NUNCA MÁS

A 50 años del Golpe Militar

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La voz le tiembla y los ojos se le nublan. Se mira las manos como si sintiera que la laceración de la tortura estuviera ocurriendo ahora mismo. Pero pasaron 50 años. Tenía 19 cuando los militares irrumpieron en su casa y se lo llevaron detenido. Estuvo en la Jefatura de Policía, donde lo interrogaron y conoció el ardor de la picana. Lo trasladaron a la Casita de Mártires, en el viejo Rowing Club, donde se sorprendió de ver cómo a pocos metros la normalidad seguía su rutina pese a los gritos ahogados de los torturados. Estuvo horas -o días- colgado de una pared. Sentía que el cuerpo se le iba. Las manos se le desgarraban.

Finalmente lo trasladaron al Penal de Candelaria, donde pensó que iba a sufrir menos, pero se equivocó. Fue en Resistencia, Chaco, donde recuperó la libertad después de varios meses y un periplo de torturas, vejámenes y desesperación. 

Augusto Gilberto Speratti es hoy el secretario de Derechos Humanos de Misiones. Tuvo mejor suerte que otros jóvenes iguales que él, adolescentes, militantes, trabajadores rurales, comprometidos, otros no tanto, algunos sin saber por qué, otros cargando con el delito de pensar en el bien común o de reclamar un precio justo para la yerba o el té.

Speratti es secretario de Derechos Humanos de Misiones. Tiene un museo con recortes de lo pasado en la dictadura y testimonios.

El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado cívico-militar instauró en el país un régimen de facto que dio inicio a un período caracterizado por el terrorismo de Estado. En Misiones, el gobernador Miguel Ángel Alterach fue depuesto y reemplazado por el coronel Juan Antonio Beltrametti, quien asumió como primer interventor militar. Posteriormente, el 23 de abril de 1976, el capitán de navío (R) René Buteler asumió la intervención provincial, teniendo un rol central en el desarrollo del aparato represivo en el territorio misionero.

Misiones fue incorporada a la Zona Militar II, que comprendía las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, bajo la conducción del comandante del Cuerpo de Ejército II con asiento en Rosario. A su vez, esta jurisdicción se subdividía en subzonas; la Subzona 23 abarcaba Misiones, Chaco, Formosa y algunos departamentos de Corrientes, bajo la responsabilidad del comandante de la Brigada de Infantería VII de Corrientes. Dentro de esta estructura, Misiones fue organizada como Área 232, bajo el comando del jefe del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles.

En Misiones la represión se dirigió particularmente contra el movimiento agrario y sus organizaciones vinculadas, así como contra militantes políticos y estudiantiles, entre ellos integrantes de la Juventud Peronista (JP) y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Como consecuencia de esta persecución, el 50 % de la primera comisión directiva del Movimiento Agrario Misionero (MAM) fue víctima del accionar represivo, con Pedro Peczak como víctima símbolo. Juan Figueredo, candidato a vicegobernador por el Partido Auténtico, fue asesinado.

Durante ese período se registraron en la provincia 60 personas desaparecidas y cuatro misioneros asesinados en la Masacre de Margarita Belén. La mayoría de los secuestros se produjo entre los meses de marzo y octubre de 1976. 

En total, alrededor de 600 personas fueron detenidas por motivos políticos, muchas de las cuales permanecieron privadas de su libertad hasta el restablecimiento del orden democrático. El mes de octubre de 1976 fue particularmente intenso en términos de operativos represivos.

Juan Carlos Berent fue víctima de la represión. Estaba en la primera línea del Movimiento Agrario Misionero, que trabajaba en la organización de los productores y por precios justos para la materia prima. Junto a Pedro Peczak lideraba a los productores. 

“En ese tiempo estábamos en plena en plena lucha por un precio justo, un montón de reivindicaciones que teníamos los agricultores. El golpe no nos tomó de sorpresa, porque la situación política a nivel nacional ya estaba muy complicada. Todos los ataques por parte del gobierno, la Triple A, que era una organización parapolicial, estaban buscando a delegados gremiales, a funcionarios públicos representativos, a curas, a diputados. Sabíamos que a los monopolios, a los grandes, no les gustaba la organización nuestra que rompía un poco los esquemas de ellos porque luchamos por mejores precios, por mejor estado de vida. Entonces sabíamos que nos iba a tocar. La diferencia que había era ¿Cómo vendría el golpe? ¿Iba a ser suave como con (Juan Carlos) Onganía o más fuerte? Hubo distintos criterios sobre qué hacer. Mi postura era venir a la colonia, seguir trabajando y esperar a ver qué pasa. Pedro tenía la postura de resistir, iba a seguir tratando de organiza. El golpe nos agarró en esa discusión”, relata Berent. Pedro fue uno de los primeros asesinados. Berent pasó tiempo detenido

“Para mí era la destrucción del ideal que teníamos. Nosotros desde el Movimiento Rural Cristiano, que fue la organización en base a la que se fundó el MAM, soñábamos con el hombre nuevo, organizar la familia, de vivir en paz, con justicia y eso se derrumbó todo”, analiza Berent.

“Se derrumbó el proyecto que teníamos, o sea, volvimos a cero con eso porque no se permitía otra cosa que eso y además destruyó mucha familia”, marca como consecuencia. 

Las luchas agrarias de aquellos años encuentran paralelismo en la actualidad. Mejores precios para la materia prima, regulación del mercado y protección de la chacra son discusiones vigentes. 

Aunque Misiones no tuvo grandes centros clandestinos como los de Buenos Aires o Córdoba, el aparato represivo funcionó mediante una red de dependencias militares, policiales y penitenciarias utilizadas para detenciones ilegales, interrogatorios y torturas.

Entre los principales lugares identificados en investigaciones judiciales y testimonios se encuentran la Casita de los Mártires, en Posadas, uno de los lugares señalados en causas judiciales como espacio utilizado para detenciones e interrogatorios clandestinos. Funcionó dentro del circuito represivo del Ejército en la región. 

La cárcel de Candelaria fue utilizada para alojar presos políticos durante la dictadura. Diversos juicios de lesa humanidad investigaron tormentos y condiciones de detención aplicadas a militantes políticos y sociales.

También hubo detenciones y torturas en dependencias de Gendarmería Nacional, especialmente en zonas de frontera y en localidades del interior, donde se realizaron detenciones y operativos contra militantes sociales y campesinos.

La Policía de Misiones tuvo varias dependencias utilizadas como lugares de detención e interrogatorio de personas secuestradas por fuerzas de seguridad.

Los detenidos en Misiones también fueron derivados al regimiento de Infantería de Monte 9 (Corrientes), la Jefatura de Policía de Resistencia y centros clandestinos del Ejército en Corrientes. La SIDE tenía en Posadas un centro de coordinación regional e internacional, que nutrió el Plan Cóndor. 

Distintos registros de memoria, organismos de derechos humanos y listados históricos permiten reconstruir parte de los nombres de misioneros desaparecidos o asesinados durante la dictadura militar. Muchos de ellos eran estudiantes, militantes sociales, trabajadores, dirigentes rurales o políticos perseguidos por el aparato represivo. 

  1. Pedro Peczak
  2. Julio César Arin Delacourt
  3. Alfredo Francisco Aspeleiter
  4. Nicodemus Aspeleiter
  5. Santa Bandeira
  6. Julio Benítez
  7. Luis Benke
  8. Leonardo Caballero Peloso
  9. Carlos Caballero
  10. Leonor Victorina Chervo de González
  11. Jorge Daniel Collado
  12. Manuel Javier Corral
  13. Mirta Noelia Coutouné
  14. Carlos Alberto Crespo
  15. Gladys Evarista Cuervo
  16. Carlos Alberto Duarte
  17. Eduardo Gonzalo Escabosa
  18. Félix Escobar
  19. Susana Ferreira
  20. Juan Figueredo
  21. Héctor Martín Ortellado
  22. Eduardo Jensen
  23. Héctor Armando Araujo
  24. Sergio Guillermo Prado
  25. Juan Mariano Zaremba
  26. Miguel Ángel “El Gato” Sánchez
  27. Carlos Terescechuk
  28. Remigio Elpidio González

Estos nombres forman parte de distintos registros de memoria vinculados a la provincia y al nordeste argentino. Muchos de los secuestros ocurrieron durante 1976 y 1977, los años de mayor intensidad represiva.

“Nos torturaron para que olvidemos, pero sobrevivimos para contar”, dice Speratti, quien no duda en afirmar que “volvería a hacer todo” lo que hizo, al mismo tiempo que llama a mantener viva la memoria del Nunca Más.

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Otra denuncia a concejala electa de LLA por “apología del delito de lesa humanidad”

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El espacio político Chacabuco presentó ante la Fiscalía Penal de turno, un pedido de investigación por posible apología del delito de lesa humanidad, en el que habría incurrido la docente y concejala electa de la localidad de Montecarlo por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Buckmayer.
La denuncia obedece al posteó de la Vicedirectora, en su red social Facebook, con la imagen de un Ford Falcón verde recreado con inteligencia artificial, y al que agregó el desacertado comentario “Nahh y encima verde! un Ford Falcón con baúl mejorado apto para acarrear zurditos llorando”.
Es la segunda denuncia -la primera la presentó Raúl Báez, ex-detenido político  y víctima de un secuestro en un Ford Falcon verde en 1976, y trasladado en ese momento dentro del baúl del vehículo- contra Buckmayer, a raíz de sus expresiones, y por la que ya fue apartada por las autoridades de Educación de la provincia, de su cargo de Vicedirectora en la Escuela Primaria 661 de Montecarlo.
En la denuncia, se hace hincapiél respecto en que “la trágica historia reciente de nuestro país -que abarca desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983- integra los momentos más oscuros contemporáneos con los secuestros, tortura, muerte y desaparición de personas, en las que el uso del automóvil Ford Falcon de color verde eran utilizados por los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas en los operativos de secuestros. Estos operativos se realizaban en áreas liberadas en las que las policías con competencia por territorio y materia, no intervenían, y en consecuencia, las personas secuestradas eran sometidas a torturas, apremios ilegales -y en muchas ocasiones- provocaron la muerte y desaparición de los cuerpos”, destacaron en parte del escrito.
La presentación fue realizada por Pablo Vain, Clara Urrutia, José Estévez, María Cecilia Nevot, Silvia Estela Dias, María Itumelia Torres, Carlos Resio, Eduardo Simonetti, Alicia Dieringer, Carlos Borio y Norberto Zeppa, con el patrocinio del abogado penalista Eduardo Paredes.

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