Brecha en Protección Social en América Latina: Un Desafío Urgente

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América Latina y el Caribe enfrentan un panorama preocupante en materia de protección social.

Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que la región tiene un déficit de financiación del 2,7% del PIB anual para alcanzar un nivel mínimo de protección social universal. Si bien este porcentaje es menor al de otras regiones como África (17,6%) o los países árabes (11,4%), sigue siendo una barrera significativa para garantizar el bienestar de millones de personas.

El informe destaca que el desempeño de América Latina se ve afectado por la situación extrema de Haití, país con el mayor déficit de financiación de la región (45,5% del PIB). Sin embargo, incluso excluyendo a Haití, la región aún tiene un camino largo por recorrer.

Brasil, con el mayor PIB de la región y un déficit de financiación del 1,4% (el quinto más bajo entre países de renta baja y media), es un ejemplo positivo. No obstante, aún necesita destinar el 0,8% adicional de su PIB para alcanzar la cobertura universal.

Los países con mayores déficits después de Haití son Venezuela (17,7%), Honduras (12,8%) y Nicaragua (9,9%).

En términos de áreas específicas, la atención sanitaria esencial tiene un déficit de financiación del 1% del PIB anual, mientras que las cinco principales prestaciones económicas de protección social presentan un déficit del 1,7%.

Las áreas más afectadas son la atención de niños (0,7% del PIB), las personas con discapacidad (0,3%), la maternidad (0,1%), la vejez (0,3%) y el desempleo (0,3%).

El listado de países con déficits de acuerdo a la OIT

  • Haití: 45,5
  • Venezuela: 17,7
  • Honduras: 12,8
  • Nicaragua: 9,9
  • Guatemala: 6,4
  • Surinam: 5,8
  • San Vicente y Granadinas: 5,1
  • Bolivia: 4,8
  • Belice: 4,7
  • Perú: 4,4
  • Cuba: 4,1
  • Colombia: 4
  • Paraguay: 3,7
  • Santa Lucía: 3,7
  • El Salvador: 3,4
  • Dominica: 3
  • Granada: 2,9
  • Ecuador: 2,8
  • Argentina: 2,7
  • Jamaica: 2,6
  • República Dominicana: 2,5
  • México: 1,9
  • Costa Rica: 1,9
  • Brasil: 1,4

¿Qué se puede hacer para cerrar esta brecha?

La OIT señala que se necesitan recursos adicionales por un valor de US$1,4 billones (el 3,3% del PIB global en 2024) para alcanzar la cobertura universal.

Para América Latina, esto significa triplicar la ayuda oficial al desarrollo destinada a la protección social. Adicionalmente, es fundamental movilizar recursos internos y explorar mecanismos innovadores de financiamiento.

Sin embargo, la mayor amenaza para la protección social en la región es el pago de la deuda pública. En América Latina y el Caribe, el 54% del gasto en protección social, el 64% del gasto en salud y el 63% del gasto en educación se destinan al pago de intereses de la deuda. Para evitar más deuda, 134 gobiernos en el mundo comenzaron a recortar el gasto público en 2021, una tendencia que se espera continúe hasta 2025.

Lamentablemente, esto incluye la focalización y racionalización del gasto en protección social, lo que podría profundizar aún más las desigualdades.

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Seis mitos sobre las migraciones

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Por Organización Internacional para las Migraciones (OIM)* – Aunque la migración es constitutiva de nuestras sociedades y los desplazamientos son tan antiguos como la humanidad, prima la idea de que la migración es un problema reciente, una amenaza. En el Día Internacional del Migrante, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Dipló publican el primero de una serie de seis artículos que buscarán desmontar algunos de los principales mitos relacionados con las migraciones en Argentina.

Mito 1: “Los migrantes no realizan tareas esenciales y les quitan los mejores trabajos a los argentinos”

En Argentina, el camino por la ampliación de los derechos de las personas migrantes es sinuoso. Si bien a la fecha se han zanjado algunas deudas con la población migrante, otras siguen pendientes. Una de ellas es el reconocimiento de la indispensabilidad del trabajo de las personas migrantes. Esta verificación no es sólo del orden de lo ético, sino que requiere de un anclaje material en legislaciones y políticas públicas que garanticen el trabajo digno y en igualdad de condiciones entre las personas migrantes y las nativas.

De los 2,2 millones de los migrantes internacionales que se estiman actualmente en Argentina, el 84,9% proviene de América Latina y el 49% se ocupa en trabajos no registrados (1). En línea con este último dato, la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA) de 2020 registró que el 37% de la población migrante tiene una situación laboral inestable o se encuentra desocupada. En un país donde la tasa de desocupación es de 9,6% y la de empleo no registrado alcanza el 31,5% de la población (2), estas condiciones adversas de la realidad sociolaboral afectan a todo el campo trabajador, pero lo hacen con especial fuerza sobre las personas migrantes.

Las corrientes migratorias internacionales presentes en este país se han ido consolidando al compás de una forma particular de segmentación del mercado laboral –es decir, de la diferenciación de la fuerza de trabajo– que concentra a ciertas personas en cierto tipo de empleos en función de la intersección del género, la edad, la racialización, el origen étnico o nacional, el estatus legal y toda la amplia red de relaciones sociales en las que está inserta una persona. De esta manera, en Argentina se ha construido un mercado de trabajo para migrantes que abarca el comercio, la construcción y el servicio doméstico, sectores que representan el 53% de las ocupaciones (3), junto a la agricultura, la confección textil y otros trabajos de cuidados (4). Se trata de sectores relativamente desatendidos por la población nativa y ocupados por personas migrantes principalmente de América Latina, pero también del Caribe, África y Asia.

La pandemia

Antes del inicio de la pandemia, las dificultades más frecuentes que encontraban las personas migrantes que habitan en Argentina se relacionaban justamente con la informalidad. Al ser cruzada por la irregularización migratoria y la racialización del mercado de trabajo, limita aún más los sectores laborales a los que estas personas pueden acceder y aumenta las condiciones de desprotección social en las que trabajan. Cabe destacar que, según datos de la ENMA, el 35% de las personas migrantes no consiguieron trabajos para los que tienen formación específica o experiencia previa, entre otras causas, por no tener DNI, por dificultades en convalidar sus títulos y por discriminación. El Mapa Nacional de la Discriminación de 2013 elaborado por el INADI (5) reveló que en Argentina la xenofobia afecta específicamente a las personas migrantes latinoamericanas, africanas y asiáticas, y que en Buenos Aires la discriminación por nacionalidad o condición migrante y por color de piel es dominante.

Los impactos drásticos de la pandemia no fueron parejos en todos los sectores sociales. Algunos, como las personas migrantes, ingresaron con mucha desventaja en esta crisis e inmediatamente vieron afectadas múltiples dimensiones de sus vidas de manera extrema. En efecto, según datos de la ENMA, el 53% de las personas migrantes consultadas vio interrumpido su trabajo y perdió su fuente de ingresos durante el aislamiento obligatorio. Asimismo, en el informe elaborado por Agenda Migrante 2020 se señala que el 13% de quienes vieron su trabajo parcialmente interrumpido sufrieron asimismo una reducción significativa de sus ingresos (6).

Las personas migrantes también experimentan diversos tipos de discriminación en tiempos de pandemia. Durante la primera mitad de 2020, algunos autores (7) identificaron una dinámica de discriminación dirigida, primero, a viajantes que volvían del exterior y a personal de salud vinculado a la atención de pacientes con Covid-19, y luego orientada a personas vulnerabilizadas, entre ellas a trabajadores migrantes.

Aunque la población migrante en Argentina históricamente se integra en condiciones desventajosas a sectores fundamentales de la economía, su labor es poco reconocida, especialmente durante el aislamiento obligatorio. En este contexto, trabajadores y trabajadoras migrantes de la salud, de los cuidados, de la agricultura y de los servicios nutrieron la fuerza de trabajo de actividades consideradas “esenciales”, garantizando las condiciones necesarias para que otros pudieran cumplir el aislamiento. Sin embargo, las propias condiciones de trabajo de las personas migrantes nuevamente fueron de gran desprotección. A las bajas remuneraciones se sumaron las extensas jornadas laborales y los altos riesgos de contagio (8).

Esenciales para curarnos

Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), en julio de 2020 había 179.069 personas de este origen en Argentina, una cifra que ha crecido rápidamente desde su llegada al país en 2015. Si bien tienen diferentes proyectos migratorios, se destaca un perfil de personas jóvenes calificadas, quienes originalmente tenían planes de estudio o inserción laboral. Algunas los han concretado, pero otras han sufrido procesos de desclasamiento social, como señalan Mallimaci Barral y Pedone (9), en tanto encontraron menos oportunidades de inserción profesional y en condiciones de mayor precarización. De acuerdo a la ENMA, el 54% tiene un trabajo no registrado en el sector de servicios, con salarios que apenas superan el mínimo.

En un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre el aporte de las personas migrantes venezolanas en los servicios esenciales de salud de seis países de América Latina durante la pandemia, se destaca su labor en “la primera línea de batalla” contra el virus (10). En Argentina, la Asociación Civil de Médicos Venezolanos incluye 1.667 profesionales de este origen y 1.557 enfermeros. En ambos casos las mujeres son mayoría. Estos números -que se estiman podrían ser mayores- se traducen en personas altamente capacitadas para superar el déficit de personal sanitario en los momentos cruciales de la pandemia. Sin embargo, se trata de profesionales que hasta ahora no habían podido incorporarse plenamente al mercado de trabajo por diversas trabas de la política migratoria, relativas a la regularización de su estatus migratorio, la convalidación de títulos y la habilitación para ejercer su profesión. Sólo el 6% tenía un trabajo vinculado a la salud en Argentina.

Para hacer frente al posible colapso del sistema de salud, el decreto de emergencia sanitaria promulgado por el Gobierno Nacional al comienzo de la pandemia dispuso la contratación temporal y transitoria de profesionales de la salud argentinos y extranjeros, independientemente de contar o no con los documentos habilitantes. Según la Asociación de Médicos Venezolanos, se contraron unas 350 personas que finalmente pudieron ejercer su profesión en el país.

Sin embargo, el informe de la OIT revela que las condiciones laborales y de seguridad en el trabajo no respetaban sus derechos. Contaban, por ejemplo, con equipos de protección personal insuficientes, no estaban cubiertos por un seguro de vida en caso de fallecimiento por coronavirus. Además, se veían obligados a desempeñar jornadas largas y extenuantes, se produjo una mayor contratación de médicos varones que de mujeres y obtuvieron remuneraciones más altas quienes tenían títulos convalidados.

Esenciales para cuidarnos

Otro de los sectores de la primera línea de los trabajos esenciales en Argentina durante el 2020 fue el de las tareas de cuidado: garantizar la continuidad del trabajo de cuidado supuso la posibilidad misma de mantener la cuarentena y el teletrabajo de los empleos considerados “no esenciales”.

Según datos de la Encuentra Nacional de Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad de 2018 (11), hay 1,4 millones de personas –en su mayoría mujeres– ocupadas en el trabajo doméstico y de cuidado en Argentina, de las cuales 9,1% son migrantes de países limítrofes (Bolivia y Paraguay), Perú y República Dominicana.

Si bien el decreto que dispuso el aislamiento obligatorio estableció como actividad esencial únicamente a quienes asisten y cuidan de personas con discapacidad, mayores, niños y adolescentes, la Encuesta a Trabajadoras/es de Casas Particulares y su situación laboral en el contexto de aislamiento reveló que el 6,9% de las trabajadoras consultadas cumplió tanto tareas de cuidado como tareas generales de limpieza y otras típicas del hogar. Las personas migrantes del sector doméstico temieron perder su ingreso o su trabajo si no acataban las demandas laborales de sus empleadores. Entre quienes cuidan ancianos se sumó el estrés adicional por el miedo a contagiarlos (12). Además, quienes vieron su situación más perjudicada fueron las trabajadoras migrantes no registradas, expuestas a sufrir arbitrariedades.

A las tareas domésticas también se suman las de cuidado comunitario, en las que las personas migrantes tienen una importante participación. Sostener el funcionamiento de organizaciones sociales y comunidades de apoyo en el contexto de aislamiento, como comedores y asociaciones de migrantes, fue crucial para garantizar atención y alimentación a quienes no podían “quedarse en casa”, sin distinción de origen.

Esenciales para alimentarnos

La región metropolitana sur de Buenos Aires (La Plata, Berazategui y Florencio Varela) alberga el cordón hortícola más grande de Argentina, que abastece el principal centro de consumo del país. Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, allí se produce el 72% de las hortalizas que se comercializan en el Mercado Central de Buenos Aires y se envían a otras provincias (13). La producción es de tipo familiar, tradicionalmente a cargo de población migrante de Portugal, Italia y Japón. Desde la década de 1980 se destaca la producción familiar de personas migrantes de Bolivia, quienes garantizan grandes volúmenes de alimentos frescos, aunque en condiciones de desventaja respecto a otros actores del sistema productivo.

A un mes de iniciada la cuarentena, estos productores bolivianos donaron verduras a quienes más las necesitaban (14). En una de las iniciativas que se conocieron, algunas familias aportaron cajones de lechuga, acelga, tomate, berenjena, espinaca, entre otros productos de su cosecha, sumando 10 toneladas de verdura que fueron llevadas a dos hospitales del partido de La Plata, a comedores y a otros puntos de cuidado comunitario de la zona. Ángel Gutiérrez, uno de los productores bolivianos que puso a disposición su casa como lugar de acopio de la mercadería donada, resumió la mirada de estas familias: “Tenemos una responsabilidad porque somos una de las actividades autorizadas y porque la producción tiene que seguir llegando a los hogares”.

Otra dinámica, aún menos visibilizada, es la de los trabajadores migrantes de provincias del noroeste argentino hacia Mendoza y Río Negro, donde se desempeñan en la cosecha estacional de frutas y verduras, que fueron exceptuadas del decreto de aislamiento. Con matices particulares, como muestran Trpin, Ataide y Moreno (15), su continuación fue sostenida por trabajadores “golondrina”.

Reconocimiento, interdependencia y reciprocidad

El reconocimiento del trabajo de las personas migrantes, su presencia en espacios vitales que sostienen al país y al mundo, requiere una mirada relacional a escala más micro y humana. Personas migrantes y nativas son parte de un entramado conjunto que se favorece del funcionamiento recíproco.

En esta línea, la presencia de población migrante en actividades esenciales durante la pandemia merece mayor atención, ya que el sostenimiento de estas actividades se debió en buena medida a mujeres y varones migrantes que siguieron adelante a pesar de las restricciones y desigualdades a las que se enfrentan.

La pandemia acentuó la desigualdad estructural y dejó expuesta, una vez más, la brecha en el acceso a derechos entre migrantes y población nativa. En Argentina se han producido avances a favor de una perspectiva migratoria en la legislación, por ejemplo, para mitigar el impacto negativo de la pandemia entre la población migrante –como atestiguan, entre otras medidas, el decreto para la incorporación de personal migrante en el sistema de salud o la reciente eliminación de la palabra “extranjero” antes señalada en rojo de todos los DNI de personas migrantes–, pero aún queda trabajo por hacer. Por ello, considerar las singularidades de la condición migratoria, como así también las iniciativas y soluciones que las propias comunidades migrantes ponen en práctica, potenciaría la perspectiva de derechos de las políticas públicas y favorecería su participación ciudadana.

Es necesario reconocer ya no sólo del “aporte” de las personas migrantes a nuestra sociedad, sino también, como sostiene Magliano (16), la “compartencia, solidaridad e interdependencia” que permite la vida. Y así tal vez se comprenda finalmente el punto de partida y sus implicancias: migrar no sólo es un hábito humano, es un derecho.

1. Organización Internacional para las Migraciones. Migrantes en la República Argentina: Inserción en el mercado trabajo. Buenos aires: OIM, 2020.

2. https://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/Bel/index.asp

3. Ibídem.

4. Trpin, V. y Ciarallo, A. Migraciones Contemporáneas. Procesos, desigualdades y tensiones. Neuquén: Publifadecs, 2016.

5. INADI. Mapa nacional de la discriminación. Buenos Aires: INADI, 2014.

6. Debandi, N. y Penchaszadeh, A. P. (coords.). Informe final sobre la situación de la población migrante/extranjera en Argentina ante el avance del coronavirus. Buenos Aires: Espacio Agenda Migrante, 2020.

7. Matta, J. P., Godoy, M. I., Mariano, M., Bahl, B., Pizarro, M. R. y Larrea, N. “Algunas claves antropológicas para pensar situaciones de discriminación por COVID-19 en la Argentina. Avances de una investigación en curso”, en Revista Inclusive, N° 1, pp. 69-76, 2020.

8. Magliano, M. J. “Cuando lo esencial se vuelve invisible”, en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2020. Disponible en: https://www.eldiplo.org/253-la-grieta-regresa/lo-que-la-pandemia-revela/

9. Mallimaci Barral, A. I. y Pedone, C. “Nuevas dinámicas y destinos”, en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2020. Disponible en: https://www.eldiplo.org/252-como-sera-el-dia-despues/por-que-las-personas-deciden-migrar/

10. OIT. El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios esenciales de salud: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Lima: OIT, 2021.

11. Encuesta Nacional a trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad [ECETSS], Ministerio de Producción y Trabajo (MPyT), 2018.

12. Rosas, C. “Últimas-otras del cuidado”, en Revista Bordes, 30-6-20. Disponible en: http://revistabordes.unpaz.edu.ar/ULTIMAS-OTRAS-DEL-CUIDADO/

13. Fingermann, L. (comp.), La agricultura familiar en el área hortícola de La Plata, Berazategui y Florencio Varela: diversas formas de dependencia y el camino de construcción de su autonomía. La Plata: Ediciones INTA, 2018.

14. “Solidaridad en la pandemia. Productores de La Plata donaron diez toneladas de verdura a hospitales y comedores”, en 221.com.ar, 30-4-20. Disponible en: https://www.0221.com.ar/nota/2020-4-30-15-36-0-productores-de-la-plata-donaron-diez-toneladas-de-verdura-a-hospitales-y-comedores

15. Trpin, V., Ataide, S. y Moreno, M. S. “Trabajadorxs temporarixs en el aislamiento: varados en las fincas y chacras”, en Pescado Fresco, 5-15-2020. Disponible en: https://pescadofrescoblog.wordpress.com/2020/05/12/trabajadorxs-temporarixs-en-el-aislamiento-varados-en-las-fincas-y-chacras/

16. Magliano, M. J., op. cit.

* Texto elaborado por OIM Argentina y María Luz Espiro.

Fuente © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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Herrera Ahuad recibió a director de la OIT

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Con motivo de realizarse ayer en Posadas, la quinta Jornada de consulta del proyecto de Seguridad y Salud en el Trabajo de Adolescentes y Jóvenes de la Región NEA, el vicegobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad se reunió en su despacho con el director de la oficina País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Pedro Américo Furtado de Oliveira y el ministro de Trabajo y Empleo de Misiones, Juan Carlos Agulla, a fin de analizar diversos aspectos relacionados con la temática y la preocupación del gobierno provincial para avanzar con políticas de Estado y propuestas de trabajo seguros y atractivos para ese segmento de la población misionera.
Además el vicegobernador y gobernador electo, a partir del conocimiento de la problemática del trabajo que implica la yerba mate, puntualizó “nuestro objetivo es generar fuentes de trabajo en el sector de las nuevas tecnologías, a partir de plataformas digitales y del empleo verde como la llama la OIT, para esa franja que representa el 41 por ciento de los jóvenes de nuestra provincia, que representan los que tienen entre 18 a 24 años”.

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En la UNaM se realizó jornada de consulta del proyecto Trabajo Seguro Jóven

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Se realizó ayer en el edificio Juan Figueredo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, la quinta jornada de consulta del proyecto Trabajo Seguro Joven, impulsado por la OIT Argentina, en el marco de la iniciativa internacional Safe Youth at Work., con la presencia de autoridades de la OIT, funcionarios provinciales y trabajadores de la región, representantes sindicales y empresariales, especialistas en seguridad e higiene gubernamental y especialistas en trabajo de adolescentes y jóvenes

En la apertura estuvieron Juan Carlos Agulla, Ministro de Trabajo y Empleo de la Provincia; Pedro Américo Furtado de Oliveira, Director de la Oficina de País de la OIT para la Argentina, y Gisela Spaciuk, decana de la facultad anfitriona, quienes destacaron “la oportunidad que implica para el país y fundamentalmente para nuestra región este proyecto que implica dotar de seguridad a los jóvenes que se insertan en el mundo laboral, especialmente en aquellas como las agrícolas que se encuentran más desprotegidas, y que el sector de los jóvenes es el más expuesto a sufrir lesiones en el lugar de trabajo”

La jornada fue dividida en tres núcleos de trabajo, y en el primero se presentó el proyecto por parte de Diego Guisande, coordinador nacional del proyecto e integrantes del comité de redacción del Plan de Acción Nacional. Posteriormente se expusieron los resultados del estudio sobre seguridad y salud en el trabajo de los jóvenes en la yerba mate, que fue moderado por Miguel Angel Molina, defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones, con la participación de Susana Aparicio, coordinadora del equipo de investigación; Alejandro Oviedo de la UNaM y Francisco Rodriguez del INTA. Tras este panel los asistentes realizaron diversas preguntas con respecto a las particularidades de la investigación, planteándose un debate enriquecedor, principalmente acerca de los distintos eslabones del trabajo en la yerba mate, fundamentalmente el de la tarefa.

La última sesión estuvo referida a “los desafíos en la Seguridad y Salud de los adolescentes y jóvenes trabajadores en la Región NEA”. Actuó como moderadora Viviana Martínez de la Superintendencia de Riegos del Trabajo e integraron el panel Otilia Peralta del departamento de Seguridad y Salud del ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia; Juan Alberto Galarza, subsecretario de Educación Técnica; Jorge Gómez del Centro de Empleados de Comercio; Elizabeth Ojeda de Ratti SA y César Bernal del Instituto Linea Cuchilla.

Luego se trabajo en tres grupos para debatir sobre cumplimiento; datos e investigación y educación y formación. Tal fue el interés de los participantes que los debates superaron el tiempo preestablecido para este desarrollo.
Objetivo del proyecto

La Oficina País de la OIT para la Argentina (OIT Argentina), junto con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y en estrecha colaboración con el Ministerio de Producción y Trabajo y el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), está implementando el proyecto “Trabajo Seguro Joven: Construyendo una generación de trabajadores seguros y saludables en Argentina” (“SafeYouth@Work”) que busca mejorar la seguridad y salud laboral de los trabajadores jóvenes de entre 16 y 24 años de edad en Argentina y promover una cultura de prevención.

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Experto de la OIT elogió la Escuela de Robótica y dejó consejo: Debe vincularse más con el mundo empresario

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Pedro Américo Furtado de Oliveira es el director de la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo y está de visita en Misiones.

El experto visitó ayer la Escuela de Robótica, recorrió sus instalaciones y dialogó con su directora, Solange Schelske, para interiorizarse sobre su funcionamiento.

“Sigo sorprendido por la Escuela de Robótica, me parece bastante visionario, fortalecer un proceso de formación desde los cuatro años hasta pasada la mayoría de edad, que esa escuela pueda representar un proceso positivo de los cambios tecnológicos”, señaló Furtado.

El director de la oficina local de la OIT explicó que en el mundo hay un temor generalizado por los rápidos cambios tecnológicos y la desaparición de muchos trabajos. ¿De qué van a trabajar las futuras generaciones y las actuales cuyas tareas ya no son requeridas en el mercado laboral?

En ese contexto, dejó un mensaje o un consejo para la Escuela de Robótica: Debe vincularse más con el mundo empresario.

“Hay otro desafío y es que esta escuela sea una respuesta a las necesidades del sector empresarial, todas esas propuestas del sector profesional deberían estar calzadas en un contexto de diálogo con el sector empresario y sector sindical”, señaló Furtado,

“Porque eso toca a todos los actores del mundo del trabajo. Preparando a los jóvenes para los que ya están en el trabajo y deben recapacitarse y re aprender otros oficios, aun más hoy en día, en que tenemos un grupo de población que está necesitando quedarse mas tiempo trabajando, se esta hablando de la reforma jubilatoria en muchos países, que se pueda trabajar más allá de los 65 años”, explicó.

Consultado sobre si la extensión de la vida laboral de una persona era un fenómeno mundial, Fortado de Oliveira dijo que si. “El trabajo es un valor social, salir del mundo laboral o el mundo productivo es salir de la sociedad para algunos, debemos pensar cómo ofrecer el derecho a una enseñanza pensada en permanente”.

El funcionario brasileño estuvo también acompañado en su recorrida por el ministro de Trabajo, Juan Carlos Agulla, y el Subsecretario de Educación Técnica, Alberto “Colita” Galarza.

La Escuela de Robótica no fue el único lugar visitado por el brasileño. Antes había estado en las Aulas Talleres Móviles, del Parque del Conocimiento, recorrió el Parque Industrial y visitó la EPET N°34, que tiene una orientación de “Técnico en Informática Profesional y Personal”.

Después de la visita a la Escuela de Robótica, la agenda siguió con recorridas por el CFP N°16 y la EPET N°1 y CFP N°1.

 

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