A continuación reproducimos las tapas de los principales diarios del país. Los impactos de los tarifazos a los servicios siguen impactando en el bolsillo de la gente.
Una nueva baja de las tasas de las Leliq y el dólar llego al piso de la nueva banda cambiaria, que depara este año luego de la calma de las vacaciones,
Los trabajadores de entidades deportivas cerraron una suba en 4 tramos, mientras que los encargados de edificio lo hicieron en 2. Se trata de los primeros acuerdos paritarios del año próximo que contemplan el techo de inflación previsto en el Presupuesto que se acaba de votar.
Los trabajadores de entidades deportivas y los de edificios acordaron un aumento salarial del 23% para 2019 con cláusulas de revisión, según informó este martes el Ministerio de Producción y Trabajo. Se trata de los primeros acuerdos paritarios del año próximo que contempla el techo de inflación previsto en el Presupuesto que se acaba de votar.
Este martes, en la sede de esa cartera, se firmaron los acuerdos paritarios para 2019 de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) -tanto para empleados de gimnasios como mutuales- y de la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh), en el marco de un acto presidido por el ministro Dante Sica.
En el caso de Utedyc, el acuerdo contempla un aumento del 23% a ejecutarse en cuatro tramos para el caso de los empleados que prestan tareas en gimnasios: 7% con los haberes de junio de 2019, 8% en septiembre, 4% en noviembre y 4 % en enero de 2020. Además, se acordó una revisión del acuerdo, a realizarse en noviembre del año próximo.
Por su parte, los trabajadores de mutuales de este sindicato lograron un ajuste del 23% a ejecutarse en tres tramos: 8% con los haberes de mayo de 2019, 7% en agosto y 8% en octubre.
Durante la firma estuvieron presentes el secretario general de UTEDYC, Carlos Bonjour; el presidente de la Cámara de Gimnasios de Argentina (CGA) Fernando Storchi; el vicepresidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) Narciso Carrizo y la presidenta de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), Sonia Rodríguez.
Asimismo, se firmó el acuerdo paritario correspondiente a los trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, que también contempla un aumento del 23%, pero en este caso a ejecutarse en dos tramos: 11,5% en mar zo de 2019 y un 11,5% en mayo, con revisión prevista para julio del año que viene.
Para la firma de este acuerdo, estuvieron presentes Víctor Santa María, secretario general de la Fateryh; el presidente de la Unión de Administradores de Inmuebles, Emilio Primavesi y el vicepresidente primero de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, Miguel Summa.
Con 186 días de clases cumplidos, Misiones es una de las pocas provincias en las que las aulas estuvieron abiertas durante todo el año. Ahora la provincia se convertirá en la primera en negociar incrementos salariales para 2019 que se pretenden otorgar desde enero mismo.
Las negociaciones por ahora son subterráneas, pero en las próximas horas habrá definiciones sobre el porcentaje con el que se abrirán las paritarias. En rigor, la mesa de negociaciones nunca se cerró, por lo que es parte de una negociación extendida. Pero sería la primera vez en Misiones que se acuerda un incremento salarial en diciembre para comenzar a cobrarlo en enero.
“Tenemos una mesa de diálogo que permite la previsibilidad que hoy la familia de trabajadores requiere. Hay un enorme compromiso de parte del Estado provincial en la persona del gobernador Hugo Passalacqua, del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, de la ministra de Educación, Ivonne Aquino, como para que ya no podamos anticipar y firmar, estimo que la semana que viene o la otra antes de fin de año, lo que va a ser la pauta salarial al básico para enero y febrero. Seríamos la única provincia del país. De hecho, ahora somos la única de provincia del país que está acercando números, que estamos intercambiando con equipos técnicos que se están reuniendo, para poder resolver esta cuestión y arrancar el año con un incremento que se perciba en enero, febrero y en marzo, porque las familias lo necesitan”, explicó la secretaria general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones.
La gremialista recordó que en Misiones se dieron clases durante todo el año. “Bancamos y garantizamos ya en un plenario con cerca de 5000 delegados, el inicio de clases el 11 de marzo del año que viene. Entonces en ese marco de respeto, de relación interinstitucional, de los pies sobre la tierra, estamos trabajando ideas como para que de firmarse, se puedan operar las acreditaciones al valor de puntos índices en el básico de cada uno de los colegas”, agregó.
Aunque nadie quiere arriesgar un porcentaje del posible aumento, la idea de los gremios es recuperar poder adquisitivo después de un año en el que los salarios perdieron por goleada contra la inflación que nunca logró controlar el Gobierno nacional.
En los últimos días se oficializó por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional la instrumentación de un Bono extraordinario de fin de año de $5.000 para los trabajadores formales del sector privado, a pagar con los salarios de noviembre y enero, o de otra manera, a recibir por los asalariados en los primeros días de diciembre 2018 y febrero 2019.
Con relación al sector público, el gobierno acordó un bono de $5.000 para unos 140 mil trabajadores de la administración pública nacional y otros 190 mil agentes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Este complemento extraordinario se pagará, sobre este colectivo, en un solo tramo (diciembre). La negociación también incluyó una recomposición de 10% de los salarios, que será abonada en dos cuotas de 5%, a cobrarse en enero y febrero 2019.
Esta medida excluye a los trabajadores del sector público provincial y municipal, Poder Judicial, Congreso, AFIP, PAMI, INCAA, ANSeS y Empresas Públicas (Correo Argentino, AySA, Aerolíneas Argentinas, YPF, entre otras), las cuales se espera tengan una negociación por su parte.
El bono en las provincias
En lo que respecta al total de trabajadores que se desempeñan en el sector público provincial, previo al análisis de la posible aplicación del Bono de fin de año, se debe tener en cuenta que la situación en materia de reajustes salariales ha resultado extremadamente heterogénea entre provincias en 2018.
Así, se observa que al tercer trimestre del año en curso (en algunos casos se trata de datos al segundo trimestre), el gasto salarial caía entre 10 y 15 por ciento, en términos reales, en provincias como Misiones Santa Cruz y Chaco. La baja era de entre 5 y 10 puntos en Río Negro, Chubut, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. Por el contrario, sólo mostraban un mayor gasto en personal, a valor constante, Formosa, La Rioja, Neuquén y San Juan, aunque en ningún caso se trataba de un guarismo superior al 1%.
Se tiene entonces que la mayoría de las provincias ha aplicado una política salarial restrictiva en 2018, con el objeto de mejorar sus cuentas fiscales, en un año en que se aceleró la inflación y con ello los recursos, cuando se los mide en valores nominales. En este contexto, puede ser adecuada la aprobación de un Bono de fin de año, especialmente en provincias que no aplican cláusula gatillo por inflación y que con esta medida eviten renegociar salarios este año, pasando esa instancia para 2019. Y que sus cuentas fiscales lo permitan, por supuesto.
¿Aplicarán el Bono las provincias? Por un lado, se presenta el caso de 8 jurisdicciones que ya acordaron el otorgamiento de un bono para los últimos meses del año. En este caso se encuentran las provincias de Río Negro ($3.500), Misiones, 5.500 y La Rioja ($4.000), Formosa ($5.000), La Pampa y Tierra del Fuego ($6.000), San Luis ($9.000) y Santiago del Estero ($10.000).
En el otro extremo, 13 provincias ya han planteado su negativa al otorgamiento de un bono sobre los trabajadores estatales dependientes de estas jurisdicciones. Entre ellas, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tucumán poseen una instancia de cláusula gatillo que será instrumentada para corregir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en cada una de estas jurisdicciones.
En una posición expectante se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (196 mil funcionarios públicos), la Provincia de Buenos Aires (más de 575 mil efectivos) y la provincia de Córdoba (aproximadamente 137 mil asalariados dependientes del gobierno provincial). En estas jurisdicciones la situación acabará dirimiéndose durante el último mes del año.
En la mayor parte de los casos, la incidencia del bono (ya acordado o ante un potencial otorgamiento de un bono de $5.000) estaría levemente por debajo de 1 punto porcentual del gasto total de cada jurisdicción que se estima para 2018. En los casos de Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires, la incidencia resultaría mayor (1,3% y 1,1%, respectivamente). En el consolidado de provincias, se trataría del equivalente a 0,4% del gasto total de 2018. Con relación al Estado nacional, la incidencia acabaría siendo del 0,05% del gasto previsto para el Sector Público no financiero en 2018.
Dados estos matices, y la situación fiscal particular de cada jurisdicción, debería sopesarse individualmente la conveniencia de otorgar un bono de fin de año en las provincias. A mayor déficit inicial, mayor impacto sobre el gasto y mayor reajuste de salarios públicos ya acordado para 2018, menor conveniencia que se pague el bono de fin de año en provincias.
La medida dispuesta sobre los trabajadores de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) consistiría en otorgar un bono de $5.000 sobre un total de 140 mil agentes (excluye a trabajadores del Poder Judicial, Congreso, AFIP, PAMI, INCAA, ANSeS y Empresas Públicas que podrán negociar por su parte), además de 190 mil integrantes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. La forma de pago será en un único tramo en diciembre y además se dispuso una recomposición salarial del 10%, en dos cuotas, a cobrarse en enero y febrero de 2019. El impacto fiscal de esta medida, estimado por el Ministerio de Hacienda de la Nación, sería de $3.000 millones.
Hasta el momento, el Bono de fin de año no alcanzaría a un total de casi 7 millones de pasivos ni tampoco a beneficiarios de programas sociales y asistenciales, por ejemplo, por un total de 4 millones de beneficios por Asignación Universal por Hijo (AUH), sobre los cuales ya se había estipulado un adicional excepcional de $1.500 pesos en septiembre y otro de igual monto para diciembre.
Dado el carácter reconstructivo de los ingresos de los hogares que puede conllevar una medida de este tipo, es preciso brindar un carácter extensivo a esta estrategia, aunque con parámetros que conlleven justicia en la focalización de los grupos poblacionales que acabarían resultando beneficiados.
Por ejemplo, dado que la nueva regla de movilidad previsional cuenta con un rezago en la actualización de los haberes de 6 meses, se ha verificado en estos meses una fuerte caída de los haberes previsionales que será reconstruida recién durante 2019 (si ocurre un escenario de menor inflación). Este contexto amerita la consideración de un bono en esta época del año, focalizado – por ejemplo – sobre los titulares de una jubilación o pensión contributiva equivalente al haber jubilatorio mínimo, situación en la que se encuentran 1,3 millones de pasivos (jubilados que cobran la mínima que no accedieron por moratoria).
Asimismo, la consideración de la situación particular de los casi 4 millones de niños y adolescentes por los que las familias perciben la AUH implicaría garantizar la extensión de la medida entre hogares conformados por jefes y cónyuges que se desempeñan en la informalidad laboral o en actividades ligadas al cuentrapropismo, inscriptos o no en el régimen de monotributo. En este caso, dado que sobre este conjunto ya se otorgó un adicional de $1.500 y se estará brindan otro aumento ya definido de $1.500 en diciembre, la medida podría equiparar la situación de los trabajadores formales elevando el monto en otros $2.000 adicionales.
El costo fiscal adicional de estas dos alternativas equivale a unos $16,0 mil millones adicionales, los cuales, sumado al esfuerzo del Poder Ejecutivo Nacional por otorgar el bono sobre los trabajadores públicos del Estado Nacional, representaría un 0,5% del gasto del Sector Público Nacional no financiero previsto para 2018, o también un 0,11% del PBI del corriente año.
Sica afirmó esta mañana que el monto extra será sólo para aquellos convenios que quedaron debajo del 40%, la inflación que espera el Gobierno a fin de año
La letra chica del blindaje social desató un fuerte tironeo entre el Gobierno, los empresarios y la CGT, que ya empezó a impactar en las paritarias.
Luego de llegar a un principio de acuerdo ayer, representantes de los tres sectores proseguían este miércoles puliendo los detalles del decreto que exhorta al sector privado a otorgar un bono “a cuenta” o compensatorio de hasta $5.000 en dos tramos y así evitar el quinto paro general que podría definir mañana la central obrera.
En un clima de fuerte hermetismo, los técnicos del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se encontraban reunidos desde este mediodía con asesores legales de la CGT y la cúpula empresaria, que ayer estuvo representada por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Construcción (Camarco), las entidades de Comercio CAC y la CAME, y la Cámara de la Alimentación (Copal), según confirmaron a iProfesional fuentes sindicales.
Como adelantó ayer este medio, el bono se pagará en noviembre y enero en dos sumas fijas no remunerativas de $2.500, que a su vez serán negociadas en cada actividad y estarán destinadas a aquellos convenios que quedaron por debajo del 40%, la inflación que espera el Gobierno para fin de año. Sica precisó esta mañana que apuntará a los sectores que ya no pueden activar cláusulas de revisión o que no tienen pendientes cuotas de incrementos salariales ya acordados.
Por estas horas, la principal preocupación del Gobierno es frenar el paro general que la CGT amenaza con definir mañana en su reunión de Consejo Directivo.
Las autoridades quieren despejar el clima de conflictividad previo a la cumbre del G20. Pero la posibilidad de que el bono suplante la revisión de los acuerdos salariales pendientes sumó malestar en la cúpula sindical.
“No me cierran cifras no remunerativas cantidad y calidad en el salario”, dijo a iProfesional Sergio Romero, titular de UDA y miembro del consejo directivo de Azopardo.
Declaraciones oficiales
El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dio detalles este miércoles del principio de acuerdo al que llegó el Gobierno con empresarios y sindicalistas este martes para pagar un bono de fin de año que compense la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Explicó que el extra de $5.000, “será obligatorio para el sector privado, pero no así para el público”.
“Sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio para el sector privado. Hasta que el público no cierre sus paritarias, solo compete al sector privado. Estamos terminando de redactar el texto”, puntualizó el funcionario.
Además, informó que el plus está destinado para los trabajadores que cerraron paritarias por debajo de la inflación que proyecta la Casa Rosada que es un 40%. Es decir, para aquellos que no pueden activar clásulas de revisión o que no tienen pendientes cuotas de incrementos salariales ya acordados con anterioridad.
Sica explicó: “Pusimos el límite de $5.000 como no remunerativo. Para las empresas que puedan pagar más, eso ya sería remunerativo”. En caso de las compañías que atraviesan dificultades económicas, podrán pagarlo en más cuotas.
“La idea de esta mesa de diálogo es que todos ponemos algo. Nosotros estamos resignando recaudación con el pago no remunerativo”, añadió.
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En declaraciones a radio Continental, Sica resaltó la relación con el movimiento obrero. “Venimos manteniendo un diálogo fluido con todos los sindicatos. Reconstituimos la mesa de diálogo que en los últimos meses no había funcionado”, dijo.
“Los gremios planteaban que podría haber algún tipo de flexibilidad (para el pago del plus de fin de año). Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si puede haber algún tipo de financiación para las empresas que no lo puedan pagar”, indicó el ministro.
Sica reconoció que hubo un “impacto de la crisis” en los salarios, pero dijo que están “haciendo todo lo que podemos hacer para recuperar el crecimiento”.
En este marco, en la reunión del martes también se dispuso que las empresas que pretendan despedir personal tendrán que encarar un proceso administrativo ante la Secretaría de Trabajo, como paso previo a concretar esa medida. Esta decisión se oficializará en los próximos días por medio de un decreto a publicarse en el Boletín Oficial.
Según explicaron, la intención es fijar un mecanismo que desaliente los despidos, en el marco de la recesión económica que sufre el país.
