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Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por medio millón de dólares

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El tuiter del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el 26 de diciembre del año pasado, cobra ahora una dimensión distinta. Acosado por el escándalo de la investigación por enriquecimiento ilícito, el funcionario mileísta presentó sus declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en las que incorporó activos que hasta ahora no figuraban en sus registros oficiales. Entre ellos sobresalen más de 500.000 dólares atribuidos a operaciones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.

La presentación se produjo después de varias semanas de cuestionamientos públicos sobre la evolución de su patrimonio y en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Según la reconstrucción presentada por el funcionario, él y su esposa habrían invertido alrededor de 200.000 dólares en criptomonedas y, tras distintas operaciones realizadas durante varios años, ese capital se habría valorizado hasta alcanzar aproximadamente 513.000 dólares.

La explicación oficial sostiene que las operaciones pueden ser verificadas mediante registros de ocho billeteras virtuales utilizadas por el matrimonio durante ese período. Sin embargo, la revelación generó interrogantes políticos y judiciales debido a que esos activos no habían sido incluidos en declaraciones anteriores.

En una entrevista televisiva posterior a la presentación, Adorni reconoció que mantuvo durante años ahorros no declarados. “Esto era un ahorro nuestro en negro”, afirmó, al tiempo que atribuyó la omisión a un error que habría arrastrado en sucesivas presentaciones patrimoniales. También sostuvo que regularizará su situación fiscal y abonará los impuestos, intereses y sanciones que correspondan.

“Pensé en renunciar”, dijo Adorni en una nota que le hicieron este miércoles en LN+. “Pero sí yo renunciaba siendo un tipo honesto, después iban a ir por otros”, dijo el ex vocero, que admitió que ahorró 25 años en negro y confirmó de esa manera que, aún siendo funcionario, evadió impuestos.

Pero no sólo admitió ser evasor, sino que implícitamente reveló que mintió ante el Congreso cuando afirmó: “Respecto de todos los bienes que componen mi patrimonio no existió nunca ocultación alguna”, afirmó.

“Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error”, prometió como si fuera algo optativo. El jefe de Gabinete negó además ser un “chorro”.

 La nueva estrategia tiene sentido, si se considera que es preferible una investigación por evasión que por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Justicia deberá continuar su recorrido y analizar las denuncias por presunta corrupción, viajes al exterior y, contra su esposa, por supuestos contratos irregulares con el Estado. 

Las rectificaciones no se limitaron a las tenencias en criptomonedas. La documentación incorporó además bienes heredados tras el fallecimiento de su padre, incluyendo un inmueble en La Plata y un terreno en Daireaux, operaciones que, según la reconstrucción patrimonial, le reportaron ingresos por unos 79.000 dólares.

La revisión también alcanzó adquisiciones inmobiliarias realizadas durante su paso por la función pública. Entre ellas figura una vivienda en el country Indio Cuá, adquirida en 2025, y un departamento en el barrio porteño de Caballito, operación que se encuentra bajo análisis judicial. Sobre este último caso, Adorni afirmó que se trató de una transacción realizada con un amigo y negó la existencia de maniobras irregulares.

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la contradicción entre estas nuevas declaraciones y las manifestaciones realizadas por el propio funcionario ante el Congreso a fines de abril, cuando aseguró que no había existido ocultamiento patrimonial. Las modificaciones introducidas ahora reabrieron cuestionamientos sobre la consistencia de sus declaraciones previas y el alcance de las omisiones reconocidas.

Desde el entorno del jefe de Gabinete sostienen que la revisión demuestra que el patrimonio familiar tiene origen previo a su ingreso al Gobierno nacional y que las inconsistencias detectadas responden a errores de registración y no a ingresos obtenidos durante la función pública.

La presentación ante la Oficina Anticorrupción y ARCA no cierra, sin embargo, el frente judicial. La documentación pasará a integrar el expediente que analiza la evolución patrimonial del funcionario, mientras la Justicia deberá determinar si las rectificaciones alcanzan para justificar el origen y la evolución de los bienes declarados o si persisten elementos que ameriten profundizar la investigación.

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Bajo la lupa judicial, Adorni se sumó al régimen de Inocencia Fiscal

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La adhesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Régimen Simplificado de Ganancias volvió a poner en el centro de la escena a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una de las herramientas tributarias impulsadas por el gobierno de Javier Milei para facilitar la regularización fiscal de contribuyentes.

Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Adorni solicitó este miércoles su incorporación al esquema simplificado para el período fiscal 2025. El trámite se concretó apenas diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, realizara el mismo procedimiento.

La decisión adquiere relevancia política porque ocurre en momentos en que la situación patrimonial del funcionario es observada por la Justicia Federal. Además, se produce antes de la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.

Qué implica el régimen simplificado

El Régimen Simplificado de Ganancias fue incorporado por la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal.

El mecanismo permite presentar declaraciones juradas con menos exigencias formales y simplifica la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador.

Su principal atractivo es el denominado “tapón fiscal”. Se trata de una presunción de exactitud sobre las declaraciones presentadas bajo este esquema.

En la práctica, el beneficio limita futuras revisiones sobre períodos fiscales anteriores, siempre que la información declarada resulte consistente y no existan diferencias relevantes detectadas por la administración tributaria.

La adhesión no implica un blanqueo de capitales. Tampoco supone la exteriorización automática de activos no declarados.

Además, el régimen no impide investigaciones por otros delitos. Entre ellos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o corrupción.

La situación de Adorni

Los registros oficiales muestran que Adorni desarrolla actividades económicas desde 2013.

Su actividad principal figura como prestación de servicios personales. También registra actividades vinculadas al asesoramiento empresarial, contabilidad, auditoría y servicios de información.

El funcionario se encontraba inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020. Ahora optó por migrar al esquema simplificado para el ejercicio fiscal 2025.

La decisión generó preguntas sobre las razones del cambio. Distintas fuentes judiciales señalan que el movimiento será analizado junto con otros elementos patrimoniales y fiscales que actualmente forman parte de investigaciones en curso.

Desde el entorno oficial remarcan que se trata de una herramienta legal disponible para cualquier contribuyente que cumpla los requisitos establecidos por la normativa.

Otros funcionarios que ingresaron al régimen

La adhesión de Adorni no es un caso aislado. A partir de registros de ARCA, se estableció que varios funcionarios nacionales también optaron por el esquema simplificado. Entre ellos aparece el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se incorporó en abril.

También figura Felipe Núñez, director del BICE y asesor del Ministerio de Economía.

La nómina incluye además a Santiago Oría, responsable audiovisual de la Presidencia; Aime Ayelén Vázquez, jefa de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete; y el exjefe de Gabinete Guillermo Francos.

También se registró la adhesión de Juan Alberto Pazo, uno de los impulsores de la reglamentación del régimen.

A ellos se sumó recientemente José Luis Espert, eyectado del oficialismo en medio del escándalo por financiamiento narco, quien realizó el trámite un día antes que Adorni.

Transparencia y costo político

El caso de Adorni tiene una dimensión política adicional. Como principal vocero del Gobierno durante gran parte de la gestión y actual jefe de Gabinete, fue una de las figuras encargadas de defender el discurso oficial de transparencia, austeridad fiscal y control del gasto público.

Por eso, su incorporación al régimen simplificado genera debate político. Mientras el oficialismo sostiene que se trata de una herramienta legal y abierta a todos los contribuyentes, sectores críticos señalan que la decisión ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre la evolución patrimonial de funcionarios nacionales.

En los próximos meses, la adhesión será evaluada junto con la documentación fiscal, patrimonial y financiera que distintas áreas del Estado y la Justicia analizan sobre el funcionario y su entorno familiar.

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Cómo quedó la casa del country de Adorni tras las refacciones por USD 245.000

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La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con la difusión de las primeras imágenes de cómo quedó su casa de fin de semana en el country Indio Cuá, tras una reforma integral que demandó una inversión de 245.000 dólares.

Las fotografías y la documentación incorporadas al expediente judicial muestran una transformación total de la propiedad: desde la estructura principal hasta la galería, la cocina, los pisos, la pileta, la parrilla y el mobiliario exterior. Según consta en la causa, la remodelación comenzó en octubre de 2024 y se extendió hasta julio de 2025, cuando Adorni todavía se desempeñaba como vocero presidencial.

El contratista Matías Tabar, quien declaró como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, detalló bajo juramento los trabajos realizados y los montos involucrados.

En una primera etapa, explicó que el encargo incluyó la remodelación de la entrada y el garage, la demolición de la antigua galería y la construcción de una nueva, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior, renovación de puertas, mejoras en la escalera, una nueva parrilla, la modernización completa de la cocina —con nuevas mesadas, isla y desayunador—, además de ajustes de iluminación y otras intervenciones generales.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la intervención en la pileta: fue climatizada, rellenada para reducir su profundidad y revestida con piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. Además, se le agregó una cascada lateral cuyo costo fue de 3.500 dólares.

La parrilla también aparece como uno de los ítems destacados de la obra. Según la declaración del contratista, Adorni pagó 13.800 dólares entre materiales y mano de obra, a lo que se sumaron otros 2.000 dólares por un horno instalado en la galería.

A esto se agregaron cinco pedidos de carpintería por montos significativos: 8.000 dólares en diciembre, 6.400 dólares días después, 19.000 dólares en abril, 7.500 dólares en junio y 3.300 dólares en julio.

Tabar también relató que, con el avance de la obra, Adorni y su esposa Bettina Angeletti solicitaron nuevas “refacciones extra” que se fueron incorporando al presupuesto original. Según su testimonio, el funcionario le delegó la coordinación general de la obra: el contratista pedía presupuestos, los presentaba, recibía el dinero en efectivo y luego realizaba los pagos a proveedores.

El dato más sensible para la causa judicial es la modalidad de pago. Siempre según la declaración testimonial, los desembolsos se realizaron “en negro” y en efectivo: primero 55.000 dólares a fines de 2024 y luego el resto durante 2025 en distintas cuotas de 30.000, 100.000, 30.000 y 50.000 dólares, quedando un saldo pendiente de 20.929 dólares que luego habría sido cancelado.

De acuerdo con la reconstrucción patrimonial realizada en la investigación, el jefe de Gabinete habría gastado al menos 365.000 dólares en propiedades durante los últimos dos años, mientras mantiene deudas inmobiliarias por otros 335.000 dólares, de los cuales 270.000 deberían cancelarse antes de noviembre de este año.

La investigación del fiscal Pollicita apunta precisamente a determinar si ese nivel de gasto resulta compatible con los ingresos y ahorros declarados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción.

Fuentes cercanas al funcionario señalaron que en los próximos días presentaría su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025, documento clave para el avance de la causa.

Mientras tanto, las imágenes de la casa terminada y el detalle de los pagos reavivan el debate político sobre el patrimonio de uno de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei.

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La Justicia investiga entre 15 y 19 viajes de Manuel Adorni como funcionario y pedirá más pruebas

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La investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con el ingreso a la fiscalía de un listado que registra entre 15 y 19 viajes realizados desde 2023 hasta la actualidad. El fiscal Gerardo Pollicita impulsa nuevas medidas de prueba para determinar con precisión los destinos finales, los costos y la trazabilidad de esos desplazamientos, mientras en paralelo se analizan los movimientos financieros del funcionario y su entorno cercano.

El expediente, que se originó a partir de denuncias de la diputada nacional Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito, busca establecer si existe coherencia entre el nivel de gastos -especialmente en viajes- y los ingresos declarados por Adorni ante los organismos de control. El puntapié inicial fue un vuelo privado a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, cuyo costo superó los 4.800 dólares y abrió interrogantes sobre quién financió ese traslado.

Según documentación de la Dirección Nacional de Migraciones, el registro incluye viajes oficiales y otros de carácter privado. Sin embargo, uno de los principales focos de la investigación es la falta de precisión sobre los destinos finales. En varios casos, los registros consignan escalas en países como Estados Unidos, Perú o Ecuador, pero no permiten reconstruir el itinerario completo, lo que obliga a profundizar las medidas de prueba para determinar si hubo trayectos adicionales hacia destinos no declarados.

En simultáneo, la fiscalía también analiza movimientos financieros vinculados al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti, cuyos viajes -en algunos casos a Europa- también quedaron bajo observación. La pesquisa incluye además la revisión de declaraciones juradas, posibles omisiones de activos y transferencias en el exterior.

Otro eje central del expediente es el análisis patrimonial. La Justicia ordenó avanzar con la tasación de dos propiedades vinculadas a Adorni: una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club y un departamento en el barrio porteño de Caballito. La operación de este último inmueble generó dudas adicionales por la estructura de financiamiento: el 87% del valor habría sido aportado por dos personas que, según trascendió, negaron conocer al funcionario.

En este contexto, la fiscalía buscará determinar si los valores declarados en las escrituras se corresponden con los precios de mercado. Fuentes del sector inmobiliario señalan que el departamento podría valer cerca del doble de los 230.000 dólares informados en la operación.

Adorni, por su parte, rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que brindará las explicaciones correspondientes ante la Justicia, dentro de los plazos legales. Sin embargo, el avance de las medidas de prueba anticipa una semana clave para una causa que combina viajes, patrimonio y trazabilidad financiera bajo una misma hipótesis: la posible existencia de inconsistencias entre ingresos declarados y nivel de gasto.

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Designaron a la nueva titular de la Oficina Anticorrupción

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El gobierno del presidente Javier Milei oficializó este viernes la designación de Gabriela Carmen Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción, según la resolución 194/2026 que se publicó en el Boletín Oficial. 

Zangaro reemplazará a Alejandro Melik. La medida fue adoptada dentro de las medidas que adoptó el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

El abogado Melik había asumido en el inicio de la gestión de Milei y su salida se concretó a mediados de este mes. 

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