Según una encuesta de D’Alessio IROL/Berensztein, el 59% de los consultados estiman que hable de la obra pública y el 50% piensa que se referirá a los hechos de corrupción del kirchnerismo, temas considerados menores por los encuestados. Además que proyectos impulsará este año Cambiemos.
Como hace el presidente de turno cada 1° de marzo, Mauricio Macri inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso en el que repasará los problemas que el Gobierno considera más significativos para la Argentina y divulgará las soluciones que se proponen desde la Casa Rosada. No obstante, la mayoría de los argentinos no cree que vaya a tocar los temas que más relevancia tienen para ellos.
Según una encuesta realizada por la consultora D’Alessio IROL/Berensztein, Macri enfocará su discurso en temas secundarios y no recorrerá los aspectos que los consultados consideran prioritarios, tales como la actividad económica, la educación, la inflación, los impuestos y el déficit fiscal.
En cambio, la mayoría cree que hará hincapié en temas “favorables” para el Gobierno, tal como el crecimiento de la obra pública durante el año pasado y los hechos de corrupción durante el kircnerismo, temas percibidos como de menor importancia.
Apenas el 30 por ciento de los encuestados piensa que Macri hablará de la inflación, tema prioritario para el 77%; el 32% cree que disertará sobre educación, aspecto crucial para el 64%; el 36% prevé que señale los lineamientos de la economía de este año, importantes para el 64%, y el 23% considera que se referirá a la presión impositiva, que es un punto clave para el 55%.
Además, sólo el 11% vaticinó que Macri mencionará las sospechas de corrupción.
En cambio, el 59% de los 1408 encuestados durante febrero apunta que el Presidente se referirá a la obra pública, cuando es un tema central sólo para el 34%; el 50% cree que hablará de los hechos de corrupción que tuvieron lugar durante el kirchnerismo, aspecto central para apenas el 24%, y el 32% prevé que inste a la consolidación de un “pacto de gobernabilidad”, cuando el 28% lo considera necesario.
Cuáles son los proyectos de ley que impulsará el Gobierno en el Congreso este año
La reforma del mercado de capitales es uno de los requisitos que la OCDE puso para el ingreso de la Argentina, mientras que la modernización del Estado que iba a sancionarse por decreto deberá ser aprobada en ambas cámaras. Además, debate por aborto y desafuero de Cristina Kirchner.
Este año el Gobierno buscará imprimirle celeridad a los tres proyectos sobre modernización del Estado y a la reforma del mercado de capitales en la apertura del año parlamentario, una vez que el presidente Mauricio Macri inaugure el período de sesiones ordinarias del Congreso.
El oficialismo también aceptó incorporar a la agenda legislativa un amplio debate sobre la despenalización del aborto, pero planteará la necesidad de incluir asistencia a las mujeres más humildes, agilización de las adopciones y campañas de prevención, informaron fuentes parlamentarias.
La agenda que priorizará el Gobierno sumará una nueva ley de ética pública en la Cámara de Diputados y la ley de Defensa de la Competencia, en el Senado, ya que cuenta con media sanción de la Cámara baja. Estas dos propuestas del Poder Ejecutivo fracasaron el año pasado en los debates en comisión debido a desacuerdos con el peronismo.
Más adelante, Cambiemos intentará retomar con modificaciones son las reformas laboral y electoral, aunque el oficialismo avisó que no avanzará sin consensos con el bloque peronista Argentina Federal.
Y esta semana otro tema se instaló en el calendario legislativo: el debate de la prestación del servicio público de salud y la educación universitaria para extranjeros no residentes. Diputados del oficialismo presentaron un proyecto que busca un acuerdo de “reciprocidad” bilateral con Bolivia, pero la iniciativa podría obligar a los inmigrantes que no vivan en la Argentina a pagar un arancel.
La reforma para entrar a la OCDE
En el Senado, el Gobierno buscará convertir en ley el proyecto de reforma a la Ley de Mercado de Capitales que propone nuevas herramientas para financiar a las pymes, como la emisión de facturas de crédito que podrán ser vendidas en los bancos o mercados de capitales y apuntalar el mercado de hipotecas.
“El objetivo es poder dictaminar en no más de 30 días sobre esta iniciativa que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados”, adelantó el presidente del bloque de senadores de PRO, Humberto Schiavoni, en declaraciones a la agencia Télam.
Esta ley es prioritaria para el gobierno de Mauricio Macri debido a que es uno de los requisitos que impone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para aceptar el pedido de Argentina de ser miembro pleno de la institución, que nuclea a los 35 países que representan el 60 por ciento del PBI mundial.
La agenda de la Cámara alta incluirá también la discusión sobre la Ley de Defensa de la Competencia que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y que crea una autoridad nacional para combatir situaciones de abuso de posición dominante de mercado.
El pedido de desafuero de la senadora y expresidenta Cristina Kirchner será otro de los temas que el interbloque de Cambiemos en el Senado, al mando del radical Luis Naidenoff, ya adelantó que pretenderá discutir como prioritario en la comisión de Asuntos Constitucionales.
La presidencia de esta comisión quedó en manos del peronismo que conduce Miguel Pichetto y que responde a los gobernadores del PJ, y el rionegrino ya avisó que no avalará el desafuero de Cristina del mismo modo que no avaló en su momento el del también senador y expresidente Carlos Menem.
El mega DNU, fraccionado
En la Cámara de Diputados, entre los primeros temas en la agenda que impulsará Cambiemos están los tres proyectos de modernización y desburocratización del Estado en los que se desglosó el polémico mega DNU firmado en enero pasado.
Se trata de tres iniciativas que plantean la “simplificación y desburocratización” para el desarrollo de la infraestructura, de la Administración Pública Nacional y para el desarrollo productivo de la Nación.
Después de la controversia que generó en la oposición, especialmente por disposiciones que se adoptaban sobre las cuentas sueldos y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, el Gobierno dispuso el desdoblamiento del DNU y ratificó su voluntad de avanzar en su aprobación mediante la búsqueda de consensos.
La intención del oficialismo es comenzar a debatir los proyectos en las comisiones en la primera semana de marzo para poder aprobar en el recinto de sesiones en la última quincena de este mes, en la cual también se aguarda el primer informe del jefe de Gabinete, Marcos Peña.
A esas tres normas, se sumará el debate impulsado por la Oficina Anticorrupción de una nueva Ley de Ética Pública y temas penales que quedaron pendientes del año pasado, aunque para eso aguardarán que el gobierno envíe el nuevo régimen penal juvenil y la modificación del Código Penal.
En una reunión de coordinación legislativa que se realizó el pasado jueves en la Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y las principales espadas del frente Cambiemos en el Parlamento se acordó además no obstaculizar eventuales debates que la oposición intente abrir sobre la despenalización del aborto.
Si bien Cambiemos se declaró dispuesto a abrir en la Cámara de Diputados una discusión sobre el tema, rechazará una propuesta para debatir la iniciativa sobre tablas en una sesión especial del 8 de marzo, ya que sostiene que el controvertido proyecto requiere de un amplio y serio tratamiento en las comisiones parlamentarias.
Extranjeros no residentes y el servicio de salud
El último tema que se inscribió en la agenda legislativa del Gobierno gira en torno a la prestación del servicio de salud pública a extranjeros que no residan en Argentina, que surgió como iniciativa del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, la cual fue respaldada por Peña.
La iniciativa se discutirá en el Congreso luego de que un grupo de diputados de Cambiemos presentara un proyecto de ley que abre las puertas a que el Estado pueda cobrar tanto por la salud como por la educación a los inmigrantes que no sean residentes permanentes.
El proyecto, según explicaron sus impulsores, exige “reciprocidad en la gratuidad de la educación y salud”. La intención es que la Argentina pueda o bien cobrarles a sus países de origen o, en última instancia, a los propios extranjeros en los casos en los que esos países no ofrezcan atención médica o educación gratuita a los argentinos.
La iniciativa es del diputado Luis Petri, quien la presentó junto a los diputados de Cambiemos Waldo Wolff, Eduardo Amadeo, Facundo Suárez Lastra, Julián Dindart, David Schlereth, Gustavo Menna, José Carlos Núñez, Martín Hernández y Estela Regidor, entre otros.
