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Lanzan una nueva licitación offshore en la Cuenca Argentina Norte para acelerar la exploración de hidrocarburos

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia para expandir la frontera energética argentina al instruir la convocatoria a un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, frente a las costas del país. La decisión, oficializada mediante el Decreto 590/2026, busca captar inversiones privadas para profundizar la exploración offshore y ampliar el conocimiento sobre el potencial petrolero de la Plataforma Continental Argentina.

La iniciativa surge a partir de una manifestación de interés presentada por la compañía Challenger Energy Group PLC, que propuso desarrollar tareas exploratorias en un bloque de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional. El área CAN_200 forma parte del esquema de expansión de la exploración costa afuera que el Gobierno considera estratégico para incrementar las reservas de petróleo y gas y diversificar la matriz de producción de hidrocarburos.

El decreto delega en la Secretaría de Energía la organización del proceso licitatorio, la elaboración del pliego de bases y condiciones y, posteriormente, el otorgamiento del permiso de exploración y de una eventual concesión de explotación para el adjudicatario. La convocatoria se realizará bajo los principios de concurrencia y transparencia previstos por la Ley de Hidrocarburos.

La decisión se inscribe en la política oficial de promover inversiones de largo plazo en el sector energético. El Ejecutivo sostiene que la exploración offshore representa una oportunidad para incrementar la producción nacional, generar empleo especializado e incorporar tecnología de punta en actividades sísmicas y perforaciones exploratorias, además de fortalecer el posicionamiento argentino en un mercado global que continúa demandando nuevos recursos energéticos.

El Gobierno fundamenta la medida en el potencial de la Plataforma Continental Argentina, cuyo reconocimiento internacional quedó consolidado tras las recomendaciones emitidas en 2016 por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. Ese proceso incorporó más de 1,78 millones de kilómetros cuadrados de plataforma marítima bajo derechos soberanos argentinos para la exploración y explotación de recursos naturales, ampliando significativamente el horizonte para el desarrollo offshore.

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la autorización para incluir en los futuros contratos cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en países adheridos a la Convención de Nueva York de 1958. La incorporación de este mecanismo apunta a ofrecer mayores garantías jurídicas a los inversores internacionales, una demanda habitual de la industria en proyectos de elevada intensidad de capital y largos períodos de recuperación.

No obstante, el decreto establece expresamente que esa prórroga no implica una renuncia de la República Argentina a la inmunidad de ejecución sobre bienes considerados estratégicos. Entre ellos figuran las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, la infraestructura destinada a servicios públicos esenciales, los activos diplomáticos y consulares, el patrimonio cultural, los bienes militares y los derechos del Estado para percibir impuestos y regalías.

En materia económica, el esquema también define que quienes obtengan una eventual concesión de explotación deberán abonar regalías sobre la producción conforme a la legislación vigente. Será la Secretaría de Energía la encargada de reglamentar la metodología de cálculo e incorporar esas condiciones al pliego licitatorio.

La convocatoria representa una nueva etapa en la apertura del mercado hidrocarburífero argentino. Tras las rondas offshore iniciadas en 2018, el Ejecutivo busca revitalizar el interés de operadores internacionales en un contexto de creciente competencia global por capitales destinados a exploración. Para el Gobierno, el desarrollo de nuevas cuencas marítimas complementa el crecimiento de Vaca Muerta y constituye una apuesta de mediano y largo plazo para ampliar las exportaciones energéticas y consolidar al sector como uno de los principales generadores de divisas de la economía argentina.

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Shell y QP se retiran de CAN_107 y el Gobierno recupera un bloque offshore

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El Gobierno nacional decidió dar por terminado el permiso de exploración hidrocarburífera en el área offshore CAN_107 y recuperar su control directo, tras la renuncia de las empresas adjudicatarias. La medida quedó formalizada el 18 de marzo de 2026 a través de la Resolución 73/2026 de la Secretaría de Energía, que declara extinguida la concesión otorgada en 2019 a SHELL ARGENTINA S.A. y QP OIL AND GAS S.A.U.

El dato central no es solo administrativo. La decisión implica que el Estado vuelve a tener disponibilidad plena sobre un bloque adjudicado en la primera ronda offshore, luego de que las compañías resolvieran no avanzar al segundo período exploratorio. En un contexto donde la política energética busca maximizar renta y actividad, la salida abre una incógnita: ¿se trata de una retirada puntual o de una señal más amplia sobre los riesgos y tiempos del offshore argentino?

De la adjudicación al repliegue: un ciclo completo en CAN_107

El área CAN_107 forma parte del paquete de bloques licitados en el marco del Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1 (Ronda 1), convocado en 2018 bajo el régimen de la Ley 17.319. En 2019, el Gobierno adjudicó ese bloque a un consorcio integrado por SHELL ARGENTINA y QP OIL AND GAS.

Desde entonces, el proyecto atravesó distintas etapas. El primer período exploratorio fue extendido en dos oportunidades: primero por dos años en 2022 y luego por doce meses en 2025. Esa secuencia ya reflejaba que los plazos originales no alcanzaban para completar las tareas previstas.

Finalmente, el 4 de diciembre de 2025, las empresas notificaron su decisión de no avanzar al segundo período exploratorio y renunciar al permiso. La Secretaría de Energía evaluó el cumplimiento de las obligaciones asumidas y confirmó que: Se realizaron la totalidad de las inversiones comprometidas. Se abonó el canon de exploración 2025 por $383.036.825,91. Y no se registraron observaciones ambientales

Con esos elementos, el Gobierno aplicó los artículos 81 y 85 de la Ley 17.319, que habilitan la extinción del permiso y la reversión del área al Estado.

Un retiro ordenado, pero con impacto en la política energética

La resolución describe un proceso sin incumplimientos. No hubo sanción ni conflicto contractual: las empresas cumplieron con sus compromisos y decidieron no continuar.

Sin embargo, el dato político es otro. CAN_107 era parte del núcleo de la estrategia offshore lanzada en 2018, que buscaba posicionar a la Argentina en la exploración en aguas profundas.

La salida de dos actores relevantes del proyecto —tras completar la primera fase— introduce una señal que no pasa desapercibida: el desarrollo offshore sigue enfrentando incertidumbres operativas, económicas o estratégicas que condicionan las decisiones de inversión.

Al mismo tiempo, el Estado recupera un activo que puede volver a licitar, reasignar o mantener bajo evaluación. Esa capacidad de decisión reabre el juego, pero también obliga a redefinir los próximos pasos.

Reconfiguración de actores y margen de decisión estatal

La reversión del área CAN_107 fortalece la posición del Estado en un punto específico del mapa energético: recupera control directo sin conflicto y con cumplimiento previo de obligaciones por parte de los privados.

En términos institucionales, la Secretaría de Energía reafirma su rol como autoridad de aplicación, ejecutando el marco previsto en la ley de hidrocarburos y cerrando el ciclo administrativo del permiso.

Pero la salida también reordena el tablero. Sin adjudicatarios en ese bloque, el Gobierno queda frente a varias alternativas: Relanzar el área en futuras rondas offshore. Redefinir condiciones de exploración. Y reconfigurar el esquema de incentivos

Cada opción tiene implicancias distintas en términos de atracción de inversiones, tiempos de desarrollo y perfil del sector.

Un punto de inflexión en el offshore argentino

El caso CAN_107 no es aislado dentro de la dinámica de proyectos exploratorios, donde es habitual que las empresas evalúen resultados antes de avanzar a etapas más costosas. Pero sí funciona como un indicador.

La política energética argentina, según la Ley 17.319 y la Ley 26.741, busca maximizar la renta de los recursos y garantizar el abastecimiento. En ese equilibrio, el offshore aparece como una apuesta de largo plazo, con altos niveles de inversión y riesgo.

La decisión de las empresas de no continuar —pese a haber cumplido con las obligaciones— sugiere que ese equilibrio todavía está en construcción.

Mientras tanto, el Gobierno recupera el área y mantiene la potestad de decidir su destino. Lo que ocurra con CAN_107 en los próximos meses será una señal relevante para el mercado: no solo por el activo en sí, sino por lo que refleje sobre las condiciones reales del offshore argentino.

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