En el marco de la 5° Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá aprobó por unanimidad un expediente que autoriza la excepción del pago de la Contribución por Mejoras a vecinos que ejecutaron obras de cordón cuneta y empedrado a través del programa “Esfuerzo Compartido”.
La medida se inscribe en lo establecido por la Ordenanza X – N°26 “Sistema de ejecución y recupero de costo de obras viales y pluviales” y alcanza a inmuebles cuyos datos catastrales fueron oportunamente individualizados, tras la finalización de las obras.
El Secretario de Urbanismo e Infraestructura municipal, ingeniero Gerardo Blanco, destacó la importancia de esta instancia al señalar que “se completa todo el circuito del esfuerzo compartido”, desde la iniciativa vecinal hasta la concreción de la obra y la correspondiente ordenanza que exime del pago de la tasa.
“Es un día muy especial. Con esta ordenanza culmina el proceso que comienza con vecinos que impulsan una obra fuera de la planificación del Ejecutivo, continúa con su ejecución y finaliza con este reconocimiento. Se generó una sinergia entre vecinos, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal que viene funcionando muy bien”, expresó el funcionario.
Las obras alcanzadas corresponden a los barrios Villa Barreyro, donde se ejecutaron trabajos de cordón cuneta, y Villa Svea, donde se concretaron tanto cordón cuneta como empedrado.
Desde las comisiones vecinales, los referentes valoraron la aprobación de la ordenanza como un cierre positivo del proceso iniciado junto a los vecinos. El vicepresidente de la comisión vecinal de Villa Barreyro, Gustavo Caballero, remarcó que la normativa “consolida el modelo de esfuerzo compartido” y permite proyectar nuevas intervenciones en sectores aún no alcanzados.
Según detalló, en el barrio ya se completaron 16 cuadras y existen al menos otras seis en distintas etapas organizativas. “Fue un proceso que implicó reuniones, consenso y compromiso de los frentistas, pero ver la obra materializada motivó a que más vecinos se sumen”, señaló.
Por su parte, el presidente de la comisión vecinal, Oscar Schunke, subrayó el acompañamiento de la comunidad: “Las obras avanzan porque los vecinos participan. Sin ese aporte, sería más difícil para el municipio”.
En Villa Svea, el presidente de la comisión vecinal, Alfredo Díaz, destacó el impacto positivo de las obras en el barrio. “Es una alegría enorme. Se logró gracias a la unión y comprensión de los vecinos. Hoy tenemos calles como Sagrado Corazón de Jesús y Cristo Rey completamente mejoradas, lo que genera satisfacción y nuevas iniciativas”, afirmó.
Asimismo, indicó que el programa ofrece flexibilidad a los vecinos, quienes pueden elegir entre distintas opciones y empresas para ejecutar las obras según sus posibilidades económicas, lo que favorece la toma de decisiones consensuadas.
Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el programa “Esfuerzo Compartido” continúa expandiéndose mediante el trabajo articulado con comisiones vecinales y el efecto multiplicador del “boca a boca” entre barrios. En ese sentido, invitaron a quienes deseen sumarse a acercarse a sus comisiones vecinales, donde se canalizan las iniciativas y se brinda información sobre la metodología de trabajo.
Con esta aprobación, el municipio refuerza una herramienta de gestión participativa que promueve la mejora de la infraestructura urbana mediante el compromiso conjunto entre el Estado y la comunidad.
La película Gente de la Ruta, ópera prima de Lucas Koziarski, se estrenará en la Competencia Argentina del BAFICI 27 y posiciona a Misiones en uno de los espacios más visibles del cine independiente nacional. El desembarco en el festival no es un dato menor: funciona como una plataforma de legitimación para nuevas voces y, en este caso, instala una narrativa que combina territorio, conflicto social y mirada autoral. La pregunta que sobrevuela es si este tipo de producciones logra consolidar un polo regional con capacidad de incidencia cultural más allá del circuito festivalero.
Ambientada en Oberá, la película sigue a Gladys, quien huye de su marido y se refugia con sus hijos en la casa de su prima, al costado de una ruta. Ese espacio, aparentemente periférico, se convierte en el centro de una tensión constante atravesada por controles policiales y la desaparición de mujeres que trabajan en la zona.
Cine regional, financiamiento público y construcción de agenda
El proyecto no surge en el vacío. Se inscribe en una red institucional que articula producción, formación y financiamiento. Gente de la Ruta cuenta con el respaldo del IAAVIM, el Fondo Nacional de las Artes, Estudios Churubusco y la ENERC NEA, un entramado que refleja cómo el cine regional se sostiene en políticas públicas y cooperación entre organismos.
Koziarski, formado en la Universidad Nacional de Misiones y en la ENERC NEA, también integra ese ecosistema desde la docencia y la producción. Su recorrido previo como director de arte en distintas películas marca una trayectoria vinculada a la construcción visual, que ahora traslada a su primer largometraje como director.
La película, producida junto a SA Cine, Murillo Cine y Ojolote Cine, evita el registro explícito y opta por una narrativa donde la violencia no irrumpe de manera abrupta, sino que se instala en lo cotidiano. Esa decisión estética no es solo formal: traduce una lectura sobre cómo operan las violencias estructurales en contextos periféricos.
Reconocimientos y posicionamiento en el circuito
Antes de su estreno en Buenos Aires, el film ya había acumulado una serie de reconocimientos en instancias de desarrollo y postproducción. Entre ellos, el Premio HD Argentina y Pomeranec en el laboratorio del ABC BAFICI (2021), el Premio Lahaye en el Festival Asterisco LGBTIQ+ (2023), y distinciones Work in Progress en festivales de Entre Ríos (2024) y Gibara (2025).
Ese recorrido previo no solo valida el proyecto, sino que revela una estrategia de inserción progresiva en el circuito audiovisual. Cada instancia de reconocimiento funciona como un escalón que amplifica visibilidad y acceso a recursos, en un sector donde la competencia por financiamiento y exhibición es estructural.
Entre la visibilidad y la sostenibilidad
El estreno en el BAFICI abre una ventana, pero también plantea un desafío. La visibilidad en festivales no garantiza continuidad ni escala. La pregunta que queda abierta es si estas producciones logran trascender el circuito cultural específico y convertirse en parte de una política sostenida de desarrollo audiovisual en las provincias.
En ese marco, Gente de la Ruta no solo es una película: es también un caso que permite leer cómo se articulan identidad, territorio y política cultural. Lo que ocurra después del festival —en términos de circulación, recepción y nuevas oportunidades— será clave para medir el verdadero alcance de esta irrupción.
Más de cien expositores confirmaron su presencia los días 11 y 12 de abril en la Exposición Agroindustrial Oberá. El Parque de las Naciones se prepara para albergar a una gama variada de empresas, pymes, emprendedores, industrias, entre otras, que representan un importante eslabón en la cadena productiva y económica de toda la región.
El Comité Organizador sustenta el compromiso adquirido con la certeza de brindar un abanico de posibilidades a expositores y visitantes, como así también promover relaciones entre empresas, potenciar vínculos y destacar el potencial de la Zona Centro.
Los sistemas de seguridad evolucionan con Onsite y se muestran en la Expo
Carlos Weirich y Yamila Kruger, propietarios de Onsite, empresa dedicada a la venta e instalación de sistemas de seguridad electrónica y telecomunicaciones, aspiran a darse a conocer como promotores de un servicio indispensable. “Nosotros creemos que la feria, nos va a ayudar mucho a posicionarnos. Vemos como una oportunidad de mostrar estas soluciones que podemos ofrecerles, tanto al consumidor final, es decir para el hogar, como a las pequeñas y medianas empresas, como para las industrias” afirmó Weirich.
En el marco de los preparativos para la Exposición en el Parque de las Naciones, los empresarios compartieron algo de historia y alcances de los productos que ofrecen. “Esto surgió de la necesidad que notamos, como instaladores de sistemas de seguridad, de contar con un espacio donde tanto los instaladores como los clientes puedan venir a conocer y familiarizarse con los equipos antes de la instalación. Que lo puedan manipular, saber las dimensiones, los colores, todo antes de comprarlos” explicaron. “La seguridad es un tema relevante. Notamos que hay pocos espacios donde consultar y recibir el asesoramiento necesario”.
Por otro lado, compartieron algunas particularidades del rubro. “Lo que más se vende son los equipos de video vigilancia, que evolucionaron mucho. Los primeros sistemas tenían detector de movimientos por variación de colores, en la actualidad la tecnología diferencia humanos de vehículos, lo que reduce falsas alarmas y maximiza los beneficios. Existe un producto para cada necesidad. Existen los sistemas hogareños, para comercios, con reconocimiento facial y para la parte de industrias, protección perimetral, cámaras termográficas. Hay un universo importante de soluciones” manifestaron.
A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Misiones volvió a convertir la memoria en una acción política concreta. En Posadas, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos marcharon este martes 24 por antiguos centros de detención y edificios de fuerzas de seguridad hasta cerrar en la plaza 9 de Julio con un acto abierto. En Oberá, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia reunió a funcionarios municipales, autoridades universitarias, víctimas, familiares y vecinos en la Casa del Bicentenario, donde además quedó plasmada una señal institucional con la colocación de imágenes y una placa conmemorativa. La fecha no solo volvió a activar el recuerdo del terrorismo de Estado: también mostró que la disputa por el sentido de la memoria sigue viva y se proyecta sobre el presente político.
No fue una conmemoración protocolar. En Posadas, la movilización avanzó sobre una geografía cargada de significado: Jefatura de Policía, Policía Federal, la antigua Cárcel de Posadas, la sede de Inteligencia del Ejército, Gendarmería Nacional y la sede administrativa del Ejército. El recorrido tuvo una lógica clara: reconstruir físicamente el mapa de la represión en la provincia y volverlo visible en el espacio público. Allí apareció la dimensión política más nítida del 24 de marzo de este año: la memoria ya no se expresó solo como homenaje, sino como intervención sobre una discusión abierta acerca de los derechos humanos, el negacionismo y los límites de la democracia.
Una marcha con lectura territorial y una memoria anclada en los hechos
La movilización en la capital misionera comenzó en la intersección de avenida Mitre y Buenos Aires. Desde allí partió la columna principal con organizaciones sociales, referentes, familiares de desaparecidos y exdetenidos. El esquema de la jornada no fue casual. Cada parada funcionó como una estación de memoria y, al mismo tiempo, como una forma de inscribir en el presente institucional una historia que durante años intentó ser borrada o minimizada.
La referente María Villanueva explicó que la marcha se detendría en cada centro de detención para recordar lo ocurrido durante la dictadura en la provincia. Esa decisión ordenó políticamente la jornada: no se trató solo de una marcha de consignas, sino de una reconstrucción del circuito represivo local. En una provincia donde el peso de la historia reciente no siempre ocupa el centro del debate público, la movilización buscó volver tangible esa trama.
En el acto final, además de la lectura de un documento, se dejó abierto el micrófono para que militantes de distintas agrupaciones tomaran la palabra. Ese gesto también habló del momento: la memoria apareció como un campo plural, atravesado por voces diversas, pero articulado por un mismo reclamo de verdad y justicia.
Testimonios que corren la discusión del plano simbólico al terreno de la experiencia
Uno de los núcleos más potentes de la jornada estuvo en los testimonios de sobrevivientes. María José Estévez se definió como una víctima directa, pero amplió de inmediato el alcance de esa marca: “mis hijas, mis padres, mis hermanos… no hubo nadie en la sociedad argentina que no haya sido alcanzado”. La frase, más que una evocación personal, reubicó el debate en una dimensión colectiva. La dictadura no aparece allí como un episodio cerrado sobre un grupo específico, sino como una herida de alcance social.
Su relato sobre la detención, el traslado por distintas provincias, el juicio militar y la condena de 22 años aportó algo que ninguna consigna puede reemplazar: espesor humano. También cuando habló de la salida, de las hijas pequeñas y de la dificultad de recomponer la vida. En esa secuencia, la memoria dejó de ser una categoría abstracta para volver a ser experiencia concreta, daño persistente y demanda de justicia todavía inconclusa.
También en Oberá, los testimonios ocuparon el centro. Juan Carlos Berent, ex preso político, relató las torturas sufridas tras ser secuestrado por integrar el Movimiento Agrario Misionero. Norma Yanzat, ex presa política, advirtió sobre los discursos que relativizan o reivindican la dictadura. No fueron intervenciones laterales: fueron el núcleo del acto. Y eso también marca una decisión institucional y política sobre cómo contar la historia a nuevas generaciones.
Oberá mostró otra dimensión: la institucionalización de la memoria
Mientras Posadas puso el cuerpo en la calle, Oberá exhibió otro movimiento relevante: la articulación entre municipio, Concejo Deliberante y facultades de la Universidad Nacional de Misiones para sostener una agenda de memoria con respaldo institucional. El acto debió trasladarse por el mal tiempo desde la plaza de la Memoria a la Casa del Bicentenario, pero eso no debilitó su peso político.
El intendente Pablo Hassan abrió la actividad subrayando el valor del “relato vivo”, especialmente para quienes no atravesaron el período entre 1976 y 1983. El dato no es menor. En un contexto donde la transmisión generacional de la memoria aparece como una tarea cada vez más decisiva, la escena de funcionarios municipales compartiendo espacio con víctimas, familiares, autoridades universitarias y vecinos mostró una convergencia institucional que buscó evitar que el 24 de marzo quede reducido a una efeméride.
La colocación de cuatro imágenes ilustrativas de víctimas de la dictadura y de una placa por los 50 años refuerza ese sentido. No es solo una marca conmemorativa. Es una toma de posición del Estado local, del Concejo y de la universidad sobre qué debe permanecer visible en el espacio público.
Memoria, derechos humanos y presente político
La conmemoración de este año tuvo una singularidad: no solo recordó el pasado, también dejó ver que la memoria se discute en tiempo presente. En Posadas, durante las intervenciones públicas, aparecieron referencias críticas al Gobierno nacional, al negacionismo y a reformas que, según algunos participantes, abren tensiones sobre libertades, organización social y derechos. Esos posicionamientos formaron parte del acto y le dieron a la jornada una densidad política que excedió la recordación histórica.
Sin embargo, el dato más consistente no estuvo en la confrontación discursiva, sino en la capacidad de las organizaciones y de parte de las instituciones de sostener una agenda activa de derechos humanos a medio siglo del golpe. En Posadas, esa fuerza se expresó en la calle. En Oberá, en una alianza entre Estado local, universidad y sociedad civil. En ambos casos, la memoria operó como un terreno de construcción política antes que como un ejercicio de nostalgia.
Qué deja la jornada y qué habrá que mirar
La marcha de Posadas y el acto de Oberá mostraron que, a 50 años del golpe, la memoria sigue siendo un eje de movilización y una herramienta de legitimidad pública. Fortalece a los organismos de derechos humanos, a los familiares, a los sobrevivientes y a los espacios políticos y sociales que sostienen esa agenda. También interpela a las instituciones locales, que definen si acompañan, si se repliegan o si dejan vacante ese terreno.
Lo que habrá que observar en las próximas semanas es si esta potencia conmemorativa se traduce en nuevas acciones públicas, en políticas locales de señalización y memoria, o en una agenda más sostenida de articulación entre municipios, universidad y organizaciones. También quedará abierto otro punto: cómo seguirá procesándose, en el plano político y social, la disputa entre memoria histórica, negacionismo y defensa de los derechos humanos.
A medio siglo del golpe, Misiones dejó una escena nítida. La memoria no quedó encerrada en el pasado. Volvió a ocupar las calles, los edificios, las plazas y la palabra pública. Y, justamente por eso, sigue siendo una discusión del presente.
El Concejo Deliberante de Oberá avanzó este martes 17 de marzo con una decisión que reconfigura el equilibrio entre el poder político local y la organización comunitaria: aprobó una modificación a la ordenanza que regula las comisiones vecinales, incorporando restricciones explícitas a la participación de funcionarios municipales en cargos clave y ampliando los mecanismos de participación ciudadana. La medida, adoptada en la tercera sesión ordinaria del año, introduce un cambio de fondo en la lógica de representación barrial. La pregunta que queda planteada es si este movimiento consolida autonomía real o redefine la forma en que el poder político se proyecta en el territorio.
El dato central es concreto: los cargos de presidente y vicepresidente de las comisiones vecinales no podrán ser ocupados por empleados o funcionarios del municipio. La decisión apunta a cortar una práctica habitual en muchas estructuras locales, donde la frontera entre gestión política y representación vecinal suele diluirse.
De la participación guiada a la autonomía institucional
La reforma no surge en el vacío. Se inscribe en una política sostenida del Concejo orientada a fortalecer las comisiones vecinales como canales de articulación entre el Estado y los barrios. Pero introduce un matiz relevante: delimita con mayor claridad los roles.
La concejal María Luisa Glum, presidenta de la comisión que impulsó el proyecto, explicó que la norma busca garantizar independencia administrativa y política. Traducido a términos concretos, implica que las decisiones dentro de las comisiones no podrán estar condicionadas por la estructura municipal en sus niveles de conducción.
El cambio también redefine quiénes participan y cómo. Se elimina la exigencia de un padrón previo para votar y se habilita la participación de personas desde los 16 años con al menos un año de residencia en el barrio. La medida amplía la base electoral y flexibiliza el acceso, lo que puede traducirse en mayor volumen de participación, pero también en nuevas dinámicas internas.
A su vez, se incorporan requisitos formales para quienes integren las comisiones: acreditación de domicilio, presentación de certificados de antecedentes para cargos de conducción y libre deuda municipal. El esquema combina apertura en la participación con mayores exigencias para quienes ocupen roles de decisión.
Tensiones internas y señales políticas en el recinto
El tratamiento del proyecto dejó una señal política que excede lo normativo. Si bien la iniciativa logró dictamen favorable en comisión con aportes de distintos concejales, en la sesión apareció una abstención que no había sido anticipada en el trabajo previo.
Ese gesto, señalado por la propia Glum, introduce una lectura sobre la dinámica interna del cuerpo: hay acuerdos de fondo, pero también diferencias en la forma de avanzar. No se trata de un conflicto abierto, pero sí de una señal de matices en torno a cómo se regula la relación entre el municipio y las organizaciones barriales.
En términos de correlación de fuerzas, la ordenanza fortalece a los actores comunitarios al reducir la incidencia directa del aparato municipal en la conducción de las comisiones. Al mismo tiempo, obliga al Ejecutivo local a redefinir sus mecanismos de articulación territorial, ya no desde la conducción interna sino desde el acompañamiento.
Impacto en la gestión y en la política local
La decisión tiene efectos que van más allá de lo institucional. Las comisiones vecinales cumplen un rol operativo clave: canalizan demandas, impulsan proyectos y funcionan como primera instancia de contacto entre vecinos y Estado.
Al limitar la participación directa de funcionarios en su conducción, el Concejo busca reforzar su legitimidad como representación genuina del barrio. Pero ese mismo movimiento puede generar nuevos desafíos en la coordinación con el municipio, especialmente en la implementación de políticas públicas.
En paralelo, la ampliación de la base de participación —con voto desde los 16 años y sin padrón previo— introduce un componente más dinámico y menos estructurado. Esto puede favorecer la inclusión, pero también exige nuevas formas de organización y control interno.
Un modelo en transición: autonomía, control y construcción territorial
La reforma aprobada en Oberá marca un punto de inflexión en la forma en que se concibe la participación barrial. No elimina la relación con el Estado, pero redefine sus límites.
En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo se implementan estos cambios en la práctica: cómo se organizan las elecciones, qué nivel de participación se alcanza y cómo se articula la relación con el municipio bajo este նոր esquema.
También quedará por ver si la autonomía formal se traduce en mayor capacidad de incidencia real o si emergen nuevas tensiones en la gestión cotidiana de los barrios.
El Concejo dio un paso para ordenar el vínculo entre política y territorio. El resultado dependerá de cómo ese equilibrio se sostenga en la práctica, en un escenario donde la participación y el poder nunca son estáticos.
