Patagonia

El Gobierno aprobó una nueva suba de los impuestos a los combustibles: impactará en la nafta y el gasoil desde febrero

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Mediante el Decreto 74/2026, publicado el 30 de enero en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso una nueva postergación parcial de los aumentos pendientes en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida modifica el cronograma previsto en el Decreto 617/2025 y establece que, entre el 1° y el 28 de febrero de 2026, las subas se apliquen de manera parcial y escalonada, mientras que la entrada en vigencia plena de los incrementos se traslada al 1° de marzo de 2026.

El objetivo explícito del Poder Ejecutivo es “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, en un contexto de actualización impositiva basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de impacto directo sobre los precios de naftas y gasoil.

Marco legal y antecedentes de la actualización impositiva

El esquema de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se encuentra regulado por los Capítulos I y II del Título III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias. Allí se establecen montos fijos en pesos por unidad de medida, tanto para el impuesto a los combustibles líquidos como para el tributo al dióxido de carbono.

La normativa prevé que dichos montos se actualicen trimestralmente en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, considerando las variaciones acumuladas desde enero de 2018. El mecanismo operativo de actualización fue definido por el Decreto N° 501/2018, que asignó esa tarea a la entonces AFIP, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y fijó que los efectos de cada actualización rigen desde el primer día del segundo mes posterior.

Sin embargo, a través de una sucesión de decretos —entre ellos los Nros. 617/2025, 699/2025, 782/2025, 840/2025 y 929/2025— el Poder Ejecutivo fue difiriendo en el tiempo la aplicación efectiva de los incrementos resultantes de las actualizaciones correspondientes al año calendario 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025.

El Decreto 617/2025 había fijado como fecha de entrada en vigencia de los incrementos remanentes el 1° de febrero de 2026. El nuevo Decreto 74/2026 reemplaza ese criterio y redefine el cronograma.

Subas parciales en febrero y nuevo cronograma de aplicación

Con la modificación introducida, el Gobierno dispuso que entre el 1° y el 28 de febrero de 2026 los impuestos se incrementen de manera parcial, con montos específicos por producto.

Para las naftas sin plomo (hasta y más de 92 RON) y la nafta virgen, el decreto fija:

  • Un aumento de $16,773 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos (artículo 4° de la Ley 23.966).
  • Un incremento de $1,027 por litro en el impuesto al dióxido de carbono (artículo 11).

En el caso del gasoil, los incrementos serán:

  • $14,372 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos.
  • $1,638 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.

Además, se mantiene el tratamiento diferencial para el gasoil destinado al consumo en la Patagonia, el Partido de Patagones y el Departamento de Malargüe. Para esas zonas, el decreto establece un aumento adicional de $7,782 por litro, conforme al artículo 7°, inciso d) de la Ley 23.966, que alcanza a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En paralelo, el Decreto 74/2026 sustituye la fecha de entrada en vigencia plena de los incrementos, que pasa del 1° de febrero al 1° de marzo de 2026, extendiendo un mes más el esquema de transición.

Impacto económico

La decisión de aplicar los aumentos de manera parcial y escalonada tiene impacto directo sobre la estructura de costos de los combustibles, un insumo clave para el transporte, la logística y amplios sectores de la economía. Al diferir la aplicación total de los incrementos derivados de las actualizaciones por IPC, el Gobierno busca moderar el traslado inmediato a precios finales, sin desactivar el esquema legal de actualización automática previsto en la Ley 23.966.

Desde el punto de vista fiscal, la medida implica postergar parcialmente la recaudación plena asociada a los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, aunque mantiene vigente el sendero de normalización definido por la normativa. En términos institucionales, el decreto reafirma la utilización del instrumento reglamentario, en ejercicio de las facultades del artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, para administrar los tiempos de implementación de tributos ya establecidos por ley.

El Decreto 74/2026 fue firmado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y entra en vigencia el 1° de febrero de 2026, de acuerdo con el texto oficial publicado en el Boletín Oficial.

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El presidente baila sobre las llamas

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El presidente baila. La escena es literal: en un teatro de Mar del Plata, Javier Milei sube al escenario con Fátima Florez —su ex novia, o su supuesta novia, o su partenaire en esta ficción sentimental permanente— mientras las cámaras celebran el gesto como si fuera una travesura simpática. La política convertida en cuadro musical, la jefatura de Estado reducida a espectáculo.

Y mientras tanto, la Patagonia —ese sur que es paisaje, comunidad, economía y memoria— arde. No en metáfora. Arde en decenas de miles de hectáreas quemadas, en humo que invade pueblos enteros, en animales calcinados, en familias evacuadas, en brigadistas exhaustos que ponen el cuerpo allí donde el Estado debería llegar antes, mejor y con recursos.

La simultaneidad no es casual ni anecdótica: es un programa. El gobierno de Milei eligió el show permanente, la provocación y la farándula como forma de ejercer el poder. Eligió recortar, desfinanciar y desentenderse. Eligió convertir la comunicación en distracción constante mientras lo real —el territorio, la vida, el ambiente— se consume en silencio.

Los incendios no son un castigo natural ni un fenómeno aislado. Son el resultado de años de desmonte, especulación inmobiliaria, cambios en el uso del suelo y una crisis climática estructural, agravados hoy por un Estado nacional deliberadamente debilitado. La Patagonia que arde es también la Patagonia codiciada: tierras, recursos estratégicos, corredores turísticos y logísticos. Cada incendio deja cenizas para las comunidades y oportunidades de negocio para unos pocos.

Los datos son contundentes. En la región andino-patagónica se quemaron decenas de miles de hectáreas en pocos meses, multiplicando varias veces las cifras de temporadas anteriores. Al mismo tiempo, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió recortes brutales: presupuesto licuado por la inflación, fondos subejecutados, precarización laboral y despidos en áreas clave como Parques Nacionales. La “motosierra” no distingue entre gasto superfluo y políticas esenciales para proteger vidas, bienes comunes y soberanía territorial.

Frente a este abandono, incluso el Congreso intenta reaccionar. Por iniciativa de diputadas y diputados patagónicos de Unión por la Patria, el 9 de enero se presentó un proyecto de Emergencia por los incendios, con el objetivo de habilitar recursos extraordinarios para la prevención, el combate del fuego y la asistencia a las poblaciones afectadas. Desde entonces, el bloque reclama que el tema sea tratado en sesiones extraordinarias.

“Milei tiene que escuchar: no hay más tiempo en la Patagonia”, advirtió Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, señalando además que los gobernadores patagónicos se sumaron al reclamo. El Ejecutivo, hasta ahora, elige no escuchar. No habilita el debate, no prioriza la emergencia, no asume la responsabilidad que le cabe.

Ese silencio no es neutro: es una decisión política. Mientras el presidente baila, el Congreso pide tratar la emergencia y las provincias reclaman recursos. Mientras el espectáculo ocupa la escena, las comunidades se organizan solas, los brigadistas trabajan al límite y el territorio se quema.

La ceniza no se disimula con coreografías. Se mete en los pulmones, en el agua, en la economía regional, en la vida cotidiana. Las comunidades mapuche ven arder territorios ancestrales. Los trabajadores del fuego saben que el cuerpo es el último recurso cuando el Estado se retira. La Patagonia no necesita un presidente de escenario: necesita presencia estatal, planificación, inversión y cuidado.

El cierre es inevitable. Lo que hoy se quema no es solo un bosque: se quema la idea misma de responsabilidad pública, de comunidad nacional y de futuro compartido. Y lo que hoy baila no es solo un presidente: es un proyecto político que desprecia el ambiente, vacía al Estado y gobierna desde el espectáculo mientras el país arde.

Cuando el fuego se apague —porque siempre se apaga, aunque deje ruinas— no quedará la música ni el aplauso fácil. Quedará una pregunta política insoslayable: ¿quién gobernaba mientras la Patagonia se incendiaba? Y la respuesta será tan visible como las cenizas que hoy cubren el sur argentino.

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Con solo 6% más de emisiones, Argentina planea duplicar gas y petróleo en cinco años

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Argentina proyecta duplicar la producción de gas y petróleo en los próximos cinco años con un incremento estimado de apenas 6% en las emisiones totales del país. Informes de la Academia Nacional de Ingeniería y del Instituto de Energía de la Universidad Austral sostienen que el aumento productivo, orientado principalmente a la exportación, puede compatibilizarse con la transición energética mediante eficiencia, tecnología y mecanismos de compensación ambiental, en un contexto global de creciente demanda energética.

La estrategia apunta a fortalecer la balanza comercial y la macroeconomía sin desatender los compromisos ambientales. En ese marco, los estudios técnicos destacan que el desafío no pasa por abandonar los hidrocarburos, sino por reducir su huella de carbono a través de mejoras operativas, control de fugas y soluciones basadas en la naturaleza.

Producción energética y emisiones: un aumento marginal en términos relativos

Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2022, Argentina representa alrededor del 1% de las emisiones globales, con un total cercano a 0,4 gigatoneladas (Gt) de CO₂ equivalente, frente a un volumen mundial estimado en 41 Gt. De ese total nacional, aproximadamente 50% corresponde al sector energético, y solo 6% —equivalente a 0,024 Gt— se vincula a emisiones fugitivas asociadas a la producción y transporte de gas y petróleo.

Los informes técnicos indican que duplicar la producción de hidrocarburos implicaría un incremento adicional de apenas 6% sobre las emisiones totales del país, un volumen que podría compensarse mediante captura natural, eficiencia operativa y limitación de fugas con tecnología.

En esa línea, Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, afirmó: “El desafío no es dejar de producir hidrocarburos, sino reducir sus emisiones con eficiencia, tecnología y mecanismos de captura”. El enfoque propone aprovechar los recursos energéticos disponibles sin desatender el impacto climático.

Demanda creciente y transición desigual

El análisis se inscribe en un escenario internacional complejo. Entre 1970 y 2024, la demanda energética mundial se triplicó, al pasar de 200 a 650 exajoules, mientras que el carbón mantuvo una participación constante del 27% en la matriz global. En paralelo, Asia incrementó su participación en el consumo energético mundial del 15% al 49%, con matrices dominadas en un 50% por el carbón.

Estos datos refuerzan, según los especialistas, la necesidad de energías asequibles gestionadas con inteligencia, especialmente en los países en desarrollo. Aunque crece el uso de fuentes renovables, el aumento sostenido de la demanda global mantiene un rol relevante para los hidrocarburos, siempre que se integren tecnologías de captura, eficiencia energética y electrificación segura.

Ventajas comparativas y oportunidades de compensación

Argentina cuenta con recursos estratégicos que le permiten articular crecimiento y transición energética. A los yacimientos de gas y petróleo se suma un alto potencial renovable, con energía solar en el NOA y eólica en la Patagonia, además de vastos territorios aptos para forestación y reforestación.

Los informes también señalan que, según mediciones satelitales difundidas en 2022 y publicaciones recientes, el país no solo emite sino que también absorbe emisiones, una metodología que aún no está adoptada a nivel internacional, pero que abre la puerta a competir en mercados de bonos de carbono.

Tenemos recursos extraordinarios para crecer y, al mismo tiempo, avanzar hacia las cero emisiones netas con un camino propio y realista”, concluyó Carnicer, sintetizando una visión que combina expansión productiva, exportaciones y mitigación ambiental.

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El Changuito Federal: cuánto cuesta la canasta en cada provincia y por qué el impacto es mayor en el norte

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El costo de la canasta mensual de alimentos y bebidas para una familia tipo volvió a mostrar en diciembre marcadas diferencias entre provincias, con subas relevantes en varias regiones y un impacto desigual sobre el poder adquisitivo. El relevamiento de la consultora Analytica confirma que, mientras la Patagonia concentra los changuitos más caros del país, el Nordeste enfrenta una mayor presión relativa sobre los ingresos, aun con precios más bajos. El dato vuelve a poner en foco la inflación, los precios relativos y la brecha regional en la Argentina.

Un changuito que sube distinto según la provincia

La canasta denominada “El Changuito Federal”, elaborada por la consultora Analytica, mide una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas. Está diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores, utilizando exactamente los mismos productos, marcas y cantidades en todas las provincias para garantizar la comparabilidad interregional.

En diciembre, el costo del changuito registró los mayores incrementos mensuales en San Juan (+3,9%), Salta (+3,7%) y el interior de la provincia de Buenos Aires (+3,5%). En el extremo opuesto, Formosa mostró una suba significativamente menor, de apenas +1,3%, muy por debajo del promedio del resto del país.

Al analizar las variaciones absolutas respecto del 28 de noviembre, los mayores aumentos en pesos se observaron en Misiones (+$46.037), San Juan (+$40.688) y Santa Cruz (+$39.218). En contraste, las subas más moderadas correspondieron a Catamarca (+$20.294), Córdoba (+$18.318) y Formosa (+$4.323).

Estos datos reflejan una dinámica inflacionaria heterogénea, con comportamientos de precios que difieren no solo entre regiones, sino también entre productos dentro de la misma canasta.

Carnes, galletitas y huevos: qué empujó los precios

Al interior de la canasta, el rubro carnes fue el principal impulsor de las subas. El asado encabezó los aumentos, con variaciones que oscilaron entre el 10% y el 15% según la provincia. La carne picada mostró incrementos más moderados, de entre el 4% y el 8%, aunque en Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego los aumentos alcanzaron alrededor del 16%.

En el caso de las galletitas de agua, que el mes previo habían mostrado bajas en varias jurisdicciones y estabilidad en otras, diciembre marcó un punto de inflexión: se registró un aumento generalizado de entre el 3% y el 6%, con la excepción de Santa Cruz, donde el alza llegó al 8,0%.

Por su parte, el precio de la docena de huevos se mantuvo mayormente estable a nivel nacional, con algunas excepciones puntuales: bajas en CABA (-3,1%), Conurbano bonaerense (-1,8%), Entre Ríos (-1,6%) y el interior de la provincia de Buenos Aires (-0,8%), y un aumento en Chubut (+3,1%).

La combinación de estos movimientos confirma que la inflación en alimentos sigue mostrando comportamientos dispares, con productos clave que presionan de manera distinta según la región.

Patagonia versus NEA: precios, salarios y poder adquisitivo

El relevamiento de Analytica también expone con claridad la brecha regional en el costo del changuito. Santa Cruz lidera el ranking con la canasta más cara del país, con un valor de $890.350, seguida por Chubut ($876.576), Río Negro ($863.809), Tierra del Fuego ($860.986) y Neuquén ($840.602). Todas estas provincias pertenecen a la región patagónica.

En el otro extremo, las compras más económicas se registraron en Formosa ($783.302), el conurbano bonaerense ($795.370) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($796.000).

Entre las causas que explican esta dispersión de precios aparece el distinto costo de vida entre regiones. La Patagonia, que concentra los changuitos más caros, coincide con ser la región con los salarios promedio más elevados. En particular, Santa Cruz, que registra la canasta más costosa, es también la segunda provincia con mayor salario promedio del sector privado registrado, solo por detrás de Neuquén.

Esta relación implica que los mayores costos están parcialmente compensados por remuneraciones más altas. De hecho, en la región patagónica, el costo promedio del changuito representa el 15,6% de la suma de dos salarios privados registrados promedio, apenas 0,1 puntos porcentuales más que el mes anterior.

La situación es distinta en el NEA. Allí, si bien los precios de la canasta son más bajos, los salarios también se ubican en niveles inferiores. El resultado es más desfavorable: el costo del changuito representa el 29,1% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado, 1,1 puntos porcentuales más que el mes pasado. Este patrón es consistente con la Encuesta Nacional de los Hogares 2017/18, que ya mostraba que los hogares del norte del país destinan una mayor proporción de su gasto al consumo de alimentos y bebidas.

Un indicador clave para leer la economía cotidiana

Más allá de los valores puntuales, “El Changuito Federal” funciona como un termómetro de la economía real y del impacto de la inflación sobre los hogares. Las diferencias regionales, la incidencia de los alimentos básicos y la relación entre precios y salarios exponen las tensiones estructurales de la economía argentina: desigualdad territorial, problemas de precios relativos y una presión persistente sobre el poder adquisitivo.

La nota metodológica del informe subraya que, en todas las provincias, se releva el mismo producto idéntico en marca y cantidad, con consumos mensuales representativos. También aclara que el peso de las compras en supermercados varía según la región, un factor que puede incidir en la percepción y en el impacto efectivo de los precios sobre los hogares.

En ese marco, el changuito no solo mide cuánto cuesta llenar el carrito, sino también cuán lejos o cerca está cada región de sostener ese gasto con sus ingresos.

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Los incendios en la Patagonia, la complicidad del gobierno de Milei y los intentos de dividir a la sociedad argentina

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El Llamamiento Argentino Judío repudia de forma contundente el manejo irresponsable, incompetente y ruinoso que el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Chubut ejecutan en relación con los incendios que suceden en la Patagonia. Los causales de los mismos se vinculan, sin duda, a la crisis climática, la desidia gubernamental y la intencionalidad manifiesta de quienes privilegian el extractivismo destructivo y la especulación inmobiliaria. Hasta el lunes 12 de enero, el fuego arrasó 15 mil hectáreas de bosques sin que Javier Milei se digne a declarar la emergencia ambiental, repitiendo la actitud de insensibilidad que exhibió durante las inundaciones de Bahía Blanca en 2024.

En las provincias patagónicas —que exigen urgentes respuestas del gobierno— conviven comunidades de diferente origen identitario que hoy luchan codo a codo contra el fuego y también contra la indolencia cómplice de los gobiernos interesados en hacer de la tierra un negocio especulativo. Entre los brigadistas de los Parques Nacionales que se juegan la vida por 700 mil pesos por mes hay creyentes y no creyentes. Entre quienes ven acercarse el fuego a sus casas hay compatriotas cristianos, musulmanes y judíos, y de los pueblos originarios que conviven en paz y denuncian al unísono a los representantes políticos que se esconden en despachos públicos a distancia prudente del fuego.

Frente a esta grave situación, que pone en riesgo la vida de decenas de miles de nuestros compatriotas, sectores minoritarios intentan sembrar la discordia y la división dentro de nuestro país, apelando a viejos libelos judeofóbicos como el apócrifo Plan Andina, concebido originalmente en la Rusia zarista para perseguir a los judíos que se sumaban a los movimientos revolucionarios anarquistas y socialistas. En ese marco, resulta llamativo que propagandistas locales —financiados desde el extranjero— insistan en fraguar divisiones identitarias, importando conflictos ajenos a nuestra historia social, para desviar la atención de los verdaderos responsables políticos y económicos de este flagelo, entre los cuales se encuentran, sin duda, las inversionistas cataríes, que fueron admitidos originalmente por Mauricio Macri, y que ya han adquirido 110 mil hectáreas, a la vera de la ruta 40, entre Bariloche y El Bolsón. Congruentes con esta extranjerización, el Gobierno Nacional compra aparatos de guerra considerados chatarra, prescinde de adquirir aviones hidrantes y se niega a invertir en infraestructura imprescindible para evitar y/o combatir el fuego. Por el contrario, solo atina —en forma escandalosa— a habilitar la comercialización de tierras luego de que estas hayan sido incendiadas.

Los enemigos de nuestra Patria son los intereses económicos locales que tributan a la lógica imperial y neocolonial que tiene en la actualidad a Donald Trump como máximo exponente y a Javier Milei como su vasallo entreguista. Desenmascarar esa sociedad mafiosa —que insiste en atomizar y hambrear a nuestro pueblo— es coherente con denunciar el genocidio en Gaza, considerar a Benjamín Netanyahu como un genocida y exigir el establecimiento de una Palestina soberana y libre, junto al Estado de Israel, tal cual como lo dispusieron las Naciones Unidas en 1947.

Elina Malamud – Presidenta
Marcelo Horestein – Secretario General

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