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Misiones lidera la agenda del MERCOSUR para erradicar el trabajo infantil en la región

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Misiones impulsa una agenda binacional histórica para erradicar el trabajo infantil en la frontera con Paraguay. Argentina y Paraguay consolidan un esquema de cooperación técnica y territorial en salud, educación y control fronterizo, en el marco del Plan Regional del MERCOSUR para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

Un paso regional clave contra el trabajo infantil

Posadas fue sede de dos encuentros binacionales que marcaron un hito en la política regional de derechos de la niñez. El 11 y 12 de noviembre, la provincia de Misiones albergó el Primer Seminario Binacional para efectores de salud y educación y el III Encuentro Plenario de la Mesa Binacional de Frontera Posadas–Encarnación, ambos realizados en el Salón Eva Perón del Parque del Conocimiento.

Estas jornadas se desarrollaron en el marco del Plan Regional del MERCOSUR para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, impulsado por los gobiernos de Argentina y Paraguay con el acompañamiento del Subgrupo de Trabajo 10 (SGT10) del MERCOSUR y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La ministra de Trabajo y Empleo de Misiones, Silvana Giménez, destacó durante la apertura que “estos espacios reflejan el verdadero diálogo social tripartito que promueve la OIT. Misiones, desde hace más de veinte años, viene desarrollando políticas públicas sostenidas para erradicar el trabajo infantil, fortaleciendo la mirada territorial y la articulación institucional”.

Los encuentros permitieron unificar protocolos, capacitar equipos técnicos y establecer una Guía de Recursos Binacional, instrumento que servirá para la detección temprana y la atención integral de casos en la frontera Posadas–Encarnación, uno de los puntos más dinámicos y sensibles del eje MERCOSUR.

Formación y cooperación institucional en territorio

El Primer Seminario Binacional reunió a docentes, trabajadores de la salud, técnicos, representantes sindicales y autoridades de ambas naciones, conformando el primer espacio de formación compartida en el ámbito educativo y sanitario para la prevención del trabajo infantil.

Participaron autoridades de ambos países: Marysol Rodríguez (coordinadora nacional alterna del SGT10 Argentina), Laura Díaz Grütter (UEPETI–SGT10 Paraguay), Antonella Pernigotti (COPRETI Misiones), Soledad Llamosas y Omar Mora Saade (Ministerio de Trabajo de Misiones), Viviana Doval (CETERA–CTA Trabajadores) y Graciela Congo (CUT-A Paraguay).

Durante las mesas de intercambio, se analizaron indicadores de riesgo socioeconómico, se compartieron casos de intervención territorial. Y se trazaron estrategias de articulación entre los sistemas de salud, educación y trabajo. Los participantes coincidieron en que el desafío es lograr una detección precoz en el territorio. Mediante la capacitación de equipos interdisciplinarios y la construcción de circuitos de derivación efectivos.

El III Encuentro Plenario de la Mesa Binacional de Frontera Posadas–Encarnación, encabezado por Silvana Giménez y el viceministro de Trabajo del Paraguay, César Segovia, consolidó la cooperación institucional. Allí se presentaron avances normativos, la devolución técnica del seminario y se trazaron nuevas líneas de acción conjunta.

“El trabajo infantil también se transforma —advirtió Segovia—. Hoy la tecnología y las redes sociales pueden representar nuevos riesgos que debemos abordar con responsabilidad. La erradicación exige políticas adaptadas a los desafíos contemporáneos”.

Un modelo de frontera con enfoque de derechos

La Mesa Binacional de Frontera Posadas–Encarnación, de carácter público–privado y académico. Está integrada por organismos nacionales, provinciales y municipales, cámaras empresarias, sindicatos y universidades de ambos países. Su objetivo es fortalecer la coordinación institucional para garantizar fronteras protectoras y libres de trabajo infantil.

Entre los logros recientes se destaca la capacitación de agentes de control fronterizo, trabajadores de la salud y de la educación. Así como la creación de una red de monitoreo permanente para identificar situaciones de vulnerabilidad en niñas, niños y adolescentes en zonas de tránsito y comercio binacional.

Estas acciones consolidan a Misiones como un referente regional en políticas de infancia y empleo decente. En un contexto donde el trabajo infantil aún afecta a miles de familias en el norte argentino y el sur paraguayo. Especialmente en sectores rurales, comercio informal y actividades domésticas no remuneradas.

El encuentro cerró con la presentación de la Guía Binacional de Recursos Institucionales. Un instrumento técnico que integrará información de organismos públicos, ONGs y servicios comunitarios de ambos países. Destinado a fortalecer la respuesta rápida y articulada en la frontera.

Un compromiso regional sostenido

Con la continuidad de esta agenda, Misiones reafirma su compromiso dentro del Plan Regional del MERCOSUR. Que busca prevenir, detectar y erradicar el trabajo infantil mediante políticas integradas en educación, salud, empleo y justicia.

Las jornadas en Posadas y Encarnación dejaron un mensaje político e institucional contundente: la protección de la niñez no tiene fronteras. El abordaje conjunto entre Argentina y Paraguay se consolida como modelo regional de cooperación efectiva y enfoque de derechos humanos.

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Argentina bajo observación de la OIT por un fallo de acoso laboral contra ex empleada de la Came

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se interesó en un polémico caso que tomó estado público y que puede generar un grave antecedente para el país en materia de violencia laboral.

La Cámara V de Apelaciones en el Trabajo ratificó que una trabajadora fue víctima de acoso laboral, pero determinó que deberá pagar el 60% de los gastos del juicio, incluyendo la defensa de su acosador. Por la gravedad del caso, el especialista en Normas Internacionales del Trabajo de la Oficina de la OIT para el Cono Sur, Sergio Paixão Pardo y  la Oficial de Género, Larraitz Lexartza, la convocaron a una reunión que se llevó a cabo por zoom, en la que le recomendaron la intervención de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) y de los sindicatos de prensa, para elevar la alerta ante organismos internacionales, mientras se espera la definición del Recurso de Queja de la Secretaría Judicial 6 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Argentina incumple el Convenio 190”, adviritó ante la OIT la ex empleada de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), víctima de acoso laboral por parte de la cúpula de la entidad, y agregó: “Se usan los protocolos internos como tramperas, si denunciás que tu jefe te está acosando, te despiden”.

Desde la organización, reconocieron que el Convenio 190, ratificado por ley 27.580, incluye, entre las recomendaciones, sancionar una ley sobre acoso laboral, que todavia no se ha debatido en el Congreso de la Nación.

También participó del encuentro Marisa Belluomini  de la Oficina de Violencia Laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en primera instancia recepcionó el caso y que también está haciendo su seguimiento con preocupación.

CONDENA Y REVICTIMIZACIÓN

Según consta en la causa, el acoso comenzó poco después de que Alfredo González asumiera la presidencia de CAME. La denunciante presentó pruebas documentales y testimoniales que acreditaron una serie de acciones sistemáticas de hostigamiento.

Por ejemplo, sorpresivamente no se encontraba el CPU en su escritorio, blanquearon la contraseña del correo para que no pueda acceder y hasta formaron un grupo de whatsapp donde se dirigían las labores al sector donde incluyeron a todo el equipo menos a ella -cuando era la jefa del área- para que no pueda estar al tanto de ninguna situación referida a la comunicación, le pidieron otorgue su usuario y contraseña y hasta le ordenaron realice un viaje pero no le asignaban tarea.

A 48 hs de denunciar los hechos siguiendo el Código de Ética de la entidad y ante organismos públicos de violencia laboral, fue despedida. Esto ocurrió en plena vigencia del decreto que prohibía los despidos durante la pandemia por COVID-19, y sin que tuviera sanciones previas en casi una década de trabajo.

Pero, en lugar de activar un protocolo interno para protegerla, el Secretario General, Ricardo Diab, recientemente electo presidente de CAME, le contestó:  “(El Código) te habilita a denunciar o decir cualquier cosa de cualquiera, porque te suponés que te sentís, herida, despreciada?… para vos hay pruebas concretas, vos te sentiste así y te lo respeto…”. Acto seguido le cortaron la línea de teléfono que reportaron por “robo o extravío”.

Mientras que desde Legales, su hijo Juan Pablo Diab le dijo: “No tenés el derecho ni el deber, porque es al revés, el presidente es el dueño de todo…”.  Todo esto quedó grabado y aportado como prueba ante la justicia. 

Según se desprende de la causa, las acciones de acoso tenían como fin que abandone su puesto de trabajo, y la trabajadora apuntó a la contratación de una empresa externa por parte de las autoridades de CAME.

En primera instancia, la jueza María Elena López concluyó que fue un despido injustificado y que existió “mobbing”. La Sala V de la Cámara de Apelaciones confirmó ampliamente este último criterio, señalando que las acciones de acoso laboral procedieron “directamente de la cúpula jerárquica”.

Pero en una decisión controvertida, los jueces Gabriel De Vedia y Beatriz Ferdman consideraron que el despido fue justificado debido a la negativa de la empleada a cumplir órdenes. “¿Qué órdenes podía incumplir si le quitaron el CPU, el correo electrónico, la excluyeron de toda comunicación y le cortaron la línea de teléfono?”, detallaron desde la defensa.

Los fundamentos de los jueces de Cámara se volvieron contradictorios:“La empresa requirió a la trabajadora, entregase su usuario y contraseña para ingresar al sistema …, lo que denota una acción impropia de la empleadora que pretendía acceder a ese sistema a través de las credenciales de acceso que identificaban a la usuaria… En este sentido coincido con la trabajadora que la responsabilidad en el correcto uso de la herramienta informática para realizar las actividades laborales le cabe a cada usuario del sistema y justamente por ser un sistema de identificación de cada dependiente es personal”, sostuvo el fallo, pero añade: “Aun considerando que los contactos de prensa aportados por la trabajadora eran datos personales, no puede olvidarse que fueron puestos al servicio de la demandada…” y “si la trabajadora pretendía quitar de la base de datos sus contactos, debió acreditar que ello fue una condición previa pactada entre las partes”, expuso el fallo.

Es decir, para los jueces la empleadora no podía pedirle su usuario y contraseña pero sí acceder a su agenda personal almacenada en el sistema de correo, y esto lo invoca como motivo de despido justificado, por “desobediencia a cumplir órdenes”.

 “Con ese insólito criterio, cualquier periodista o jefe de prensa que sea contratado precisamente por sus contactos (construidos con años de trabajo previos), al utilizarlo para un nuevo trabajo pasarían a ser propiedad de la empresa, aunque su agenda haya sido previa a su contratación y represente su capital de trabajo, como se demostró en este caso”,  sostuvieron desde la defensa y agrega: “Además invierte arbitrariamente la carga de la prueba porque la empleadora no pudo demostrar ni que le entregó una agenda ni que su contratación estaba condicionada a que entregue la suya”.

“El mobbing en sí mismo debe considerarse como un despido indirecto, porque justamente la finalidad es que la trabajadora abandone su puesto de trabajo y la acosaban pidiéndole sus pertenencias personales”, detallaron indignados por la decisión de los jueces de Cámara.

Así, aunque condenaron a CAME a pagar más de 50 millones de pesos por daños morales y diferencias salariales, también impusieron a la víctima el pago del 60% de las costas judiciales. Desde la defensa calificaron la resolución como “revictimizante” porque la trabajadora que sufrió el acoso le debe pagar los gastos de abogados y judiciales a su victimario.

LAS MUJERES LAS QUE MÁS SUFREN ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL

La Ley de Protección Integral a Las Mujeres identifica como modalidad de violencia laboral “el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral”, tal como sucedió en este caso.

Según una encuesta desarrollada por Bumeran, más de la mitad de las víctimas de acoso por parte de su jefe dijo no haber denunciado el hecho violento por miedo a perder el trabajo. El relevamiento reveló que las mujeres que sí expusieron el hecho de violencia (ya sea en recursos humanos, con sus compañeros o, incluso, con la persona que ejerció violencia) dijeron que ese relato tuvo consecuencias negativas: a más de la mitad la echaron del trabajo.

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Brecha en Protección Social en América Latina: Un Desafío Urgente

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América Latina y el Caribe enfrentan un panorama preocupante en materia de protección social.

Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que la región tiene un déficit de financiación del 2,7% del PIB anual para alcanzar un nivel mínimo de protección social universal. Si bien este porcentaje es menor al de otras regiones como África (17,6%) o los países árabes (11,4%), sigue siendo una barrera significativa para garantizar el bienestar de millones de personas.

El informe destaca que el desempeño de América Latina se ve afectado por la situación extrema de Haití, país con el mayor déficit de financiación de la región (45,5% del PIB). Sin embargo, incluso excluyendo a Haití, la región aún tiene un camino largo por recorrer.

Brasil, con el mayor PIB de la región y un déficit de financiación del 1,4% (el quinto más bajo entre países de renta baja y media), es un ejemplo positivo. No obstante, aún necesita destinar el 0,8% adicional de su PIB para alcanzar la cobertura universal.

Los países con mayores déficits después de Haití son Venezuela (17,7%), Honduras (12,8%) y Nicaragua (9,9%).

En términos de áreas específicas, la atención sanitaria esencial tiene un déficit de financiación del 1% del PIB anual, mientras que las cinco principales prestaciones económicas de protección social presentan un déficit del 1,7%.

Las áreas más afectadas son la atención de niños (0,7% del PIB), las personas con discapacidad (0,3%), la maternidad (0,1%), la vejez (0,3%) y el desempleo (0,3%).

El listado de países con déficits de acuerdo a la OIT

  • Haití: 45,5
  • Venezuela: 17,7
  • Honduras: 12,8
  • Nicaragua: 9,9
  • Guatemala: 6,4
  • Surinam: 5,8
  • San Vicente y Granadinas: 5,1
  • Bolivia: 4,8
  • Belice: 4,7
  • Perú: 4,4
  • Cuba: 4,1
  • Colombia: 4
  • Paraguay: 3,7
  • Santa Lucía: 3,7
  • El Salvador: 3,4
  • Dominica: 3
  • Granada: 2,9
  • Ecuador: 2,8
  • Argentina: 2,7
  • Jamaica: 2,6
  • República Dominicana: 2,5
  • México: 1,9
  • Costa Rica: 1,9
  • Brasil: 1,4

¿Qué se puede hacer para cerrar esta brecha?

La OIT señala que se necesitan recursos adicionales por un valor de US$1,4 billones (el 3,3% del PIB global en 2024) para alcanzar la cobertura universal.

Para América Latina, esto significa triplicar la ayuda oficial al desarrollo destinada a la protección social. Adicionalmente, es fundamental movilizar recursos internos y explorar mecanismos innovadores de financiamiento.

Sin embargo, la mayor amenaza para la protección social en la región es el pago de la deuda pública. En América Latina y el Caribe, el 54% del gasto en protección social, el 64% del gasto en salud y el 63% del gasto en educación se destinan al pago de intereses de la deuda. Para evitar más deuda, 134 gobiernos en el mundo comenzaron a recortar el gasto público en 2021, una tendencia que se espera continúe hasta 2025.

Lamentablemente, esto incluye la focalización y racionalización del gasto en protección social, lo que podría profundizar aún más las desigualdades.

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Seis mitos sobre las migraciones

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Por Organización Internacional para las Migraciones (OIM)* – Aunque la migración es constitutiva de nuestras sociedades y los desplazamientos son tan antiguos como la humanidad, prima la idea de que la migración es un problema reciente, una amenaza. En el Día Internacional del Migrante, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Dipló publican el primero de una serie de seis artículos que buscarán desmontar algunos de los principales mitos relacionados con las migraciones en Argentina.

Mito 1: “Los migrantes no realizan tareas esenciales y les quitan los mejores trabajos a los argentinos”

En Argentina, el camino por la ampliación de los derechos de las personas migrantes es sinuoso. Si bien a la fecha se han zanjado algunas deudas con la población migrante, otras siguen pendientes. Una de ellas es el reconocimiento de la indispensabilidad del trabajo de las personas migrantes. Esta verificación no es sólo del orden de lo ético, sino que requiere de un anclaje material en legislaciones y políticas públicas que garanticen el trabajo digno y en igualdad de condiciones entre las personas migrantes y las nativas.

De los 2,2 millones de los migrantes internacionales que se estiman actualmente en Argentina, el 84,9% proviene de América Latina y el 49% se ocupa en trabajos no registrados (1). En línea con este último dato, la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA) de 2020 registró que el 37% de la población migrante tiene una situación laboral inestable o se encuentra desocupada. En un país donde la tasa de desocupación es de 9,6% y la de empleo no registrado alcanza el 31,5% de la población (2), estas condiciones adversas de la realidad sociolaboral afectan a todo el campo trabajador, pero lo hacen con especial fuerza sobre las personas migrantes.

Las corrientes migratorias internacionales presentes en este país se han ido consolidando al compás de una forma particular de segmentación del mercado laboral –es decir, de la diferenciación de la fuerza de trabajo– que concentra a ciertas personas en cierto tipo de empleos en función de la intersección del género, la edad, la racialización, el origen étnico o nacional, el estatus legal y toda la amplia red de relaciones sociales en las que está inserta una persona. De esta manera, en Argentina se ha construido un mercado de trabajo para migrantes que abarca el comercio, la construcción y el servicio doméstico, sectores que representan el 53% de las ocupaciones (3), junto a la agricultura, la confección textil y otros trabajos de cuidados (4). Se trata de sectores relativamente desatendidos por la población nativa y ocupados por personas migrantes principalmente de América Latina, pero también del Caribe, África y Asia.

La pandemia

Antes del inicio de la pandemia, las dificultades más frecuentes que encontraban las personas migrantes que habitan en Argentina se relacionaban justamente con la informalidad. Al ser cruzada por la irregularización migratoria y la racialización del mercado de trabajo, limita aún más los sectores laborales a los que estas personas pueden acceder y aumenta las condiciones de desprotección social en las que trabajan. Cabe destacar que, según datos de la ENMA, el 35% de las personas migrantes no consiguieron trabajos para los que tienen formación específica o experiencia previa, entre otras causas, por no tener DNI, por dificultades en convalidar sus títulos y por discriminación. El Mapa Nacional de la Discriminación de 2013 elaborado por el INADI (5) reveló que en Argentina la xenofobia afecta específicamente a las personas migrantes latinoamericanas, africanas y asiáticas, y que en Buenos Aires la discriminación por nacionalidad o condición migrante y por color de piel es dominante.

Los impactos drásticos de la pandemia no fueron parejos en todos los sectores sociales. Algunos, como las personas migrantes, ingresaron con mucha desventaja en esta crisis e inmediatamente vieron afectadas múltiples dimensiones de sus vidas de manera extrema. En efecto, según datos de la ENMA, el 53% de las personas migrantes consultadas vio interrumpido su trabajo y perdió su fuente de ingresos durante el aislamiento obligatorio. Asimismo, en el informe elaborado por Agenda Migrante 2020 se señala que el 13% de quienes vieron su trabajo parcialmente interrumpido sufrieron asimismo una reducción significativa de sus ingresos (6).

Las personas migrantes también experimentan diversos tipos de discriminación en tiempos de pandemia. Durante la primera mitad de 2020, algunos autores (7) identificaron una dinámica de discriminación dirigida, primero, a viajantes que volvían del exterior y a personal de salud vinculado a la atención de pacientes con Covid-19, y luego orientada a personas vulnerabilizadas, entre ellas a trabajadores migrantes.

Aunque la población migrante en Argentina históricamente se integra en condiciones desventajosas a sectores fundamentales de la economía, su labor es poco reconocida, especialmente durante el aislamiento obligatorio. En este contexto, trabajadores y trabajadoras migrantes de la salud, de los cuidados, de la agricultura y de los servicios nutrieron la fuerza de trabajo de actividades consideradas “esenciales”, garantizando las condiciones necesarias para que otros pudieran cumplir el aislamiento. Sin embargo, las propias condiciones de trabajo de las personas migrantes nuevamente fueron de gran desprotección. A las bajas remuneraciones se sumaron las extensas jornadas laborales y los altos riesgos de contagio (8).

Esenciales para curarnos

Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), en julio de 2020 había 179.069 personas de este origen en Argentina, una cifra que ha crecido rápidamente desde su llegada al país en 2015. Si bien tienen diferentes proyectos migratorios, se destaca un perfil de personas jóvenes calificadas, quienes originalmente tenían planes de estudio o inserción laboral. Algunas los han concretado, pero otras han sufrido procesos de desclasamiento social, como señalan Mallimaci Barral y Pedone (9), en tanto encontraron menos oportunidades de inserción profesional y en condiciones de mayor precarización. De acuerdo a la ENMA, el 54% tiene un trabajo no registrado en el sector de servicios, con salarios que apenas superan el mínimo.

En un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre el aporte de las personas migrantes venezolanas en los servicios esenciales de salud de seis países de América Latina durante la pandemia, se destaca su labor en “la primera línea de batalla” contra el virus (10). En Argentina, la Asociación Civil de Médicos Venezolanos incluye 1.667 profesionales de este origen y 1.557 enfermeros. En ambos casos las mujeres son mayoría. Estos números -que se estiman podrían ser mayores- se traducen en personas altamente capacitadas para superar el déficit de personal sanitario en los momentos cruciales de la pandemia. Sin embargo, se trata de profesionales que hasta ahora no habían podido incorporarse plenamente al mercado de trabajo por diversas trabas de la política migratoria, relativas a la regularización de su estatus migratorio, la convalidación de títulos y la habilitación para ejercer su profesión. Sólo el 6% tenía un trabajo vinculado a la salud en Argentina.

Para hacer frente al posible colapso del sistema de salud, el decreto de emergencia sanitaria promulgado por el Gobierno Nacional al comienzo de la pandemia dispuso la contratación temporal y transitoria de profesionales de la salud argentinos y extranjeros, independientemente de contar o no con los documentos habilitantes. Según la Asociación de Médicos Venezolanos, se contraron unas 350 personas que finalmente pudieron ejercer su profesión en el país.

Sin embargo, el informe de la OIT revela que las condiciones laborales y de seguridad en el trabajo no respetaban sus derechos. Contaban, por ejemplo, con equipos de protección personal insuficientes, no estaban cubiertos por un seguro de vida en caso de fallecimiento por coronavirus. Además, se veían obligados a desempeñar jornadas largas y extenuantes, se produjo una mayor contratación de médicos varones que de mujeres y obtuvieron remuneraciones más altas quienes tenían títulos convalidados.

Esenciales para cuidarnos

Otro de los sectores de la primera línea de los trabajos esenciales en Argentina durante el 2020 fue el de las tareas de cuidado: garantizar la continuidad del trabajo de cuidado supuso la posibilidad misma de mantener la cuarentena y el teletrabajo de los empleos considerados “no esenciales”.

Según datos de la Encuentra Nacional de Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad de 2018 (11), hay 1,4 millones de personas –en su mayoría mujeres– ocupadas en el trabajo doméstico y de cuidado en Argentina, de las cuales 9,1% son migrantes de países limítrofes (Bolivia y Paraguay), Perú y República Dominicana.

Si bien el decreto que dispuso el aislamiento obligatorio estableció como actividad esencial únicamente a quienes asisten y cuidan de personas con discapacidad, mayores, niños y adolescentes, la Encuesta a Trabajadoras/es de Casas Particulares y su situación laboral en el contexto de aislamiento reveló que el 6,9% de las trabajadoras consultadas cumplió tanto tareas de cuidado como tareas generales de limpieza y otras típicas del hogar. Las personas migrantes del sector doméstico temieron perder su ingreso o su trabajo si no acataban las demandas laborales de sus empleadores. Entre quienes cuidan ancianos se sumó el estrés adicional por el miedo a contagiarlos (12). Además, quienes vieron su situación más perjudicada fueron las trabajadoras migrantes no registradas, expuestas a sufrir arbitrariedades.

A las tareas domésticas también se suman las de cuidado comunitario, en las que las personas migrantes tienen una importante participación. Sostener el funcionamiento de organizaciones sociales y comunidades de apoyo en el contexto de aislamiento, como comedores y asociaciones de migrantes, fue crucial para garantizar atención y alimentación a quienes no podían “quedarse en casa”, sin distinción de origen.

Esenciales para alimentarnos

La región metropolitana sur de Buenos Aires (La Plata, Berazategui y Florencio Varela) alberga el cordón hortícola más grande de Argentina, que abastece el principal centro de consumo del país. Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, allí se produce el 72% de las hortalizas que se comercializan en el Mercado Central de Buenos Aires y se envían a otras provincias (13). La producción es de tipo familiar, tradicionalmente a cargo de población migrante de Portugal, Italia y Japón. Desde la década de 1980 se destaca la producción familiar de personas migrantes de Bolivia, quienes garantizan grandes volúmenes de alimentos frescos, aunque en condiciones de desventaja respecto a otros actores del sistema productivo.

A un mes de iniciada la cuarentena, estos productores bolivianos donaron verduras a quienes más las necesitaban (14). En una de las iniciativas que se conocieron, algunas familias aportaron cajones de lechuga, acelga, tomate, berenjena, espinaca, entre otros productos de su cosecha, sumando 10 toneladas de verdura que fueron llevadas a dos hospitales del partido de La Plata, a comedores y a otros puntos de cuidado comunitario de la zona. Ángel Gutiérrez, uno de los productores bolivianos que puso a disposición su casa como lugar de acopio de la mercadería donada, resumió la mirada de estas familias: “Tenemos una responsabilidad porque somos una de las actividades autorizadas y porque la producción tiene que seguir llegando a los hogares”.

Otra dinámica, aún menos visibilizada, es la de los trabajadores migrantes de provincias del noroeste argentino hacia Mendoza y Río Negro, donde se desempeñan en la cosecha estacional de frutas y verduras, que fueron exceptuadas del decreto de aislamiento. Con matices particulares, como muestran Trpin, Ataide y Moreno (15), su continuación fue sostenida por trabajadores “golondrina”.

Reconocimiento, interdependencia y reciprocidad

El reconocimiento del trabajo de las personas migrantes, su presencia en espacios vitales que sostienen al país y al mundo, requiere una mirada relacional a escala más micro y humana. Personas migrantes y nativas son parte de un entramado conjunto que se favorece del funcionamiento recíproco.

En esta línea, la presencia de población migrante en actividades esenciales durante la pandemia merece mayor atención, ya que el sostenimiento de estas actividades se debió en buena medida a mujeres y varones migrantes que siguieron adelante a pesar de las restricciones y desigualdades a las que se enfrentan.

La pandemia acentuó la desigualdad estructural y dejó expuesta, una vez más, la brecha en el acceso a derechos entre migrantes y población nativa. En Argentina se han producido avances a favor de una perspectiva migratoria en la legislación, por ejemplo, para mitigar el impacto negativo de la pandemia entre la población migrante –como atestiguan, entre otras medidas, el decreto para la incorporación de personal migrante en el sistema de salud o la reciente eliminación de la palabra “extranjero” antes señalada en rojo de todos los DNI de personas migrantes–, pero aún queda trabajo por hacer. Por ello, considerar las singularidades de la condición migratoria, como así también las iniciativas y soluciones que las propias comunidades migrantes ponen en práctica, potenciaría la perspectiva de derechos de las políticas públicas y favorecería su participación ciudadana.

Es necesario reconocer ya no sólo del “aporte” de las personas migrantes a nuestra sociedad, sino también, como sostiene Magliano (16), la “compartencia, solidaridad e interdependencia” que permite la vida. Y así tal vez se comprenda finalmente el punto de partida y sus implicancias: migrar no sólo es un hábito humano, es un derecho.

1. Organización Internacional para las Migraciones. Migrantes en la República Argentina: Inserción en el mercado trabajo. Buenos aires: OIM, 2020.

2. https://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/Bel/index.asp

3. Ibídem.

4. Trpin, V. y Ciarallo, A. Migraciones Contemporáneas. Procesos, desigualdades y tensiones. Neuquén: Publifadecs, 2016.

5. INADI. Mapa nacional de la discriminación. Buenos Aires: INADI, 2014.

6. Debandi, N. y Penchaszadeh, A. P. (coords.). Informe final sobre la situación de la población migrante/extranjera en Argentina ante el avance del coronavirus. Buenos Aires: Espacio Agenda Migrante, 2020.

7. Matta, J. P., Godoy, M. I., Mariano, M., Bahl, B., Pizarro, M. R. y Larrea, N. “Algunas claves antropológicas para pensar situaciones de discriminación por COVID-19 en la Argentina. Avances de una investigación en curso”, en Revista Inclusive, N° 1, pp. 69-76, 2020.

8. Magliano, M. J. “Cuando lo esencial se vuelve invisible”, en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2020. Disponible en: https://www.eldiplo.org/253-la-grieta-regresa/lo-que-la-pandemia-revela/

9. Mallimaci Barral, A. I. y Pedone, C. “Nuevas dinámicas y destinos”, en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2020. Disponible en: https://www.eldiplo.org/252-como-sera-el-dia-despues/por-que-las-personas-deciden-migrar/

10. OIT. El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios esenciales de salud: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Lima: OIT, 2021.

11. Encuesta Nacional a trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad [ECETSS], Ministerio de Producción y Trabajo (MPyT), 2018.

12. Rosas, C. “Últimas-otras del cuidado”, en Revista Bordes, 30-6-20. Disponible en: http://revistabordes.unpaz.edu.ar/ULTIMAS-OTRAS-DEL-CUIDADO/

13. Fingermann, L. (comp.), La agricultura familiar en el área hortícola de La Plata, Berazategui y Florencio Varela: diversas formas de dependencia y el camino de construcción de su autonomía. La Plata: Ediciones INTA, 2018.

14. “Solidaridad en la pandemia. Productores de La Plata donaron diez toneladas de verdura a hospitales y comedores”, en 221.com.ar, 30-4-20. Disponible en: https://www.0221.com.ar/nota/2020-4-30-15-36-0-productores-de-la-plata-donaron-diez-toneladas-de-verdura-a-hospitales-y-comedores

15. Trpin, V., Ataide, S. y Moreno, M. S. “Trabajadorxs temporarixs en el aislamiento: varados en las fincas y chacras”, en Pescado Fresco, 5-15-2020. Disponible en: https://pescadofrescoblog.wordpress.com/2020/05/12/trabajadorxs-temporarixs-en-el-aislamiento-varados-en-las-fincas-y-chacras/

16. Magliano, M. J., op. cit.

* Texto elaborado por OIM Argentina y María Luz Espiro.

Fuente © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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Herrera Ahuad recibió a director de la OIT

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Con motivo de realizarse ayer en Posadas, la quinta Jornada de consulta del proyecto de Seguridad y Salud en el Trabajo de Adolescentes y Jóvenes de la Región NEA, el vicegobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad se reunió en su despacho con el director de la oficina País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Pedro Américo Furtado de Oliveira y el ministro de Trabajo y Empleo de Misiones, Juan Carlos Agulla, a fin de analizar diversos aspectos relacionados con la temática y la preocupación del gobierno provincial para avanzar con políticas de Estado y propuestas de trabajo seguros y atractivos para ese segmento de la población misionera.
Además el vicegobernador y gobernador electo, a partir del conocimiento de la problemática del trabajo que implica la yerba mate, puntualizó “nuestro objetivo es generar fuentes de trabajo en el sector de las nuevas tecnologías, a partir de plataformas digitales y del empleo verde como la llama la OIT, para esa franja que representa el 41 por ciento de los jóvenes de nuestra provincia, que representan los que tienen entre 18 a 24 años”.

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