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El Gobierno reglamentó la ejecución del Presupuesto 2026, créditos, cargos y límites al gasto

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Con la Decisión Administrativa 1/2026, publicada el 20 de enero, la Jefatura de Gabinete avanzó en la distribución detallada del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026. La norma asigna créditos, cargos y recursos a todas las jurisdicciones y organismos, define qué partidas serán indicativas, refuerza los mecanismos de control y establece límites precisos para las modificaciones presupuestarias, la obra pública y la asistencia a empresas estatales.

La medida, firmada por el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Economía, se dicta en el marco de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026, promulgada por el Decreto 932/2025, y constituye el instrumento central que habilita la ejecución efectiva del gasto público durante el ejercicio en curso.

Distribución de créditos, cargos y recursos: el andamiaje operativo del Presupuesto 2026

La Decisión Administrativa 1/2026 dispone la distribución de los gastos corrientes y de capital, gastos figurativos, aplicaciones financieras, recursos, contribuciones figurativas, fuentes financieras, cargos y horas de cátedra previstos en la Ley 27.798, conforme al detalle de las planillas anexas que integran la norma.

La asignación se realiza teniendo en cuenta las adecuaciones institucionales del Poder Ejecutivo Nacional introducidas por el Decreto 50/2019 y sus modificatorios, así como por los Decretos 866/2025 y 942/2025. En este último caso, se incorpora formalmente la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, transfiriendo a esa cartera los créditos, bienes, personal y obligaciones de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con garantía de continuidad en la prestación de servicios.

Además, la decisión administrativa reglamenta aspectos operativos centrales del presupuesto:

  • La distribución de cargos y horas de cátedra en toda la Administración Pública Nacional.
  • La obligación de que las jurisdicciones y entidades informen trimestralmente la evolución de sus plantas de personal y contrataciones, cualquiera sea su modalidad o fuente de financiamiento.
  • La exigencia de certificar vacantes y su financiamiento para cubrir cargos, según lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley 27.798.

En materia de aportes al Tesoro, se fija un cronograma de contribuciones en cuatro cuotas iguales con vencimientos el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 15 de diciembre de 2026, y se establece que los remanentes de recursos del ejercicio 2025 deberán ingresar a la Tesorería General de la Nación antes del 30 de octubre de 2026, salvo excepción legal.

Partidas indicativas, control del gasto y límites a las reestructuraciones

Uno de los ejes centrales de la norma es la definición del carácter indicativo o limitativo de las partidas presupuestarias, una herramienta clave para el manejo del gasto en un contexto de administración estricta de los recursos públicos.

La decisión establece como montos presupuestarios indicativos a la totalidad de las partidas de:

  • Bienes de consumo (Inciso 2).
  • Servicios no personales, con excepción de los gastos reservados (Inciso 3).
  • Bienes de uso (Inciso 4).
  • Transferencias (Inciso 5).
  • Incremento de activos financieros (Inciso 6).
  • Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos (Inciso 7).
  • Otros gastos (Inciso 8).

También tendrán carácter indicativo las asignaciones correspondientes a actividades específicas, programas, subprogramas, proyectos de obra y la clasificación geográfica del gasto, lo que otorga flexibilidad operativa, aunque bajo un esquema reforzado de control ex post.

En paralelo, se determinan con precisión las facultades para realizar modificaciones presupuestarias, delimitando qué tipo de reestructuraciones pueden efectuar ministros, secretarios, titulares de organismos, la Secretaría de Hacienda y la Oficina Nacional de Presupuesto. Se prohíben, entre otras cuestiones, los cambios que impliquen alterar la distribución de finalidades o incrementar gastos corrientes en detrimento de gastos de capital, en línea con el artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración Financiera.

Las modificaciones deberán ser notificadas a la Oficina Nacional de Presupuesto dentro de los cinco días hábiles, y ese organismo contará con ocho días hábiles para expedirse sobre su razonabilidad. Vencido ese plazo sin observaciones, la modificación quedará automáticamente vigente.

Inversión pública, empresas estatales y mayor centralización financiera

La decisión administrativa refuerza los mecanismos de control sobre la obra pública y las inversiones. Las jurisdicciones y entidades no podrán contratar obras ni adquirir bienes de uso sin contar previamente con la calificación de “Formulación y evaluación satisfactoria” emitida por la Dirección Nacional de Inversión Pública, y deberán ajustarse a los montos máximos vigentes establecidos por la normativa específica.

En cuanto a las empresas públicas no financieras, se dispone que toda asistencia financiera, transferencias o aportes de capital con recursos del Tesoro Nacional se asignen exclusivamente en la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, evitando la dispersión de créditos y facilitando el seguimiento de la ejecución presupuestaria. Estas transferencias quedarán condicionadas al cumplimiento estricto de lo dispuesto por la Ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto.

Asimismo, las jurisdicciones con partidas destinadas a Gastos de Inteligencia y Gastos Reservados deberán contar con la conformidad previa de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) antes de solicitar modificaciones presupuestarias o reprogramaciones de ejecución.

Impacto institucional y proyección

La Decisión Administrativa 1/2026 consolida un esquema de centralización financiera, mayor control del gasto y reglas más estrictas para la ejecución presupuestaria, en línea con las facultades otorgadas al Jefe de Gabinete por la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera.

Decisión Administrativa 1/2026 by CristianMilciades

Para las jurisdicciones y organismos, el impacto es inmediato: mayor exigencia en la programación física de los programas, límites claros a la reasignación de créditos y una supervisión reforzada sobre personal, inversión y transferencias. Para el Tesoro Nacional, la norma apunta a mejorar la previsibilidad de ingresos, reducir remanentes ociosos y ordenar la asistencia al sector público empresarial.

anexo 1 D A 1/2026 by CristianMilciades

En términos políticos e institucionales, la decisión administrativa funciona como la pieza operativa central del Presupuesto 2026, traduciendo la ley sancionada por el Congreso en reglas concretas de ejecución que condicionarán el margen de maniobra de toda la Administración Pública durante el año.

anexo 2 D A 1/2026 by CristianMilciades

anexo 3 D A 1/2026 by CristianMilciades

anexo 4 D A 1/2026 by CristianMilciades

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El costo de la construcción cerró 2025 con un alza del 22,9% interanual, según el INDEC

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El costo de la construcción en el Gran Buenos Aires registró en diciembre de 2025 un incremento del 1,4% respecto de noviembre y una variación interanual del 22,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato confirma la persistencia de presiones inflacionarias en uno de los sectores más sensibles para la inversión, la obra pública y el mercado inmobiliario, con impacto directo sobre los costos de edificación y los precios finales de la vivienda.

La información surge del Índice del Costo de la Construcción (ICC) correspondiente a diciembre de 2025, difundido oficialmente el 19 de enero de 2026, dentro de los informes técnicos del organismo estadístico nacional.

Composición del aumento: materiales, salarios y gastos generales

De acuerdo con el informe, el aumento mensual del 1,4% del nivel general fue consecuencia de alzas en los tres capítulos que integran el indicador: Materiales (+1,6%), Mano de obra (+1,3%) y Gastos generales (+1,3%).

En términos interanuales, la evolución muestra una dispersión significativa entre los componentes: Materiales: +21,3%. Mano de obra: +23,7%. Gastos generales: +25,5%

Este comportamiento revela que los mayores aumentos se concentraron en los costos indirectos y de operación, por encima incluso de los materiales y los salarios directos, lo que introduce un factor adicional de presión estructural sobre los presupuestos de obra.

La incidencia mensual sobre el nivel general fue liderada por Materiales (0,68 puntos porcentuales) y Mano de obra (0,63 p.p.), mientras que Gastos generales aportó 0,14 p.p., según el cuadro de incidencia elaborado por el INDEC.

Factores explicativos: acuerdos salariales y actualizaciones tarifarias

El informe identifica con precisión los factores que explican la dinámica de diciembre. En el capítulo Mano de obra, el INDEC señala que el incremento refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), fechado el 14 de noviembre de 2025 y homologado mediante la Resolución DI-2025-2639-APN-DNRYRT#MCH el 20 de noviembre de 2025, aplicable a las categorías laborales del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde diciembre, junto con una asignación no remunerativa y extraordinaria derivada de dicha resolución.

El mismo documento aclara que el aumento en las categorías laborales también impactó en el capítulo Gastos generales, dado que este incluye el ítem “Sereno”, alcanzado por la normativa salarial.

En cuanto a los Gastos generales, el INDEC detalla que el capítulo incorpora: Los nuevos valores tarifarios aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para Edenor y Edesur desde el 1° de diciembre, en el marco de las revisiones tarifarias integrales, conforme a las resoluciones ENRE 798/25 y 797/25. Una actualización autorizada por la Resolución RESOL 2025-11-APN-SOP#MEC de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca. Una actualización dispuesta por el ente regulador ENARGAS en los valores de todos los conceptos de conexión de gas.

Este entramado normativo confirma que una parte relevante del aumento del ICC responde a decisiones regulatorias y tarifarias, además de la negociación colectiva salarial, lo que refuerza el carácter institucional del proceso de formación de costos en el sector.

Dinámica sectorial y repercusiones en la actividad

El capítulo Materiales, que representa el 46% de la ponderación total del índice, mostró aumentos destacados en insumos clave. Entre los mayores incrementos mensuales se observaron: Artefactos de iluminación y portero eléctrico: +3,6%. Cemento, cal y yeso: +2,9%. Mesadas de granito: +2,9%. Hierro para la construcción: +2,8%. Piezas de carpintería y cables eléctricos: +2,2%.

En contraste, algunos rubros registraron bajas o subas marginales, como muebles de madera para cocina (-0,7%) o productos de cobre, plomo y estaño (+0,2%), lo que evidencia una dinámica heterogénea dentro del universo de insumos.

Por ítem de obra, los mayores aumentos mensuales se verificaron en Ascensores (+1,9%), Yesería (+1,9%), Pintura (+1,7%), Instalación eléctrica (+1,6%) y Vidrios (+1,6%), mientras que las menores variaciones se dieron en Carpintería metálica y herrería (+0,4%) y Movimiento de tierra (+1,1%).

Desde el punto de vista económico, esta estructura de aumentos impacta directamente en: La viabilidad financiera de proyectos inmobiliarios privados. Los presupuestos de obra pública y su actualización contractual. La dinámica de precios del mercado de vivienda nueva.

Asimismo, la persistencia de aumentos por encima del 20% interanual en todos los capítulos sugiere que el sector continúa operando bajo un esquema de costos elevados, con potencial traslado a precios finales y efectos sobre la accesibilidad habitacional.

Relevancia institucional del ICC y proyección

El INDEC recuerda que el ICC se utiliza como referencia para la actualización de contratos de obra pública en el marco del Decreto 1.295/02, lo que convierte a este indicador en una variable clave para la gestión fiscal, la ejecución presupuestaria y la planificación de infraestructura.

Metodológicamente, el índice mide la variación mensual del costo de la construcción privada de viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense, excluyendo terreno, derechos de construcción, honorarios profesionales, IVA, gastos financieros y beneficio empresario.

En este marco, el cierre de 2025 con una suba interanual del 22,9% consolida al costo de la construcción como uno de los componentes más persistentes de la inflación sectorial, con implicancias directas sobre inversión, empleo y política habitacional.

Costo Construcción INDEC by CristianMilciades

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Fuerte ajuste fiscal: el gasto cayó 27,2% real y el Gobierno cumplió la meta con el FMI en 2025

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró diciembre de 2025 con un déficit primario de $2,88 billones y un déficit financiero de $3,29 billones, en un contexto de fuerte consolidación del ajuste fiscal iniciado en 2024. Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la contracción real del gasto —14,4% interanual en diciembre y 27,2% en la comparación 2025 versus 2023— compensó la caída de los ingresos y permitió cumplir holgadamente la meta fiscal comprometida con el FMI, aunque a costa de una reducción significativa en prestaciones sociales, subsidios, obra pública, salarios estatales y transferencias a universidades.

Ajuste fiscal consolidado y resultado financiero “oculto” por capitalización de intereses

Durante diciembre de 2025, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $12,07 billones, con una caída interanual real del 7,1%, mientras que el gasto total sumó $14,95 billones, con un leve incremento interanual del 1,7%. En términos reales, el ajuste se evidencia con claridad al comparar contra 2023: el gasto se contrajo 16,1% en diciembre y 27,2% en el acumulado anual, frente a una reducción de los ingresos del 0,3% y 8,1%, respectivamente.

El informe advierte, sin embargo, sobre un déficit financiero implícito. El Tesoro priorizó en sus licitaciones la emisión de títulos en pesos capitalizables —LECAP, BONCAP y DUALES—, cuyos intereses no se registran como gasto corriente. Así, aunque el resultado financiero mensual fue negativo en $3,29 billones, al incorporar los intereses capitalizados por $4,08 billones, el rojo ascendería a $7,37 billones en diciembre. En el acumulado anual, el déficit financiero implícito alcanzaría los $28,59 billones.

Este mecanismo permitió sostener un resultado fiscal formalmente consistente con el programa financiero, pero introduce tensiones hacia adelante en materia de sostenibilidad de la deuda en pesos.

Ingresos en retroceso y presión tributaria reconfigurada

La evolución de los ingresos muestra un desempeño dispar. La caída interanual real del 7,1% en diciembre se explica principalmente por:

  • Bienes Personales: -23,1% interanual, afectado por la base de comparación tras la prórroga de pagos en 2024.
  • Impuesto a las Ganancias: -2,4% interanual.
  • Resto de tributos: -11,8% interanual, por la eliminación del Impuesto PAIS a fines de 2024, que en 2025 habría aportado $9,09 billones a valores reales.
  • Derechos de Exportación: -57,7% interanual, tras liquidaciones anticipadas y la aplicación del Decreto 682/2025, que redujo transitoriamente las retenciones al 0%. El informe anticipa nuevas caídas en los próximos meses.

En contraste, los Derechos de Importación crecieron 9,0% interanual, impulsados por un aumento de las importaciones, especialmente de bienes de consumo y vehículos, mientras que el IVA volvió a caer en términos reales (-4,2%), reduciendo su participación sobre el total de recursos.

Gasto público: recorte social, obra pública paralizada y universidades ajustadas

El ajuste del gasto impactó de manera heterogénea. Las Prestaciones Sociales crecieron 6,0% interanual en diciembre, pero al comparar ejercicios completos (2025 vs. 2023) registran una caída real del 11,5%. Dentro del rubro, solo la Asignación Universal para Protección Social mostró un aumento significativo (+71,2%), mientras que se verificaron fuertes reducciones en Asignaciones Familiares (-24,3%), Pensiones no contributivas (-12,6%) y “Otros programas” (-51,4%), donde se incluyen Tarjeta Alimentar, comedores, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

Los subsidios económicos se redujeron 52,4% interanual en términos reales, con una baja del 42,9% en transporte, asociada a la discontinuidad de compensaciones tarifarias en el AMBA vía SUBE, y un derrumbe del 98,5% en el subrubro “Otras funciones”.

La obra pública profundizó su parálisis: el gasto de capital cayó 47,7% interanual en diciembre y 78,8% en el acumulado de 2025 frente a 2023, sin señales de recuperación. En paralelo, los salarios de la administración pública nacional continuaron perdiendo contra la inflación, con una caída real del 36,0% respecto de 2023.

En Universidades Nacionales, diciembre de 2025 no registró el pago de aguinaldos —a diferencia de 2024— y, de haberse abonado, el gasto adicional habría sido de $0,60 billones. En términos acumulados, el recorte alcanza el 32,8% frente a 2023.

Meta fiscal con el FMI cumplida y tensiones hacia adelante

Pese al déficit de diciembre, el SPN acumuló en 2025 un superávit fiscal de $11,77 billones, superando en $1,25 billones la meta de diciembre acordada con el FMI tras la revisión de agosto de 2025, que fijó un objetivo estricto de $10,88 billones.

El cumplimiento de la meta refuerza la consistencia del programa fiscal ante el organismo internacional y habilita la continuidad de los desembolsos previstos. No obstante, el informe del CEPA subraya que el equilibrio se sostiene sobre un ajuste profundo y persistente del gasto real y una estrategia financiera que posterga el reconocimiento de intereses, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad económica, social e institucional en el mediano plazo.

CEPA Informe iscal 2025 Argentina by CristianMilciades

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Puente San Javier–Porto Xavier, avanzan los pasos técnicos para iniciar la obra binacional

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Misiones y autoridades del sur de Brasil avanzaron en una reunión binacional clave para poner en marcha la fase operativa del puente internacional San Javier–Porto Xavier, una obra ya aprobada que ingresa ahora en la etapa técnica y administrativa previa al inicio de los trabajos. El encuentro marcó un punto de inflexión: dejó atrás el plano de los anuncios y se concentró en los procedimientos concretos —ambientales, territoriales y logísticos— necesarios para pasar a la ejecución de un proyecto estratégico para la integración regional, el comercio y el desarrollo local.

De la planificación a la ejecución: una agenda técnica decisiva

La reunión permitió ordenar una agenda técnica y administrativa orientada a destrabar los últimos pasos antes del inicio de obra. El puente, que será financiado por el gobierno de Brasil, se consolidó a lo largo de los años mediante gestiones sostenidas, agendas bilaterales y trabajo institucional entre el Gobierno de Misiones, los municipios involucrados y organismos del país vecino. Este nuevo avance responde al impulso del Estado misionero y de los intendentes de la provincia, que mantuvieron activo el proyecto y promovieron de manera constante las instancias necesarias para alcanzar esta etapa de concreción.

Participaron del encuentro el ministro coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori; el jefe de Asesores del gobernador Hugo Passalacqua, Eduardo Morales Lezica; los intendentes de San Javier y Porto Xavier, Matías Vilchez y Gilberto Menin; y autoridades locales y provinciales, entre ellos el viceintendente de San Javier, Víctor Rafael Cabrera; el concejal Duilio Sosa; asesores del Ejecutivo y representantes de Vialidad. Por el lado brasileño, asistió el secretario de Desarrollo y Turismo de Porto Xavier, Ovidio Kaiser.

También estuvieron presentes representantes del consorcio empresario vinculado al proyecto, encabezado por Rivoli Costruttora, empresa de capitales italianos que lidera el conjunto de cinco firmas seleccionadas por el gobierno brasileño para ejecutar la obra. La participación de los equipos técnicos permitió delinear el trabajo conjunto en territorio y organizar las próximas instancias operativas.

Puntos técnicos: licencias ambientales, relocalizaciones y accesos

Durante el encuentro se abordaron los ejes técnicos que permitirán pasar de la planificación al inicio efectivo de obra. Entre los puntos centrales figuraron el avance de los trámites de licenciamiento ambiental, la definición de áreas sensibles y los procesos de relocalización, así como la planificación de accesos y obras complementarias en ambas cabeceras del futuro viaducto.

En particular, se analizó la situación de los terrenos involucrados, con foco en sectores destinados a áreas aduaneras y de servicios. Allí será necesario avanzar en relevamientos, delimitaciones y eventuales procesos de indemnización. De acuerdo con los primeros estudios, el área afectada comprende a un grupo acotado de familias asentadas en zonas de expansión urbana, lo que obliga a articular mecanismos de relocalización y compensación dentro de los marcos técnicos y administrativos correspondientes.

Asimismo, se puso en común el estado de los trámites ambientales en Brasil, donde ya se trabaja sobre estudios y protocolos desarrollados en instancias anteriores del proyecto. Esta base técnica previa optimiza tiempos y acorta etapas, con impacto directo en el calendario general de la obra. En paralelo, se avanzó en criterios de coordinación institucional para ordenar procedimientos entre ambos países.

Impacto regional y expectativas: conectividad, empleo y logística

El ministro coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, destacó el avance del proyecto y expresó su optimismo respecto al inicio próximo de las obras. “Esto promueve el desarrollo local de ambas ciudades, tanto del lado argentino como del brasileño. Fortalece la conectividad y abre la puerta a la generación de nuevos puestos de trabajo”, afirmó.

En la misma línea, subrayó que “se genera una enorme expectativa, porque el impacto no será solo directo sobre el comercio, sino también indirecto, a partir del crecimiento de nuevas dinámicas logísticas que resultan clave para consolidar y potenciar toda la región. Es sin dudas un avance importante para San Javier y toda la provincia será beneficiada”.

El puente San Javier–Porto Xavier es considerado estratégico para la integración regional y el desarrollo económico y turístico. Además de mejorar la conectividad entre Misiones y el estado de Río Grande do Sul, el viaducto se proyecta como una nueva vía para el intercambio comercial, la circulación de personas y la articulación logística entre ambos países. La actual fase técnica consolida un proceso con múltiples etapas previas —estudios, gestiones diplomáticas y acuerdos institucionales— y enfoca los próximos pasos en profundizar estudios, ordenar procedimientos ambientales y administrativos y establecer un esquema de trabajo coordinado que permita materializar la obra tras años de planificación.

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El gasto público se mantuvo estable en 2025, pero con un fuerte cambio en su composición

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El gasto público primario nacional se mantuvo prácticamente inalterado en 2025 en términos reales (+0,1%), aunque con una marcada recomposición interna de partidas, según el Monitor de Gasto elaborado por la consultora Analytica. El ajuste dejó atrás el recorte generalizado de 2024 y dio paso a una reorientación del gasto, con mayores transferencias a provincias, subas en seguridad social y bienes y servicios, y una profundización del ajuste en obra pública, programas sociales y subsidios económicos.

El dato central del año es la estabilidad del gasto en mínimos históricos, luego de la contracción real del 26,8% registrada en 2024. Sin embargo, esa estabilidad esconde una dinámica heterogénea entre partidas, funciones y jurisdicciones, que revela las prioridades fiscales y políticas del Estado nacional en un contexto de fuerte disciplina presupuestaria.

Diciembre mostró subas puntuales, pero el gasto anual quedó virtualmente congelado

En diciembre de 2025, el gasto primario devengado creció 3,9% interanual en términos reales, impulsado principalmente por partidas que habían sido fuertemente ajustadas el año previo. Las mayores subas reales se observaron en subsidios económicos (+45,0% i.a.), transferencias a provincias (+22,7%) y jubilaciones y pensiones (+6,6%).

Dentro de los subsidios, el incremento estuvo explicado casi exclusivamente por los subsidios energéticos (+253,9% i.a.), fenómeno asociado en parte a una baja base de comparación, tras los fuertes recortes aplicados en 2024. En el caso de las transferencias a provincias, el aumento respondió fundamentalmente a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En contrapartida, diciembre volvió a mostrar caídas significativas en obra pública (-45,8% i.a.), tanto en construcciones (-28,5%) como en transferencias (-50,7%), y en bienes y servicios (-12,4%), confirmando la continuidad del ajuste en la inversión estatal directa.

En el acumulado del año, el gasto primario se mantuvo prácticamente invariante (+0,1%), consolidando un nivel históricamente bajo tras el fuerte recorte del año anterior.

Reasignación del gasto: más provincias y seguridad social, menos obra pública y programas sociales

El análisis de la composición del gasto en 2025 muestra con claridad el cambio de prioridades. Las mayores subas reales anuales se registraron en las transferencias corrientes a provincias (+22,0%), impulsadas principalmente por el cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya ejecución comenzó en septiembre de 2024.

También se destacó el aumento del gasto en bienes y servicios (+14,2%) y en asignaciones familiares y por hijo (+12,0%), traccionadas en gran medida por el crecimiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que aumentó 18,9% i.a., mientras que las asignaciones familiares tuvieron un incremento más moderado (+2,0%).

Del lado del ajuste, los programas sociales registraron una caída del 21,7% en términos reales. Dentro de este rubro sobresale la fuerte reducción de Potenciar Trabajo (-44,5%), seguida por las políticas alimentarias, que incluyen la Tarjeta Alimentar (-19,8%), y las becas Progresar (-38,5%).

Los subsidios económicos también mostraron un recorte significativo en el año (-35,4% real), en línea con los incrementos tarifarios en electricidad y transporte. En particular, los subsidios eléctricos cayeron 38,7% y los subsidios al transporte disminuyeron 25,9%, movimientos coherentes con la suba interanual del 33,0% en electricidad, gas y otros combustibles y del 32,2% en transporte público, según el IPC de noviembre.

Obra pública: continúa el ajuste, con cambios en su composición interna

La obra pública volvió a ser una de las partidas más ajustadas en 2025, con una reducción del 46,0% en pesos constantes, profundizando un sendero contractivo que ya había mostrado una caída del 76,5% en 2024.

El recorte se concentró principalmente en las transferencias de capital (-59,3%), en particular por la disminución de las transferencias a Energía Argentina S.A. (-83,3%), asociada a la finalización del último tramo del gasoducto en octubre de 2024.

En contraste, el gasto en construcciones ejecutadas directamente por el Estado Nacional mostró un incremento real del 4,6%, impulsado por el gasto en transporte (+13,9%), que explicó el 63% del total destinado a construcciones. Entre los proyectos de mayor peso se destacaron la Construcción del Reactor RA-10 (10,9% del gasto en construcciones) y la Mejora Integral del Ferrocarril General Roca – Ramal Constitución–La Plata (6,4%).

Concentración del gasto y ejecución presupuestaria

Desde una perspectiva institucional, el gasto mostró una fuerte concentración jurisdiccional: el 65,6% del gasto primario se ejecutó en el Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita se encuentra la ANSES. Por función, el 63,3% del gasto se destinó a seguridad social, seguido por salud (6,1%), educación y cultura (5,8%) y energía, combustibles y minería (4,9%).

La ejecución presupuestaria del gasto primario alcanzó el 96,9% del crédito asignado, aunque con disparidades relevantes. Las menores ejecuciones se observaron en bienes y servicios (86,5%), transferencias a provincias (82,4%) y obra pública (71,2%).

Durante 2025, ante la falta de aprobación del Presupuesto, se utilizó el presupuesto prorrogado de 2024, que fue modificado a lo largo del año. El crédito presupuestario del gasto primario se amplió en $31,9 billones, de los cuales $20 billones se destinaron a jubilaciones, pensiones y PAMI. La única partida que redujo su crédito fue la de subsidios económicos (-$0,5 billones), producto de un recorte de $0,7 billones en subsidios energéticos, parcialmente compensado por un aumento de $0,2 billones en transporte.

Presupuesto 2026: más crédito nominal, ajuste real

La ley de Presupuesto 2026, aprobada en diciembre, asigna un crédito total de $148,1 billones, lo que implica un incremento nominal del 18% respecto del presupuesto vigente al 29 de diciembre de 2025. Sin embargo, al considerar una inflación promedio anual del 30%, el presupuesto proyecta un ajuste real del 9,2%.

Al analizar los 15 principales programas, que concentran el 71,7% del crédito total previsto para 2026, se observa que la mayoría presenta recortes en términos reales. La excepción es el programa “Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes de la Secretaría de Energía”, que proyecta un aumento nominal del 50%, equivalente a un incremento real del 15,4%.

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