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El Senado le dio media sanción a la Reforma Laboral

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Tras una maratónica sesión de más de 14 horas y con más de 40 oradores en el recinto, el Senado de la Nación aprobó este jueves a la 1.22 de la madrugada el proyecto de Modernización Laboral, conocido como Reforma Laboral. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra en general, tras lo cual se inició el tratamiento en particular de los 26 títulos que componen el texto.

Tal como estaba previsto, La Libertad Avanza consiguió el respaldo del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista votó en contra en bloque, sin fracturas pese a las tensiones internas.

A los 21 votos del oficialismo se sumaron los 10 senadores de la Unión Cívica Radical, tres del Pro, dos de Provincias Unidas y seis representantes de bloques provinciales alineados con sus gobernadores, entre ellos los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. También acompañaron Edith Terenzi (Chubut), Beatriz Ávila (Tucumán), Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).

Los 30 votos negativos correspondieron a 28 integrantes del interbloque peronista y a los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La votación artículo por artículo

En la votación en particular, el Título I fue aprobado por 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención, la de Julieta Corroza. Antes de votar, las senadoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala dejaron constancia en versión taquigráfica de su rechazo al artículo 44 —que finalmente acompañaron por decisión de bloque— referido a los casos de accidente o enfermedad no laboral, donde el trabajador percibirá el 50% de su remuneración básica.

El Título II, que incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue aprobado por 41 votos a 31. En esta instancia, Flavia Royón votó en contra, tal como había anticipado. En el Título III el oficialismo amplió la ventaja a 44 votos contra 28, con el acompañamiento de Carambia y Gadano.

El resultado 42 a 30 se repitió en buena parte del articulado (títulos IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII). El Título VII fue aprobado por 41 a 30, con abstención de Alejandra Vigo, quien luego votó en contra del Título XIII (41 a 31).

En el Título XIV el resultado fue 40 a 32. Allí, el jefe del bloque Pro, Martín Göerling, había solicitado retrotraer modificaciones al texto original, propuesta que fue rechazada, aunque igualmente votó afirmativamente. En esa instancia votaron en contra Carambia y Gadano, quienes luego acompañaron el Título XVII (44 a 28).

El resultado 41 a 31 también se registró en los títulos XV y XXIV, con el voto negativo de Royón. En uno de los títulos intermedios el resultado fue 40 a 29, con ausencias de Maximiliano Abad, Carambia y Gadano. Finalmente, el título que incluyó derogaciones —entre ellas la del Estatuto del Periodista— fue aprobado por 38 votos a favor y 31 en contra.

Negociaciones hasta último momento

La sesión estuvo atravesada por negociaciones permanentes. Aunque la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había anunciado 28 modificaciones consensuadas, los cambios continuaron ajustándose durante toda la jornada.

Uno de los puntos centrales fue la eliminación de la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades (tramos 2 y 3), a pedido de los gobernadores, ya que implicaba una merma en la coparticipación. El Gobierno cedió y dejó ese debate para una futura reforma tributaria.

También se mantuvo el cobro compulsivo de los aportes solidarios sindicales, con un tope del 2% para los gremios, mientras que los aportes a cámaras empresarias continuarán en 0,5%. Se eliminó además la reducción del aporte patronal a las obras sociales —que iba a bajar del 6% al 5%— y se sostuvo el rol del empleador como agente de retención.

En materia de indemnizaciones, se definió que solo se considerarán conceptos “mensuales, normales y habituales”, excluyendo adicionales no mensuales como aguinaldo y vacaciones. La indemnización será la única reparación frente al despido sin causa.

El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización para cubrir indemnizaciones. A propuesta de la Unión Cívica Radical, las grandes empresas aportarán 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas 2,5%, en lugar del 3% uniforme previsto originalmente.

Cambios estructurales

Entre otros puntos relevantes, la reforma:

  • Introduce nuevas reglas para la licencia por enfermedad, habilitando mayor control médico por parte del empleador y estableciendo que, si la dolencia no deriva de la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% del salario.
  • Crea el mecanismo de “banco de horas”, que permitirá compensar jornadas sin computarlas como horas extra.
  • Amplía el período para tomar vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento.
  • Establece el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).
  • Fija un plazo de un año para la derogación de distintos estatutos profesionales y posterga hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Otro foco de tensión fue la decisión de eliminar la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, manteniendo exclusivamente la vía bancaria. El Pro se pronunció públicamente a favor de las fintech y cuestionó la restricción.

Un debate con fuerte clima político

El oficialismo defendió la reforma bajo la premisa de que busca “generar trabajo” y “modernizar el sistema sin quitar derechos”, mientras que el peronismo la calificó como una ley “para despedir” y “en contra de los trabajadores”.

En las afueras del Congreso, la jornada estuvo marcada por movilizaciones sindicales y de la izquierda. Se registraron incidentes y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, con varios detenidos.

Con la media sanción del Senado, el proyecto clave de la gestión libertaria -que introduce cambios estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo- avanza en el tramo decisivo de su tratamiento legislativo.

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El Gobierno cedió y aceptó 28 modificaciones en el proyecto de la reforma laboral

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El Gobierno nacional aceptó cambios clave en el proyecto de reforma laboral antes del debate previsto para este miércoles en el Senado y validó las modificaciones negociadas por Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, con la oposición dialoguista. El punto central fue la eliminación del artículo que proponía una rebaja del 3% en el Impuesto a las Ganancias para las empresas.

La caída de esa cláusula despejó las últimas dudas que pesaban sobre el futuro de la iniciativa en la Cámara alta. Con los gobernadores provinciales conformes -al evitar una pérdida estimada en 3 billones de pesos- el proyecto se encamina a su aprobación con cambios, pero sin sobresaltos.

La decisión fue confirmada por Bullrich en una conferencia de prensa ofrecida en el Senado, acompañada por Eduardo Vischi, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, y Martín Goerling, titular del bloque del PRO. Allí, la senadora explicó que el oficialismo resolvió postergar el debate sobre Ganancias hasta avanzar en una reforma fiscal integral.

“Decidimos postergar el tratamiento del Impuesto a las Ganancias hasta construir un proyecto de reforma fiscal integral, que integre a los tres niveles impositivos: nacional, provincial y municipal”, afirmó Bullrich.

Los cambios al dictamen firmado en diciembre no solo beneficiaron a las provincias. La Casa Rosada también cedió ante los reclamos de la Confederación General del Trabajo y resolvió mantener sin modificaciones el aporte patronal a las obras sociales, que seguirá en el 6%. Además, los denominados “aportes solidarios” continuarán siendo obligatorios por dos años más, con un tope del 2%, y luego pasarán a ser voluntarios. Los empleadores conservarán su rol como agentes de retención de la cuota sindical, preservando así la recaudación gremial.

Las cámaras empresarias también lograron introducir cambios: se eliminó la cláusula que volvía voluntarios los aportes de sus miembros. Al igual que en el caso sindical, esos aportes serán obligatorios durante dos años, con un límite del 0,5%.

En total, Bullrich anunció 28 modificaciones, que fueron enviadas a los senadores tras recibir el aval de la mesa política del Gobierno, reunida al mediodía en la Casa Rosada. La senadora aclaró que no todas las correcciones implican cambios de fondo, ya que algunas son meramente de redacción. Entre ellas, se eliminará la referencia a la denominada “industria del juicio” en el capítulo de justicia laboral.

Según explicó la exministra de Seguridad, todas las modificaciones fueron consensuadas con los bloques de la oposición dialoguista, lo que anticipa un respaldo de entre 42 y 44 votos en la votación en general. En la discusión en particular, que se hará por títulos, podrían variar los apoyos, aunque el oficialismo confía en que cada apartado tendrá mayoría asegurada.

El viraje del Gobierno contrasta con la postura expresada la semana pasada, cuando desde la mesa política se había dejado trascender que no se modificaría “ni una coma” del proyecto original.

El texto mantiene como ejes centrales la reducción de los cálculos indemnizatorios, mayores facilidades para contratar y despedir personal, la limitación del derecho a huelga y una menor capacidad de representación y recaudación sindical, aunque con concesiones introducidas durante la negociación.

En la antesala de la votación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una reunión de la mesa política en Casa Rosada, de la que participaron Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Luis Caputo, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. El encuentro, inicialmente previsto para el miércoles, fue adelantado y se extendió por casi dos horas.

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Reforma del Código Penal: el Gobierno endurece penas y el 82% de los delitos será de cumplimiento efectivo

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El Gobierno impulsa una reforma integral del Código Penal, subirán penas en casi 20 delitos y el 82% tendrá cumplimiento efectivo

El Gobierno presentó este lunes una reforma estructural del Código Penal que endurece las penas en casi veinte delitos, elimina la prescripción para crímenes considerados de alta gravedad y establece que el 82% de los delitos deberán cumplirse de manera efectiva. La iniciativa, anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redefine el régimen penal argentino con impacto directo en el funcionamiento judicial, el sistema penitenciario y la política criminal del Estado.

Endurecimiento de penas y ampliación de figuras agravadas

Según explicaron Adorni y Bullrich, el proyecto eleva de forma significativa los mínimos y máximos de una amplia gama de delitos, comenzando por el homicidio simple, cuya escala pasará de los actuales 8 a 25 años a 10 a 30 años. Para el homicidio agravado, que ya contempla la prisión perpetua, se sumarán nuevos supuestos, incluyendo: víctimas que sean Presidente, Jefe de Gabinete o ministros, personal educativo asesinado por su condición de tal, víctimas menores de 16 años o mayores de 65, hechos cometidos en lugares de concurrencia masiva o con armas aptas para causar muertes múltiples, crímenes perpetrados por miembros de organizaciones criminales o dentro de centros de detención.

La reforma también modifica delitos de alta incidencia cotidiana. Lesiones leves: de 1 mes–1 año a 1–3 años. Lesiones por conducción imprudente: la figura simple será de 2–6 años y la agravada de 3–6 años. Abuso de armas: máximo de 6 años. Omisión de auxilio: pasa de multa a 1–6 años, con agravante de 2–8 años si la víctima es menor de 13 o mayor de 65. Hurto: se eleva a 3 años. Robo: nuevas escalas diferenciadas y figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y robos en lugares de concurrencia masiva. El robo simple será de 3–8 años con fuerza en las cosas y de 3–10 años cuando haya violencia.

En delitos vinculados a integridad sexual y menores, la reforma endurece significativamente las penas. Pornografía infantil: de 3–6 años a 3–12 años. Posesión con fines de distribución: pasa de 6 meses–2 años a 4–12 años. Trata de personas: límite máximo de 10 años en la figura básica y 15 años en la agravada.

Para delitos contra la administración pública, se intensifica el castigo por cohecho, que será de 3–10 años, con un tercio adicional en contrataciones públicas. Cuando el autor sea Presidente, Vicepresidente o Jefe de Gabinete, la escala sube a 5–15 años.

La usurpación, delito de alto impacto territorial, tendrá una pena de 10 años en su figura simple y 12 años en la agravada, además de multas.

Imprescriptibilidad, fin de la excarcelación automática y nuevas reglas para la ejecución de condenas

El proyecto incorpora cambios profundos en materia de prescripción. Según el Gobierno, existen delitos cuya gravedad “no puede verse condicionada por el tiempo”. Por ello, se declara imprescriptible una amplia lista de conductas, entre ellas: homicidio agravado, abuso sexual y grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y su financiamiento, tráfico y contrabando de estupefacientes, procesos contra organizaciones criminales, atentados al orden constitucional.

La reforma también suma nuevos actos que interrumpen el plazo de prescripción, como la orden de captura o el pedido de extradición.

En cuanto al cumplimiento efectivo de las penas, el proyecto elimina la posibilidad de ejecución condicional en un conjunto amplio de delitos. Según la presentación oficial, el sistema actual habilita la “puerta giratoria”, ya que condenas menores a tres años pueden cumplirse en libertad. Con los nuevos mínimos más altos, el 82% de los delitos deberá cumplirse efectivamente.

Entre los delitos que ya no permitirán excarcelación condicional se encuentran: estragos agravados, robos especialmente agravados, tenencia de arma de guerra sin autorización, portación ilegal de armas de fuego de uso civil.

También se modifican las reglas de libertad anticipada, excluyendo: homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas, delitos dolosos cometidos por funcionarios en ejercicio.

Respecto de la ejecución de condenas, se establece que comenzarán a cumplirse cuando el tribunal rechace el recurso extraordinario federal, sin esperar indefinidamente la intervención de la Corte Suprema.

La reforma incluye dos medidas de alto impacto institucional. La pérdida de la jubilación de privilegio para funcionarios públicos condenados por cualquier delito. Y la confirmación de que la prisión perpetua “implicará para siempre”.

El proyecto también fortalece el marco de la legítima defensa, introduciendo una presunción favorable a quien responde ante un ataque.

Impacto institucional y reacciones esperadas

El Gobierno presenta la reforma como un salto cualitativo en política criminal, enfocado en la prevención, la disuasión y el castigo efectivo. La ministra Patricia Bullrich ubicó los cambios dentro de una estrategia de “tolerancia cero” frente al delito, mientras que Adorni enmarcó el proyecto como parte de un rediseño normativo integral.

El nuevo esquema tendrá consecuencias directas en: el sistema penitenciario, que deberá albergar más condenados y por plazos más extensos; la Justicia penal, que incorporará nuevas figuras, escalas y causales de interrupción de prescripción; la función pública, dado el impacto de la pérdida de jubilaciones de privilegio; la sociedad civil y las víctimas, que adquieren nuevas instancias de participación en decisiones vinculadas con beneficios penitenciarios.

También se prevé una reconfiguración del mapa delictivo, especialmente en delitos urbanos como robo, hurto y abuso de armas, y en delitos federales como narcotráfico y trata.

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Iguazú, entre los aeropuertos que recibirán obras por USD 500 millones anunciadas por el Gobierno

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El Gobierno anunció inversiones por USD 500 millones en 13 aeropuertos y confirmó nuevas obras en Iguazú, Aerolíneas comprará 8 aviones con fondos propios

En una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno anunció este lunes un paquete de inversiones estratégicas para el sistema aéreo nacional: la compra de ocho aviones para Aerolíneas Argentinas financiados con recursos propios y un plan de obras por USD 500 millones en trece aeropuertos del país. Entre ellos, se encuentra el aeropuerto de Iguazú, una de las terminales clave para el turismo internacional y la economía regional de Misiones.

Aerolíneas Argentinas sumará ocho aviones propios tras revertir su déficit operativo

El primer anuncio estuvo centrado en la reconversión económica de Aerolíneas Argentinas. Adorni confirmó que la compañía estatal incorporará ocho nuevas aeronaves sin aporte del Tesoro, una medida que atribuyó al “proceso de racionalización” aplicado por el Gobierno nacional.

Según detalló, la transformación financiera se sostuvo en cuatro pilares: reducción del 18% de la planta de personal, cancelación de rutas deficitarias, cierre de sucursales, y concentración de operaciones en destinos estratégicos.

Adorni afirmó que la aerolínea pasó de registrar pérdidas operativas anuales promedio de USD 400 millones a un superávit de USD 56,6 millones en 2024, con una proyección de duplicar ese resultado en 2025. En ese marco, subrayó:
“Este año va a ser el primero en 16 años que la compañía no recibe fondos del Estado”.

El anuncio implica un cambio estructural para la competitividad del sector aéreo, particularmente en destinos turísticos de alta demanda como Iguazú, donde la disponibilidad de flota incide directamente en la conectividad regional y en la llegada de turistas internacionales.

USD 500 millones para modernizar 13 aeropuertos: Iguazú entre las prioridades del plan federal

En el segundo tramo del anuncio, Adorni confirmó que el Gobierno avanzará en un programa de obras coordinado entre la concesionaria Aeropuertos Argentina y el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, con una inversión total de USD 500 millones destinada a 15 proyectos en 13 terminales del país.

Entre los aeropuertos incluidos se encuentra el Aeropuerto Internacional de Iguazú, infraestructura clave para el corredor turístico de las Cataratas, el destino más visitado de la Argentina y uno de los motores centrales de la economía misionera.

Además de Iguazú, el plan abarca las terminales de Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Río Grande, Río Gallegos, Formosa, San Rafael, Salta, Resistencia, Tucumán, Bariloche y Mendoza.

Las obras previstas incluyen: nuevas terminales o remodelaciones integrales, ampliación de salas de preembarque, mejoras en pistas de aterrizaje, y modernización general de los espacios operativos.

Adorni lo definió como un paso para “que todos los argentinos puedan viajar mejor”, subrayando el impacto federal del programa.

En el caso específico de Iguazú, la actualización de infraestructura es clave para sostener la expansión del turismo internacional, mejorar la logística aérea y acompañar la creciente demanda en temporada alta. La obra en la terminal misionera se integra, además, al objetivo de fortalecer la conectividad del norte argentino, donde el flujo turístico sigue siendo un componente decisivo del empleo y la generación de divisas.

Sistema nacional de alertas por catástrofes: la segunda pata del anuncio

El jefe de Gabinete también confirmó la puesta en marcha del sistema de alerta temprana “Alertar”, una herramienta diseñada por Enacom y el Ministerio de Seguridad Nacional para informar en tiempo real sobre desastres naturales, emergencias meteorológicas y advertencias de seguridad pública.

Entre sus características operativas, Adorni destacó que: el mensaje se enviará a todos los dispositivos móviles en el área afectada, podrá interrumpir llamadas en curso, funcionará incluso con redes congestionadas, y no requerirá registro previo ni aplicaciones adicionales.

La inversión total para su implementación será de $12.000 millones, financiados con el Fondo del Servicio Universal (FSU).

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Milei reorganiza ministerios: Turismo, Ambiente y Deportes pasan a la Jefatura de Gabinete

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Reestructuración del Gabinete Nacional, Milei elimina la Secretaría de Comunicación y traslada competencias de Turismo, Ambiente y Deportes a la Jefatura de Gabinete

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 793/2025 redefine la Ley de Ministerios, concentra funciones en la Jefatura de Gabinete y traslada Migraciones al Ministerio de Seguridad. El Gobierno busca “optimizar la gestión y reducir estructuras”, en un nuevo paso hacia la reorganización del Estado.

Reconfiguración del organigrama ministerial

El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 793/2025, publicado el 11 de noviembre en el Boletín Oficial, que introduce una profunda modificación en la Ley de Ministerios N° 22.520. La medida, dictada en acuerdo general de ministros, apunta a “dotar de mayor eficiencia” a la estructura del Poder Ejecutivo mediante la supresión de organismos y reasignación de competencias estratégicas.

El decreto elimina la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, cuyas funciones pasarán a depender directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Además, centraliza bajo esta última la gestión de las políticas de turismo, ambiente y deportes, hasta ahora a cargo del Ministerio del Interior.

Simultáneamente, se dispone que el Ministerio de Seguridad Nacional asuma la administración de las políticas de migración, inmigración y registración de personas, incluyendo el control tutelar sobre la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), funciones históricamente ligadas al área del Interior.

“Las modificaciones a la Ley de Ministerios resultan impostergables para la gestión de gobierno”, fundamenta el texto firmado por Milei, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, los ministros Luis Petri, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger, entre otros.

La medida, que entra en vigencia con su publicación, deberá ser tratada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme a lo dispuesto por la Ley 26.122, que regula los DNU.

La Jefatura de Gabinete asume un rol ampliado

La Jefatura de Gabinete de Ministros se consolida como eje central de la coordinación ejecutiva del Gobierno Nacional, al incorporar competencias de turismo, deportes, medio ambiente y comunicación, que se suman a sus tradicionales funciones de articulación administrativa y presupuestaria.

El artículo 3° del decreto incorpora 35 nuevas atribuciones al artículo 16 de la Ley de Ministerios, otorgando a la Jefatura potestad para:

  • Determinar políticas nacionales de turismo, deporte y medio ambiente.
  • Administrar el Fondo Nacional de Turismo y coordinar el Consejo Federal de Turismo.
  • Supervisar el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y la ejecución de obras de infraestructura deportiva y turística.
  • Formular políticas de comunicación gubernamental, difusión institucional y administración de los medios públicos nacionales, incluyendo la radio y televisión estatal.
  • Ejercer la coordinación del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y administrar programas internacionales de financiamiento vinculados al cambio climático.

En materia ambiental, la norma faculta a la Jefatura a “entender en la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de Estado”, en el marco del artículo 41 de la Constitución Nacional.

De esta forma, el decreto fusiona áreas que históricamente operaron en carteras separadas y que, en administraciones previas, contaron incluso con rango ministerial (Turismo, Medio Ambiente y Deportes).

La Jefatura también concentrará la estrategia de comunicación institucional, incluyendo la “difusión de los objetivos de la gestión de gobierno y la proyección de la imagen del país”, así como la “administración, operación y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional”.

Seguridad Nacional amplía su alcance: migraciones, fronteras y registro civil

Uno de los cambios más significativos del DNU 793/2025 es la transferencia del régimen migratorio y del Registro Nacional de las Personas al Ministerio de Seguridad Nacional.

El artículo 5° redefine el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios, otorgándole al área encabezada por Patricia Bullrich competencias en políticas migratorias, de identificación ciudadana y manejo del fuego, además de las ya tradicionales de seguridad interior y control fronterizo.

La cartera será responsable de la aplicación de la Ley de Migraciones N° 25.871, de la Ley de Registro Nacional de las Personas N° 17.671 y de la Ley de Manejo del Fuego N° 26.815, que ahora quedan bajo su jurisdicción directa.

El decreto aclara que “toda referencia normativa efectuada a dichas leyes al Ministerio del Interior deberá entenderse referida al Ministerio de Seguridad Nacional”, consolidando así la reasignación de funciones.

La medida refuerza también la coordinación de políticas de frontera, control de pasajes internacionales y seguridad aeroportuaria, al tiempo que dispone la intervención de Seguridad en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (Ley 27.287).

Este rediseño unifica la gestión de la seguridad fronteriza, migratoria y civil bajo un mismo ministerio, con el objetivo declarado de mejorar la eficiencia en el control y la prevención del delito transnacional.

Un nuevo esquema político y administrativo

Con la firma del DNU 793/2025, el presidente Milei avanza en una reconfiguración institucional profunda que consolida la reducción del aparato estatal y la concentración funcional en áreas estratégicas.

El Ministerio del Interior mantiene su rol político federal y electoral, pero cede áreas operativas clave —migraciones, turismo y ambiente— que durante décadas formaron parte de su estructura. En contrapartida, se refuerza su responsabilidad en la relación con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en materia de derechos políticos y comunidades indígenas.

“Las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por las Secretarías General, Legal y Técnica, de Inteligencia de Estado y de Cultura”, detalla el decreto, que deja sin efecto la Secretaría de Comunicación y Medios y faculta al Presidente a crear o suprimir organismos según lo considere necesario.

La decisión se enmarca en la estrategia gubernamental de simplificación institucional y reducción del gasto público, que ha implicado la eliminación o fusión de diversas dependencias desde el inicio de la gestión.

Impacto político e institucional

El DNU 793/2025 genera un nuevo mapa de poder dentro del Ejecutivo:

  • La Jefatura de Gabinete pasa a ser el núcleo de las políticas estratégicas transversales.
  • El Ministerio de Seguridad amplía su control operativo sobre áreas de frontera y documentación.
  • El Ministerio del Interior se concentra en funciones políticas e institucionales.

La medida puede tener repercusiones en la articulación federal y en la gobernanza interministerial, ya que fusiona áreas con agendas diversas bajo un mando centralizado.

Asimismo, el decreto implicará una readecuación presupuestaria y administrativa: los créditos, bienes y personal de la disuelta Secretaría de Comunicación y Medios serán transferidos automáticamente a la Jefatura de Gabinete.

El DNU será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tendrá un plazo de diez días hábiles para emitir dictamen sobre su validez.

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