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La Justicia investiga entre 15 y 19 viajes de Manuel Adorni como funcionario y pedirá más pruebas

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La investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con el ingreso a la fiscalía de un listado que registra entre 15 y 19 viajes realizados desde 2023 hasta la actualidad. El fiscal Gerardo Pollicita impulsa nuevas medidas de prueba para determinar con precisión los destinos finales, los costos y la trazabilidad de esos desplazamientos, mientras en paralelo se analizan los movimientos financieros del funcionario y su entorno cercano.

El expediente, que se originó a partir de denuncias de la diputada nacional Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito, busca establecer si existe coherencia entre el nivel de gastos -especialmente en viajes- y los ingresos declarados por Adorni ante los organismos de control. El puntapié inicial fue un vuelo privado a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, cuyo costo superó los 4.800 dólares y abrió interrogantes sobre quién financió ese traslado.

Según documentación de la Dirección Nacional de Migraciones, el registro incluye viajes oficiales y otros de carácter privado. Sin embargo, uno de los principales focos de la investigación es la falta de precisión sobre los destinos finales. En varios casos, los registros consignan escalas en países como Estados Unidos, Perú o Ecuador, pero no permiten reconstruir el itinerario completo, lo que obliga a profundizar las medidas de prueba para determinar si hubo trayectos adicionales hacia destinos no declarados.

En simultáneo, la fiscalía también analiza movimientos financieros vinculados al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti, cuyos viajes -en algunos casos a Europa- también quedaron bajo observación. La pesquisa incluye además la revisión de declaraciones juradas, posibles omisiones de activos y transferencias en el exterior.

Otro eje central del expediente es el análisis patrimonial. La Justicia ordenó avanzar con la tasación de dos propiedades vinculadas a Adorni: una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club y un departamento en el barrio porteño de Caballito. La operación de este último inmueble generó dudas adicionales por la estructura de financiamiento: el 87% del valor habría sido aportado por dos personas que, según trascendió, negaron conocer al funcionario.

En este contexto, la fiscalía buscará determinar si los valores declarados en las escrituras se corresponden con los precios de mercado. Fuentes del sector inmobiliario señalan que el departamento podría valer cerca del doble de los 230.000 dólares informados en la operación.

Adorni, por su parte, rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que brindará las explicaciones correspondientes ante la Justicia, dentro de los plazos legales. Sin embargo, el avance de las medidas de prueba anticipa una semana clave para una causa que combina viajes, patrimonio y trazabilidad financiera bajo una misma hipótesis: la posible existencia de inconsistencias entre ingresos declarados y nivel de gasto.

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Designaron a la nueva titular de la Oficina Anticorrupción

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El gobierno del presidente Javier Milei oficializó este viernes la designación de Gabriela Carmen Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción, según la resolución 194/2026 que se publicó en el Boletín Oficial. 

Zangaro reemplazará a Alejandro Melik. La medida fue adoptada dentro de las medidas que adoptó el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

El abogado Melik había asumido en el inicio de la gestión de Milei y su salida se concretó a mediados de este mes. 

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Delitos contra el Estado: Casanello negó un acuerdo económico y avanza la causa contra el Polo Obrero

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El juez federal Sebastián Casanello rechazó una propuesta de reparación económica por 87,9 millones de pesos presentada por Leandro Gastón Kebleris, procesado como partícipe necesario en el presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo, al sostener que los delitos contra la administración pública no pueden resolverse mediante acuerdos privados que pretendan extinguir la acción penal.

La decisión tiene impacto directo en el avance de una de las investigaciones más sensibles sobre el uso de recursos de programas sociales y deja a la causa en condiciones de ser elevada a juicio, con derivaciones institucionales y políticas relevantes.

Una oferta sin reconocimiento de hechos y sin aval del Estado

Según la resolución judicial, la propuesta de Kebleris buscaba cerrar el proceso penal sin reconocimiento de hechos ni derechos, lo que fue considerado inadmisible en el marco de delitos que afectan al Estado. La iniciativa contemplaba el giro inmediato de más de 14 millones de pesos ya embargados y el pago del monto restante en 12 cuotas, hasta completar los $87,9 millones ofrecidos como reparación.

Kebleris se encuentra procesado junto con Anahí Rivero, acusados de haber puesto a disposición del Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor la firma Coxtex S.A., señalada por la fiscalía como una “usina de facturación apócrifa”, sin capacidad operativa real.
La investigación sostiene que en octubre de 2021, Coxtex emitió dos facturas por un total de 5,46 millones de pesos, que habrían sido utilizadas para desviar recursos del programa Potenciar Trabajo hacia actividades de prensa, militancia y campaña electoral.

El magistrado también rechazó convocar a una audiencia para analizar la propuesta, al advertir que no existía un acuerdo previo con el Estado como parte damnificada, condición central para cualquier eventual discusión de reparación.

Rechazo unánime de los querellantes y advertencias de la fiscalía

La propuesta fue objetada no solo por la fiscalía, sino también por la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera, los tres en carácter de querellantes.
El Ministerio Público Fiscal advirtió que la causa involucra múltiples actores y líneas de investigación aún abiertas, por lo que fragmentar una eventual reparación del daño podría afectar la coherencia y solidez de la acusación.

Casanello coincidió con ese planteo y subrayó que homologar el acuerdo podría entorpecer el trámite ante el Tribunal Oral Federal N°8, que deberá juzgar al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a otras 15 personas imputadas en el expediente.

En ese marco, el juez quedó en condiciones de resolver el pedido de elevación a juicio, mientras la fiscalía continúa señalando a Kebleris y Rivero como piezas clave de un entramado que habría operado durante casi cuatro años dentro del Polo Obrero y sus unidades de gestión.

Un entramado bajo la lupa judicial

De acuerdo con la acusación, el esquema investigado se habría sostenido mediante empresas como Coxtex S.A., Ediciones e Impresiones Rumbos, Urban Graphics, Ricoprint y Miniso Trade, señaladas por emitir documentación falsa para simular compras y encubrir el desvío de fondos públicos provenientes de un programa social de alcance nacional.

El rechazo de la reparación económica marca un precedente institucional: refuerza la posición de que los delitos contra la administración pública no admiten salidas negociadas individuales y consolida el camino hacia un juicio oral que podría tener impacto político y judicial en torno al control y la transparencia en la gestión de programas sociales.

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Carla Pitiot: “Es importante que las instituciones públicas se unan para trabajar en pos de la transparencia”

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La Oficina Anticorrupción (OA) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) firmaron un acuerdo de colaboración para la promoción del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE). Establece la colaboración entre los organismos para promover la ética y la integridad en el desarrollo de su actividad. Además prevé la incorporación del organismo al Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades.

Al respecto, la directora del BICE y dirigente sindical de APOC, Carla Pitiot, señaló que “entender a los organismos de control como instrumentos fundamentales para lograr gestiones más transparentes es imprescindible para valorar nuestra democracia”. 

“Iniciativas colaborativas de esta naturaleza, no solo acompañan la tarea de los organismos de control sino que apuntan a la promoción de la sinergia entre el sector público y privado para la ética y la integridad en el desarrollo de los negocios, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, añadió Pitiot. 

Para la dirigente del Frente Renovador, “es muy importante que podamos contribuir desde nuestro rol a la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el caso del acuerdo entre el BICE y la OA, ser protagonistas de la construcción de instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”. 

La exdiputada destacó que la OA cuenta con un Consejo Asesor del Plan Nacional de Integridad de la Oficina Anticorrupción de la Nación, del que forman parte organizaciones de la sociedad civil conformado para monitorear iniciativas, elaborar informes de seguimiento y difundirlos, elaborar propuestas no vinculantes de mejoras, incorporaciones y actualizaciones al plan, producir y difundir información.

El convenio apunta a la promoción de la sinergia entre el sector público y privado para la ética y la integridad en el desarrollo de los negocios.

“Si bien yo todavía no había asumido como directora, me parece importante destacar que el BICE aprobó en febrero de 2019 un Programa de Integridad conforme la ley 27.401, cuyo objetivo es desalentar toda conducta irregular a fin de prevenir la posible comisión o participación en conductas constitutivas de determinados delitos individualizados en el marco de la misma”, indicó Pitiot.

Entre los principales objetivos, el acuerdo establece la colaboración recíproca en el diseño e implementación del RITE a través del intercambio de ideas y propuestas; en especial los referido al contenido de formularios de integridad. También prevé la difusión del Registro entre otras entidades del sector y su cadena de valor.

El RITE es una iniciativa colectiva para prevenir la corrupción impulsando el desarrollo de los programas de integridad en las organizaciones y la adopción de la plataforma digital, que propone la articulación con organismos, empresas y organizaciones intermedias para el diseño del registro de integridad y transparencia para empresas y entidades.

“Se busca contribuir al desarrollo, mejora y madurez de los programas de integridad mediante la generación de incentivos, el intercambio de buenas prácticas y la realización de actividades formativas. Es importante que las instituciones públicas se unan para trabajar en pos de la transparencia”, concluyó.

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