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La construcción volvió a crecer en mayo, pero la industria profundizó su caída y confirma una recuperación desigual

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La economía argentina volvió a exhibir en mayo una marcada heterogeneidad sectorial. Los últimos indicadores publicados por el INDEC muestran que la construcción recuperó impulso luego del retroceso registrado en abril, mientras que la industria manufacturera profundizó su proceso de retracción y continúa sin consolidar una recuperación sostenida. El comportamiento dispar de ambos sectores confirma que la reactivación económica avanza con ritmos diferentes según la actividad y las condiciones de cada mercado.

El Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero registró en mayo una caída interanual del 5,7%, con lo que acumuló una baja de 3,1% en los primeros cinco meses del año. En términos desestacionalizados, sin embargo, mostró una leve mejora de 0,4% respecto de abril, un dato que refleja cierta estabilidad mensual pero todavía insuficiente para revertir la tendencia negativa.

La fotografía industrial sigue siendo preocupante porque apenas dos de las dieciséis divisiones relevadas lograron crecer respecto de igual mes del año pasado. La refinación de petróleo, coque y combustible nuclear encabezó las subas con un incremento de 19,4%, mientras que los productos de tabaco crecieron 14,6%. El resto de la estructura manufacturera permaneció en terreno negativo.

Entre los sectores más afectados sobresalen productos textiles (-26,2%), maquinaria y equipo (-23,4%), vehículos automotores y autopartes (-15,9%), prendas de vestir, cuero y calzado (-14,7%), otros equipos e instrumentos (-12,5%) y productos de caucho y plástico (-10,2%). También registraron retrocesos alimentos y bebidas (-3%), sustancias químicas (-3,1%), industrias metálicas básicas (-4%), productos minerales no metálicos (-2,3%), madera, papel e impresión (-2,9%) y muebles (-7,3%).

La persistencia de estos resultados evidencia que buena parte del entramado manufacturero continúa enfrentando un escenario complejo, condicionado por la debilidad del mercado interno, la mayor competencia derivada de la apertura comercial y un proceso de inversión que todavía no logra traducirse en una recuperación generalizada de la producción.

En contraste, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró una recuperación interanual de 4,1% en mayo, luego de la caída de 2,8% observada en abril. Con ese resultado, el sector acumula un crecimiento de 2,5% entre enero y mayo y consolida un desempeño positivo sostenido durante buena parte del año.

La mejora también se reflejó en la comparación mensual. Descontados los efectos estacionales, la actividad avanzó 6,3% respecto de abril, uno de los incrementos más significativos del año.

El desempeño del sector estuvo impulsado por el crecimiento de algunos insumos estratégicos. El hormigón elaborado aumentó 10,1%, el hierro redondo y los aceros para construcción crecieron 9,6%, los mosaicos graníticos y calcáreos avanzaron 11,1% y las pinturas para construcción registraron un fuerte incremento de 23,6%. También la categoría “Resto” mostró una expansión de 18,3%.

No obstante, la recuperación continúa siendo parcial. Ocho de los trece insumos relevados todavía exhibieron bajas interanuales, entre ellos pisos y revestimientos cerámicos (-19,6%), asfalto (-8,2%), ladrillos huecos (-8%), placas de yeso (-7,8%), yeso (-7,4%), cales (-6,8%) y cemento portland (-1,3%).

Las expectativas empresariales reflejan además un escenario de prudencia para el trimestre junio-agosto. Tanto en las obras privadas como en las públicas predomina la percepción de estabilidad antes que de expansión. El 67,3% de las empresas vinculadas a la construcción privada considera que la actividad permanecerá sin cambios, mientras que en la obra pública esa proporción alcanza el 60,2%. A su vez, son más quienes anticipan una disminución de la actividad que quienes esperan un crecimiento, especialmente en el segmento de infraestructura estatal.

isac_07_26 INDEC by CristianMilciades

El contraste entre ambos indicadores vuelve a poner de manifiesto una de las principales características del actual ciclo económico. Mientras algunas actividades vinculadas a la inversión privada y determinados segmentos de la construcción comienzan a mostrar señales de recuperación, la industria manufacturera continúa sin encontrar un piso firme, con un desempeño muy condicionado por la evolución del consumo, la competitividad y las condiciones macroeconómicas.

Ipi Manufacturero 07 26 INDEC by CristianMilciades

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Caputo propone cancelar deudas de obra pública con bonos

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El Ministerio de Economía creó un Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones para saldar deudas con contratistas mediante títulos públicos. El esquema alcanza obligaciones acumuladas entre 2022 y 2025 y establece un cupo máximo de $221.119,5 millones, priorizando la regularización de pasivos sin ampliar el gasto presupuestario.

La medida, oficializada mediante la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, introduce un mecanismo voluntario para que empresas contratistas acepten bonos del Tesoro como forma de cancelación de certificados de obra, redeterminaciones de precios, acopio de materiales y obligaciones derivadas de contratos rescindidos. El objetivo oficial es ordenar los pasivos heredados de la obra pública preservando la estrategia de equilibrio fiscal.

Para el sector constructor, la resolución representa un cambio relevante: el Estado reconoce la existencia de obligaciones pendientes, pero reemplaza el pago en efectivo por instrumentos financieros que podrán mantenerse hasta su vencimiento o negociarse en el mercado secundario. La decisión traslada parte del costo financiero a las empresas, aunque también abre una vía para destrabar créditos cuya percepción permanecía incierta.

Un mecanismo para normalizar pasivos sin afectar el presupuesto

El régimen estará disponible para contratos ejecutados bajo la Ley 13.064 y también para obras financiadas por organismos multilaterales, siempre que dependan de las Secretarías de Obras Públicas o Transporte.

Las empresas tendrán 10 días hábiles desde la entrada en vigencia de la resolución para solicitar su adhesión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Posteriormente deberán presentar la liquidación de sus acreencias, acompañada por la documentación respaldatoria y el cálculo de intereses por mora cuando correspondan. El procedimiento y el modelo de adhesión fueron aprobados en un anexo específico de la resolución.

Una vez validados los montos, ambas partes suscribirán un acta acuerdo que formalizará la cancelación de las obligaciones mediante títulos públicos.

Tres bonos para cancelar la deuda

El esquema combina tres instrumentos del Tesoro Nacional, distribuidos prácticamente en partes iguales:

  • 33% en una Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026.
  • 33% en un Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027.
  • 34% en un Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027.

Los títulos serán entregados a su valor técnico al día hábil anterior a la transferencia y el programa tendrá un límite global de $221.119.509.519, que funcionará como cupo máximo de adhesión.

La adhesión implica renunciar a reclamos futuros

Uno de los aspectos más relevantes para las empresas es que el ingreso al régimen no sólo supone aceptar bonos como medio de pago.

La resolución establece que cada contratista deberá desistir expresamente de los reclamos administrativos o judiciales vinculados al contrato alcanzado y renunciar a futuras acciones relacionadas con la ecuación económica o financiera derivada de la modalidad de cancelación elegida.

Desde la óptica jurídica, el mecanismo busca otorgar certeza al Estado respecto del cierre definitivo de cada obligación una vez entregados los títulos.

Para muchas firmas, la posibilidad de convertir créditos demorados en activos financieros puede mejorar la previsibilidad patrimonial, aunque no necesariamente la liquidez inmediata.

La decisión también introduce un nuevo criterio para evaluar el riesgo contractual con el Estado nacional: los pagos pendientes podrán transformarse en instrumentos financieros cuya rentabilidad dependerá tanto de su vencimiento como de las condiciones del mercado secundario.

La eficacia del régimen dependerá del nivel de adhesión de las constructoras y del comportamiento de los títulos públicos utilizados para cancelar las acreencias. Si los bonos conservan liquidez y valor de mercado, el mecanismo podría acelerar el saneamiento de pasivos de la obra pública. Si, por el contrario, las empresas enfrentan dificultades para convertir esos activos en financiamiento operativo, persistirá el desafío de recomponer el capital de trabajo en un sector que continúa condicionado por la escasa ejecución de nuevas obras nacionales.

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Vialidad redefine su estructura: crea áreas clave para concesiones, obras y mantenimiento

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La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó una nueva estructura organizativa de primer nivel operativo que reorganiza funciones estratégicas vinculadas con planificación, concesiones, licitaciones, mantenimiento y ejecución de obras. Aunque el decreto no implica nuevas inversiones ni obras concretas, sí redefine el esquema de gestión del principal organismo vial del país, un movimiento que anticipa cómo el Gobierno busca administrar la red nacional en una etapa marcada por una mayor participación de concesionarios privados y una fuerte racionalización del gasto público.

El Decreto 533/2026 establece una nueva arquitectura institucional para la DNV, reemplazando la estructura vigente desde 2017 y habilitando un rediseño interno que alcanzará hasta 24 jefaturas de distrito, 18 subgerencias, 114 divisiones y áreas específicas de auditoría.

Más allá del aspecto administrativo, la reforma revela cuáles serán las prioridades operativas del organismo en los próximos años: control de concesiones, planificación estratégica, mantenimiento de rutas y gestión de contratos.

La nueva estructura incorpora cinco gerencias ejecutivas directamente vinculadas al negocio vial: Planeamiento, Control de Concesiones, Proyectos y Obras, Mantenimiento y Calidad, y Licitaciones y Contrataciones.

La señal más relevante para el mercado de infraestructura aparece en la creación de una Gerencia Ejecutiva de Control de Concesiones, con facultades para supervisar contratos, evaluar rentabilidad de concesionarios, analizar actualizaciones tarifarias y controlar planes de inversión.

La decisión coincide con la estrategia oficial de ampliar los esquemas concesionados para la operación y mantenimiento de corredores nacionales, reduciendo el peso de la obra pública financiada íntegramente por el Estado.

Para constructoras, operadores viales y proveedores de servicios, la creación de un área específica de control implica reglas más centralizadas para el seguimiento contractual y la fiscalización de inversiones comprometidas.

Anexo 1 Decreto 533/2026 by CristianMilciades

Qué cambia para el sector productivo

La infraestructura vial es uno de los costos invisibles que más impactan sobre la competitividad de las economías regionales. En provincias exportadoras y productoras del NEA, la calidad de la red vial determina tiempos logísticos, costos de transporte y acceso a mercados.

La nueva Gerencia de Planeamiento tendrá entre sus responsabilidades elaborar estudios técnicos y económicos sobre la Red Vial Nacional, diseñar modelos de gestión, evaluar nuevas concesiones y planificar la incorporación de tecnologías inteligentes para la operación de rutas.

Para sectores como la forestoindustria, la yerba mate, el té, la producción citrícola o la industria alimentaria, una mayor profesionalización en la planificación vial podría traducirse en una mejor identificación de corredores estratégicos para el transporte de cargas.

Otro de los cambios relevantes es la creación de una Gerencia Ejecutiva de Licitaciones y Contrataciones con responsabilidad sobre todos los procesos de compras, obras y servicios del organismo.

La nueva dependencia concentrará la planificación de licitaciones y contrataciones. La elaboración del Plan Anual de Compras. La supervisión de ofertas técnicas y económicas. El seguimiento de concesiones y renegociaciones contractuales. La implementación de mecanismos de control y transparencia.

Para empresas constructoras y proveedoras del Estado, la medida apunta a homogeneizar criterios y reducir dispersión administrativa en los procesos de contratación.

Mantenimiento: la prioridad operativa

La estructura también fortalece el área de Mantenimiento y Calidad, que tendrá a su cargo la conservación integral de la Red Vial Nacional, la coordinación ante emergencias, el control de señalización y la supervisión técnica de contratos de mantenimiento.

La decisión resulta significativa porque, en un escenario de restricciones presupuestarias, la conservación de rutas existentes suele adquirir mayor relevancia que la construcción de nuevas trazas.

El nuevo esquema contempla además monitoreo permanente del estado de la red, asistencia técnica a distritos y desarrollo de tecnologías viales sustentables.

Para las provincias del nordeste argentino, donde la logística terrestre continúa siendo el principal medio de salida de producción hacia puertos y centros de consumo, la reorganización de Vialidad tiene una lectura práctica.

La permanencia de las 24 jefaturas distritales garantiza continuidad territorial en la gestión operativa. Al mismo tiempo, la centralización de planificación, concesiones y contrataciones busca acelerar decisiones y mejorar la coordinación entre las áreas técnicas y los distritos.

La clave para las economías regionales no estará en el nuevo organigrama en sí mismo, sino en su capacidad para traducirse en mayor mantenimiento de corredores productivos, ejecución más eficiente de obras estratégicas y mecanismos ágiles de contratación.

La nueva estructura de Vialidad muestra una orientación clara hacia la gestión por resultados, el control de concesiones y la planificación estratégica de la red nacional. El desafío comienza ahora: convertir una reorganización administrativa en mejoras concretas sobre la infraestructura.

Para el sector privado, el indicador relevante no será la cantidad de gerencias creadas, sino la velocidad con que el organismo pueda licitar obras, fiscalizar concesiones y sostener niveles adecuados de mantenimiento en los corredores que conectan la producción regional con los mercados nacionales e internacionales.

Anexo 2 Decreto 533/2026 by CristianMilciades

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Esuco entra en concurso preventivo: la constructora quedó atrapada entre el freno de la obra pública y la crisis financiera

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Después de casi ocho décadas de actividad y de haber participado en algunas de las obras de infraestructura más importantes del país, la constructora Esuco ingresó en concurso preventivo de acreedores. La decisión judicial marca un punto de inflexión para una empresa que durante años fue uno de los principales actores de la ingeniería argentina y refleja el profundo cambio de escenario que atraviesa el sector de la construcción tras la paralización de la obra pública nacional.

La apertura del concurso fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, luego de que la compañía reconociera dificultades para afrontar sus compromisos financieros. En su presentación, sostuvo que el objetivo de la reestructuración judicial es preservar la continuidad operativa y alcanzar un acuerdo con más de 800 acreedores, mientras intenta sostener una actividad que se redujo drásticamente durante el último año.

Fundada en 1948, Esuco desarrolló más de 500 proyectos de infraestructura en todo el país. Su trayectoria incluye la participación en obras emblemáticas como la represa hidroeléctrica Yacyretá, el Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola de El Calafate, el ex Centro Cultural Kirchner, el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), la planta depuradora de efluentes cloacales de Berazategui, el Acueducto Miraflores en Chaco y la estación terrena satelital Las Lajas, además de numerosos emprendimientos viales, ferroviarios, energéticos e hidráulicos ejecutados para organismos nacionales, provinciales y municipales.

La paralización de la obra pública aceleró el deterioro

En el expediente judicial, la empresa atribuye su crisis a una combinación de factores que modificaron por completo el escenario del negocio. La fuerte reducción de la inversión pública, la virtual desaparición de nuevas licitaciones nacionales, el incremento de los costos de construcción, el elevado costo del financiamiento y los conflictos contractuales con Energía Argentina (Enarsa) terminaron deteriorando su capacidad financiera.

Según expuso la compañía, el cambio comenzó a profundizarse desde fines de 2023 y se consolidó durante 2024, cuando numerosos contratos financiados por el Estado fueron paralizados, suspendidos o ralentizados.

La empresa sostiene que la inversión pública en infraestructura cayó cerca de un 80% en términos reales respecto de 2023, mientras que la actividad de la construcción retrocedió más de un 27% durante 2024, provocando una fuerte reducción en las oportunidades de negocio y dificultando el reemplazo de los proyectos que finalizaban.

Los números reflejan esa transformación. Aunque durante 2024 Esuco facturó $84.664 millones, ese nivel representó una caída real del 23,7% frente al ejercicio anterior. El deterioro operativo también impactó sobre la rentabilidad: tras obtener una ganancia de $2.849 millones en 2023, cerró el último ejercicio con pérdidas por $6.206 millones.

El resultado bruto descendió desde $25.138 millones hasta $17.373 millones, mientras que los ingresos provenientes de obras ejecutadas disminuyeron desde $110.993 millones a $84.664 millones.

Más del 80% del personal fue desvinculado. La contracción de la actividad también golpeó con fuerza la estructura laboral de la empresa.

La documentación presentada ante la Justicia muestra que Esuco redujo su plantel de 397 trabajadores en junio de 2025 a apenas 70 empleados en abril de 2026, una disminución superior al 80% en menos de un año.

Los empleados permanentes pasaron de 160 a solo 25, mientras que el personal jornalizado afectado directamente a las obras cayó de 237 a 45 trabajadores, reflejando la magnitud del ajuste que debió afrontar la compañía.

El conflicto con Enarsa agravó la situación financiera

Otro de los ejes centrales de la presentación judicial es el conflicto que la empresa mantiene con Energía Argentina (Enarsa), vinculado a la ejecución de dos proyectos estratégicos para el sistema energético nacional: la Planta Compresora Mercedes y las obras de adecuación de las plantas compresoras necesarias para la reversión del Gasoducto Norte.

Esta última constituye una de las principales obras energéticas de los últimos años, ya que permitirá incrementar el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia el norte del país para sustituir progresivamente las importaciones provenientes de Bolivia.

Esuco sostiene que ambos contratos estuvieron afectados por demoras en la aprobación de certificados de obra, redeterminaciones de precios, autorizaciones técnicas e ingresos de materiales, situación que la obligó a financiar una parte creciente de los trabajos mediante recursos propios y endeudamiento bancario.

Según la empresa, solo el contrato correspondiente a la reversión del Gasoducto Norte le generó perjuicios económicos por aproximadamente $3.700 millones, mientras que los créditos pendientes de cobro relacionados con distintos proyectos energéticos superarían los $53.900 millones.

La constructora también argumenta que el atraso en los pagos, sumado a tasas de interés que durante parte de 2025 superaron el 100% nominal anual, terminó deteriorando aún más su situación financiera e imposibilitó sostener el ritmo previsto de ejecución de las obras.

Carlos Wagner y una empresa emblemática del sector

La historia reciente de Esuco también está estrechamente ligada a la figura del ingeniero Carlos Wagner, uno de los empresarios más influyentes de la construcción argentina durante las últimas décadas.

Wagner presidió la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, período caracterizado por un fuerte crecimiento de la inversión pública en infraestructura. Posteriormente adquirió notoriedad nacional al declarar como imputado colaborador en la causa conocida como los “Cuadernos de las Coimas”, donde describió el funcionamiento del presunto esquema de recaudación ilegal vinculado a contrataciones de obra pública.

No obstante, en la presentación del concurso preventivo, la empresa atribuye su crisis exclusivamente al cambio de escenario económico y operativo derivado del derrumbe de la inversión pública y las dificultades para sostener proyectos de gran escala.

El ingreso de Esuco al concurso preventivo trasciende la situación de una empresa en particular y se convierte en uno de los casos más representativos del impacto que tuvo el cambio de política de infraestructura sobre el sector de la construcción.

Mientras el Gobierno nacional mantiene el recorte de la obra pública como uno de los pilares del ajuste fiscal, numerosas empresas contratistas enfrentan una combinación de menor actividad, dificultades de financiamiento y conflictos derivados de contratos en ejecución.

Para Esuco, la continuidad dependerá ahora de la posibilidad de reestructurar su pasivo, recuperar los créditos pendientes —especialmente los vinculados a obras energéticas— y adaptarse a un mercado significativamente más reducido que el que impulsó su crecimiento durante décadas.

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La construcción perdió más de 90 mil empleos y reclama previsibilidad para salir de la crisis

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La industria de la construcción atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Con obras públicas paralizadas, proyectos demorados, dificultades de financiamiento y una fuerte caída de la actividad, el sector acumula la pérdida de más de 90 mil puestos de trabajo en apenas dos años y advierte que la recuperación económica difícilmente pueda consolidarse sin una estrategia de inversión sostenida en infraestructura.

El diagnóstico fue planteado por el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, durante la 71° Convención Anual de la entidad, donde expuso la compleja situación que enfrentan las empresas constructoras en un contexto marcado por el ajuste fiscal y la retracción de la obra pública nacional.

“Las empresas de la construcción atraviesan un momento muy duro”, sintetizó Weiss al describir una realidad atravesada por obras suspendidas, proyectos ralentizados y dificultades en los pagos de trabajos ya ejecutados. Según explicó, el impacto excede a las compañías constructoras y alcanza a toda la cadena productiva vinculada al sector, incluyendo proveedores, industrias asociadas y trabajadores.

La consecuencia más visible de esta contracción es el empleo. La pérdida de más de 90 mil puestos laborales en los últimos dos años refleja la magnitud del ajuste que atraviesa una actividad históricamente considerada uno de los principales motores de generación de trabajo formal en Argentina.

La crisis también afecta al segmento privado. Weiss sostuvo que la caída de la actividad no solo golpea a la obra pública sino también a los nuevos desarrollos inmobiliarios y a las inversiones productivas impulsadas por empresas privadas. La combinación de tasas elevadas, escaso financiamiento de largo plazo y expectativas todavía cautelosas limita la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Pese a este escenario, el titular de Camarco destacó la capacidad de adaptación demostrada por el sector. Señaló que las empresas constructoras han mantenido su capacidad técnica y continúan aportando propuestas para enfrentar los desafíos estructurales de infraestructura que enfrenta el país.

En ese contexto, valoró que tanto el sector público como el privado hayan comenzado a discutir con mayor profundidad los mecanismos de financiamiento necesarios para cubrir el déficit de infraestructura acumulado durante décadas. Para Weiss, el debate ya no pasa exclusivamente por el gasto público tradicional, sino por la búsqueda de modelos que permitan atraer capital privado bajo esquemas previsibles y sostenibles.

El dirigente reconoció además los avances alcanzados por el Gobierno nacional en materia de estabilización macroeconómica. Sin embargo, advirtió que el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria, aunque necesarios, no son suficientes para impulsar un ciclo de crecimiento sostenido.

“El esfuerzo macroeconómico no alcanza si no se complementa con inversiones productivas que generen empleo”, afirmó. La observación adquiere relevancia en un momento en el que la administración nacional busca consolidar la estabilidad económica mientras reduce significativamente la participación del Estado en la ejecución de obras.

En esa línea, Weiss destacó el creciente interés por esquemas de concesión y participación público-privada para financiar infraestructura. Consideró que estos mecanismos pueden transformarse en herramientas eficaces para movilizar inversiones, siempre que se desarrollen bajo marcos regulatorios transparentes y reglas de juego claras.

No obstante, alertó que el volumen actual de inversión continúa siendo insuficiente frente a las necesidades del país. El deterioro de rutas nacionales, redes logísticas, infraestructura energética y planes habitacionales genera costos crecientes para la economía y limita la competitividad de las distintas regiones productivas.

Para provincias exportadoras como Misiones, donde los costos logísticos representan una de las principales desventajas competitivas frente a otros mercados, la situación adquiere una dimensión estratégica. La falta de inversión en rutas, puertos, energía y conectividad impacta directamente sobre sectores clave como la forestoindustria, la yerba mate, el té y el comercio fronterizo.

Desde la visión de Camarco, el principal desafío ya no es la capacidad técnica del sector, sino la ausencia de previsibilidad. Weiss sostuvo que Argentina dispone de empresas, profesionales y recursos humanos con experiencia suficiente para ejecutar las obras que el país necesita, pero remarcó que la inversión requiere estabilidad jurídica y económica.

“Sin reglas de juego claras, sin contratos que se respeten, sin financiamiento y sin continuidad, la inversión se debilita, se encarece y las oportunidades se pierden”, advirtió.

La definición refleja una preocupación recurrente entre los actores económicos: la necesidad de construir marcos institucionales duraderos que trasciendan los ciclos políticos y permitan planificar proyectos de infraestructura con horizontes de largo plazo.

En ese sentido, Weiss reivindicó el rol histórico de la Cámara Argentina de la Construcción como articuladora entre el sector privado y el Estado. A 90 años de su creación, sostuvo que la entidad mantiene el objetivo de promover consensos que permitan fortalecer la inversión, generar empleo y elevar los estándares de calidad de la infraestructura nacional.

El mensaje final estuvo orientado a instalar una discusión estratégica que trascienda la coyuntura económica. Para el titular de Camarco, la infraestructura no debe ser entendida como un gasto, sino como una condición indispensable para el desarrollo. La competitividad de las economías regionales, la atracción de inversiones y la capacidad de crecimiento del país dependen, en gran medida, de la calidad de sus rutas, sistemas energéticos, viviendas y redes logísticas.

Por eso, concluyó, Argentina necesita construir un consenso amplio y sostenido que permita comprender que sin inversión en infraestructura no existe desarrollo posible. En una economía que busca dejar atrás décadas de estancamiento, la construcción vuelve a plantear una advertencia que atraviesa gobiernos y modelos económicos: ningún país logra crecer de manera sostenida si deja de invertir en las bases materiales de su propio desarrollo.

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