OBRA PUBLICA

Intendentes de todo el país se manifestaron en el Ministerio de Economía

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Intendentes e intendentas de distintos puntos del país, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) que preside Fernando Espinoza, se movilizaron hacia el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, para reclamar la liberación de fondos retenidos, la reactivación de la obra pública y una recomposición de los recursos ante la caída de la coparticipación. Además, entregaron una carta de elevación y un estado de situación del país, en el que advirtieron sobre la crítica y paupérrima situación económica que atraviesa la Argentina, marcada por la caída de la actividad, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de la pobreza y las crecientes dificultades de los municipios para sostener servicios esenciales.

Los municipios están entre las instituciones del país con más complicaciones ante la crisis actual en materia económica y, en ese marco, intendentes de todo el país, y principalmente de la provincia de Buenos Aires y del peronismo, marcharon a las puertas del Ministerio de Economía de la Nación para reclamarle recursos al ministro Luis Caputo.

Fueron tres los puntos que enumeraron en un petitorio con destino al ministro Caputo, por lo que se movilizaron al Ministerio de Economía, ubicado frente a la Casa Rosada. ¿Qué pidieron los administradores de las ciudades del interior?

Nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), los intendentes pidieron por la liberación de fondos retenidos, la reactivación de la obra pública y una recomposición de los recursos ante la merma de la coparticipación.

¿Quiénes encabezaron la movilización al ministerio de Economía en reclamo de recursos?

Si bien hubo representación de diversos colores políticos, el peronismo fue el que más mandatarios locales sumó con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien también preside la FAM. Además de plasmar en papel el pedido de obras, el pedido fue respaldado con la presencia del ministro bonaerense de Infraestructura y Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

¿Cuál es el corazón del reclamo de los intendentes al ministro Caputo?

El ministro Caputo participaba en la disertación en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), por lo que no lograron entregarle en mano el petitorio. Igualmente, el reclamo llegó y se hizo visible.

Ahora bien, los temas que reclaman los intendentes son:

  • Transferencias de fondos relacionados con las obras públicas.
  • Restablecimiento del precio de los combustibles al 1° de marzo.
  • Distribución de fondos retenidos por el impuesto a los combustibles líquidos.

“La suma retenida en concepto de impuesto a los combustibles líquidos asciende actualmente a seis coma uno billones de pesos”, corresponde a partidas de fondos que tenían como destino original financiar obras en las provincias mediante la coparticipación. En el reclamo de los intendentes, el destino sigue siendo el mismo: infraestructura y obras.

Katopodis acompañó y también reclamó: “Milei bajá las naftas y hacé las obras”

“Vinimos a exigirle al ministro de Economía que retrotraiga el precio de la nafta al 1° de marzo, haga las obras que están obligados por ley y frene el recorte de fondos nacionales”, enfatizó el ministro de Obras Públicas de KicillofGabriel Katopodis, quien sumó que “la nafta aumentó 542,7% desde que asumió este gobierno, lo que impacta en el transporte, la logística, la producción, los alimentos y vuelve a golpear el bolsillo de la gente.”

“En lo que va de 2026, el precio de los combustibles ya subió un 24%, más del doble de la inflación y 4 veces más que el salario. 45 países ya tomaron medidas para amortiguar el impacto de esta guerra, pero Milei no tomó ninguna”, agregó y luego añadió que “el estado de las rutas nacionales es escandaloso y este gobierno se quedó con 6,1 billones de pesos del impuesto a los combustibles y del ex impuesto PAIS, que debían invertirse en el arreglo de rutas y caminos”.

Pero no terminó ahí su palabra y fue más allá para afirmar: “Te cobran y se quedan con la plata. Milei trabaja para los ricos; todos los días hace un negocio nuevo con los sectores de poder de la Argentina. Es hora de que el presidente se ocupe de los argentinos y argentinas”.

¿Qué dijo la FAM sobre el reclamo de intendentes a Caputo?

La Federación Argentina de Municipios sostiene que “existe preocupación por la caída en la recaudación, lo que afecta la coparticipación y compromete el pago de aguinaldos en varias provincias y municipios” y, por eso, hacen foco en la reducción de transferencias nacionales y el recorte en los giros de fondos.

Del municipio a Nación sin escala: ¿Por qué los intendentes “saltearon” a los gobernadores en el reclamo?

El principal argumento de los intendentes para explicar su movilización al ministerio de Economía es que mayormente las demandas recaen en las provincias, pero que, puntos como estos dependen de la respuesta directa de la Nación. En este caso suman ejemplos como la demora en la entrega de los alimentos y los medicamentos, así como la falta de realización de las obras públicas.

Por eso, los intendentes dijeron: “Queremos que quede claro que el reclamo es directo a la Nación y no a los gobernadores, para evitar confusiones y costos políticos injustos.”

FAM llevó su reclamo al Ministerio de Economía by CristianMilciades

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Escándalo en la causa Cuadernos: el Tribunal aceptó un video editado

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El jueves pasado, en la sala Auditorium del subsuelo de Comodoro Py, ocurrió algo que a los integrantes del Tribunal Oral Federal N°7 les dio trabajo explicar con claridad en el momento: el empresario arrepentido Juan Carlos De Goycochea, de Isolux, condujo la sesión.

En ese sentido,  exhibió un video editado de una declaración que Oscar Centeno prestó ante la justicia española.

El tribunal, de esta manera, incorporó una prueba que favorece a todos los acusados ya que ubica a un Centeno dubitativo.

El material audiovisual —cuya cadena de custodia el propio tribunal reconoció desconocer en ese instante— muestra al exchofer de Roberto Baratta declarando por teleconferencia en un juicio en España contra directivos de Isolux Corsán. Lo que dice Centeno allí dinamita, pieza por pieza, el andamiaje acusatorio que lo convirtió en el testigo central del mayor juicio por corrupción de la historia argentina.

La escena rara 

La dinámica de la audiencia fue llamativa. De Goycochea, imputado por su rol en la empresa española con contratos en obra pública kirchnerista, solicitó la reproducción del video en pleno debate. La fiscal Fabiana León se opuso con dureza: argumentó que la cuestión ya había sido resuelta en el auto de admisibilidad de prueba, donde el tribunal había decidido no incorporar soportes audiovisuales de declaraciones externas.

La fiscal fue más lejos: sostuvo que reproducir el video equivaldría a un “careo virtual” entre dos imputados, ejecutado en otro tribunal y ante otra fiscalía, y que además forzaría la voluntad de Centeno, quien en esta causa ya manifestó su decisión de no declarar ni responder preguntas.

El tribunal se tomó un cuarto intermedio y dio el botón de play al empresario que entregaba dinero. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli no tenían en ese momento certeza sobre el origen del material ni sobre si correspondía a la versión íntegra de lo declarado en España. Todo quedó grabado. Una omisión procesal de envergadura en un juicio que se lleva adelante con 87 imputados y más de 630 testigos admitidos.

Lo que dijo Centeno en España 

El video exhibido por la defensa de De Goycochea registra la declaración de Centeno ante la justicia española en el marco de una causa vinculada a presuntas irregularidades de Isolux Corsán.

 Ante la pregunta de si conocía la existencia de Isolux, Centeno respondió textualmente: “Bueno no no no recuerdo verdad, no sabía que se trataba de un grupo de empresas cuya matriz radicaba en España… tampoco sabía”. Sobre qué relación mantenía Isolux con el Ministerio de Planificación Federal, el exchofer fue aún más escueto: “No sé…”. 

Las respuestas no mejoran al avanzar en el interrogatorio. Cuando le preguntaron quién actuaba como interlocutor por parte de Isolux, Centeno respondió: “No podía saberlo nunca”. Y ante la pregunta directa sobre qué personas de la firma conoció, el exchofer cerró cualquier margen de interpretación: “Ninguna. No conozco a nadie”.

La pregunta sobre las entregas de fondos en los años 2011, 2012 y 2014 obtuvo una respuesta de dos palabras: “Tampoco lo sé”. Y cuando le consultaron si le constaba que algún responsable de Isolux hubiera entregado fondos a funcionarios, Centeno declaró: “No me consta ningún responsable que hayan entregado fondos a funcionarios”.

Son los mismos cuadernos de Centeno los que nombran a Isolux en la anotación del 8 de abril de 2010, vinculando a la empresa con la licitación de la central termoeléctrica de Río Turbio. El propio exchofer, ante la justicia española, admitió que escribió ese dato porque “alguien” —en una espera— le comentó que era la empresa que había ganado una licitación, pero que nunca tuvo contacto con nadie de la firma.

La jugada de De Goycochea 

La estrategia de la defensa estaba clara desde antes de que empezara la audiencia. De Goycochea declaró que Isolux era una empresa española con sede de directorio en Madrid, cuya sucursal argentina no tenía autonomía de decisión respecto de la casa matriz. Afirmó que “Centeno nunca tuvo conocimiento de que Isolux se entregara dinero a nadie, ni me conoció a mí ni a ninguna otra persona de Isolux”. 

Tras la exhibición del video, De Goycochea fue al cierre con la precisión de quien ya sabía lo que iba a ver: “Como ha quedado claramente demostrado, Centeno desconoce por completo todo lo vinculado con Isolux. Pido que no se haya tenido en cuenta como prueba en mi contra”. 

Su defensa sostiene, además, que la declaración prestada por Centeno en España fue bajo juramento y con plena voluntad de responder, por lo que su reproducción en el juicio argentino no afecta los derechos del exchofer en esta causa. Las defensas de otros imputados adhirieron al planteo. 

El filo de la navaja probatoria

El episodio del video no ocurre en el vacío. El juicio arrancó en noviembre de 2025 y en marzo de 2026 pasó a la etapa presencial de declaraciones indagatorias. Centeno compareció ante el TOF 7 el 19 de marzo y se negó a declarar. El tribunal rechazó los planteos de nulidad de las defensas y ratificó la incorporación por lectura de sus indagatorias previas. 

En España, la justicia descartó en 2022 los cargos contra un directivo de Isolux al concluir que el material incriminatorio era “escaso y débil”. La fiscalía española basaba su caso en la declaración de Centeno, copias de los cuadernos —cuyo original fue destruido— y correos electrónicos sobre la obra de Río Turbio. No fue suficiente. 

El juicio más grande de la historia judicial argentina enfrenta una fisura en su propio núcleo: el hombre que escribió los cuadernos declaró, bajo juramento y ante otra justicia, que no conoce, por lo menos a este acusado.

Hoy será el turno de otros empresarios acusados. No se descarta que busquen aportar nuevas pruebas en vivo dando play. Si De Goycochea describió el mecanismo de entrega de dinero pero para “campaña electoral”.

Fuente Noticias Argentinas

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Economía anuló la subasta del predio Parque Federal en Santa Fe en pleno cierre del Pro.Cre.Ar

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La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía resolvió anular la subasta pública del inmueble “Parque Federal”, ubicado en la ciudad de Santa Fe, que había sido autorizada en diciembre de 2025. La decisión se formalizó mediante la Resolución 5/2026 y responde a un cambio de prioridades en la administración de los bienes remanentes del Pro.Cre.Ar, en pleno proceso de liquidación del fondo fiduciario disuelto por decreto.

La medida fue adoptada el 13 de enero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires y publicada en el Boletín Oficial el 14 de enero de 2026. Según el texto oficial, la anulación se dispuso antes de que se perfeccionara el procedimiento licitatorio o se consolidaran derechos subjetivos en favor de terceros, en ejercicio de la potestad discrecional de la Administración y por razones de oportunidad, mérito y conveniencia administrativa.

El trasfondo normativo: disolución del Pro.Cre.Ar y administración de los inmuebles

El origen de la medida se inscribe en la disolución del Fondo Fiduciario Público “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” (Pro.Cre.Ar), dispuesta por el Decreto N° 1018/2024, que dejó sin vigencia el esquema creado originalmente por el Decreto N° 902/2012.

El artículo 2° de ese decreto encomendó al Ministerio de Economía la realización de todos los actos necesarios para la liquidación del fondo fiduciario, conforme al Contrato de Fideicomiso del 18 de julio de 2012, complementado por el Decreto N° 695/2024 y la Resolución N° 796/2024 del propio ministerio. A su vez, el artículo 4° estableció que el Ministerio debía celebrar un contrato con el Banco Hipotecario S.A. para la administración, disposición y regularización dominial de los bienes muebles e inmuebles.

En cumplimiento de esa manda, el 4 de septiembre de 2025 se firmó un Contrato de Mandato para la Administración y Disposición de Inmuebles entre la Secretaría de Obras Públicas y el Banco Hipotecario S.A., en el que se fijó que el mandatario actuaría siguiendo instrucciones impartidas por el mandante, a través de la Dirección Nacional de Gestión de Obras.

Dentro de ese proceso de liquidación, el Ministerio debía analizar el estado de los desarrollos urbanísticos en ejecución al momento de la disolución del fondo, a fin de definir la continuidad o no de obras que, en muchos casos, permanecían suspendidas a la espera de una decisión administrativa.

La subasta del predio y la decisión de anular el procedimiento

En ese contexto, mediante la Resolución N° 396/2025, la Secretaría de Obras Públicas aprobó el procedimiento para las subastas públicas destinadas a vender inmuebles del Estado Nacional vinculados a contratos de obra del Pro.Cre.Ar. Luego, por la Resolución N° 499/2025, se autorizó la convocatoria a la Subasta Pública N° 504-0003-SPU25 para la venta del predio denominado “Parque Federal”, ubicado en Av. Belgrano 5000, entre Padilla y Agustín Delgado, en la ciudad de Santa Fe.

El inmueble está identificado catastralmente como Departamento 10, Distrito 11, Sección 4, Manzana 1443, Parcela 1, Matrícula 2.872.588, con una superficie total de 6.418,47 metros cuadrados, y había sido incluido en el esquema de venta conforme al artículo 24 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1023/2001.

Sin embargo, tras evaluar “las circunstancias actuales y sobrevinientes” vinculadas a ese predio y a la redefinición de prioridades en la gestión y administración de los inmuebles alcanzados por la liquidación del fondo fiduciario, la Secretaría de Obras Públicas resolvió dejar sin efecto la subasta. El texto oficial remarca que la decisión se adoptó sin que el procedimiento se hubiera perfeccionado ni se hubieran generado derechos a favor de terceros, lo que habilitó la anulación conforme al inciso g) del artículo 11 del Decreto Delegado N° 1023/2001.

Impacto institucional y señales para el mercado inmobiliario público

La Resolución 5/2026 refleja un reordenamiento en la estrategia de disposición de activos inmobiliarios del Estado Nacional en el marco del cierre definitivo del Pro.Cre.Ar como fondo fiduciario. Desde el punto de vista institucional, refuerza la facultad de la Administración para revisar decisiones previas cuando cambian las condiciones de contexto o los objetivos de gestión.

En términos prácticos, la anulación de la subasta introduce una señal de cautela hacia el mercado respecto del cronograma y la modalidad de venta de inmuebles públicos vinculados a programas habitacionales discontinuados. Para los actores interesados en este tipo de activos, la medida confirma que el proceso de liquidación del Pro.Cre.Ar no seguirá un esquema lineal, sino que estará sujeto a evaluaciones caso por caso, en función del interés público comprometido y de las prioridades definidas por el Ministerio de Economía.

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Passalacqua entregó 48 viviendas en Oberá y reafirmó la continuidad de la política habitacional provincial

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El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este lunes 29 de diciembre de 2025 la entrega de 48 viviendas en el barrio Punta Alta de Oberá, en una actividad que combinó gestión pública, simbolismo social y definición política. Las unidades forman parte de un conjunto mayor de 130 soluciones habitacionales cuya finalización depende de recursos provinciales, luego de la interrupción de las partidas nacionales destinadas al programa. En ese marco, el mandatario reafirmó que Misiones sostendrá la política de vivienda como política de Estado, pese al complejo contexto económico.

“La entrega de una vivienda es como una celebración más en esta época navideña”, expresó Passalacqua, al subrayar la importancia práctica e institucional de garantizar el acceso a la casa propia, no solo como respuesta social inmediata, sino como inversión pública de largo plazo que ordena la vida familiar, dinamiza la economía local y fortalece el tejido comunitario.

Vivienda, inversión pública y continuidad institucional

Durante la recorrida, el gobernador puso el acento en el esfuerzo fiscal y administrativo que implica sostener los programas habitacionales con fondos propios. “Brindar soluciones habitacionales requiere un enorme esfuerzo para reunir ese capital, que es dinero público, proveniente de los contribuyentes. Los impuestos no se terminan en la recaudación, sino que se invierten”, señaló. En ese sentido, destacó que destinar recursos a la vivienda supone una inversión cuantiosa y compleja, más aún en un escenario de restricciones macroeconómicas.

Passalacqua enfatizó que la decisión de avanzar con la finalización de las viviendas responde a una definición política: “La meta de Misiones es seguir adelante, porque cuando entregás una vivienda, y con ella el título de propiedad, se crea una atmósfera especial, casi sagrada —y más en esta época navideña—, que se asemeja a la fundación de un hogar”. Para el mandatario, ese acto “define el futuro de esa pareja, de esa familia y de cada niño que crecerá entre esas paredes”.

La entrega se inscribe en una estrategia provincial que busca sostener el empleo, la obra pública y la inclusión social, aun cuando el financiamiento nacional se vio interrumpido. En términos institucionales, el programa refuerza el rol del Estado provincial como actor central en la planificación urbana y el acceso a derechos básicos.

Familias adjudicatarias y trabajo conjunto

En el marco del acto, Passalacqua visitó a dos familias beneficiarias, poniendo rostro humano a una política pública de alto impacto social. Una de ellas fue la familia Núñez, integrada por Sergio Núñez, Ruth Sánchez y sus hijos Enzo (11) y Ruth (8). Sergio se desempeña como empleado de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, mientras que Ruth trabaja desde su hogar en la confección de indumentaria y lencería. Enzo cuenta con Certificado Único de Discapacidad por una parálisis cerebral con cuadriplejia y la vivienda entregada fue completamente adaptada, con soportes y un baño amplio que permitirá mejorar su calidad de vida.

“Es una vivienda con soportes y un baño súper amplio que le permitirá a mi hijo tener una vida más cómoda y segura”, agradeció Ruth Sánchez, quien además destacó el acompañamiento social recibido para el tratamiento médico que su hijo realizará en México.

El gobernador también visitó a la familia Wroble, conformada por Luciano Wroble, Yesica Da Silva y su hija Tessa, de 7 años. Wroble trabaja en una pinturería y Da Silva en un servicio de salud mental. La familia se había inscripto en 2017 en Apóstoles y, tras actualizar su domicilio en Oberá, accedió al sorteo de la Convocatoria 253. “No alcanzan las palabras para describir lo que se siente tener una casa propia”, expresó Wroble, mientras que Da Silva remarcó que “la fe y la paciencia cobró sentido”.

En diálogo con ellos, Passalacqua subrayó que “detrás de estos logros siempre hay un gran esfuerzo y sacrificio, no solo del Gobierno provincial y del IPRODHA, sino también de las familias beneficiarias”. En ese marco, valoró el trabajo del organismo y del intendente Pablo Hassan, al remarcar que “estas no son tareas fáciles”.

Datos técnicos y alcance del programa

Las 48 viviendas entregadas cuentan con 64 metros cuadrados de superficie, están construidas en mampostería y disponen de dos dormitorios, cocina-comedor, baño, galería, lavadero externo, termotanque solar y espacio verde propio. El sorteo de ubicación se realizó en octubre, en el marco de la Convocatoria 253 de Oberá.

Las casas se emplazan dentro de una urbanización que incluye infraestructura y nexos de servicios esenciales, un aspecto clave para el desarrollo comunitario y la integración urbana.

El presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira, informó que la provincia ya entregó más de 420 viviendas, aun en un contexto económico adverso. “Trabajamos con mucho esfuerzo con los recursos que tenemos, pero con mucho entusiasmo. La inversión es más grande en este contexto, pero lo hacemos con alegría porque sabemos lo que significa para las familias”, afirmó.

Por su parte, el intendente Pablo Hassan celebró la entrega al destacar que se trata de “familias que esperaron durante mucho tiempo el sueño de la casa propia”, y remarcó el impacto emocional y social que genera acompañar ese momento.

Impacto económico y social

Más allá del acto puntual, la entrega de viviendas tiene repercusiones directas en la economía local: moviliza el sector de la construcción, genera empleo, demanda insumos y consolida barrios con infraestructura. Desde el punto de vista institucional, refuerza una política pública sostenida en el tiempo, que busca garantizar previsibilidad a las familias y continuidad a la obra pública provincial.

En un escenario de retracción de fondos nacionales, la decisión de Misiones de financiar con recursos propios estas soluciones habitacionales marca una señal política clara y proyecta un modelo de gestión que prioriza el arraigo, la inclusión y el desarrollo territorial.

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El Gobierno autorizó obras por $85 mil millones y concesionará rutas bajo gestión privada

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Milei reactivó la obra pública, autorizó inversiones por $85 mil millones y licitó 1.800 km de rutas bajo gestión privada. El Gobierno cambia de estrategia: reaparece la inversión pública y se consolida el modelo de concesiones

El Gobierno de Javier Milei autorizó la contratación de diez obras públicas nacionales por un monto total de $85.000 millones en los próximos tres años y lanzó una licitación pública nacional e internacional para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en lo que representa un giro significativo en la política de infraestructura tras meses de parálisis casi total.

La medida marca un punto de inflexión en la administración libertaria, que había reducido al mínimo la ejecución de proyectos de inversión durante el primer semestre de gestión. Según datos oficiales del Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, hasta mayo de 2025 solo se habían concluido 330 obras públicas nacionales, con 78 proyectos en ejecución normal y más de 1.400 sin avances.

El cambio de rumbo llega tras el resultado electoral favorable al oficialismo y la convocatoria al diálogo con provincias no peronistas, factores que influyeron en la decisión de corregir el Presupuesto nacional para reincorporar una porción acotada de inversión pública.

“Buscamos transparencia, eficiencia y estándares de calidad”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar el nuevo esquema vial en su cuenta de X.

10 obras reactivadas: foco en infraestructura vial, ambiental y de agua potable

De las 2.692 obras nacionales que habían quedado inconclusas del gobierno anterior —sobre un total de 6.700 iniciadas entre 2019 y 2023—, el Ejecutivo decidió descongelar diez proyectos distribuidos en distintas provincias, con prioridad en infraestructura básica y de servicios esenciales.

Las obras seleccionadas implican una inversión total superior a los $85.000 millones, con ejecución escalonada entre 2024 y 2026.

Entre los proyectos destacados figuran:

  • Sistema de provisión de agua potable en Tucumán, con una inversión de $25.938 millones, el más costoso del conjunto.
  • Mantenimiento y mejora de la Ruta Nacional 11 (Rosario–Santa Fe), por $17.516 millones.
  • Conservación mejorativa de la Ruta Nacional 33 (Rosario–Sancti Spíritu), por $23.631 millones.
  • Construcción del Muelle Cabecera Norte en el Parque Nacional Lago Puelo (Chubut), por $4.716 millones.
  • Obras ambientales y de conservación forestal en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Córdoba y Santiago del Estero, bajo el Proyecto Paisajes, con montos entre $1.400 y $2.200 millones.
  • Reubicación y remodelación del BCG PPD MC en el barrio de Barracas (CABA), con $1.637 millones de inversión total.

La mayor parte de las obras se ejecutarán entre 2025 y 2026, lo que confirma una estrategia de reprogramación presupuestaria gradual, compatible con el objetivo de déficit fiscal cero.

La concentración geográfica también es significativa: Santa Fe reúne tres proyectos estratégicos, seguida por Tucumán, Córdoba y Chubut, mientras que las provincias patagónicas y del norte suman obras de menor escala pero de alto impacto local.

Red Federal de Concesiones: el Estado pasa de operador a regulador

Paralelamente, el Gobierno lanzó una nueva licitación pública para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en el marco de la Red Federal de Concesiones, una de las reformas estructurales más ambiciosas de la gestión Milei.

El esquema se sustenta en la premisa de que el Estado debe “liberarse de funciones improductivas” y actuar como regulador y garante de competencia, en lugar de operador directo de servicios.

El plan se articula en dos tramos principales:

  • Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, de 1.325 kilómetros, que abarca las rutas nacionales 3, 205 y 206, además de las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.
  • Tramo Pampa, de 547 kilómetros, correspondiente a la Ruta Nacional 5, entre Luján y Santa Rosa.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será la encargada de supervisar los contratos y garantizar los estándares de seguridad y mantenimiento.

Esta segunda etapa se suma a la primera, presentada en enero de 2025, que ya había incorporado las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario–Victoria y tres pasos fronterizos a la gestión privada.

Desde la Casa Rosada destacan que el nuevo modelo “sigue estándares internacionales” y permitirá atraer capital genuino sin aumentar el gasto público.

Impacto económico y político: señales de gobernabilidad y apertura federal

La decisión de reactivar parcialmente la obra pública y relanzar el sistema de concesiones envía una señal política de moderación fiscal con apertura federal, tras meses de tensión con gobernadores y sectores afectados por la parálisis.

Según un informe de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI), la interrupción de obras públicas había generado problemas de infraestructura crítica, como la falta de un hospital materno infantil en La Matanza, deficiencias de agua potable en Santa Fe, cloacas sin tratamiento en Corrientes y tramos intransitables de la Ruta 40 en Chubut.

Con la nueva orientación, el Ejecutivo busca recomponer relaciones con provincias y recuperar capacidad de negociación institucional, al tiempo que traslada al sector privado la ejecución y mantenimiento de obras estratégicas.

El desafío inmediato será asegurar transparencia y competencia real en las licitaciones, en un contexto donde los mecanismos de control estatal seguirán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Obras Públicas.

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