Misiones oficializó por decreto una jornada de memoria por el golpe de 1976
A cuatro días del 24 de marzo y en el umbral del 50° aniversario del golpe de 1976, el Gobierno de Misiones decidió intervenir con una señal política explícita en una fecha de alta densidad institucional. Mediante el Decreto N° 457, firmado en Posadas el 20 de marzo de 2026, la gestión provincial declaró el 24 de marzo como jornada de reflexión y memoria en todo el territorio misionero, invitó a la ciudadanía a revisar con sentido crítico lo ocurrido desde aquel quiebre institucional y ratificó su compromiso con las políticas públicas de Verdad, Justicia y Memoria. No es un gesto menor ni meramente ceremonial: en una fecha donde la memoria pública también es un campo de disputa, el decreto ordena posición, fija lenguaje y define el lugar desde el cual la provincia quiere hablar.
La decisión lleva las firmas del gobernador Hugo Mario Passalacqua, del ministro de Coordinación General de Gabinete, Carlos Sebastián Sartori, y de la ministra de Derechos Humanos, Karina Alejandra Aguirre. El texto, además, dispone que las banderas nacional y provincial permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos durante esa jornada. El dato administrativo parece simple, pero su peso político es más profundo: la provincia no se limita a adherir a una efeméride nacional ya instituida por ley, sino que construye una puesta en escena institucional propia en torno de los 50 años del último golpe militar.
Un decreto que toma una fecha nacional y la reinterpreta desde la política provincial
El punto de partida formal del decreto es la Ley Nacional 25.633, que establece el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sobre esa base, el Gobierno misionero monta una decisión con alcance provincial y la inscribe en el calendario político de 2026, un año que el propio texto identifica como especialmente sensible por cumplirse medio siglo del golpe que interrumpió un período constitucional.
Allí aparece una primera lectura de poder. El decreto no se agota en recordar una fecha. Busca intervenir sobre el sentido de esa conmemoración. Por eso no sólo declara la jornada, sino que la carga de contenido político e institucional. El texto sostiene que el recuerdo de esa etapa debe servir para mantener viva la reflexión social sobre “los trágicos acontecimientos” del pasado reciente y sus consecuencias, y a la vez afirma que el Gobierno asume el compromiso de mantener vivo el legado del Nunca Más, identificado como el informe final de la CONADEP creado con el retorno de la democracia por el Decreto 187 del 15 de diciembre de 1983.
Ese encuadre no es neutro. La provincia se apoya en dos pilares de legitimidad estatal: la ley nacional que instituye la fecha y el legado del Nunca Más como referencia central del orden democrático recuperado. En términos políticos, el decreto no deja librada la interpretación del 24 de marzo a una recordación abstracta. La encuadra en una narrativa institucional precisa: memoria, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos.
La clave del texto: memoria sí, pero dentro de una formulación política específica
El contenido del decreto también muestra una construcción discursiva deliberada. En sus considerandos, el Gobierno sostiene que la memoria debe incluir “esa era de violencia social y política”, con atrocidades ya iniciadas con actos de terrorismo “en plena vigencia de la democracia”, que demandaban la actuación de la Justicia “pero jamás del terrorismo de Estado”. Esa frase condensa una parte sustancial de la arquitectura política del texto.
La formulación no diluye la condena al aparato estatal ilegal; por el contrario, traza una frontera explícita. Reconoce que existieron hechos violentos previos, pero fija como límite infranqueable que la respuesta no podía darse fuera del marco de la ley ni de la Constitución Nacional. En esa línea, el decreto remarca que no se construye una patria de paz y prosperidad destruyendo los valores constitucionales y que sin justicia independiente, sin partidos políticos, sin prensa libre, sin sindicatos y sin un Congreso nacional que represente la voluntad popular, es imposible conocer la verdad.
Allí el documento trasciende el homenaje protocolar y se vuelve una toma de posición institucional sobre las condiciones mínimas de la democracia. El Gobierno provincial no sólo recuerda el golpe: lo lee como ruptura de un sistema de garantías y representación. La memoria, así, deja de ser una evocación histórica y se convierte en un mensaje político anclado en instituciones concretas.
Del recuerdo a la acción estatal: qué ordena el Decreto 457
En su parte resolutiva, el Decreto 457 dispone tres movimientos centrales. Primero, declara el 24 de marzo de 2026 como jornada de reflexión y memoria en toda la provincia de Misiones, en conmemoración del 50° aniversario del “trágico golpe cívico militar” de 1976. Segundo, invita a los habitantes de la provincia a reflexionar con sentido crítico sobre los acontecimientos sucedidos en el país a partir de esa fecha y, de manera especial, sobre la “cruel metodología” empleada por el gobierno de facto de entonces. Tercero, ratifica el firme compromiso del Gobierno con las políticas públicas que resguarden los derechos humanos y las exigencias de Verdad, Justicia y Memoria.
La disposición de banderas a media asta completa esa secuencia con un componente simbólico estatal. No se trata sólo de recordar, sino de ordenar que el Estado provincial exprese institucionalmente ese recuerdo en todos sus edificios públicos. En otras palabras, el decreto baja una directiva política y administrativa a toda la estructura gubernamental.
Ese punto es importante porque transforma una definición discursiva en una señal operativa. El Ejecutivo provincial no habla únicamente desde una declaración general: instruye cómo debe verse esa posición en el espacio público estatal durante la jornada.
Qué revela esta decisión en el escenario político actual
El decreto llega en una fecha de alta sensibilidad y, precisamente por eso, tiene una dimensión que excede lo conmemorativo. El Gobierno de Misiones opta por fijar una postura clara en torno a memoria, verdad, justicia y derechos humanos, y lo hace con un instrumento formal del Poder Ejecutivo, no con una expresión aislada o una adhesión genérica. En tiempos en que las fechas históricas suelen convertirse en terreno de disputa política, esa elección no parece casual.
La decisión fortalece el perfil institucional del Ejecutivo provincial en un asunto donde el lenguaje, los símbolos y los encuadres importan tanto como las medidas. También consolida el papel del Ministerio de Derechos Humanos dentro de esa construcción, al quedar refrendado el decreto por Karina Alejandra Aguirre junto al Ministerio de Coordinación General de Gabinete. Es una señal de alineamiento interno: la política de memoria no aparece como un área lateral, sino integrada a la conducción general del Gobierno.
A la vez, el texto refuerza una alianza entre la autoridad política provincial y un marco normativo nacional preexistente. No hay aquí una confrontación jurídica con la legislación vigente, sino una apropiación política de esa base legal para dotarla de densidad local y de centralidad en el calendario provincial. Misiones toma una fecha nacional y la convierte en un pronunciamiento propio.
El trasfondo institucional: democracia, verdad y límites al poder
Uno de los aspectos más significativos del decreto está en la forma en que vincula memoria y calidad institucional. Cuando afirma que sin justicia independiente, sin partidos políticos, sin prensa libre, sin sindicatos y sin Congreso nacional representativo no puede conocerse la verdad, el texto desplaza la discusión desde el pasado hacia una idea más amplia de funcionamiento democrático.
Esa formulación no introduce medidas nuevas sobre el sistema político actual, pero sí deja una señal interpretativa. La verdad no aparece sólo como un problema histórico o judicial: queda asociada a la existencia de contrapesos, pluralidad y representación. En ese marco, el decreto no sólo condena un hecho del pasado, sino que delimita cuáles son las condiciones que el Estado considera necesarias para impedir su repetición.
También hay una dimensión pedagógica explícita. El texto sostiene que recordar esta etapa cruel de la historia argentina constituye un ejercicio colectivo de la memoria para que las generaciones actuales y futuras conozcan las gravísimas consecuencias que genera la sustitución del Estado de Derecho cuando quienes ejercen el poder aplican la violencia. Esa frase, en clave política, funciona como advertencia institucional: el problema no es únicamente la violencia, sino su ejercicio desde el poder estatal por fuera de la ley.
Una señal hacia adentro del Estado y hacia la sociedad
La invitación a reflexionar “con sentido crítico” tiene un alcance más amplio que el de un acto oficial. El Gobierno busca proyectar una pedagogía pública desde el Estado provincial. No impone una consigna partidaria ni convoca a una movilización específica; convoca a una reflexión social sobre lo sucedido y sobre la metodología del gobierno de facto. Ese matiz importa. La provincia no presenta la fecha sólo como un momento de homenaje, sino como una instancia de elaboración política y cívica.
En ese sentido, el decreto intenta ordenar un marco de lectura común. No dice únicamente qué se conmemora, sino desde qué valores debe ser procesada esa memoria: paz, tolerancia, respeto mutuo, justicia objetiva, rechazo de la venganza, defensa del Estado de Derecho. El documento incluso plantea que fortalecer la memoria colectiva ayudará a construir un destino social en paz, lo que ubica a la memoria no como un asunto del pasado cerrado, sino como un recurso político para el presente.
Qué habrá que mirar en los próximos días
La firma del Decreto 457 abre ahora una etapa de implementación y de traducción política. Habrá que observar cómo el Gobierno provincial materializa esa jornada del 24 de marzo, qué centralidad adquiere en la agenda institucional y de qué manera se articula el mensaje oficial con las políticas de derechos humanos que el propio texto ratifica. El decreto fija posición, pero también eleva expectativas sobre el contenido concreto de esa conmemoración en el año del 50° aniversario.
También quedará por ver cómo impacta esta definición en el clima político provincial y qué lecturas genera dentro del sistema institucional. La norma no inaugura un conflicto por sí misma, pero sí interviene en un terreno donde el lenguaje del Estado nunca es neutro. Cada palabra elegida —Nunca Más, terrorismo de Estado, verdad, justicia independiente, prensa libre, Congreso— compone una arquitectura política deliberada.
Misiones decidió no pasar por el 24 de marzo con una referencia lateral. Dictó un decreto, lo firmó al más alto nivel y le dio forma institucional a una postura. La dinámica política dirá ahora si ese movimiento queda sólo en el plano simbólico o si se convierte en una pieza más amplia dentro de la conversación pública que la provincia buscará sostener sobre memoria, democracia y límites del poder.
