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Maduro asumió, la OEA pide nuevas elecciones y Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Venezuela

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Juró Nicolás Maduro e inicia segundo mandato en Venezuela. La Unión Europea, EEUU y el Grupo de Lima desconocieron su reelección en los comicios del pasado 20 de mayo. El caso más extremo es el de Paraguay que cierra su embajada y rompe relaciones diplomáticas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró este jueves e inició su segundo período de seis años, considerado ilegítimo por gran parte de la comunidad internacional, con un país en ruina y cada vez más aislado.
Mientras Maduro asumía la presidencia de Venezuela, Macri lo tildó de dictador. A través de su cuenta de Twitter, Macri dijo que el venezolano “se burla de la democracia”.


En sesión extraordinaria, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este jueves una resolución en la que desconoce la legitimidad del mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro – quien se juramentó hoy ante el servil Supremo de ese país- y exige al país realizar unas nuevas elecciones con observación internacional.
Antigua y Barbudas, Barbados, Belice y México fueron algunos de los países que se abstuvieron de votar. No obstante, la resolución fue aprobada con 19 votos que declara “ilegítimo régimen de Nicolás Maduro“, mientras 8 naciones se abstuvieron.
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA fue solicitada por las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú.
La delegación venezolana, liderada por el embajador Samuel Moncada, rechazó la celebración de la reunión del Consejo Permanente de la OEA como un “acto hostil e inamistoso” y anticipó que no reconocerá “ninguna decisión que pudiera adoptarse”.


Maduro, de 56 años, juró ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no en el Congreso, único poder no oficialista, y criticó a los “países de la región que son satélites de Estados Unidos” y dijo que “nada justifica la agresión contra Venezuela”.
“Nada justifica la agresión contra Venezuela. Somos víctimas de una guerra económica. El cartel de Lima sacó un comunicado ofensivo y violatorio del derecho internacional son grupos de gobierno de derecha que pretenden darnos órdenes de lo que debemos hacer y actúan de manera grosera contra nuestro país”, agregó.
Desafió ademas a los países del grupo de Lima a una cumbre de presidentes, pero aseguró que “tienen miedo de vernos cara a cara y escuchar nuestra verdad”.


La Unión Europea (UE), Estados Unidos y el Grupo de Lima -de 14 países-, desconocieron la reelección de Maduro en los comicios del pasado 20 de mayo, adelantados por la oficialista Asamblea Constituyente y boicoteados por la oposición, que los consideró un fraude.
La desesperanza y resignación se palpan en muchos venezolanos, asfixiados por la peor crisis que haya sufrido en su historia moderna el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Además de la escasez de comida y medicinas, los venezolanos lidian con una una hiperinflación que según el FMI alcanzará 10.000.000% en 2019.
En lo que considera la migración más masiva de América Latina en décadas, la ONU calcula que 2,3 millones de venezolanos salieron del país desde 2015 y estima que esa cifra subirá a 5,3 millones en 2019. Durante el gobierno de Maduro, la economía se redujo a la mitad y se contraerá 5% en 2019, según el FMI; además, el país y su petrolera cayeron en default y la producción de crudo, fuente de 96% de los ingresos, se redujo a 1,4 millones de barriles diarios, la más baja en 30 años.
Previo a la investidura, el Legislativo, que celebró el comunicado del Grupo de Lima, lo declaró “usurpador”, se proclamó como único poder legítimo y anunció que impulsará un “gobierno de transición”.

Gobierno paraguayo rompe relaciones diplomáticas con Venezuela


El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, comunicó este jueves el rompimiento de las relaciones diplomáticas de su gobierno con la República Bolivariana de Venezuela, luego de la asunción de Nicolás Maduro a un segundo mandato considerado ilegítimo por el Paraguay.
“El Gobierno de la República del Paraguay, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional, adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, he dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país”, informó el presidente en un pronunciamiento realizado en Palacio de Gobierno.
El presidente argumentó que esta decisión se fundamenta en el no reconocimiento del nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro “por ser el resultado de un proceso electoral ilegítimo”.
Aclaró además que esta decisión no implica el desconocimiento del Paraguay de su compromiso con Venezuela en la deuda por la petrolera estatal Petropar con la venezolana PDVSA, en función al Acuerdo de Caracas de 2004. “Esa deuda, que hoy está en proceso de litigio, va a ser honrada por el Estado paraguayo en forma y en tiempo y ese dinero va a servir para la reconstrucción de la democracia en Venezuela”, dijo Abdo.
El presidente paraguayo realizó igualmente un llamado a los países a que se expresen con hechos concretos en favor del pueblo venezolano afirmando que “no hay consecuencias malas cuando se defienden causas justas” y que “la causa de la libertad, de la democracia, la causa de Venezuela es una causa justa”.
Al pueblo y los líderes opositores del país caribeño el mandatario paraguayo extendió un mensaje de solidaridad al tiempo de lamentar que los recursos naturales legítimos del pueblo venezolano hayan sido utilizados “para tratar de imponer en la región una subordinación ideológica que siempre ha fracasado en la historia del mundo”.
“Ojalá esto nos sirva para reflexionar que los procesos de integración no pueden estar subordinados a proyectos ideológicos. La integración es un camino donde a través de la complementariedad de los intereses los pueblos tienen que trabajar para mejorar la calidad de vida en nuestros países”, añadió Abdo Benítez.
“Que Dios proteja a Venezuela y que bendiga al Paraguay”, concluyó diciendo el presidente paraguayo, rodeado de sus principales colaboradores del Poder Ejecutivo.

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Venezuela anunció que abandonará la OEA

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La canciller, Delcy Rodríguez, anunció este 26/04 que el régimen de Maduro comenzará el proceso para abandonar la Organización de Estados Americanos.

Tras la convocatoria a una reunión de cancilleres para analizar la situación de Venezuela, la canciller, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles 26/04 que el régimen de Nicolás Maduro comenzará el proceso debido para abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA).

“El día de mañana (jueves) presentaremos la carta de denuncia a la OEA e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses”, anunció Rodríguez, en una declaración desde Caracas transmitida por la televisión oficial. “Lo habíamos denunciado y nuestro embajador Samuel Moncada lo recordó en la sesión de la OEA”, señaló la diplomática, al mismo tiempo que aseguró que su país “está librando una batalla por su paz y soberanía”. “Estos países buscan perturbar la paz y la estabilidad del país”, denunció.

Rodríguez tildó de “vergonzosa” la decisión de la OEA y comparó esta situación con la vivida por el régimen cubano en 1962, cuando fue expulsado del organismo. Sanción que fue levantada en 2009. Asimismo, la canciller venezolana apuntó contra los gobiernos de Argentina y México, dos de los países que más hincapié hicieron en la crítica situación que atraviesa el país caribeño.

La OEA aprobó este miércoles la convocatoria de una reunión de cancilleres para abordar la crisis política de Venezuela con 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia. Votaron a favor: Guyana, Bahamas, Santa Lucía, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Los 10 países que votaron en contra fueron: Venezuela, Antigua y Barbuda, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Haití, Nicaragua, Saint Kitt y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Suriname. Se abstuvieron Belice, El Salvador, República Dominicana y Trinidad y Tobago, mientras que hubo una ausencia, la de Granada. Para llevar a cabo el abandono de la OEA, esto recién se podrá hacer efectivo en dos años. Previo a ello, el gobierno venezolano deberá pagar una deuda con el organismo de US$8,7 millones.

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Cuando las instituciones se prenden fuego

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La crisis política-institucional en América del Sur inició un nuevo capítulo la semana pasada cuando estallaron masivas y virulentas protestas sociales en Paraguay y Venezuela. Una vez más los principales medios de comunicación del mundo occidental pusieron en duda la calidad democrática de nuestros países, remarcaron la falta de transparencia de las acciones gubernamentales y evidenciaron la vulnerabilidad institucional de nuestras repúblicas. Sin embargo, esta nueva oleada de crisis demostró algo más, la fragilidad institucional, los valores anti-democráticos y el abuso de poder no son exclusivos de los Estados suramericanos, también se convirtieron en faltas de los organismos de integración y seguridad regional.
El accionar de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del MERCOSUR como respuesta a los sucesos ocurridos en Venezuela y Paraguay, como organismos regionales que salvaguardan el orden democrático de sus países miembros, dejó en claro que violentar algún poder del Estado no siempre es una ofensa digna de sanción o repudio.
Recordemos que tanto la OEA como el MERCOSUR prevén sanciones importantes para los países miembros que no caminen por la senda del respeto a la Democracia o sus instituciones.
Repasemos brevemente cada caso. El día 30 de marzo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano dicta una sentencia donde anuncia que asumirá todas las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional (Poder Legislativo de Venezuela), cuyas actuaciones considera nulas por encontrarse en una situación de desacato a sentencias anteriores del propio tribunal. El TSJ dictaminó el desacato porque la Asamblea incorporó, en agosto del 2016, a tres diputados del estado de Amazonas, cuya elección había sido impugnada poco después de las elecciones legislativas del 2015.
Las respuestas hacia la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y hacia el gobierno de Nicolás Maduro no se hicieron esperar. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó el suceso de “auto golpe” y convocó de forma urgente a una sesión del Consejo Permanente para examinar la situación de la República Bolivariana de Venezuela. En esta reunión el Consejo dictó una resolución donde reconoce la existencia de “alteración institucional del orden democrático” en Venezuela. Además, instó al gobierno a garantizar la separación de poderes, restaurar la autoridad del Parlamento y apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático, dejando abierta la posibilidad de convocar a una reunión de ministros para analizar sanciones contra aquel país. En este punto se debe remarcar que el Consejo Permanente violó el procedimiento que prevé la Carta Democrática para determinar una “alteración grave al orden constitucional”, dado que explícitamente este documento requiere la firma de 18 Estados miembros, y esta resolución solo logró juntar 14 firmas.
Esto es importante a los efectos de la legitimidad de la resolución, únicamente con esa mayoría de 18 países se puede entender que la resolución emana del Consejo Permanente, y no de un grupo selecto de países.
Con la misma celeridad y urgencia que la OEA, los miembros del MERCOSUR convocaron a una Cumbre extraordinaria de Cancilleres para analizar la posibilidad de aplicar la “cláusula democrática” a Venezuela, que podría significar la suspensión de este país en dicho organismo. El día sábado 1 de abril los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay instaron al gobierno de Venezuela a adoptar medidas concretas, concertadas con la oposición, de acuerdo con la Constitución, para asegurar la separación de poderes.
El mismo día que se convocaba a la Cumbre Extraordinaria por la situación del país bolivariano, en la República del Paraguay estalla una crisis política-institucional que deja como resultado un dirigente opositor muerto, un centenar de heridos, 200 detenidos y el edificio del Congreso en llamas. El viernes 31 de marzo, se aprueba en el Senado paraguayo un proyecto impulsado por el oficialismo para enmendar la Constitución Nacional, que permitiría la re-elección presidencial. Los disturbios se desataron porque el gobierno de Horacio Cartes violentó las garantías institucionales para el correcto procedimiento de sanción: el proyecto fue aprobado durante una sesión a puertas cerradas, a pesar de que constitucionalmente las sesiones deben ser públicas y la sesión fue realizada sin la presencia del titular de la Cámara Alta, Roberto Acevedo. Además, se hizo trascender que Acevedo previo a ser destituido, según la oposición ilegalmente, había retenido la solicitud de aprobación de esta reforma, ya que una enmienda similar había sido tratada en agosto de 2016, y según la Constitución solo puede volver a tratarse en un plazo de un año.
Para sortear este obstáculo, el senador Julio Velázquez se proclamó como presidente del Senado el martes pasado, y en su posición ilegitima, permitió la introducción de las modificaciones al reglamento interno que posibilitaron el tratamiento de la enmienda.
A pesar del enfrentamiento social que produjo esta, por lo menos dudosa, sanción y el pedido insistente de las fuerzas políticas opositoras paraguayas, las respuestas de los organismos regionales a los que pertenece Paraguay todavía no se han conocido.
El secretario general de la OEA se limitó a emitir un comunicado con “un llamado a las fuerzas políticas de Paraguay a la Paz y al respeto de la Democracia”, y agregó que “no es la violencia la forma de resolver los conflictos políticos en Democracia”.
Asimismo, evitó referirse al hecho que provocó el estallido, y no convocó a reuniones del organismo para revisar la situación de ese país, aunque los principales líderes de la oposición solicitaron la intervención de la OEA “ante los atropellos cometidos contra la democracia paraguaya” por el gobierno nacional.
Tampoco el MERCOSUR se pronunció ante estos hechos ni ninguno de sus miembros, situación que suscita algunos interrogantes, dado que en el 2012 Paraguay fue sancionado por sospechas en el funcionamiento del Senado cuando destituyeron de la presidencia a Fernando Lugo.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó de hipócrita al accionar dispar de la OEA en casos tan similares. Afirmación que no parece injustificada si tenemos en cuenta los hechos y la ilegalidad de la resolución de la OEA. Los organismos regionales deberían explicitar los protocolos actuales para realizar la tan peligrosa declaración de que un Estado rompió el orden democrático, teniendo en cuenta las devastadoras consecuencias que podría acarrear.
Entonces, al comparar estos casos se presentan más dudas que certezas, no parece existir una definición clara y acabada de qué acciones gubernamentales violentan las instituciones y provocan rupturas democráticas. ¿O eso depende de la bandera ideológica de la fuerza política gobernante?

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