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Renunció un funcionario clave de Caputo tras admitir bienes no declarados en el exterior

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El ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó la renuncia de uno de los funcionarios más cercanos de su equipo: Carlos María Frugoni, quien dejó su cargo tras admitir irregularidades en su declaración patrimonial.

Frugoni se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura, un área estratégica que articula sectores clave como transporte y obra pública. Su salida se produce luego de reconocer la existencia de siete propiedades en Miami que no habían sido declaradas, junto con al menos dos sociedades comerciales vinculadas a esos activos, sin documentación presentada ante organismos de control como la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

El ahora exfuncionario calificó la omisión como “un error”, pero su situación derivó en denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en la declaración de bienes, lo que aceleró su salida en medio de creciente presión pública y judicial.

Tras la renuncia, el Gobierno designó en su reemplazo a Fernando Herrmann, quien se desempeñaba como secretario de Transporte. A su vez, ese cargo será ocupado por el subsecretario Mariano Plencovich, en un contexto marcado por tensiones aún no resueltas en el sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La Secretaría de Infraestructura es un nodo clave dentro del esquema económico del Gobierno, ya que bajo su órbita operan áreas directamente vinculadas al ajuste fiscal, como la obra pública —afectada por la paralización de proyectos— y el transporte, donde la reducción de subsidios impacta de forma directa en las tarifas.

Patrimonio en el exterior y sociedades no declaradas

Según trascendió, Frugoni habría utilizado sociedades constituidas en Estados Unidos —Genova LLC y Waki LLC, registradas en el estado de Delaware— como vehículo para la adquisición y administración de propiedades en Florida entre 2020 y 2022. Los inmuebles tendrían valores estimados entre 140.000 y 310.000 dólares cada uno.

La falta de declaración de estos activos ante los organismos correspondientes encendió las alertas en el sistema de control patrimonial, en un contexto donde la transparencia de los funcionarios se encuentra bajo fuerte escrutinio.

Trayectoria y antecedentes

Antes de asumir en Infraestructura, Frugoni había sido titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y previamente ocupó cargos relevantes en la gestión porteña, incluyendo la presidencia de Autopistas Urbanas.

Durante su paso por la administración de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo vinculado a procesos de adjudicación de obras de gran escala, como el Paseo del Bajo, cuya licitación fue objeto de cuestionamientos judiciales por modificaciones en criterios y plazos.

También se registraron controversias en torno a la cesión de terrenos vinculados al predio del KDT, en operaciones que involucraron a empresas con vínculos en el sector privado.

La salida de Frugoni se da en un escenario de creciente sensibilidad política en torno a casos de integridad pública dentro de la administración nacional. Desde el Gobierno sostienen que la renuncia fue solicitada para preservar estándares institucionales, mientras que fuentes cercanas al exfuncionario indican que recibió asesoramiento para regularizar su situación, lo que incluyó su salida del cargo.

El episodio vuelve a poner en el centro del debate la relación entre gestión pública, transparencia y control patrimonial, en un momento donde el oficialismo enfrenta tensiones tanto en el plano económico como político.

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Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo a la discusión sobre la evolución de su patrimonio: hipotecó el departamento donde residía previamente en la ciudad de Buenos Aires y obtuvo un préstamo de 100.000 dólares, según registros oficiales.

La operación fue instrumentada el 15 de noviembre de 2024, una fecha que no pasa desapercibida: ese mismo día, su esposa, Bettina Angeletti, figura como compradora de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La simultaneidad de ambas operaciones introduce un dato clave para reconstruir la dinámica financiera del funcionario.

El crédito fue otorgado por dos personas físicas: Graciela Isabel Molina de Cancio —quien habría aportado 85.000 dólares— y Victoria María José Cancio, con 15.000 dólares. Ambas figuran como acreedoras en la estructura de financiamiento del matrimonio.

No se trata de la única carga sobre el inmueble. El departamento ubicado en Asamblea al 1100, frente al Parque Chacabuco, ya contaba con una hipoteca previa por 75.000 dólares, inscripta en 2014 a favor de la vendedora original. Es decir, el activo presenta doble gravamen, un dato relevante al analizar la consistencia patrimonial.

En su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni reconoció deudas con ambas acreedoras, aunque por montos significativamente menores en términos nominales: 43,86 millones de pesos con Molina de Cancio y 7,74 millones con Cancio. La brecha entre los valores declarados y el monto total del crédito hipotecario abre interrogantes sobre la valuación y el registro de las obligaciones.

La figura de Molina de Cancio tampoco es menor: se trata de una comisaria retirada de la Policía Federal, que hasta 2021 se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.

La operatoria se conoce en un contexto de creciente escrutinio judicial. El fiscal Gerardo Pollicita, que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, citó como testigo a la escribana interviniente en estas operaciones, Adriana Mónica Nechevenko, quien además participó en la compra de otras propiedades del funcionario.

La fiscalía solicitó la documentación completa de las transacciones, lo que permitirá reconstruir los flujos de pago, las condiciones de los créditos y la estructura de garantías.

El caso se inscribe en una secuencia más amplia. Días atrás trascendió que Adorni adquirió en 2025 un departamento en Caballito de aproximadamente 200 metros cuadrados, financiado en gran parte —cerca del 90%— mediante un préstamo de 200.000 dólares otorgado por las vendedoras del inmueble.

A esto se suma la incorporación de una vivienda en un country y la compra de una camioneta Jeep Compass en marzo de 2024, pocos meses después de asumir como vocero presidencial.

En conjunto, las operaciones delinean un esquema de financiamiento basado en créditos privados garantizados con hipotecas, que creció en paralelo a su paso por la función pública y que hoy se encuentra bajo análisis judicial.

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