El crimen de las niñas de nacionalidad argentina Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, asesinadas hace hoy un año en un operativo de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el departamento de Concepción de ese país, sigue sin esclarecerse.
Las niñas, de 11 años, que eran primas y vivían con la abuela en Misiones, cruzaron a fines de 2019 a Paraguay para reunirse con sus padres por primera vez, pero no pudieron regresar al país por el cierre de fronteras a causa de la pandemia.
Fueron asesinadas el 2 de septiembre de 2020 en una operación hecha por integrantes de una unidad de élite de las Fuerzas Armadas paraguayas contra el EPP.
“Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP en el campamento que el grupo guerrillero tenía en una zona selvática del norte de Paraguay. Tras un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado fueron abatidos”, informó entonces el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, al anunciar la muerte de las menores.
La familia y organismos de derechos humanos rechazaron desde el principio la versión oficial y denunciaron la destrucción de pruebas y la violación de protocolos de investigación.
Dos meses después del ataque, un informe de Human Rights Watch (HRW) reveló la existencia de “graves irregularidades” y exigió, al igual que Naciones Unidas, una investigación urgente e imparcial.
La organización denunció la destrucción de “evidencia crucial”, algo que “viola los principios más básicos y fundamentales forenses y de la investigación penal”, según expresaron en diciembre de 2020 Onder Ozkalipci y Karen Kelly, dos peritos médicos forenses con una larga trayectoria internacional que forman parte del Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG), convocados por HRW.
En tanto, también en diciembre fue denunciada la desaparición de otra niña, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, “Lichita” de 15 años, prima de Lilian y María e hija de dos integrantes del EPP.
Una comitiva que llegó a Paraguay el 19 de julio de 2021 para colaborar en la búsqueda de la niña acusó al Gobierno de Paraguay de poner obstáculos.
Según el grupo, el Gobierno paraguayo le negó a la Misión Humanitaria Argentina la autorización para buscar por sus propios medios a “Lichita”, a través del ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, quien dijo que la comitiva no podía ingresar al territorio selvático donde la niña fue vista por última vez, salvo que lo hagan en compañía del ejército, la institución que se convirtió en una pesadilla para la familia Villalba.
El Gobierno paraguayo sostiene que las niñas tomaron parte en los enfrentamientos, responsabilizando de sus muertes al EPP por reclutar en sus filas a menores de edad.
Según Asunción, varios documentos mostrados el 29 de diciembre pasado “atestiguan que la guerrilla emplea a menores en sus filas, crecidos y educados en Argentina y luego devueltos a los campamentos de la guerrilla donde nacieron”, señala el periódico paraguayo ABC.
Hoy, la Cancillería argentina lamentó con “profunda preocupación” que los asesinatos de las niñas aún no estén aclarados.
“La República Argentina lamenta que a la fecha no hayan sido esclarecidos los hechos vinculados a la muerte de las niñas, y por ello ha manifestado en numerosas oportunidades al Gobierno de la República de Paraguay su profunda preocupación” ante esta situación, indicó el Palacio San Martín a través de un comunicado.
El comunicado recuerda que el Gobierno argentino “ha solicitado que, en el marco de la permanente y estrecha relación bilateral entre ambos países, se realicen las gestiones necesarias para investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a los familiares de las víctimas”.
Argentina pidió a Asunción “que facilite el acceso de miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para colaborar con la investigación de los hechos y para realizar una autopsia, así como que se permita el acceso a las actuaciones administrativas y judiciales a los/as familiares de las niñas y representantes del Estado argentino, a lo que Paraguay se ha negado sistemáticamente”, se subraya en el texto.
En tanto, la Pastoral Social de Concepción, la ciudad paraguaya escenario del asesinato de las niñas, emitió hoy un comunicado en el que critica la actuación del Gobierno y de las fuerzas militares y policiales paraguayas frente al crimen de las niñas, así como la de fiscales y forenses “marcada por increíbles desaciertos que jamás pueden caber en instituciones oficiales”.
“En la Pastoral Social Diocesana de Concepción tenemos catalogadas las numerosas `equivocaciones´ o `falsos positivos´ de la FTC, cuyas víctimas siempre fueron dirigentes campesinos o ciudadanos inocentes”, agrega el documento de la pastoral.
El grupo también critica a los padres de las niñas por la “irresponsabilidad de por tener a tiernas niñas en un territorio de beligerancia”. que implica un permanente alto riesgo .
La FTC fue establecida en el 2013 por el entonces presidente paraguayo, Horacio Cartes, con el objetivo de combatir al grupo armado EPP.
Está integrada por mandos militares, policiales y grupos de elite antidrogas.
En estos años acumularon denuncias de abuso institucional que van desde amenazas de ejecución hasta la violencia física, según el informe “Nos trajeron miedo”, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
