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Misiones oficializó la suspensión del pago a cuenta de Ingresos Brutos en rutas

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El Gobierno de Misiones oficializó este lunes la suspensión del régimen de pago a cuenta de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre mercaderías que ingresaban a la provincia y sobre determinadas operaciones vinculadas al transporte de cargas.

La medida fue formalizada mediante el Decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado el 30 de abril de 2026, y representa uno de los anuncios más esperados por el sector comercial e industrial, luego de que el gobernador Hugo Passalacqua lo anticipara el viernes pasado durante su discurso ante la Legislatura provincial.

Esta exclusión que será de oficio y sin necesidad de realizar trámite alguno, incluye a las pymes que en el año 2025 hubieran dado hasta $10 millones anuales de pago a cuenta y comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados.

Dicho de otra manera: el 95% del padrón de contribuyentes queda excluido del pago. Además, las restantes 873 grandes empresas que quedan incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada, lo que les significará un ahorro del gasto administrativo, agilizando además el tráfico de ingreso a la provincia.

La decisión instruye al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar un régimen especial, excepcional y de carácter temporal destinado a flexibilizar y suspender la aplicación del sistema previsto en las Resoluciones Generales 56/2007 y 44/2021, que regulaban el pago a cuenta en los puestos de control fiscal sobre rutas.

Hasta ahora, ese mecanismo obligaba a realizar adelantos de Ingresos Brutos sobre productos o mercaderías que ingresaban a Misiones para su compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, entregas en depósito, consignación y también sobre la prestación del servicio de transporte de cargas con origen en la provincia.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el actual contexto macroeconómico, marcado por restricciones financieras, caída de la actividad económica y aumento de los costos operativos, impacta de manera directa sobre la dinámica productiva y comercial, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas.

En ese marco, el decreto sostiene que la operatoria vigente en los puestos de control fiscal, si bien constituye una herramienta válida de fiscalización, genera en determinadas circunstancias costos financieros y administrativos que terminan afectando la actividad económica.

Por eso, el Gobierno consideró necesario avanzar en una simplificación de procedimientos que reduzca la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la propia Agencia Tributaria Misiones (ATM), sin resignar los objetivos de control y recaudación.

La norma remarca que se trata de una flexibilización transitoria, sin modificar la estructura normativa vigente, pero permitiendo una administración más eficiente de los recursos estatales y una fiscalización más focalizada en los sectores de mayor riesgo fiscal.

En la práctica, la medida implica el fin de uno de los reclamos históricos de comerciantes, industriales y transportistas, que cuestionaban el impacto financiero que generaban estos adelantos impositivos sobre el capital de trabajo, especialmente en un escenario de caída del consumo y retracción económica.

Durante su mensaje legislativo, Passalacqua había planteado la necesidad de sostener la actividad privada y aliviar cargas que afectan la competitividad provincial, en línea con otras herramientas como los programas Ahora y nuevas medidas de incentivo para el comercio y la producción.

El decreto faculta además tanto al Ministerio de Hacienda como a la Agencia Tributaria Misiones a dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación del nuevo esquema, que entró en vigencia de manera inmediata desde su publicación oficial.

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Decisiones trascendentales

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No fue un discurso más. Había una enorme expectativa por sus palabras, por el tono político y las miradas externas e internas. No defraudó ese interés. El mensaje del gobernador Hugo Passalacqua marcó un cambio de época en una de las políticas centrales: la rigurosidad fiscal. Instaurado en 2007, el pago a cuenta en los controles fiscales había sido un pilar que marcó a Misiones, para bien, en cuanto al control recaudatorio y para mal, en cuanto a las quejas empresarias y opositoras. En rigor, nunca se trató de una “Aduana Paralela”, sino de un pago a cuenta que obligó a exteriorizar la mercadería que compraban o pretendían ingresar. Un dedo en la llaga para muchos. 

El problema dejará de ser un tema de discusión, tras la decisión tomada por el Gobernador de que se levanten los controles ruteros. “Aclaro: No habrá más cobros de ningún tipo en los puestos de control, quedando los mismos únicamente para verificación de documentación”, insistió Passalacqua en el pasaje más sorpresivo de su mensaje de Estado ante la Cámara de Diputados. 

El anuncio, que rompe muestra una dinámica que choca con los dogmas, desarticula el andamiaje argumentativo de la oposición y las cámaras empresarias, que cuestionaban el impacto del pago a cuenta, que comenzó a cobrarse en 2007, hace casi 20 años. 

La exclusión, que será de oficio y sin necesidad de realizar trámite alguno, incluye a las pymes que en el año 2025 hubieran dado hasta 10 millones anuales de pago a cuenta y comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados. Dicho de otra manera: el 95% del padrón de contribuyentes queda excluido del pago. Además, las restantes 873 grandes empresas que quedan incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada, lo que les significará un ahorro del gasto administrativo, agilizando además el tráfico de ingreso a la provincia. 

Finalmente, se dispone para los nuevos contribuyentes, la exclusión del pago a cuenta desde su alta, a efectos de atraer aún más inversiones legítimas a la provincia.

Además de la relevancia política, la decisión toma otra dimensión porque se toma en medio de una fuerte caída de los recursos federales y de la recaudación propia.

En el primer bimestre Misiones registró una recaudación propia de impuestos y tasas varias por $179.166 millones, cifra que equivale a una  variación real negativa de -23,4% respecto a igual período del año anterior. En términos de variación relativa, se trata del peor primer bimestre desde 2006. Visto en moneda constante, la recaudación de 2026 es la más baja desde el año 2020. Entre enero y febrero, la provincia registra una pérdida de más de $40.000 millones en términos reales, explicada por la baja tanto en la coparticipación como en la recaudación propia. Solo en enero, la caída total real fue de $43.492 millones, y en febrero de $41.159 millones interanual. 

Según los datos oficiales, este desequilibrio se profundiza al observar los montos que los misioneros aportan por mes en impuestos nacionales (IVA, ganancias y cheques): cerca de $476.000 millones, de los que sólo retornan $170.000 millones, en concepto de coparticipación. El impacto se acentúa porque, históricamente, la Nación compensaba esa asimetría financiando obras de infraestructura, viviendas y programas de incentivos. Hoy ese escenario cambió. La caída drástica de las transferencias y la paralización de las obras nacionales significan que el Estado nacional concentra en sus arcas los recursos que antes redistribuía. Hoy las provincias son las que deben cubrir esa ausencia. 

El Gobernador venía masticando la reforma fiscal desde hace varias semanas y la preparó como anuncio estelar de su mensaje legislativo. Además del impacto en el discurso opositor, la medida también apunta a demostrar que la caída del consumo y los precios altos poco y nada tienen que ver con la política fiscal de Misiones, sino a decisiones que se toman en Buenos Aires. 

La distancia que tenemos con las políticas implementadas desde Nación, es similar a la distancia geográfica que nos separa de la capital. La gestión política va mucho más allá de lo macroeconómico. Se construye sobre una lectura profunda y constante, conectados cara a cara con la gente que nos marca una agenda propia, alejada de los ruidos y videos virales de redes sociales”, describió Passalacqua.

Y los datos sustentan esa posición. Desde diciembre de 2023, el padrón de Convenio Multilateral en Misiones creció diez por ciento, sumando 4.600 nuevas firmas (entre empresas, PyMEs y unipersonales) que hoy eligen operar en la provincia. Mientras Misiones suma firmas, la tendencia nacional es drásticamente opuesta: en el resto del país, este padrón de contribuyentes cayó en casi 18 mil, detalló Passalacqua. ¿Cómo puede coincidir ese dato con el discurso de que Misiones ahuyenta inversiones?

Passalacqua fue más allá en rebatir los argumentos opositores -libertarios- y exhibió datos que colocan a Misiones lejos de los primeros lugares en la presión fiscal. 

Misiones está en la mitad de la tabla, exactamente en el puesto 13. “Hay 12 provincias que cobran una alícuota superior a nuestro 4,5%. Y la diferencia de fondo es que varias de esas jurisdicciones con impuestos más altos hoy están emitiendo bonos para tapar agujeros financieros o tienen peores calificaciones de riesgo crediticio internacional. Nosotros, con un enorme esfuerzo propio, elegimos el camino del orden, cumpliendo nuestras obligaciones sin hipotecar el futuro”, remarcó. 

La novedad sorprendió en el recinto, donde los diputados parecieron no tomar dimensión del cambio. Incluso, los más acérrimos opositores quedaron en una suerte de offside argumentativo. Otros, como el ex tenista Diego Hartfield optaron por relatar la noticia por las redes sociales desde el confort de su hogar, su lugar elegido para “hacer política”. E ironizar sobre los anuncios. “Sobre el programa Ahora Sepelios prometo no hacer ningún comentario. Solo leeré los vuestros”, se mofó el especialista financiero. 

Los programas Ahora son una herramienta fundamental para sostener el consumo y aliviar a miles de familias misioneras, ante el incesante aumento diario de precios y costos. 

El primero fue el Ahora Pan en 2018, que permite hoy tener el pan más barato de la Argentina, en un acuerdo con las panaderías a cambio de mitigar el costo de la electricidad. Passalacqua anunció varios nuevos capítulos, como el Ahora Chacra, el Ahora Verdulería y el Ahora Sepelios, que permitirá a trabajadores, autónomos o monotributistas, todos los días de la semana, pagar los servicios en hasta 6 cuotas sin interés y con reintegro de hasta el 25% con tarjetas de crédito y otras alternativas de pago. 

Cada uno de los planes impacta en el consumo. En 2025 generaron ventas por 105 mil millones, representando más del diez por ciento del total de ventas minoristas. A la Provincia le cuesta 775 millones de pesos al mes mantener el financiamiento. Pero en una una familia misionera de cuatro integrantes puede representar un ahorro combinado de hasta 273.000 pesos mensuales, equivalente al 23% de su ingreso. “Este ahorro cotidiano es un respiro económico vital para que nuestras familias lleguen a fin de mes en este contexto”, remarcó Passalacqua. 

Llegar a fin de mes es una odisea para millones de argentinos y miles de misioneros. La actividad económica se desploma a diario y el cierre de empresas que no logran “reconvertirse” es abrumador. No es una actividad en particular, sino una realidad transversal a toda la economía. “Nunca… lo que nunca me pasó en la vida, para el mes de junio, ni una sola reserva. Saqué una promoción del 40% con unos precios increíbles. Ayer recién a la noche a última hora ingresaron dos reservas para el 25 de junio al 29. Pero viene horrible la mano, viene horrible la mano”, contó un hotelero de Iguazú, asombrado por la parálisis de la actividad.

En contraste, la eliminación del pago a cuenta de Ingresos Brutos puede reactivar la actividad. El grupo inversor del hotel Marriot que se construye en Iguazú debe traer todo el sistema antiincendios. Lo iba a importar desde Córdoba, con una inversión de 130 mil dólares. El pago a cuenta le significaba inmovilizar cerca de 10 millones de pesos, que ahora volcará a comprar insumos en Misiones. La operación se hará en julio. 

En el sector industrial también fue bien recibida la noticia. No sólo por la supresión del pago a cuenta, sino por la exención a la salida de productos desde la provincia. Una yerbatera que acumulaba 1.200 millones en retenciones y analizaba mudar su sede a la provincia matriz, ahora revisará sus planes.  

La yerba también tuvo un capítulo en el mensaje de Passalacqua. “Esta desregulación no es libertad, es una asimetría profunda que deja el escenario donde se permite que el pez grande se devore al más chico”, sentenció el gobernador. En una respuesta tácita al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el libertario Rodrigo Correa, Passalacqua insistió en que “la crisis SI EXISTE (la mayúscula es del Gobernador) pero no la están pagando todos por igual”.

El mandatario le puso números a la desregulación. “Hace exactamente un año pedíamos en este mismo lugar 505 pesos y ese valor hoy sería $700 por el kilo de hoja verde. El ajuste castiga al eslabón más vulnerable, el productor, mientras el sector industrial mantiene sus márgenes. Estamos hablando de 400 mil millones de pesos que dejan de ingresar a nuestra economía. Es dinero que ya no llega a la despensa, a la carnicería del barrio. La plata que siempre da vueltas, ya no gira porque no hay, deja de llegar, el yerbatero la deja de percibir”, detalló. 

La provincia ya demandó al Estado Nacional para restaurar las facultades del INYM; ahora también lo están haciendo varias asociaciones gremiales yerbateras, con el respaldo provincial. La Justicia federal posadeña, que en primera instancia había intervenido, ahora dilata una definición y, por el contrario, partió la demanda en varias partes, entre Oberá e Iguazú, lo que genera más desasosiego a los productores. 

En las próximas horas habrá nuevas medidas para la yerba mate, en la búsqueda de inclinar la balanza para subir el precio. No serán los 700 pesos, pero habrá herramientas financieras y de gestión apuntadas a secaderos y molinos para elevar el precio de referencia, bastante por encima de los valores actuales.  

Passalacqua abrió y cerró su mensaje con referencias al tiempo político que se vive de cara a las elecciones de 2027. “Misiones se ha consolidado como precursora de una idea que el Santo Padre, el Papa Francisco, supo bautizar como la “Cultura del Encuentro”, comenzó, en velada referencia al Encuentro Misionero lanzado hace unas semanas. “Les aseguro que tengo la fortaleza y la templanza necesarias para navegar estos tiempos difíciles hoy y mañana”, cerró. No hacen falta muchas lecturas subterráneas. El discurso tuvo una enorme carga simbólica, que reveló el estado de situación de la economía y medidas para mejorar lo que se pueda mejorar, con recursos propios. “Todos los logros alcanzados son el mérito del enorme esfuerzo de la gente, de los intendentes que
siempre están y del reflejo de una cohesión y una visión de Estado que se han sostenido en el tiempo. Iniciativas claves que fueron proyectadas bajo la visión del ingeniero Rovira, otras se consolidaron durante la gestión de Closs, y muchas otras han sido impulsadas por el doctor Herrera y sus respectivos equipos de trabajo”, remarcó Passalacqua.

El contraste fue fuerte con lo que sucedió en el Congreso, donde Manuel Adorni tuvo que defender la gestión libertaria. El jefe de Gabinete, acorralado por las denuncias por enriquecimiento acelerado y gastos VIP, repitió el esquema del propio Presidente: sencillamente hacer oídos sordos de los gritos de la realidad. Sobre la yerba, negó una crisis, descartó asistir a los productores y recomendó a los industriales ir a los bancos a financiarse para cubrir la rentabilidad perdida.

Lo más saliente que dejó su paso por el Congreso, además de nuevas revelaciones de la lujosa vida que ostenta junto a su pareja, fue un desliz, o quizás una advertencia: su informe incluyó un minucioso informe sobre los gastos de una tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica. Gastos por 313.000 dólares en menos de un año en consumos que incluyen hoteles de lujo, free shops, peluquerías, discotecas, servicios de playa y compras en tiendas de ropa en distintos países. Los gastos corresponden al período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, etapa que coincide casi por completo con la gestión de Demian Reidel al frente de la empresa estatal. Según el documento, la cuenta identificada bajo el número 338402 acumuló consumos que exceden ampliamente los gastos operativos habituales de una misión corporativa y abren interrogantes sobre los mecanismos de control interno. Reidel es uno de los asesores más cercanos, influyentes e íntimos amigos del presidente argentino Javier Milei.

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El Gobierno redefine la segmentación audiovisual y actualiza el esquema de espacios electorales gratuitos

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La Jefatura de Gabinete aprobó una reconfiguración integral del esquema que determina cómo los servicios de comunicación audiovisual ceden tiempo de programación para fines electorales. La medida, formalizada mediante la Resolución 160/2025, reemplaza el anexo de la Resolución 675/2023 y redefine los porcentajes que cada segmento de prestadores deberá aplicar como pago a cuenta de impuestos nacionales. La decisión actualiza el marco regulatorio tras los cambios normativos introducidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la derogación del Reglamento General de los Servicios de TV por Suscripción.

Un nuevo esquema de segmentación para un sistema audiovisual en transformación

La resolución, fechada el 28 de noviembre de 2025, sustituye el anexo que establecía la segmentación entre licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual. El cambio se sustenta en el artículo 2 del Decreto 342/2023, que delegó en la Jefatura de Gabinete la responsabilidad de definir los parámetros para distribuir el monto previsto como pago a cuenta de impuestos nacionales.

La norma recuerda que la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos obliga a los servicios de comunicación y televisión por suscripción a “ceder en forma gratuita el CINCO POR CIENTO (5%) del tiempo total de programación para fines electorales”, y que desde 2020 la mitad de ese porcentaje puede imputarse al pago de tributos nacionales.

El nuevo anexo —identificado como ACTO-2025-124252227-APN-ENACOM#JGM— actualiza la clasificación de segmentos y porcentajes, con una estructura que abarca:

  • Segmento A (AMBA):
    • TV de media y alta potencia: 35 %
    • AM de media y alta potencia: 9 %
    • FM de media y alta potencia: 9 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 3 %
  • Segmento B (ciudades > 600.000 habitantes):
    • TV media y alta potencia: 10 %
    • AM media y alta potencia: 3 %
    • FM media y alta potencia: 2 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 1 %
  • Segmento C (ciudades entre 100.000 y 599.999 habitantes):
    • TV media y alta potencia: 9 %
    • AM media y alta potencia: 2 %
    • FM media y alta potencia: 2 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 1 %
  • Segmento D (ciudades < 100.000 habitantes):
    • TV, AM y FM de media y alta potencia: 1 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 1 %
  • Segmento E (señales inscriptas en el Registro del art. 58 de la Ley 26.522): 10 %

La distribución será “igualitaria dentro de cada segmento”, según establece el artículo 2º de la resolución.

Decreto 70/2023, impacto normativo y redefinición del mapa regulatorio

El Gobierno fundamenta la nueva estructura en el profundo cambio regulatorio provocado por el DNU 70/2023, que declaró la emergencia pública en materia económica, administrativa, fiscal y tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2025.

En particular, el artículo 329 del decreto modificó la Ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para incorporar como servicio TIC a la “radiodifusión por suscripción mediante cualquier vínculo”, exceptuándola de las disposiciones de la Ley 26.522. Ese cambio implicó desregular la estructura histórica del sector audiovisual y habilitar la revisión de reglamentos previos.

Como consecuencia, el ENACOM derogó en 2024 el Reglamento General de los Servicios de Televisión por Suscripción (Resolución 1491/2020), lo que tornó necesario adecuar toda la arquitectura de segmentación definida en 2023.

La resolución 160/2025 señala que este rediseño responde a la necesidad de “adaptar el marco regulatorio de los servicios de televisión por suscripción” a un ecosistema que, según el propio DNU, debe contar con “mayor libertad para su desarrollo” a fin de eliminar “barreras y restricciones estatales”.

Financiamiento político, medios y federalismo regulatorio

El rediseño del esquema impacta de manera directa en tres frentes:

Financiamiento electoral y acceso equitativo a los medios

La cesión del 5% del tiempo de programación es uno de los pilares del sistema de comunicación electoral argentino. La redefinición de segmentos puede alterar los niveles de exposición de los partidos políticos en distintas regiones y plataformas, especialmente en provincias con gran dispersión geográfica.

Competencia en el sistema de medios

La distribución igualitaria dentro de cada segmento, sumada a la reclasificación de potencias y localizaciones, puede cambiar el equilibrio entre prestadores de AMBA y del interior. El nuevo esquema reduce brechas históricas en la asignación entre servicios de mayor alcance y emisoras locales.

Federalismo comunicacional

Al incorporar ciudades según rangos poblacionales (más de 600.000 habitantes, entre 100.000 y 599.999, y menos de 100.000), el modelo funcionará como una matriz federal que distingue realidades muy heterogéneas. Esto puede derivar en pedidos de revisión por parte de cámaras, grupos regionales y operadores independientes.

Reacciones esperadas y próximos pasos

La norma obliga a los prestadores a ajustar sus declaraciones de pago a cuenta de impuestos según los nuevos porcentajes. El proceso podría activar consultas ante el ENACOM, especialmente por parte de operadores medianos y pequeños.

La resolución será publicada en el Boletín Oficial, con el anexo técnico disponible para descarga, y deberá ser tomada como referencia para el próximo ciclo electoral.

Al tratarse de una disposición basada en un DNU vigente hasta diciembre de 2025, el esquema podría ser revisado si hubiera modificaciones legislativas o reformas integrales en materia de telecomunicaciones y servicios audiovisuales.

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