Ollanta Humala

Perú, el país sin presidente

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Durante una década tuvieron 8 presidentes. Si uno lee ese dato o esa cifra sin contexto alguno podría pensar que se trata de un país ahogado en algún tipo de crisis humanitaria o envuelto en algún conflicto, en donde la institucionalidad se caracteriza por ser endeble y problema de último orden. Sin embargo, pese a eso, Perú sigue funcionando. 

Debilidad presidencial 

José Jerí fue el último cesanteado de su cargo como máximo mandatario. Como con casi todos sus antecesores, las causas y escándalos relacionados a hechos de corrupción han golpeado sus puertas y la destitución terminó atendiendo. José Maria Balcázar fue quien lo reemplazó aunque a horas de asumir, pesa sobre sus hombros una petición de declaración en la justicia por una serie de irregularidades, lo que sigue motivando a un problema a futuro para su continuidad. Dicho sea de paso, hay elecciones el 12 de abril en Perú, dónde buscarán, democráticamente, elegir a su futuro presidente destituido.

Una de las mayores curiosidades de Perú es lo poco que vale la investidura presidencial. Quizás por costumbre, pero en Argentina desfilaron y desfilan presidentes con innumerables causas judiciales en su haber y no pagaron con su cargo. Desde la causa Correo Argentino de Macri hasta la criptoestafa del actual presidente Milei, son algunas de las cuestiones que llevan a nuestro asombro. Quizás los argentinos somos los que no comprendemos a Perú por la naturalización de escándalos relacionados a la corrupción en el poder. 

Sea como sea, en Perú se conjugan dos particularidades que intentan explicar la razón de los constantes cambios en el sillón del Palacio de Gobierno. Por un lado, un Congreso fuerte. Es sabido que existen estas características en varias democracias globales, en donde el Congreso tiene tanto o más poder que la figura presidencial. Nuevamente nos trae a comparar con nuestra experiencia Argentina, dónde el exceso de presidencialismo histórico en el poder puede moldear nuestro imaginario colectivo sobre cómo percibimos la política exterior. La fortificación del Congreso peruano en la última década puede explicarse por las facultades de control agresivas y de bajo costo político, lo que termina transformando al órgano legislativo más en un árbitro o en un verdugo político que es un poder del Estado. 

La otra cuestión que explica la omnipresencia política del Congreso es el lobby económico del poder concentrado. Sectores como la minería, agroexportación, banca, zonas económicas especiales e incluso empresas chinas han estado relacionados a situaciones de lobby o presión sobre el Congreso para la toma de decisiones políticas o inclusive el favorecimiento en leyes o derogaciones de las mismas. Desde reuniones privadas, financiamiento indirecto de campañas, presión vía gremios hasta blindajes a proyectos de interés son algunas de las tácticas más extendidas del lobby económico que presiona en todo el mundo, pero donde pega fuerte es en Perú y donde también termina tumbando presidentes como piezas de dominó. 

Ideología a marzo 

Ese vaivén constante de nombres en el poder, la cuestión ideológica termina siendo materia de debate de estudiantes universitarios de primer año. El único partido al cual parecen responder es al del lobby económico explicado previamente. 

Esta situación toma mayor relevancia cuando uno se da cuenta de que el actual presidente proviene de la izquierda política, con mucha cercanía al ex gobernante Pedro Castillo (también destituido) y que distaba de Jerí y Boluarte, otros predecesores cesanteados. 

Más allá de los protocolos del Congreso y demás cuestiones meramente institucionales, llama poderosamente la atención como en Perú la procedencia ideológica parece no importar o no primar. Sin entrar en teorías o visiones propias de la sociología, uno puede pensar rápidamente que el lobby económico, financiero y empresarial es el que termina decidiendo en pos de sus intereses propios, sin correlación ideológica alguna. 

Si uno va a las estadísticas, sitios o consultoras como Datum Internacional, Ipsos, IEP y CPI muestran una tendencia clara. El nivel de desaprobación hacia el Congreso es fuerte, excepto cuando el nivel de aprobación al candidato es alto. Las vacancias hacia los presidentes suelen tener entre un 80 a 90% de aprobación siempre que un candidato padezca tan solo un 10 o 20% de aprobación total. Es decir que la institucionalidad o la percepción que la gente tenga de ello está atada a cuanto aprueban o no la gestión de un gobernante. Ya no su ideología ni tampoco el cuidado de la “democracia” sino simplemente el disgusto con la clase política. 

Cabe preguntarse si Perú no es el futuro de la aceptación política mundial. En un mundo cada vez menos ideologizado y con exceso de consumo basura en redes sociales, tal vez el hartazgo con la clase política puede resolverse o canalizarse a través de apoyar las destituciones sin importar procedencia alguna, sino condenando el accionar corrupto del funcionario en cuestión. Tal vez y solo tal vez, eso que no entendemos de la flexible pasarela de presidentes de Perú sea el verdadero sentimiento de aquel ciudadano no inmerso en la política “intelectual” pero donde el día a día le vive pasando factura. El problema es, que en el medio, quien saca provecho es el empresario que más tiene. 

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Perú, el Estado que nunca fue

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Tensión, presión, intensidad, incertidumbre y violencia, son algunas de las palabras que pueden describir lo acontecido desde diciembre hasta la actualidad en Perú. Situación que se acrecentó esta semana con la autodenominada “toma de Lima”. Una marcha multitudinaria que vuelve a poner en debate la fragilidad institucional del país incaico. 

Pedro Castillo, hace un tiempo, fue barrido del poder político en Perú. Su reemplazante fue Dina Boluarte, quien supo ser su vicepresidenta. En paralelo a la detención del ex presidente electo democráticamente, comenzaron las manifestaciones que tenían como foco común la liberación del mismo e inclusive el hecho de que se retracte la decisión del parlamento. Por otro lado, la respuesta de Boluarte ante este llamamiento popular fue una ardua represión, la cual ya lleva más de un mes y provocó más de 50 fallecidos. 

La “toma de Lima” termina siendo la expresión del hartazgo de varios sectores sociales de Perú contra un régimen represivo. Casi sin banderas políticas definidas, miles de ellos de abalanzaron sobre la capital peruana en busca de alguna respuesta, pero solamente recrudeció las rispideces con las fuerzas de seguridad que maneja Dina Boluarte y su ministro de Seguridad. 

Sin embargo, esta cuestión que vive actualmente Perú, no es algo fortuito ni instantáneo. Es un caldo de cultivo de descontento popular que viene creciendo en la última década, en donde los mandatarios que la población pone a cargo, terminan siendo echados por la puerta de atrás, desde las decisiones de un parlamento sumamente fuerte. Es un dejo de malestar, no solamente hacia la figura de Dina Boluarte o a la de Pedro Castillo (quien las sufrió durante su mandato), sino ante su sistema. Un parlamente que maneja a gusto y piaccere lo acontecido con el poder político, inclusive rozando los autogolpes de Estado. 

Este descontento peruano, además, se cristaliza en los sectores más desfavorecidos, aquellos a quienes la clase dirigente los deja de lado. El sur, particularmente, es la región de Perú que mayores movilizaciones presentó en el último mes, como así también los productores e inclusive las comunidades originarias. Ellos veían en Pedro Castillo a un par que, más allá de sus errores a cargo del Estado, era una persona simbólicamente más cercana a la que representaron los presidentes peruanos en las últimas décadas. Aunque esta premisa desconoce de parámetros ideológicos. Aquí no hay ni izquierda ni derecha que valga. Constantemente, las protestas se presentan desde varios arcos políticos, sin demasiado rumbo más del que elevar su queja ante el imponente contexto de descomposición política. Y justamente ese el concepto: Perú es un país bajo una grave situación de descomposición política e institucional. Un país donde no importa quien asuma ni quien gobierne, los hilos siguen estando bajo las manos de los titiriteros del parlamento. 

Un tema a tener en cuenta es la situación económica de Perú. En este país, como en todas partes del mundo existe la desigualdad y la falta de redistribución de las riquezas, y puntualmente de las tierras. Sin embargo, es uno de los países con mayor estabilidad económica. Esto también puede influir, entendiendo que aquel quien puede, aunque sea mínimamente desafiar al sistema en cierto cambio o viro en la economía peruana, puede transformarse en un enemigo del establishment. De hecho, no sorprenden los lazos del empresariado, el turismo, los medios de comunicación y el poder político. 

Esta novela peruana pareciera ser que no tiene fin. Sin importar el nombre de quien gobierne y el partido político que maneje al país desde Lima, las protestas están. Sin importar la cierta estabilidad económica, las protestas están. Sin importar lo positivo que pueda tener una gestión, las protestas están. Esta huella imborrable de desasosiego social, tiene como explicación a un país con una clase dirigente que disolvió la institucionalidad y donde la democracia se transformó en un simple sustantivo. Esta situación se derramó sobre la ciudadanía, y sobre generaciones completas que ven, gobierno tras gobierno, la impunidad de la falta de estabilidad que se genera, y que provoca que la protesta sea la única arma para defenderse, en un país que terminó por pisotear la institucionalidad. Perú, la nación con el Estado ficticio y la rabia social a flor de piel.  

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Juez de Perú encarceló al exmandatario Humala y a su esposa por Odebrecht

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La Justicia peruana ordenó este jueves el ingreso en prisión del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, mientras se les juzga por lavado de activos y asociación para delinquir, con lo que ya son dos los exmandatarios peruanos con pedido de cárcel por el caso Odebrecht. 

El juez Richard Concepción Carhuancho decretó 18 meses de prisión provisional para el ex mandatario y su esposa, investigados por la presunta recepción de 3 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011 y de dinero “ilícito” procedente de Venezuela para la campaña de 2006.

Apenas se conoció el pedido de captura y prisión para Humala, el ex mandatario y su esposa se dirigieron desde su hogar a la sede del tribunal, en donde se espera que serán derivados a un penal para esperar allí el juicio. 

Inmediatamente los abogados defensores de Humala y Heredia, Wilfredo Pedraza y Julio César Espinoza, respectivamente, anunciaron que apelarán la decisión, que consideraron “arbitraria”. El exmandatario, antes de dirigirse al tribunal, cuestionó por twitter la decisión del magistrado.


Con esta decisión, Humala se une al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), prófugo en los EE.UU de la Justicia peruana acusado de haber recibido 20 millones de Odebrecht para facilitar sus negocios en el país, en la lista de mandatarios peruanos salpicados por la corrupción.

También será el segundo expresidente peruano encarcelado en el país, tras Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por varios casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidos bajo su mandato.

El juez Concepción aceptó el pedido de la fiscalía de encarcelar a la pareja, decisión que consideró “idónea, necesaria y proporcional” para garantizar su presencia en el juicio que se seguirá en su contra.

Según el magistrado existe “un alto grado de probabilidad” de que ambos hayan cometido los delitos de los que se les acusa. 

El juez apuntó que con las nuevas pruebas que aportó la fiscalía confluyeron diversos criterios como la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, y la pertenencia a una organización criminal en el caso del exmandatario para justificar la sentencia.

Según las pruebas esgrimidas, Humala ya habría intentado manipular la acción de la justicia a través de presiones a testigos, y que eso le habría valido para salir absuelto en otros juicios como el que se siguió por el caso Madre Mía.

En cuanto a Heredia, el juez Concepción afirmó que la prisión preventiva evitará que pueda obstaculizar la acción probatoria y que se sustraiga de la acción de la Justicia, algo que a su juicio había intentado hacer al conseguir “de favor” un empleo en Ginebra en el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), al que posteriormente renunció.

Según dijo, ese empleo se debió a la vinculación con Odebrecht, con el Partido de los Trabajadores del expresidente brasileño Lula da Silva y con el director de la organización José Graziano, próximo al ex mandatario brasileño.

El magistrado también consideró como “elementos de convicción” las declaraciones de testigos que afirmaron que Heredia y Humala había recibido dinero de la embajada de Venezuela para su campaña electoral en 2006.

“Existe un alto grado de probabilidad de que han recibido dinero de Venezuela, dos personas han presenciado que sacaban maletas con billetes de la embajada”, y el tesorero del partido, Ilan Heredia, también recibía dinero del extranjero en mochilas, indicó Concepción.

Para la campaña del 2011, de acuerdo a la investigación fiscal, se les atribuye haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS que habrían colocado en la campaña presidencial, después de haber simulado aportes individuales a su partido.

“Comienzan a cerrarse los vacíos que se tenían inicialmente, Odebrecht viene y dice que OH es Ollanta Humala”, afirmó el juez, en referencia a las anotaciones del sentenciado dueño de la constructora sobre quienes recibieron los sobornos de esta compañía.

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