte de un alto representante del Pentágono para operaciones especiales, aplaude el aumento significativo de muertes en combate a partir de que Uribe asumió el poder: 543 en apenas seis meses, comparados con 780 durante los últimos dos años del gobierno previo.
El documento se titula “Éxitos recientes contra las FARC colombianas”.
Iñigo Alexander colaboró con trabajo de reporteo desde Bogotá, Colombia.
En su tercer intento por alcanzar la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, que reúne a fuerzas de izquierda, dio hoy un paso clave hacia esa aspiración, que seguramente tejió en sus años como alcalde de Bogotá y en su paso por el Congreso.
Ganador de la primera vuelta de hoy, Petro parece haber dejado muy atrás su paso por una guerrilla y ahora, autodefinido como progresista, amaga con entrar en la historia: puede convertirse en el primer presidente de Izquierda de un país históricamente dominado por el conservadurismo y los liberales.
Y, además, puede hasta convertirse en un líder regional o al menos en una pieza clave de un armado con tinte progresistas, según los respaldos que recibió en la campaña.
De 61 años, nacido en Ciénaga de Oro, Petro fue un estudiante casi ejemplar, aunque con apenas 17 años ingresó al M-19, una de las varias guerrillas que actuaban por entonces en Colombia y también una de las primeras en retornar a la vida civil, en 1990.
Varios años después de descubrir que es intolerante a la lactosa, Petro usó en el M-19 el nombre ficticio de Andrés Aureliano, su forma de homenaje al Aureliano Buendía de la genial obra de Gabriel García Márquez “Cien años de soledad”.
Fue concejal en Zipaquirá, tuvo un cargo diplomático y logró una banca de representante primero y una de senador después. Desde el Congreso empezó a lograr notoriedad, en buena medida en base a sus denuncias de corrupción, contra la llamada “parapolítica” -las relaciones de grupos paramilitares con dirigentes- y de los casos de “falsos positivos”, los asesinatos de desocupados y campesinos presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate.
Todo eso lo ayudó a llegar en 2012 a la alcaldía de Bogotá, de donde fue destituido después de una investigación sobre el sistema de recolección de residuos. Se le prohibió entonces ejercer cargos públicos por 15 años, pero esa sanción fue un búmeran para los sectores que lo tumbaron: Petro logró un impulso popular de relevancia y, además, la Corte IDH lo repuso en el cargo en 2014.
Ya había hecho por entonces, en 2010, un primer intento por la presidencia, cuando consiguió un 9% de los votos. Haría otro en 2018, cuando con un 25% de los sufragios, obtuvo el derecho de disputar la segunda vuelta, que perdió con el ahora presidente Iván Duque.
Para este tercer intento que lo puso hoy en segunda vuelta armó una red de fuerzas y movimientos de izquierda, pero que se extendió hasta sumar sectores evangelistas. Y eligió, además, a una mujer negra y feminista como compañera de fórmula, Francia Márquez.
En el Pacto Histórico están Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el Movimiento Alternativa Indígena y Social, Polo Democrático, Todos Somos Colombia, Partido del Trabajo y el Movimiento de Acción Democrática, junto a otros cinco sellos.
El discurso de Petro en favor de profundas reformas sociales y económicas alienta las advertencias de quienes lo consideran un camino hacia el “castrochavismo”, lo tildan de comunista o lo consideran un “populista peligroso”.
En las legislativas de marzo quedó claro que ese discurso no pegó, al menos en un sector mayoritario: la fuerza hizo su mejor elección histórica. Y el exalcalde usaba “cambio” y “transformación” casi como latiguillos.
Ahora arrancan tres semanas en busca de otros acuerdos y una mini campaña mano a mano, que se presume polarizada al máximo. Pero Petro nunca estuvo tan cerca del Palacio de Nariño.
La sorpresa la dio el segundo, al que le daban pocas chances: el empresario y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien el 19 de junio disputará una segunda vuelta con Gustavo Petro para definir quién será el próximo presidente de Colombia.
En un mensaje leído por los medios locales una vez que el preconteo que elabora la Registraduría Nacional -que no tiene carácter vinculante pero marca tendencia de la elección- confirmó su pase a la segunda vuelta, Hernández destacó su intención de “unir a Colombia”, lo que fue interpretado rápidamente como la decisión de salir a buscar los votos de quienes lo siguieron, sobre todo los del aspirante de derecha Federico Gutiérrez.
Hernández encabezó una coalición denominada Liga de Gobernantes Anticorrupción que se presentó ante el electorado como un candidato “antipolítica” que supo cosechar votos de ciudadanos desencantados, que achacan varios de los males que sufren a la clase política tradicional y a la corrupción.
El preconteo le adjudicó a Hernández 28,1% de los votos, frente a 40,3% del ganador, Petro (izquierda).
“Hoy ganó el país que no quiere seguir un día más con los mismos y las mismas que nos ha llevado a la situación dolorosa en la que hoy estamos. Hoy ganó la una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y corrupción”, dijo.
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron a un hombre que trasladaba casi 29 kilos de flores de marihuana, en un operativo realizado en Eldorado, como parte de las tareas de control y vigilancia de las fronteras del país que tienen por objetivo combatir el delito.
El hecho ocurrió durante la noche cuando personal de la Fuerza, que contaba con el dato de que se trasladaría droga, observó que una lancha arribó a costa argentina, descargó bultos y regresó hacia el Paraguay.
De inmediato, una patrulla se dirigió al lugar e interceptó a un taxi que salía de la costa por un camino de tierra.
Al advertir la presencia policial, desde el vehículo se arrojó un bulto. En ese momento, los efectivos lograron detener al conductor y percibieron olor a marihuana dentro del rodado.
Luego de recuperar el bulto, y gracias a un intenso rastrillaje, se secuestraron otras dos bolsas de similares características. En total, contenían casi 29 kilos de cogollos de marihuana.
Con la intervención de la Fiscalía Federal y el Juzgado de Eldorado, se detuvo al involucrado y se secuestró la droga y el automóvil, cuyo valor total supera los cinco millones de pesos.
El alcalde de la localidad paraguaya de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, murió como consecuencia de las heridas sufridas la semana pasada al ser atacado a tiros en plena calle por un sicario, informaron familiares.
Acevedo, de 51 años, quien había recibido siete impactos de bala, falleció anoche, horas después de que los médicos lo declarasen en muerte cerebral, dijo su hermano, que es gobernador del departamento del cual es capital Pedro Juan Caballero.
“Ya descansa mi hermano”, manifestó el gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, a periodistas, informó la agencia de noticias Europa Press.
El cuerpo de Acevedo era velado hoy en una capilla ardiente instalada en la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, conocida desde hace años por ser una de las zonas de Paraguay con mayores cultivos ilegales de marihuana.
Las cámaras de seguridad captaron el momento en que una persona descendía de un vehículo el martes pasado y abría fuego de forma directa contra Acevedo, que en ese momento acudía a la inauguración de una obra junto a su hermano el gobernador.
Ambos hermanos ya habían sido víctimas de otros ataques en el pasado y, en uno de ellos, perdió la vida la hija del gobernador, de 21 años.
El asesinato de Acevedo se suma al del fiscal especializado en lucha contra el narcotráfico Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo en una isla colombiana donde pasaba su luna de miel.
Ambos crímenes pusieron de manifiesto el avance de la violencia del crimen organizado en Sudamérica, según autoridades.
Ayer por la tarde, Acevedo fue declarado en muerte cerebral luego de que se le realizara un estudio tomográfico del cerebro para evaluar su estado.
“Voy a dar un informe bastante desalentador con relación al estudio que realizamos el día de hoy, donde se vio que hay un daño cerebral muy importante y se constató que no hay flujo cerebral”, dijo entonces el doctor David Peña.
“Las evaluaciones neurológicas llevan a que ese cerebro dejó de funcionar el 100% de sus actividades”, agregó Peña, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Viva Vida, donde estaba el intendente pedrojuanino.
El intendente iba por su cuarto mandato desde 2006.
