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Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por medio millón de dólares

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El tuiter del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el 26 de diciembre del año pasado, cobra ahora una dimensión distinta. Acosado por el escándalo de la investigación por enriquecimiento ilícito, el funcionario mileísta presentó sus declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en las que incorporó activos que hasta ahora no figuraban en sus registros oficiales. Entre ellos sobresalen más de 500.000 dólares atribuidos a operaciones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.

La presentación se produjo después de varias semanas de cuestionamientos públicos sobre la evolución de su patrimonio y en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Según la reconstrucción presentada por el funcionario, él y su esposa habrían invertido alrededor de 200.000 dólares en criptomonedas y, tras distintas operaciones realizadas durante varios años, ese capital se habría valorizado hasta alcanzar aproximadamente 513.000 dólares.

La explicación oficial sostiene que las operaciones pueden ser verificadas mediante registros de ocho billeteras virtuales utilizadas por el matrimonio durante ese período. Sin embargo, la revelación generó interrogantes políticos y judiciales debido a que esos activos no habían sido incluidos en declaraciones anteriores.

En una entrevista televisiva posterior a la presentación, Adorni reconoció que mantuvo durante años ahorros no declarados. “Esto era un ahorro nuestro en negro”, afirmó, al tiempo que atribuyó la omisión a un error que habría arrastrado en sucesivas presentaciones patrimoniales. También sostuvo que regularizará su situación fiscal y abonará los impuestos, intereses y sanciones que correspondan.

“Pensé en renunciar”, dijo Adorni en una nota que le hicieron este miércoles en LN+. “Pero sí yo renunciaba siendo un tipo honesto, después iban a ir por otros”, dijo el ex vocero, que admitió que ahorró 25 años en negro y confirmó de esa manera que, aún siendo funcionario, evadió impuestos.

Pero no sólo admitió ser evasor, sino que implícitamente reveló que mintió ante el Congreso cuando afirmó: “Respecto de todos los bienes que componen mi patrimonio no existió nunca ocultación alguna”, afirmó.

“Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error”, prometió como si fuera algo optativo. El jefe de Gabinete negó además ser un “chorro”.

 La nueva estrategia tiene sentido, si se considera que es preferible una investigación por evasión que por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Justicia deberá continuar su recorrido y analizar las denuncias por presunta corrupción, viajes al exterior y, contra su esposa, por supuestos contratos irregulares con el Estado. 

Las rectificaciones no se limitaron a las tenencias en criptomonedas. La documentación incorporó además bienes heredados tras el fallecimiento de su padre, incluyendo un inmueble en La Plata y un terreno en Daireaux, operaciones que, según la reconstrucción patrimonial, le reportaron ingresos por unos 79.000 dólares.

La revisión también alcanzó adquisiciones inmobiliarias realizadas durante su paso por la función pública. Entre ellas figura una vivienda en el country Indio Cuá, adquirida en 2025, y un departamento en el barrio porteño de Caballito, operación que se encuentra bajo análisis judicial. Sobre este último caso, Adorni afirmó que se trató de una transacción realizada con un amigo y negó la existencia de maniobras irregulares.

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la contradicción entre estas nuevas declaraciones y las manifestaciones realizadas por el propio funcionario ante el Congreso a fines de abril, cuando aseguró que no había existido ocultamiento patrimonial. Las modificaciones introducidas ahora reabrieron cuestionamientos sobre la consistencia de sus declaraciones previas y el alcance de las omisiones reconocidas.

Desde el entorno del jefe de Gabinete sostienen que la revisión demuestra que el patrimonio familiar tiene origen previo a su ingreso al Gobierno nacional y que las inconsistencias detectadas responden a errores de registración y no a ingresos obtenidos durante la función pública.

La presentación ante la Oficina Anticorrupción y ARCA no cierra, sin embargo, el frente judicial. La documentación pasará a integrar el expediente que analiza la evolución patrimonial del funcionario, mientras la Justicia deberá determinar si las rectificaciones alcanzan para justificar el origen y la evolución de los bienes declarados o si persisten elementos que ameriten profundizar la investigación.

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Cómo quedó la casa del country de Adorni tras las refacciones por USD 245.000

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La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con la difusión de las primeras imágenes de cómo quedó su casa de fin de semana en el country Indio Cuá, tras una reforma integral que demandó una inversión de 245.000 dólares.

Las fotografías y la documentación incorporadas al expediente judicial muestran una transformación total de la propiedad: desde la estructura principal hasta la galería, la cocina, los pisos, la pileta, la parrilla y el mobiliario exterior. Según consta en la causa, la remodelación comenzó en octubre de 2024 y se extendió hasta julio de 2025, cuando Adorni todavía se desempeñaba como vocero presidencial.

El contratista Matías Tabar, quien declaró como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, detalló bajo juramento los trabajos realizados y los montos involucrados.

En una primera etapa, explicó que el encargo incluyó la remodelación de la entrada y el garage, la demolición de la antigua galería y la construcción de una nueva, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior, renovación de puertas, mejoras en la escalera, una nueva parrilla, la modernización completa de la cocina —con nuevas mesadas, isla y desayunador—, además de ajustes de iluminación y otras intervenciones generales.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la intervención en la pileta: fue climatizada, rellenada para reducir su profundidad y revestida con piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. Además, se le agregó una cascada lateral cuyo costo fue de 3.500 dólares.

La parrilla también aparece como uno de los ítems destacados de la obra. Según la declaración del contratista, Adorni pagó 13.800 dólares entre materiales y mano de obra, a lo que se sumaron otros 2.000 dólares por un horno instalado en la galería.

A esto se agregaron cinco pedidos de carpintería por montos significativos: 8.000 dólares en diciembre, 6.400 dólares días después, 19.000 dólares en abril, 7.500 dólares en junio y 3.300 dólares en julio.

Tabar también relató que, con el avance de la obra, Adorni y su esposa Bettina Angeletti solicitaron nuevas “refacciones extra” que se fueron incorporando al presupuesto original. Según su testimonio, el funcionario le delegó la coordinación general de la obra: el contratista pedía presupuestos, los presentaba, recibía el dinero en efectivo y luego realizaba los pagos a proveedores.

El dato más sensible para la causa judicial es la modalidad de pago. Siempre según la declaración testimonial, los desembolsos se realizaron “en negro” y en efectivo: primero 55.000 dólares a fines de 2024 y luego el resto durante 2025 en distintas cuotas de 30.000, 100.000, 30.000 y 50.000 dólares, quedando un saldo pendiente de 20.929 dólares que luego habría sido cancelado.

De acuerdo con la reconstrucción patrimonial realizada en la investigación, el jefe de Gabinete habría gastado al menos 365.000 dólares en propiedades durante los últimos dos años, mientras mantiene deudas inmobiliarias por otros 335.000 dólares, de los cuales 270.000 deberían cancelarse antes de noviembre de este año.

La investigación del fiscal Pollicita apunta precisamente a determinar si ese nivel de gasto resulta compatible con los ingresos y ahorros declarados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción.

Fuentes cercanas al funcionario señalaron que en los próximos días presentaría su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025, documento clave para el avance de la causa.

Mientras tanto, las imágenes de la casa terminada y el detalle de los pagos reavivan el debate político sobre el patrimonio de uno de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei.

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Adorni bajo la lupa: la Justicia avanza sobre su patrimonio y levanta el secreto de sumario

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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo de alto impacto institucional: el juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, en una medida clave para reconstruir la evolución de su patrimonio.

El pedido había sido impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar el origen de los fondos utilizados en operaciones inmobiliarias y obras privadas. La causa se centra en presuntas inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos económicos detectados.

La decisión judicial habilita el acceso a información detallada sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito, inversiones, cajas de seguridad y cualquier otro instrumento financiero vinculado a la pareja, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad. El objetivo es “verificar el origen” de los fondos y reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera de los investigados.

Entre los bienes bajo la lupa aparecen dos propiedades: una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

En el caso del departamento, la investigación apunta a la modalidad de financiamiento de la compra, en la que figuran como prestamistas un grupo de mujeres, algunas de ellas jubiladas. La Justicia busca establecer si estas personas contaban con capacidad económica real para otorgar los préstamos que habrían permitido concretar la operación.

En ese marco, también se dispuso el levantamiento del secreto fiscal de seis mujeres vinculadas a la operatoria: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio. Dos de ellas, además, participaron directamente en la venta del inmueble.

Obras, contratistas y trazabilidad de pagos

La causa también se extiende a las refacciones realizadas en la propiedad del country Indio Cuá. El fiscal citó a declarar al contratista Matías Tabar, representante de Grupo AA, quien deberá presentar documentación completa sobre la obra: presupuestos, contratos, facturación, comprobantes de pago y cualquier comunicación mantenida con Adorni o su esposa.

El requerimiento incluye además el detalle de los medios de pago utilizados —cuentas bancarias, billeteras virtuales, cheques u otros instrumentos— así como la identificación del personal que intervino en los trabajos y la trazabilidad de los insumos adquiridos.

En paralelo, la fiscalía solicitó información a la administración del country sobre el pago de la tasa de ingreso -estimada en 5.000 dólares- y las expensas del lote, con el objetivo de reconstruir el flujo financiero asociado al inmueble.

El avance de la investigación ocurre en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei enfrenta crecientes tensiones políticas y económicas. A pesar del peso institucional del caso, Adorni continúa siendo sostenido como una pieza clave dentro de la estructura oficial.

La causa abre interrogantes sobre los mecanismos de control patrimonial en la función pública y agrega presión sobre un esquema de gestión que ya enfrenta cuestionamientos en distintos frentes.

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La Justicia investiga entre 15 y 19 viajes de Manuel Adorni como funcionario y pedirá más pruebas

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La investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con el ingreso a la fiscalía de un listado que registra entre 15 y 19 viajes realizados desde 2023 hasta la actualidad. El fiscal Gerardo Pollicita impulsa nuevas medidas de prueba para determinar con precisión los destinos finales, los costos y la trazabilidad de esos desplazamientos, mientras en paralelo se analizan los movimientos financieros del funcionario y su entorno cercano.

El expediente, que se originó a partir de denuncias de la diputada nacional Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito, busca establecer si existe coherencia entre el nivel de gastos -especialmente en viajes- y los ingresos declarados por Adorni ante los organismos de control. El puntapié inicial fue un vuelo privado a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, cuyo costo superó los 4.800 dólares y abrió interrogantes sobre quién financió ese traslado.

Según documentación de la Dirección Nacional de Migraciones, el registro incluye viajes oficiales y otros de carácter privado. Sin embargo, uno de los principales focos de la investigación es la falta de precisión sobre los destinos finales. En varios casos, los registros consignan escalas en países como Estados Unidos, Perú o Ecuador, pero no permiten reconstruir el itinerario completo, lo que obliga a profundizar las medidas de prueba para determinar si hubo trayectos adicionales hacia destinos no declarados.

En simultáneo, la fiscalía también analiza movimientos financieros vinculados al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti, cuyos viajes -en algunos casos a Europa- también quedaron bajo observación. La pesquisa incluye además la revisión de declaraciones juradas, posibles omisiones de activos y transferencias en el exterior.

Otro eje central del expediente es el análisis patrimonial. La Justicia ordenó avanzar con la tasación de dos propiedades vinculadas a Adorni: una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club y un departamento en el barrio porteño de Caballito. La operación de este último inmueble generó dudas adicionales por la estructura de financiamiento: el 87% del valor habría sido aportado por dos personas que, según trascendió, negaron conocer al funcionario.

En este contexto, la fiscalía buscará determinar si los valores declarados en las escrituras se corresponden con los precios de mercado. Fuentes del sector inmobiliario señalan que el departamento podría valer cerca del doble de los 230.000 dólares informados en la operación.

Adorni, por su parte, rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que brindará las explicaciones correspondientes ante la Justicia, dentro de los plazos legales. Sin embargo, el avance de las medidas de prueba anticipa una semana clave para una causa que combina viajes, patrimonio y trazabilidad financiera bajo una misma hipótesis: la posible existencia de inconsistencias entre ingresos declarados y nivel de gasto.

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Adorni bajo la lupa: compró un departamento por USD 230 mil con un crédito del 90% de dos jubiladas

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adquirió en noviembre de 2025 un departamento en el barrio porteño de Caballito por USD 230.000, según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble. La operación, formalizada el 18 de ese mes, quedó asentada en la escritura de compraventa y forma parte de un expediente judicial que busca determinar la evolución patrimonial del funcionario.

La vivienda, de casi 200 metros cuadrados, pertenecía previamente a dos mujeres que la habían comprado meses antes. Las vendedoras, Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo, no solo transfirieron el inmueble sino que además financiaron la mayor parte de la operación: otorgaron un crédito hipotecario por USD 200.000, equivalente a cerca del 90% del valor total.

Según el informe registral, cada una aportó el 50% del préstamo y quedó como acreedora en partes iguales. Este esquema permitió completar la adquisición del inmueble con un financiamiento poco habitual en el mercado inmobiliario, donde los créditos privados de este tipo son excepcionales.

En paralelo, fuentes judiciales confirmaron que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo, apunta a reconstruir la situación patrimonial, financiera y registral de Adorni y su entorno familiar.

Entre las medidas solicitadas se incluyen pedidos de información a registros de la propiedad, organismos de control y entidades financieras, con el objetivo de detectar activos no declarados o inconsistencias en las declaraciones juradas.

La investigación se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un incremento patrimonial del 500% en un período fiscal. Según la presentación, existirían diferencias entre las declaraciones juradas del funcionario, con omisiones de activos financieros, depósitos en el exterior por más de $16 millones y la incorporación de USD 24.500 en efectivo.

Además de la propiedad en Caballito, la Justicia analiza la compra de un inmueble en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. Registros internos del barrio privado indican que las expensas del lote comenzaron a emitirse a nombre de la cónyuge, lo que podría evidenciar una titularidad o posesión no declarada.

En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni informó la titularidad del 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y el 100% de otro en La Plata, pero no incluyó propiedades en countries ni nuevas adquisiciones recientes.

El informe de dominio del departamento de Caballito también detalla que la operación fue posible gracias al crédito otorgado por las propias vendedoras, un mecanismo que ahora es analizado por los investigadores para determinar el origen de los fondos y posibles vínculos entre las partes.

En paralelo, trascendieron cuestionamientos sobre el valor declarado del inmueble, que podría estar por debajo de los precios de mercado para propiedades similares en la zona, lo que abre otra línea de análisis dentro de la causa judicial .

La fiscalía remarcó la necesidad de verificar “toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica” del funcionario y su entorno. Por el momento, no hay resoluciones judiciales, pero se espera que en las próximas semanas se incorporen nuevos elementos que permitan esclarecer la consistencia de su patrimonio.

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