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Misiones pone en marcha la obra San Isidro–Alem–Oberá II y se abre una nueva etapa para el sistema eléctrico

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El Gobierno de Misiones puso en marcha este martes 7 de abril de 2026 la obra de la Línea de Alta Tensión 132 kV San Isidro – Alem – Oberá II, con una inversión de US$72 millones y un horizonte técnico que promete cubrir la demanda energética de la zona centro por dos décadas. El inicio formal, encabezado por Hugo Passalacqua en Fachinal, no es solo una obra de infraestructura: es una señal política en un contexto donde la energía vuelve a ser un factor de competitividad.

Una obra estratégica para un sistema bajo presión

El proyecto contempla 116 kilómetros de línea aérea de alta tensión, con un tramo de 80 kilómetros de doble terna entre San Isidro y Leandro N. Alem, y otros 36 kilómetros de simple terna hasta Oberá, con previsión de ampliación. A esto se suma la construcción de una nueva estación transformadora en Alem y la ampliación de las estaciones de San Isidro y Oberá II.

La ejecución se financiará mediante un crédito de la Corporación Andina de Fomento y tendrá un plazo de obra de dos años, con una primera etapa —hasta Alem— prevista para marzo de 2027. El despliegue incluye más de 600 estructuras y tres obradores en Fachinal, Cerro Azul y Alem, lo que distribuye la ejecución en distintos frentes.

Desde el punto de vista técnico, la infraestructura apunta a resolver un problema concreto: la limitada disponibilidad y confiabilidad del servicio eléctrico en una región con fuerte perfil industrial. La obra permitirá redistribuir cargas, reducir interrupciones y responder a picos de demanda en momentos críticos.

Energía, industria y planificación: el eje del Gobierno provincial

El impacto alcanzará a más de 300 mil beneficiarios entre directos e indirectos, con mejoras en la calidad del suministro para más de 100 mil familias.

Pero el punto central es otro: la capacidad de sostener la expansión productiva. La zona centro concentra actividades intensivas en consumo energético —aserraderos, secaderos de yerba y té, talleres— que hoy operan con limitaciones. La nueva línea busca corregir ese cuello de botella.

En paralelo, el proyecto incorpora una variable de largo plazo: la posibilidad de integrar nuevas fuentes de generación renovable. Esto no solo amplía la matriz energética, sino que introduce un componente de previsibilidad en un sistema históricamente tensionado.

Impacto económico

En términos políticos, la obra posiciona al Gobierno provincial en un terreno estratégico: la infraestructura como herramienta de desarrollo. La inversión, financiada con crédito internacional, permite sostener una agenda propia en un contexto donde los recursos suelen ser restrictivos.

El componente laboral también tiene peso. Se estima que más del 80% de la mano de obra será local, lo que introduce un efecto inmediato en economías regionales. A eso se suma el impacto indirecto: mayor disponibilidad energética como condición para nuevas inversiones privadas.

En ese esquema, el Estado provincial articula con empresas como Pro Obra S.A. e Ingar S.A., consolidando un modelo mixto de ejecución. No es un dato menor: la coordinación público-privada aparece como una constante en proyectos de esta escala.

Un movimiento estructural con tiempos largos

La línea San Isidro – Alem – Oberá II no es una obra de impacto inmediato. Sus resultados se proyectan en plazos largos: dos años de ejecución y hasta 20 años de cobertura de demanda.

Ese desfase entre inversión y resultado plantea un desafío político. La infraestructura energética no se traduce en rédito inmediato, pero define condiciones estructurales para el crecimiento. En ese equilibrio se juega parte de la estrategia.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en el ritmo de ejecución, la coordinación de los distintos frentes de obra y la capacidad de sostener el financiamiento. También en cómo esta inversión se articula con nuevas radicaciones industriales.

La obra ya está en marcha. Lo que queda por verse es si logra transformar una necesidad histórica en una ventaja competitiva sostenida.

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Jaldo cruzó a Nación por los $400.000 millones girados a las provincias: “Nos dan por un lado y nos quitan por el otro”

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El gobernador tucumano cuestionó la presentación de los adelantos de coparticipación como asistencia y denunció que la provincia perdió el equivalente a una planilla y media de sueldos en los últimos dos años.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, salió al cruce del relato oficial sobre los fondos que el Gobierno nacional habilitó a 12 provincias por un total de $400.000 millones. En conferencia de prensa realizada este lunes en el marco del comité de emergencia por el temporal que castiga al distrito —con al menos tres víctimas fatales—, el mandatario fue tajante al rechazar que esos recursos representen algún tipo de gesto solidario de la Casa Rosada.

Según explicó Jaldo, se trata de adelantos sobre la coparticipación federal, es decir, dinero que por ley les corresponde a los distritos y que luego deberán devolver. En esa línea, apuntó que la mecánica genera una falsa imagen de generosidad cuando en la práctica se trata de un préstamo sobre fondos propios de cada provincia.

Las 12 jurisdicciones incluidas en el giro son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

El mandatario norteño también puso cifras al impacto fiscal que sufre la provincia. Según detalló, en los últimos dos años Tucumán resignó ingresos equivalentes a casi una planilla y media de sueldos como consecuencia de la reducción de impuestos como el IVA.

A ese cuadro financiero, Jaldo le sumó otro reclamo: la paralización total de la obra pública nacional. Esa decisión del gobierno de Javier Milei obligó a Tucumán a hacerse cargo de proyectos de infraestructura con financiamiento propio, lo que agravó aún más la presión sobre las cuentas provinciales.

Emergencia por el temporal

La conferencia de prensa se dio en un contexto crítico para Tucumán. El temporal que azota a la provincia ya dejó al menos tres muertos y miles de familias afectadas por las inundaciones. Jaldo encabezó la reunión del comité de emergencia y aseguró que los equipos provinciales asisten a los damnificados desde el primer momento.

Según indicó, algunos vecinos ya sufrieron anegamientos por segunda y tercera vez. El gobernador destacó además el trabajo conjunto con intendentes y comisionados comunales, quienes colaboraron en la asistencia durante todo el domingo.

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Misiones sostiene la política habitacional con fondos propios, 23 nuevas adjudicaciones en San Vicente

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Un gesto político en clave de gestión territorial. El 2 de abril, en Posadas, el gobernador Hugo Passalacqua participó del sorteo de la convocatoria N.º 268 del IPRODHA, que definió 23 cupos para familias de San Vicente que avanzarán en el proceso de adjudicación de lotes con servicios y módulos habitacionales básicos.

El dato central no es solo el número. En un escenario económico restrictivo y sin financiamiento nacional, la provincia reafirma una decisión política: sostener la política habitacional con recursos propios. La pregunta que subyace es inevitable: ¿puede una provincia sostener en el tiempo una agenda de vivienda sin respaldo de la Nación?

Un esquema propio en un contexto adverso

La operatoria forma parte de una política pública sostenida por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) a cargo del mecanismo de sorteo. El procedimiento definió quiénes podrán presentar documentación, paso previo a la adjudicación efectiva.

El modelo que impulsa la provincia no se centra en viviendas completas, sino en una lógica progresiva: lotes con servicios y un módulo habitacional básico. Se trata de unidades de 28 metros cuadrados, con cocina-comedor, baño, lavadero y una estructura preparada para futuras ampliaciones.

Este enfoque traduce una decisión técnica en una lectura política. Frente a restricciones presupuestarias, el Gobierno provincial opta por soluciones escalables que combinan intervención estatal y esfuerzo familiar. La vivienda deja de ser un producto terminado y pasa a ser un proceso.

El presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira, encuadró la medida dentro de una continuidad de gestión y remarcó que el esquema se sostiene “con el esfuerzo de todos los misioneros”, en un contexto donde no hay financiamiento nacional disponible.

Recursos propios y construcción de autonomía política

El avance del programa tiene implicancias más amplias que lo estrictamente habitacional. Al sostener obras y adjudicaciones con recursos provinciales, el Ejecutivo misionero refuerza un perfil de autonomía en la gestión pública.

En términos de poder, la política habitacional funciona como herramienta de presencia territorial. La ejecución de soluciones concretas —aunque sean progresivas— impacta directamente en la legitimidad del gobierno provincial, especialmente en contextos de crisis.

Al mismo tiempo, el esquema evita la dependencia de transferencias nacionales, pero introduce una restricción: el ritmo de ejecución queda atado a la capacidad fiscal propia. Esa tensión entre autonomía y escala aparece como uno de los puntos críticos del modelo.

Transparencia, territorialidad y límites del modelo

El sorteo, realizado a través de plataformas digitales del IPLyC y con certificación notarial, buscó reforzar la transparencia del proceso. La publicación de resultados y el contacto directo con beneficiarios apuntan a ordenar la operatoria y evitar intermediaciones.

En el corto plazo, el foco estará en la continuidad de las adjudicaciones en San Vicente y en el avance de obras en otras localidades. Pero el desafío es más amplio: sostener el volumen de soluciones habitacionales en un contexto económico que sigue siendo restrictivo.

El modelo de módulos progresivos permite ampliar cobertura, pero también traslada parte de la carga al beneficiario. Esa lógica, efectiva en términos de escala, abre interrogantes sobre los tiempos reales de acceso a una vivienda completa.

Una política que se sostiene, pero bajo presión

La presencia del gobernador en el sorteo no fue solo institucional. Funcionó como señal política de respaldo a una de las áreas más sensibles de la gestión: el acceso a la vivienda.

La estrategia está clara: mantener la política activa, aun sin financiamiento externo, y sostener presencia territorial con soluciones concretas. La incógnita es si ese esquema podrá escalar sin afectar otras prioridades fiscales o si obligará a redefinir ritmos y alcances en los próximos meses.

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El Gobierno de Misiones posiciona la innovación educativa en la agenda federal

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El gobernador Hugo Passalacqua abrió este 18 de marzo de 2026 una escena política que trasciende lo educativo: recibió en Posadas a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y utilizó la recorrida por la Escuela Secundaria de Innovación como vidriera de un modelo que busca proyectarse a escala nacional.

La visita incluyó además la inauguración del edificio refaccionado de la Escuela N.º 263 en Hipólito Yrigoyen, financiado con fondos nacionales. El dato central no es solo la agenda institucional, sino el gesto político: en un contexto de redefinición de vínculos entre Nación y provincias, Misiones se posiciona como proveedor de una política pública “exportable”. La incógnita queda planteada: ¿se consolida un esquema de cooperación o se trata de un movimiento táctico en una relación todavía en construcción?

Educación como activo político y puente institucional

La actividad combinó dos dimensiones. Por un lado, la exhibición del modelo educativo misionero; por otro, la materialización de obra pública con financiamiento nacional. En la Escuela Secundaria de Innovación, con siete años de trayectoria y una matrícula de 420 estudiantes en 2026, Passalacqua mostró un formato que integra bachillerato orientado en informática, robótica y desarrollo biosustentable, junto con ofertas de formación superior como la Tecnicatura en Inteligencia Artificial y profesorados vinculados a tecnologías.

En la oportunidad, Passalacqua resaltó que este tipo de establecimientos “prepara la vida a los jóvenes” y les permite alcanzar sus sueños. Con el mismo énfasis, Pettovello, en dialogó con los docentes y las autoridades provinciales, dio cuenta de las posibilidades “de replicar este modelo” de la escuela en otras partes del país.

No es un dato menor que la ministra Pettovello haya planteado la posibilidad de replicar este esquema en otras jurisdicciones. En términos institucionales, eso ubica a Misiones en un lugar poco habitual: no solo como ejecutora de políticas, sino como generadora de modelos.

La Escuela Secundaria de Innovación cuenta con siete años de trayectoria y ofrece un bachillerato orientado en informática con especialidad en robótica y agro y ambiente con especialidad en desarrollo biosustentable. Este año inició el ciclo lectivo con 420 estudiantes, una matrícula que creció en relación con el período anterior. Las actividades se desarrollan en turnos mañana y tarde, mientras que por la noche se dictan la Tecnicatura en Inteligencia Artificial y el Profesorado en Tecnologías.

Además, los sábados se cursa el Profesorado en Educación Técnica Profesional destinado a docentes de escuelas técnicas. La propuesta educativa combina formación académica con herramientas vinculadas a la innovación y al desarrollo tecnológico.

Obra pública, territorio y financiamiento compartido

La segunda parada, en Hipólito Yrigoyen, incorporó otra capa de análisis. La refacción integral de la Escuela N.º 263 “Jorge Newbery” —con 81 años de historia y 160 estudiantes— se ejecutó con fondos nacionales a través de la Unidad Sectorial de Coordinación y Ejecución de Programas y Proyectos Especiales del Ministerio de Educación de Misiones.

El detalle técnico de la obra —mejoras estructurales, ampliación de aulas, construcción de talleres y un nuevo edificio para Nivel Inicial— traduce una lógica política concreta: la articulación entre financiamiento nacional y ejecución provincial.

En un escenario donde la obra pública suele ser un punto de tensión entre niveles de gobierno, la visita conjunta funciona como señal de alineamiento operativo. No hay anuncios de nuevos programas ni cifras extraordinarias, pero sí una puesta en escena que busca mostrar continuidad y coordinación.

Al respecto, la directora de la escuela, Úrsula Salapata, comentó que “hoy es un día de fiesta en esta institución porque recibimos a las autoridades que, gracias a su gestión, nos permiten disfrutar de un edificio que ha sido objeto de una refacción integral tras 81 años, así como de la ampliación de talleres, laboratorio, biblioteca y cocina”.

“Con las refacciones ahora se respira un ambiente positivo y alegre. Los chicos están cómodos y ahora disponen de instalaciones adecuadas para los talleres que realizamos, como alimentación nutricional y ajedrez. En definitiva, tenemos el espacio que tanto necesitábamos. Y esto es clave porque, desde hace unos años, venimos desarrollando un proyecto de educación emocional que requiere de un ámbito apropiado para llevarlo a cabo”, comentó.

En detalle, la institución fue fundada en 1944 por colonos que integraron la primera comisión de fomento del municipio y cuenta con 81 años de trayectoria. Desde 2015 funciona con modalidad de jornada extendida y forma parte del Plan Quinquenal. El establecimiento cuenta con una matrícula de 160 estudiantes, en su mayoría provenientes de zonas rurales y barrios cercanos. Actualmente desarrolla talleres áulicos y espacios de áreas especiales enfocados en educación emocional, Diseño Universal para el Aprendizaje, innovación y educación disruptiva.

Correlación de fuerzas y lectura estratégica

El movimiento deja varias lecturas. Para el Gobierno de Misiones, implica capitalizar un activo propio —la innovación educativa— y proyectarlo en clave federal. La posibilidad de que el modelo sea replicado en otras provincias amplifica ese posicionamiento.

Para Nación, la visita permite apropiarse de experiencias concretas sin necesidad de diseñarlas desde cero. En un contexto donde la gestión de políticas sociales y educativas está bajo revisión, identificar casos “exitosos” en territorio provincial puede funcionar como atajo político.

Al mismo tiempo, la presencia conjunta en una obra financiada con recursos nacionales refuerza una narrativa de cooperación que no siempre predomina en la relación Nación-provincias. La escena no elimina tensiones estructurales, pero introduce un canal de interlocución basado en resultados.

Un vínculo en evolución

Más allá de la agenda puntual, la jornada deja abierta una dimensión más amplia: el rol que pueden jugar las provincias en la redefinición de políticas públicas nacionales. Misiones no solo muestra infraestructura y programas, sino una identidad educativa propia, asociada a la innovación y la tecnología.

La pregunta que queda flotando es si este tipo de experiencias derivará en políticas sistemáticas o si quedará como casos aislados dentro de un esquema más fragmentado. También, qué grado de continuidad tendrá la articulación entre Nación y provincia en un área sensible como la educación.

Por ahora, el Gobierno provincial logra instalar su modelo en la conversación nacional y la cartera de Capital Humano toma nota. Lo que ocurra en las próximas semanas —si hay avances concretos hacia la replicación o nuevas instancias de cooperación— marcará si esta visita fue el inicio de una agenda compartida o simplemente una señal política en un tablero todavía en movimiento.

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Construcción: el costo subió 1,9% en febrero y acumula 24,5% interanual, con presión salarial y tarifaria

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El costo de la construcción volvió a moverse por encima de la inflación núcleo en febrero y dejó una señal política y económica que el Gobierno no puede ignorar: según el INDEC, el índice subió 1,9% mensual y 24,5% interanual en el Gran Buenos Aires. El dato, difundido el 17 de marzo de 2026, combina dos vectores sensibles —salarios y tarifas— y reabre una pregunta de fondo: ¿la desaceleración inflacionaria puede sostenerse sin tensionar costos estructurales en sectores intensivos como la construcción?

La cifra no es neutra. Llega en un momento donde la obra pública, la inversión privada y la dinámica del empleo en la construcción funcionan como termómetro de gobernabilidad económica. Y donde cada variación de costos impacta directamente en contratos, presupuestos y decisiones de inversión.

Salarios, tarifas y costos: el triángulo que explica la suba

El aumento del índice no responde a un único factor. Según el informe oficial , el alza de febrero se explicó por incrementos de 1,5% en materiales, 1,6% en mano de obra y un salto más marcado de 4,4% en gastos generales.

Detrás de esos números hay decisiones concretas. Por un lado, la suba en mano de obra refleja el impacto del acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina firmado el 12 de enero y homologado días después, que comenzó a regir en febrero. No se trata solo de una recomposición salarial: el ajuste también incluye asignaciones extraordinarias que se trasladan de forma directa al costo de cada obra.

Por otro lado, los gastos generales incorporan actualizaciones tarifarias en servicios clave. El informe detalla que se trasladaron los nuevos cuadros eléctricos aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad para distribuidoras como Edenor y Edesur, junto con ajustes en agua y cloacas autorizados por la Secretaría de Obras Públicas.

En paralelo, algunos insumos mostraron aumentos puntuales relevantes: maderas (4,5%), metales como cobre y plomo (4,2%) y vidrios (4,0%). La dispersión en los materiales —con bajas en rubros como ascensores (-1,6%)— muestra que el fenómeno no es homogéneo, pero sí consistente.

Un índice técnico con impacto político

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) mide la evolución de los costos en viviendas en el Gran Buenos Aires, sin incluir el valor del terreno ni impuestos como el IVA. Sin embargo, su influencia excede lo estadístico.

El dato funciona como referencia directa para la actualización de contratos de obra pública —en el marco del Decreto 1.295/02— y como señal para desarrolladores privados. Cada variación mensual redefine presupuestos, licitaciones y márgenes.

En ese contexto, la combinación de salarios en alza y tarifas actualizadas introduce un componente de rigidez en los costos. A diferencia de los precios de algunos materiales, estos factores tienen menor elasticidad a la baja en el corto plazo.

Correlación de fuerzas: sindicatos firmes y costos que condicionan

El dato también deja una lectura política sobre la mesa. El traslado del acuerdo salarial de la UOCRA al índice confirma la capacidad del sector sindical para sostener recomposiciones en un contexto de ajuste más amplio.

Al mismo tiempo, la incidencia de tarifas reguladas muestra que las decisiones del Gobierno en materia de precios relativos —particularmente energía y servicios— tienen impacto inmediato en sectores productivos.

Para el oficialismo, el desafío es doble: contener la inflación sin desarticular la actividad en un rubro que genera empleo y dinamiza economías regionales. Para el sector privado, el escenario obliga a recalcular costos y márgenes en proyectos que ya venían ajustados.

Señales mixtas hacia adelante

El comportamiento del índice en febrero no marca un quiebre, pero sí consolida una tendencia: los costos de la construcción siguen creciendo, aunque con una dinámica más moderada que en períodos anteriores.

La clave estará en observar cómo evolucionan dos variables sensibles en los próximos meses: las paritarias del sector y el sendero de tarifas. También será relevante seguir la dispersión en materiales, que podría amortiguar o amplificar futuras subas.

En un escenario donde la política económica busca anclar expectativas, el ICC se mantiene como un indicador incómodo: no define la inflación, pero sí expone sus tensiones más estructurales.

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