OBRA PUBLICA

Economía anuló la subasta del predio Parque Federal en Santa Fe en pleno cierre del Pro.Cre.Ar

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La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía resolvió anular la subasta pública del inmueble “Parque Federal”, ubicado en la ciudad de Santa Fe, que había sido autorizada en diciembre de 2025. La decisión se formalizó mediante la Resolución 5/2026 y responde a un cambio de prioridades en la administración de los bienes remanentes del Pro.Cre.Ar, en pleno proceso de liquidación del fondo fiduciario disuelto por decreto.

La medida fue adoptada el 13 de enero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires y publicada en el Boletín Oficial el 14 de enero de 2026. Según el texto oficial, la anulación se dispuso antes de que se perfeccionara el procedimiento licitatorio o se consolidaran derechos subjetivos en favor de terceros, en ejercicio de la potestad discrecional de la Administración y por razones de oportunidad, mérito y conveniencia administrativa.

El trasfondo normativo: disolución del Pro.Cre.Ar y administración de los inmuebles

El origen de la medida se inscribe en la disolución del Fondo Fiduciario Público “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” (Pro.Cre.Ar), dispuesta por el Decreto N° 1018/2024, que dejó sin vigencia el esquema creado originalmente por el Decreto N° 902/2012.

El artículo 2° de ese decreto encomendó al Ministerio de Economía la realización de todos los actos necesarios para la liquidación del fondo fiduciario, conforme al Contrato de Fideicomiso del 18 de julio de 2012, complementado por el Decreto N° 695/2024 y la Resolución N° 796/2024 del propio ministerio. A su vez, el artículo 4° estableció que el Ministerio debía celebrar un contrato con el Banco Hipotecario S.A. para la administración, disposición y regularización dominial de los bienes muebles e inmuebles.

En cumplimiento de esa manda, el 4 de septiembre de 2025 se firmó un Contrato de Mandato para la Administración y Disposición de Inmuebles entre la Secretaría de Obras Públicas y el Banco Hipotecario S.A., en el que se fijó que el mandatario actuaría siguiendo instrucciones impartidas por el mandante, a través de la Dirección Nacional de Gestión de Obras.

Dentro de ese proceso de liquidación, el Ministerio debía analizar el estado de los desarrollos urbanísticos en ejecución al momento de la disolución del fondo, a fin de definir la continuidad o no de obras que, en muchos casos, permanecían suspendidas a la espera de una decisión administrativa.

La subasta del predio y la decisión de anular el procedimiento

En ese contexto, mediante la Resolución N° 396/2025, la Secretaría de Obras Públicas aprobó el procedimiento para las subastas públicas destinadas a vender inmuebles del Estado Nacional vinculados a contratos de obra del Pro.Cre.Ar. Luego, por la Resolución N° 499/2025, se autorizó la convocatoria a la Subasta Pública N° 504-0003-SPU25 para la venta del predio denominado “Parque Federal”, ubicado en Av. Belgrano 5000, entre Padilla y Agustín Delgado, en la ciudad de Santa Fe.

El inmueble está identificado catastralmente como Departamento 10, Distrito 11, Sección 4, Manzana 1443, Parcela 1, Matrícula 2.872.588, con una superficie total de 6.418,47 metros cuadrados, y había sido incluido en el esquema de venta conforme al artículo 24 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1023/2001.

Sin embargo, tras evaluar “las circunstancias actuales y sobrevinientes” vinculadas a ese predio y a la redefinición de prioridades en la gestión y administración de los inmuebles alcanzados por la liquidación del fondo fiduciario, la Secretaría de Obras Públicas resolvió dejar sin efecto la subasta. El texto oficial remarca que la decisión se adoptó sin que el procedimiento se hubiera perfeccionado ni se hubieran generado derechos a favor de terceros, lo que habilitó la anulación conforme al inciso g) del artículo 11 del Decreto Delegado N° 1023/2001.

Impacto institucional y señales para el mercado inmobiliario público

La Resolución 5/2026 refleja un reordenamiento en la estrategia de disposición de activos inmobiliarios del Estado Nacional en el marco del cierre definitivo del Pro.Cre.Ar como fondo fiduciario. Desde el punto de vista institucional, refuerza la facultad de la Administración para revisar decisiones previas cuando cambian las condiciones de contexto o los objetivos de gestión.

En términos prácticos, la anulación de la subasta introduce una señal de cautela hacia el mercado respecto del cronograma y la modalidad de venta de inmuebles públicos vinculados a programas habitacionales discontinuados. Para los actores interesados en este tipo de activos, la medida confirma que el proceso de liquidación del Pro.Cre.Ar no seguirá un esquema lineal, sino que estará sujeto a evaluaciones caso por caso, en función del interés público comprometido y de las prioridades definidas por el Ministerio de Economía.

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Passalacqua entregó 48 viviendas en Oberá y reafirmó la continuidad de la política habitacional provincial

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El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este lunes 29 de diciembre de 2025 la entrega de 48 viviendas en el barrio Punta Alta de Oberá, en una actividad que combinó gestión pública, simbolismo social y definición política. Las unidades forman parte de un conjunto mayor de 130 soluciones habitacionales cuya finalización depende de recursos provinciales, luego de la interrupción de las partidas nacionales destinadas al programa. En ese marco, el mandatario reafirmó que Misiones sostendrá la política de vivienda como política de Estado, pese al complejo contexto económico.

“La entrega de una vivienda es como una celebración más en esta época navideña”, expresó Passalacqua, al subrayar la importancia práctica e institucional de garantizar el acceso a la casa propia, no solo como respuesta social inmediata, sino como inversión pública de largo plazo que ordena la vida familiar, dinamiza la economía local y fortalece el tejido comunitario.

Vivienda, inversión pública y continuidad institucional

Durante la recorrida, el gobernador puso el acento en el esfuerzo fiscal y administrativo que implica sostener los programas habitacionales con fondos propios. “Brindar soluciones habitacionales requiere un enorme esfuerzo para reunir ese capital, que es dinero público, proveniente de los contribuyentes. Los impuestos no se terminan en la recaudación, sino que se invierten”, señaló. En ese sentido, destacó que destinar recursos a la vivienda supone una inversión cuantiosa y compleja, más aún en un escenario de restricciones macroeconómicas.

Passalacqua enfatizó que la decisión de avanzar con la finalización de las viviendas responde a una definición política: “La meta de Misiones es seguir adelante, porque cuando entregás una vivienda, y con ella el título de propiedad, se crea una atmósfera especial, casi sagrada —y más en esta época navideña—, que se asemeja a la fundación de un hogar”. Para el mandatario, ese acto “define el futuro de esa pareja, de esa familia y de cada niño que crecerá entre esas paredes”.

La entrega se inscribe en una estrategia provincial que busca sostener el empleo, la obra pública y la inclusión social, aun cuando el financiamiento nacional se vio interrumpido. En términos institucionales, el programa refuerza el rol del Estado provincial como actor central en la planificación urbana y el acceso a derechos básicos.

Familias adjudicatarias y trabajo conjunto

En el marco del acto, Passalacqua visitó a dos familias beneficiarias, poniendo rostro humano a una política pública de alto impacto social. Una de ellas fue la familia Núñez, integrada por Sergio Núñez, Ruth Sánchez y sus hijos Enzo (11) y Ruth (8). Sergio se desempeña como empleado de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, mientras que Ruth trabaja desde su hogar en la confección de indumentaria y lencería. Enzo cuenta con Certificado Único de Discapacidad por una parálisis cerebral con cuadriplejia y la vivienda entregada fue completamente adaptada, con soportes y un baño amplio que permitirá mejorar su calidad de vida.

“Es una vivienda con soportes y un baño súper amplio que le permitirá a mi hijo tener una vida más cómoda y segura”, agradeció Ruth Sánchez, quien además destacó el acompañamiento social recibido para el tratamiento médico que su hijo realizará en México.

El gobernador también visitó a la familia Wroble, conformada por Luciano Wroble, Yesica Da Silva y su hija Tessa, de 7 años. Wroble trabaja en una pinturería y Da Silva en un servicio de salud mental. La familia se había inscripto en 2017 en Apóstoles y, tras actualizar su domicilio en Oberá, accedió al sorteo de la Convocatoria 253. “No alcanzan las palabras para describir lo que se siente tener una casa propia”, expresó Wroble, mientras que Da Silva remarcó que “la fe y la paciencia cobró sentido”.

En diálogo con ellos, Passalacqua subrayó que “detrás de estos logros siempre hay un gran esfuerzo y sacrificio, no solo del Gobierno provincial y del IPRODHA, sino también de las familias beneficiarias”. En ese marco, valoró el trabajo del organismo y del intendente Pablo Hassan, al remarcar que “estas no son tareas fáciles”.

Datos técnicos y alcance del programa

Las 48 viviendas entregadas cuentan con 64 metros cuadrados de superficie, están construidas en mampostería y disponen de dos dormitorios, cocina-comedor, baño, galería, lavadero externo, termotanque solar y espacio verde propio. El sorteo de ubicación se realizó en octubre, en el marco de la Convocatoria 253 de Oberá.

Las casas se emplazan dentro de una urbanización que incluye infraestructura y nexos de servicios esenciales, un aspecto clave para el desarrollo comunitario y la integración urbana.

El presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira, informó que la provincia ya entregó más de 420 viviendas, aun en un contexto económico adverso. “Trabajamos con mucho esfuerzo con los recursos que tenemos, pero con mucho entusiasmo. La inversión es más grande en este contexto, pero lo hacemos con alegría porque sabemos lo que significa para las familias”, afirmó.

Por su parte, el intendente Pablo Hassan celebró la entrega al destacar que se trata de “familias que esperaron durante mucho tiempo el sueño de la casa propia”, y remarcó el impacto emocional y social que genera acompañar ese momento.

Impacto económico y social

Más allá del acto puntual, la entrega de viviendas tiene repercusiones directas en la economía local: moviliza el sector de la construcción, genera empleo, demanda insumos y consolida barrios con infraestructura. Desde el punto de vista institucional, refuerza una política pública sostenida en el tiempo, que busca garantizar previsibilidad a las familias y continuidad a la obra pública provincial.

En un escenario de retracción de fondos nacionales, la decisión de Misiones de financiar con recursos propios estas soluciones habitacionales marca una señal política clara y proyecta un modelo de gestión que prioriza el arraigo, la inclusión y el desarrollo territorial.

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El Gobierno autorizó obras por $85 mil millones y concesionará rutas bajo gestión privada

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Milei reactivó la obra pública, autorizó inversiones por $85 mil millones y licitó 1.800 km de rutas bajo gestión privada. El Gobierno cambia de estrategia: reaparece la inversión pública y se consolida el modelo de concesiones

El Gobierno de Javier Milei autorizó la contratación de diez obras públicas nacionales por un monto total de $85.000 millones en los próximos tres años y lanzó una licitación pública nacional e internacional para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en lo que representa un giro significativo en la política de infraestructura tras meses de parálisis casi total.

La medida marca un punto de inflexión en la administración libertaria, que había reducido al mínimo la ejecución de proyectos de inversión durante el primer semestre de gestión. Según datos oficiales del Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, hasta mayo de 2025 solo se habían concluido 330 obras públicas nacionales, con 78 proyectos en ejecución normal y más de 1.400 sin avances.

El cambio de rumbo llega tras el resultado electoral favorable al oficialismo y la convocatoria al diálogo con provincias no peronistas, factores que influyeron en la decisión de corregir el Presupuesto nacional para reincorporar una porción acotada de inversión pública.

“Buscamos transparencia, eficiencia y estándares de calidad”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar el nuevo esquema vial en su cuenta de X.

10 obras reactivadas: foco en infraestructura vial, ambiental y de agua potable

De las 2.692 obras nacionales que habían quedado inconclusas del gobierno anterior —sobre un total de 6.700 iniciadas entre 2019 y 2023—, el Ejecutivo decidió descongelar diez proyectos distribuidos en distintas provincias, con prioridad en infraestructura básica y de servicios esenciales.

Las obras seleccionadas implican una inversión total superior a los $85.000 millones, con ejecución escalonada entre 2024 y 2026.

Entre los proyectos destacados figuran:

  • Sistema de provisión de agua potable en Tucumán, con una inversión de $25.938 millones, el más costoso del conjunto.
  • Mantenimiento y mejora de la Ruta Nacional 11 (Rosario–Santa Fe), por $17.516 millones.
  • Conservación mejorativa de la Ruta Nacional 33 (Rosario–Sancti Spíritu), por $23.631 millones.
  • Construcción del Muelle Cabecera Norte en el Parque Nacional Lago Puelo (Chubut), por $4.716 millones.
  • Obras ambientales y de conservación forestal en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Córdoba y Santiago del Estero, bajo el Proyecto Paisajes, con montos entre $1.400 y $2.200 millones.
  • Reubicación y remodelación del BCG PPD MC en el barrio de Barracas (CABA), con $1.637 millones de inversión total.

La mayor parte de las obras se ejecutarán entre 2025 y 2026, lo que confirma una estrategia de reprogramación presupuestaria gradual, compatible con el objetivo de déficit fiscal cero.

La concentración geográfica también es significativa: Santa Fe reúne tres proyectos estratégicos, seguida por Tucumán, Córdoba y Chubut, mientras que las provincias patagónicas y del norte suman obras de menor escala pero de alto impacto local.

Red Federal de Concesiones: el Estado pasa de operador a regulador

Paralelamente, el Gobierno lanzó una nueva licitación pública para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en el marco de la Red Federal de Concesiones, una de las reformas estructurales más ambiciosas de la gestión Milei.

El esquema se sustenta en la premisa de que el Estado debe “liberarse de funciones improductivas” y actuar como regulador y garante de competencia, en lugar de operador directo de servicios.

El plan se articula en dos tramos principales:

  • Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, de 1.325 kilómetros, que abarca las rutas nacionales 3, 205 y 206, además de las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.
  • Tramo Pampa, de 547 kilómetros, correspondiente a la Ruta Nacional 5, entre Luján y Santa Rosa.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será la encargada de supervisar los contratos y garantizar los estándares de seguridad y mantenimiento.

Esta segunda etapa se suma a la primera, presentada en enero de 2025, que ya había incorporado las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario–Victoria y tres pasos fronterizos a la gestión privada.

Desde la Casa Rosada destacan que el nuevo modelo “sigue estándares internacionales” y permitirá atraer capital genuino sin aumentar el gasto público.

Impacto económico y político: señales de gobernabilidad y apertura federal

La decisión de reactivar parcialmente la obra pública y relanzar el sistema de concesiones envía una señal política de moderación fiscal con apertura federal, tras meses de tensión con gobernadores y sectores afectados por la parálisis.

Según un informe de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI), la interrupción de obras públicas había generado problemas de infraestructura crítica, como la falta de un hospital materno infantil en La Matanza, deficiencias de agua potable en Santa Fe, cloacas sin tratamiento en Corrientes y tramos intransitables de la Ruta 40 en Chubut.

Con la nueva orientación, el Ejecutivo busca recomponer relaciones con provincias y recuperar capacidad de negociación institucional, al tiempo que traslada al sector privado la ejecución y mantenimiento de obras estratégicas.

El desafío inmediato será asegurar transparencia y competencia real en las licitaciones, en un contexto donde los mecanismos de control estatal seguirán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Obras Públicas.

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El Gobierno redefine convenios de obra pública provincial tras la disolución del Fondo Fiduciario

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El Gobierno nacional oficializó la Resolución Conjunta 1/2025 (RESFC-2025-1-APN-SLYA#MEC), que redefine el mecanismo de ejecución y control de convenios de infraestructura con provincias y municipios tras la disolución del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR). La norma, publicada el 25 de agosto en el Boletín Oficial, asigna a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y a la Secretaría de Provincias y Municipios de la Jefatura de Gabinete la continuidad de los pagos, la supervisión técnica y la cobranza de créditos vinculados a obras en curso.

Fin del Fondo Fiduciario y reasignación de funciones

El FFFIR, creado por la Ley 24.855, fue disuelto en julio de 2025 mediante el Decreto 463/2025, en línea con la política de racionalización de fondos fiduciarios impulsada por el Ministerio de Economía. A partir de esa decisión, el propio ministerio fue designado continuador de los contratos y convenios firmados con provincias y entidades descentralizadas, delegando estas funciones en dependencias de nivel secretaría.

Con la Resolución 1121/2025, se había encomendado a la Secretaría Legal y Administrativa (SLA) la administración de los compromisos pendientes. Ahora, la nueva resolución conjunta establece un esquema de coordinación interinstitucional para garantizar la continuidad de desembolsos, la gestión de cobranzas y la evaluación de convenios provinciales.

La medida busca evitar un parate en la ejecución de proyectos de infraestructura regional mientras se realizan las adecuaciones presupuestarias necesarias para integrar estos compromisos al presupuesto nacional.

Procedimiento de pagos y control de convenios

El Artículo 1° de la resolución dispone que la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias, dependiente de la Secretaría de Provincias y Municipios, será la encargada de aprobar y remitir las solicitudes de pago correspondientes a:

  • Certificados de avance de obras.
  • Redeterminaciones de precios.
  • Anticipos financieros.
  • Certificados de acopio.

Estos documentos deberán ser elevados a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial (SLA – Ministerio de Economía), que tendrá a su cargo el trámite administrativo y la emisión de la instrucción de desembolso.

Asimismo, la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias podrá proponer la continuidad, reformulación o rescisión de convenios, en base a informes técnicos que fundamenten la decisión.

El Artículo 3° faculta a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial a realizar la gestión de cobranzas de los créditos otorgados a provincias en el marco del ex FFFIR.

La medida entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

La resolución responde a la necesidad de garantizar que los compromisos asumidos bajo el FFFIR —un fondo clave para la financiación de infraestructura provincial— no queden en un limbo jurídico tras su disolución. El esquema definido establece una doble intervención:

  • Política y técnica: a cargo de la Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Provincias y Municipios.
  • Administrativa y financiera: en manos del Ministerio de Economía, vía la Secretaría Legal y Administrativa.

De esta forma, se asegura la continuidad de desembolsos a provincias mientras se revisan y redefinen las condiciones de los convenios.

Para las administraciones provinciales, el nuevo esquema implica una centralización más estricta en el Ministerio de Economía, lo que puede derivar en mayores controles sobre la ejecución y la rendición de cuentas de los proyectos.

En adelante, cada convenio en ejecución podrá ser evaluado caso por caso, lo que abre la posibilidad de reformular proyectos en función de las prioridades del Ejecutivo nacional y de las restricciones fiscales.

Los gobiernos provinciales estarán obligados a presentar informes técnicos sólidos para justificar la continuidad de las obras, en un contexto de ajuste presupuestario y revisión de gastos.

El nuevo procedimiento también refuerza la capacidad del Estado nacional para recuperar créditos pendientes de provincias, un punto sensible dado el volumen de financiamiento que el FFFIR había canalizado en los últimos años.

El desafío será mantener la ejecución de obras estratégicas en el interior sin que el proceso administrativo ralentice los desembolsos, un aspecto que será seguido de cerca por los gobernadores en la relación con la Casa Rosada.

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Economía asegura la continuidad de obras provinciales financiadas por el ex Fondo de Infraestructura Regional

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El Ministerio de Economía oficializó este lunes la continuidad de los contratos y convenios que mantenía el disuelto Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) con las provincias y sus entidades descentralizadas. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1121/2025, busca garantizar que las obras y proyectos financiados con recursos fiduciarios no se interrumpan mientras se realizan las adecuaciones presupuestarias necesarias.

El decreto 463/2025, firmado el pasado 7 de julio, dispuso la disolución del FFFIR, organismo creado en 1997 para financiar obras de infraestructura provincial a través de préstamos y convenios con entes descentralizados. A partir de esa decisión, el Ministerio de Economía pasó a ser el continuador legal de todos los contratos y obligaciones vigentes del fondo.

En línea con ese decreto, la Resolución 1121/2025 delimita el proceso de transición, delegando en la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio la continuidad de los convenios y contratos vigentes.

Contenido técnico: ejecución y financiamiento transitorio

La norma establece que las obligaciones en curso se financiarán transitoriamente con los recursos disponibles en las cuentas fiduciarias del FFFIR, tal como lo permite el artículo 8 del decreto 463/2025.

Asimismo, instruye a la Secretaría Legal y Administrativa para que coordine con la Jefatura de Gabinete de Ministros las acciones necesarias para:

  • Continuar la cobranza y ejecución de los contratos.
  • Avanzar en los procedimientos posteriores a la disolución del fondo, según lo previsto en la Resolución 796/2024 y sus modificatorias.

El texto también faculta a la Secretaría Legal y Administrativa para dictar medidas complementarias y aclaratorias que garanticen la continuidad operativa.

Según los considerandos, el objetivo es evitar la interrupción de proyectos estratégicos de infraestructura mientras se completan los trámites de reasignación presupuestaria y contractual. “Es necesario garantizar la continuidad de las obligaciones asumidas con las provincias y sus organismos descentralizados”, señala el documento.

El Ministerio de Economía asume así el rol de organismo ejecutor en reemplazo del fondo, incluso en los contratos de préstamo suscriptos con organismos internacionales de crédito, que deberán ser adendados para reflejar el cambio.

Repercusiones: impacto en provincias y proyectos estratégicos

La medida evita un parate en el financiamiento de obras y proyectos provinciales, clave en áreas como infraestructura vial, energética y social. Para las provincias, la continuidad administrativa permite mantener vigentes los flujos de recursos comprometidos, especialmente en convenios cofinanciados con créditos internacionales.

Sin embargo, la transición plantea desafíos en materia de gestión y coordinación, ya que el Ministerio deberá integrar los procesos fiduciarios en su estructura administrativa, lo que podría requerir ajustes normativos adicionales.

En el corto plazo, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete deberán definir el mecanismo operativo para la cobranza y ejecución de los convenios, además de realizar las adecuaciones presupuestarias que permitan absorber las obligaciones del fondo.

A mediano plazo, se espera una revisión integral de los proyectos vigentes, priorizando aquellos de mayor impacto económico y social. La reasunción por parte del Ministerio también podría facilitar una mayor centralización y control del uso de los recursos destinados a la infraestructura regional.

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