En los últimos días se oficializó por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional la instrumentación de un Bono extraordinario de fin de año de $5.000 para los trabajadores formales del sector privado, a pagar con los salarios de noviembre y enero, o de otra manera, a recibir por los asalariados en los primeros días de diciembre 2018 y febrero 2019.
Con relación al sector público, el gobierno acordó un bono de $5.000 para unos 140 mil trabajadores de la administración pública nacional y otros 190 mil agentes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Este complemento extraordinario se pagará, sobre este colectivo, en un solo tramo (diciembre). La negociación también incluyó una recomposición de 10% de los salarios, que será abonada en dos cuotas de 5%, a cobrarse en enero y febrero 2019. 
Esta medida excluye a los trabajadores del sector público provincial y municipal, Poder Judicial, Congreso, AFIP, PAMI, INCAA, ANSeS y Empresas Públicas (Correo Argentino, AySA, Aerolíneas Argentinas, YPF, entre otras), las cuales se espera tengan una negociación por su parte.
El bono en las provincias
En lo que respecta al total de trabajadores que se desempeñan en el sector público provincial, previo al análisis de la posible aplicación del Bono de fin de año, se debe tener en cuenta que la situación en materia de reajustes salariales ha resultado extremadamente heterogénea entre provincias en 2018.
Así, se observa que al tercer trimestre del año en curso (en algunos casos se trata de datos al segundo trimestre), el gasto salarial caía entre 10 y 15 por ciento, en términos reales, en provincias como Misiones Santa Cruz y Chaco. La baja era de entre 5 y 10 puntos en Río Negro, Chubut, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. Por el contrario, sólo mostraban un mayor gasto en personal, a valor constante, Formosa, La Rioja, Neuquén y San Juan, aunque en ningún caso se trataba de un guarismo superior al 1%.
Se tiene entonces que la mayoría de las provincias ha aplicado una política salarial restrictiva en 2018, con el objeto de mejorar sus cuentas fiscales, en un año en que se aceleró la inflación y con ello los recursos, cuando se los mide en valores nominales. En este contexto, puede ser adecuada la aprobación de un Bono de fin de año, especialmente en provincias que no aplican cláusula gatillo por inflación y que con esta medida eviten renegociar salarios este año, pasando esa instancia para 2019. Y que sus cuentas fiscales lo permitan, por supuesto.

¿Aplicarán el Bono las provincias? Por un lado, se presenta el caso de 8 jurisdicciones que ya acordaron el otorgamiento de un bono para los últimos meses del año. En este caso se encuentran las provincias de Río Negro ($3.500), Misiones, 5.500 y La Rioja ($4.000), Formosa ($5.000), La Pampa y Tierra del Fuego ($6.000), San Luis ($9.000) y Santiago del Estero ($10.000).
En el otro extremo, 13 provincias ya han planteado su negativa al otorgamiento de un bono sobre los trabajadores estatales dependientes de estas jurisdicciones. Entre ellas, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tucumán poseen una instancia de cláusula gatillo que será instrumentada para corregir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en cada una de estas jurisdicciones.
En una posición expectante se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (196 mil funcionarios públicos), la Provincia de Buenos Aires (más de 575 mil efectivos) y la provincia de Córdoba (aproximadamente 137 mil asalariados dependientes del gobierno provincial). En estas jurisdicciones la situación acabará dirimiéndose durante el último mes del año.
En la mayor parte de los casos, la incidencia del bono (ya acordado o ante un potencial otorgamiento de un bono de $5.000) estaría levemente por debajo de 1 punto porcentual del gasto total de cada jurisdicción que se estima para 2018. En los casos de Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires, la incidencia resultaría mayor (1,3% y 1,1%, respectivamente). En el consolidado de provincias, se trataría del equivalente a 0,4% del gasto total de 2018. Con relación al Estado nacional, la incidencia acabaría siendo del 0,05% del gasto previsto para el Sector Público no financiero en 2018.
Dados estos matices, y la situación fiscal particular de cada jurisdicción, debería sopesarse individualmente la conveniencia de otorgar un bono de fin de año en las provincias. A mayor déficit inicial, mayor impacto sobre el gasto y mayor reajuste de salarios públicos ya acordado para 2018, menor conveniencia que se pague el bono de fin de año en provincias.

La medida dispuesta sobre los trabajadores de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) consistiría en otorgar un bono de $5.000 sobre un total de 140 mil agentes (excluye a trabajadores del Poder Judicial, Congreso, AFIP, PAMI, INCAA, ANSeS y Empresas Públicas que podrán negociar por su parte), además de 190 mil integrantes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. La forma de pago será en un único tramo en diciembre y además se dispuso una recomposición salarial del 10%, en dos cuotas, a cobrarse en enero y febrero de 2019. El impacto fiscal de esta medida, estimado por el Ministerio de Hacienda de la Nación, sería de $3.000 millones.
Hasta el momento, el Bono de fin de año no alcanzaría a un total de casi 7 millones de pasivos ni tampoco a beneficiarios de programas sociales y asistenciales, por ejemplo, por un total de 4 millones de beneficios por Asignación Universal por Hijo (AUH), sobre los cuales ya se había estipulado un adicional excepcional de $1.500 pesos en septiembre y otro de igual monto para diciembre.
Dado el carácter reconstructivo de los ingresos de los hogares que puede conllevar una medida de este tipo, es preciso brindar un carácter extensivo a esta estrategia, aunque con parámetros que conlleven justicia en la focalización de los grupos poblacionales que acabarían resultando beneficiados. 
Por ejemplo, dado que la nueva regla de movilidad previsional cuenta con un rezago en la actualización de los haberes de 6 meses, se ha verificado en estos meses una fuerte caída de los haberes previsionales que será reconstruida recién durante 2019 (si ocurre un escenario de menor inflación). Este contexto amerita la consideración de un bono en esta época del año, focalizado – por ejemplo – sobre los titulares de una jubilación o pensión contributiva equivalente al haber jubilatorio mínimo, situación en la que se encuentran 1,3 millones de pasivos (jubilados que cobran la mínima que no accedieron por moratoria).
Asimismo, la consideración de la situación particular de los casi 4 millones de niños y adolescentes por los que las familias perciben la AUH implicaría garantizar la extensión de la medida entre hogares conformados por jefes y cónyuges que se desempeñan en la informalidad laboral o en actividades ligadas al cuentrapropismo, inscriptos o no en el régimen de monotributo. En este caso, dado que sobre este conjunto ya se otorgó un adicional de $1.500 y se estará brindan otro aumento ya definido de $1.500 en diciembre, la medida podría equiparar la situación de los trabajadores formales elevando el monto en otros $2.000 adicionales.
El costo fiscal adicional de estas dos alternativas equivale a unos $16,0 mil millones adicionales, los cuales, sumado al esfuerzo del Poder Ejecutivo Nacional por otorgar el bono sobre los trabajadores públicos del Estado Nacional, representaría un 0,5% del gasto del Sector Público Nacional no financiero previsto para 2018, o también un 0,11% del PBI del corriente año.

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