peaje fluvial

Logística: el Gobierno extiende bonificación del peaje para los buques que usan el Canal Martín García

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El Gobierno nacional extendió la bonificación del 16,7% sobre la tarifa de peaje para los buques que utilizan el Canal Martín García, una medida que apunta a reducir temporalmente el costo de navegación y sostener la competitividad de una de las principales rutas de conexión fluvial de la Argentina.

La decisión fue adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la Resolución 54/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y tendrá aplicación retroactiva desde el 1° de septiembre de 2026. La rebaja permanecerá vigente hasta que la empresa que resulte contratista de la Licitación Pública N° 1/2025 tome posesión de la concesión.

La medida alcanza específicamente al trayecto comprendido entre las secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal, en ambos sentidos, para todos los buques que hagan uso del Canal Martín García. El porcentaje de reducción mantiene el mismo nivel establecido previamente por la Resolución 42/2026.

El objetivo inmediato es evitar que el vencimiento de la bonificación anterior genere un incremento abrupto en los costos de navegación mientras se completa la transición hacia el nuevo esquema de concesión. La ANPyN fundamentó la extensión en los resultados obtenidos con la medida anterior y consideró conveniente prolongarla hasta el momento en que se produzca la toma de posesión del nuevo contratista.

Una rebaja que busca sostener el tráfico fluvial

El costo del peaje constituye uno de los componentes que inciden directamente sobre la estructura económica de las operaciones de transporte por agua. En una actividad donde los márgenes dependen de la eficiencia logística, pequeñas variaciones en los costos de navegación pueden impactar sobre la competitividad de las cargas y sobre la elección de las rutas utilizadas por los operadores.

Por eso, la decisión de extender la bonificación tiene una lectura que excede la cuestión tarifaria. El Gobierno busca evitar una discontinuidad de costos durante una etapa de transición institucional y contractual, preservando las condiciones de navegación existentes hasta que se concrete el traspaso de la concesión.

El Canal Martín García tiene además una importancia estratégica para la conectividad fluvial regional, particularmente por su vinculación con el sistema de navegación del Río de la Plata y las rutas que conectan los principales centros productivos y portuarios de la región.

En este sentido, una política de reducción temporal del peaje puede funcionar como una herramienta para sostener el uso de una alternativa de navegación mientras se reorganiza el esquema de administración de la Vía Navegable Troncal.

El beneficio rige desde el 1° de septiembre

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es su carácter retroactivo. Aunque la norma fue publicada el 9 de septiembre, la bonificación se aplica desde el primer día de este mes.

Esto significa que el beneficio contempla las operaciones alcanzadas desde el 1° de septiembre de 2026, evitando que el período transcurrido entre el vencimiento de la resolución anterior y la aprobación de la nueva medida implique para los usuarios una pérdida del descuento.

La ANPyN decidió mantener el porcentaje de reducción en 16,7%, en lugar de modificar la estructura tarifaria, y estableció como condición de finalización el momento en que el nuevo concesionario tome posesión de la infraestructura y servicios comprendidos en la licitación.

La decisión también refleja el proceso de transformación institucional iniciado con la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en enero de 2025. El organismo asumió las funciones que anteriormente correspondían a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y quedó como autoridad de aplicación y control del contrato vinculado con la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.

El próximo punto de inflexión será la nueva concesión

La bonificación tiene, por definición, carácter transitorio. Su extensión no modifica el proceso de licitación en marcha, sino que funciona como un mecanismo de transición hasta que el nuevo contratista asuma formalmente la operación.

Ese punto es relevante para entender la decisión económica. Más que una reducción tarifaria permanente, la medida busca administrar el período entre dos modelos de gestión, evitando que el cambio contractual produzca una alteración inmediata en los costos para los operadores.

El desafío para la política portuaria será que esa transición derive en una mejora estructural de la navegación: mayor previsibilidad tarifaria, mejores condiciones de mantenimiento, eficiencia en el dragado y señalización y, fundamentalmente, menores costos logísticos para las cargas que utilizan el sistema fluvial.

Para la economía argentina, el resultado esperado no se limita al ahorro directo que genera el descuento. Una vía navegable eficiente puede reducir tiempos de tránsito, mejorar la planificación de las operaciones portuarias y fortalecer la competitividad de las exportaciones, especialmente en un país cuya estructura productiva depende fuertemente del transporte de cargas hacia los puertos.

La extensión del beneficio del 16,7% en el Canal Martín García aparece así como una medida puntual dentro de un proceso mucho más amplio: sostener los costos de navegación en el corto plazo mientras el Estado completa la transición hacia el nuevo esquema de concesión de la Vía Navegable Troncal.

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La Hidrovía entra en una nueva etapa: cuáles son las condiciones que fija la Resolución 36/2026 para la privatización

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó las condiciones para avanzar con una nueva licitación de la Vía Navegable Troncal, uno de los activos logísticos más estratégicos de la Argentina. A través de la Resolución 36/2026, publicada el 19 de junio de 2026 en el Boletín Oficial, el organismo aprobó el pliego que regirá el proceso de concesión privada del sistema por donde se canaliza cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país.

La decisión marca el inicio formal de una nueva etapa para la denominada Hidrovía Paraná-Paraguay, luego de varios años de administración transitoria por parte del Estado nacional y de procesos licitatorios que no lograron concretarse. El nuevo esquema busca otorgar previsibilidad de largo plazo a las inversiones en infraestructura, dragado y señalización, dos factores considerados claves para sostener la competitividad del comercio exterior argentino.

El pliego establece las reglas técnicas, económicas y jurídicas que deberán cumplir las empresas interesadas en operar la concesión. Entre las principales obligaciones figuran el mantenimiento permanente del dragado, la señalización integral de la vía navegable, la incorporación de tecnología para el monitoreo del tránsito fluvial y el cumplimiento de estándares ambientales y de seguridad operacional.

El futuro concesionario también deberá garantizar la continuidad del servicio durante toda la vigencia del contrato, asumir las inversiones comprometidas y responder por el mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los distintos tramos de la Vía Navegable Troncal.

La resolución prevé que la concesión se adjudique mediante un proceso competitivo nacional e internacional, con criterios de evaluación orientados tanto a la capacidad técnica como a la solvencia económica de los oferentes. El objetivo oficial es atraer operadores con experiencia internacional en administración de grandes corredores fluviales.

Uno de los ejes del nuevo modelo consiste en que el financiamiento de las obras continúe sustentándose principalmente mediante el cobro del peaje a los usuarios del sistema, mecanismo que históricamente permitió sostener el mantenimiento de la vía sin aportes directos del Tesoro Nacional.

Un activo clave para la economía argentina

La Hidrovía constituye la principal salida de la producción agroindustrial del país. Desde los puertos del Gran Rosario se despachan la mayor parte de las exportaciones de soja, maíz, trigo, harinas y aceites vegetales, además de cargas mineras, energéticas e industriales provenientes del norte argentino y de países vecinos como Paraguay, Bolivia y Brasil.

Por esa razón, cualquier modificación en su administración tiene impacto directo sobre los costos logísticos, la competitividad exportadora y el ingreso de divisas.

Para provincias del NEA como Misiones, la consolidación de un corredor fluvial eficiente también resulta estratégica en la medida en que puede favorecer la integración regional, reducir costos de transporte y ampliar las posibilidades de inserción internacional de economías como la forestoindustria, la yerba mate, el té y otros productos con perfil exportador.

La publicación de la Resolución 36/2026 abre ahora la etapa de convocatoria y presentación de ofertas. El proceso será seguido de cerca por cámaras portuarias, exportadores, navieras, operadores logísticos y gobiernos provinciales, debido a la importancia que tiene la Vía Navegable Troncal para la competitividad del comercio exterior argentino.

Después de varios intentos frustrados de licitación en los últimos años, el Gobierno busca concretar una concesión de largo plazo que permita garantizar inversiones sostenidas, mayor previsibilidad operativa y una mejora en la eficiencia del principal corredor logístico del país.

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El Gobierno vuelve a postergar el peaje pleno en la Hidrovía y estira la transición tarifaria hasta abril

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En medio de la reconfiguración del sistema portuario y fluvial, el Gobierno decidió volver a patear una definición clave sobre la Hidrovía. La Administración General de Puertos (AGP) prorrogó hasta el 30 de abril de 2026 la bonificación del peaje en el tramo Santa Fe–Confluencia, manteniendo la tarifa para el transporte internacional en USD 1,30 por tonelada de registro neto (TRN). La decisión, formalizada el 25 de marzo mediante la Resolución 47/2026, extiende un esquema transitorio que ya acumula múltiples prórrogas desde 2023.

El dato central no es solo el número. Es la persistencia de un régimen provisorio que el propio Estado no logra cerrar. La medida vuelve a abrir una pregunta de fondo: ¿se trata de una transición técnica hacia una tarifa definitiva o de una dificultad política para ordenar uno de los nodos más sensibles del comercio exterior argentino?

Marco institucional en transición y decisiones condicionadas

El esquema tarifario de la Vía Navegable Troncal arrastra tensiones desde la modificación de 2022, cuando se fijó un peaje de USD 1,47 por TRN para el transporte internacional. Ese valor nunca terminó de consolidarse. Las objeciones de usuarios y las acciones judiciales derivaron en la suspensión de su aplicación y en la apertura de un proceso de revisión que, en los hechos, nunca se cerró.

A partir de 2024, la estrategia oficial fue avanzar con bonificaciones progresivas y mesas técnicas para recalibrar el valor. Sin embargo, el proceso quedó atravesado por un cambio estructural: el Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025 redefinió el mapa institucional, creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y dispuso la disolución y liquidación de la AGP como sociedad estatal.

Ese rediseño institucional impactó directamente en la capacidad operativa del sistema. Según reconoce la propia resolución, los recursos técnicos y de gestión siguen enfocados en la transición, lo que impide constituir la mesa de trabajo que debía validar la razonabilidad de la tarifa. Traducido: el Estado no cuenta hoy con la arquitectura institucional plena para cerrar el debate tarifario.

Un esquema de prórrogas que reconfigura incentivos

La decisión de sostener el valor en USD 1,30 por TRN —por debajo del esquema original de USD 1,47— consolida un sendero de gradualidad que busca evitar un salto abrupto en los costos logísticos. Pero también instala un escenario de incertidumbre para los actores del sistema.

Desde febrero de 2023 hasta hoy, la tarifa atravesó múltiples ajustes y extensiones: desde USD 0,80 en etapas iniciales hasta el actual nivel, pasando por distintos escalones intermedios. Cada prórroga reconfigura expectativas y condiciona decisiones operativas en un sector donde la previsibilidad es un activo clave.

En términos de correlación de fuerzas, el esquema beneficia en el corto plazo a los usuarios del sistema —que evitan un aumento pleno—, pero al mismo tiempo posterga una definición que impacta en la sustentabilidad del modelo de mantenimiento y dragado. El equilibrio entre costo logístico y financiamiento de la vía navegable sigue sin resolverse.

Gradualidad como estrategia, pero también como límite

El argumento oficial se sostiene en la “gradualidad y razonabilidad” del ajuste tarifario. La lógica es clara: converger hacia un valor definitivo sin generar disrupciones. Sin embargo, la reiteración de prórrogas empieza a tensionar esa narrativa.

El problema ya no es solo técnico. La falta de estudios concluyentes —producto de la transición institucional— convierte la gradualidad en una herramienta que gana tiempo, pero no necesariamente resuelve el fondo. La política tarifaria queda así atada a la reorganización del propio Estado.

En paralelo, la ausencia de una mesa técnica operativa impide canalizar formalmente las demandas de los sectores involucrados, lo que mantiene latente el riesgo de nuevas controversias, incluso judiciales.

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El Gobierno extiende el peaje bonificado en la hidrovía mientras define la tarifa definitiva

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La Administración General de Puertos extendió hasta el 31 de enero de 2026 la bonificación del peaje en la Vía Navegable Troncal para el transporte internacional. La decisión mantiene un esquema transitorio de tarifas reducidas mientras continúa la transición institucional tras la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y se posterga la definición del valor definitivo del peaje en la hidrovía.

La Administración General de Puertos S.A.U. (en liquidación) dispuso una nueva prórroga de la bonificación del peaje en el tramo “Puerto de Santa Fe – Confluencia (Sección II)” de la Vía Navegable Troncal (VNT). A través de la Resolución 1/2026, firmada por el interventor Gastón Alejo Benvenuto y publicada el 13 de enero de 2026, se estableció que entre el 1° y el 31 de enero de 2026 la tarifa para el transporte internacional será de dólares estadounidenses uno con treinta centavos (US$ 1,30) por tonelada de registro neto (TRN).

La medida prolonga un régimen transitorio que se aplica desde febrero de 2023 y refleja la persistencia de condiciones institucionales y operativas que impiden avanzar en la definición del cuadro tarifario definitivo para el segmento norte de la hidrovía.

Un peaje en revisión permanente desde 2022

El origen del esquema actual se remonta a la Resolución 625/2022 del entonces Ministerio de Transporte, que fijó el peaje del tramo Santa Fe–Confluencia en US$ 1,47 por TRN para el transporte internacional y $ 1,47 por TRN para el cabotaje, sujeto al resultado de una instancia de participación ciudadana. Sin embargo, tras ese proceso se multiplicaron las presentaciones administrativas y acciones judiciales de usuarios y sujetos obligados al pago, lo que derivó en la suspensión de la aplicación plena de la tarifa.

Como respuesta, la AGP constituyó en septiembre de 2024 la “Mesa de Trabajo de la VNT – Sección Santa Fe al Norte”, en el ámbito del Comité Ejecutivo de la Vía Navegable Troncal, y dispuso una bonificación progresiva del peaje. El esquema redujo la tarifa a US$ 0,80 por TRN entre el 15 de febrero de 2023 y el 31 de agosto de 2024, luego a US$ 1,20 por TRN hasta el 28 de febrero de 2025, y desde entonces se sucedieron prórrogas mensuales o bimestrales con ajustes graduales.

Durante 2025, la tarifa bonificada pasó a US$ 1,25 por TRN y luego se mantuvo el beneficio hasta diciembre. Ahora, con la Resolución 1/2026, se avanza un nuevo escalón de convergencia hacia el valor original, llevándolo a US$ 1,30 por TRN.

Transición institucional y demora en la definición tarifaria

En los considerandos, la resolución subraya que la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, dispuesta por el DNU 3/2025, modificó sustancialmente el contexto jurídico e institucional. La disolución y liquidación de la Administración General de Puertos, bajo un esquema de continuidad operativa, absorbió gran parte de los recursos técnicos y de gestión, lo que impidió la efectiva constitución de la Mesa de Trabajo y la realización de los estudios necesarios para evaluar la razonabilidad del peaje.

En ese marco, el Gobierno justifica la reiteración de las prórrogas en criterios de gradualidad y razonabilidad, aclarando que la política tarifaria no implica eliminar el peaje ni congelarlo indefinidamente, sino ajustarlo de manera progresiva mientras se completa la transición institucional y se definen las condiciones del régimen definitivo.

Impacto económico y señales al comercio exterior

La decisión tiene impacto directo sobre los operadores del comercio exterior, especialmente exportadores e importadores que utilizan la hidrovía para el transporte de cargas hacia y desde los puertos del norte argentino y la región del Paraná. La continuidad de una tarifa bonificada atenúa los costos logísticos en un contexto de alta sensibilidad de precios, aunque también prolonga la incertidumbre regulatoria respecto del valor final del peaje.

Desde el punto de vista institucional, la reiteración de prórrogas expone las dificultades del Estado para cerrar el debate tarifario en uno de los corredores logísticos más relevantes del país, mientras se redefine la gobernanza del sistema portuario y de navegación. El esquema actual mantiene una señal de previsibilidad de corto plazo, pero deja abierta la discusión sobre el equilibrio entre financiamiento del mantenimiento de la vía navegable y competitividad del transporte fluvial.

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La ANPyN extiende la rebaja del 16,7% en el peaje del Canal Martín García

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso una nueva bonificación del 16,7% en la tarifa de peaje para los buques que utilicen el Canal Martín García, aplicable al tramo comprendido entre las secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La medida fue formalizada mediante la Resolución 1/2026, publicada el 8 de enero de 2026, con efecto retroactivo al 4 de enero y una vigencia de 30 días corridos, en continuidad con las rebajas ya otorgadas en noviembre y diciembre de 2025. El objetivo es sostener las condiciones de navegabilidad, ordenar el tráfico y acompañar el proceso de reorganización institucional del sistema portuario y de vías navegables.

Continuidad operativa en la Vía Navegable Troncal

La decisión se inscribe en un esquema de administración transitoria de la Vía Navegable Troncal, cuya concesión para el mantenimiento del sistema de señalización, dragado, redragado y control hidrológico fue otorgada en 2021 a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado por el Decreto 427/2021. Posteriormente, el Decreto 699/2024 declaró servicio público a las actividades vinculadas al dragado, balizamiento y señalización de las vías navegables de jurisdicción nacional.

En agosto de 2024, el Decreto 709/2024 delegó en la entonces Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables la facultad de llamar y adjudicar la licitación pública nacional e internacional para la modernización y operación del sistema, bajo el régimen de concesión previsto en la Ley 17.520. En ese marco, se dispuso una revisión integral del contrato de concesión firmado el 2 de septiembre de 2021, aprobada luego por las Disposiciones 24 y 28 de octubre de 2024.

Con la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante el DNU 3/2025, el Estado reordenó el esquema institucional: la ANPyN pasó a ser la continuadora jurídica de la ex Subsecretaría y asumió las funciones de autoridad de aplicación y control del contrato de la Vía Navegable Troncal, mientras se dispuso la disolución y liquidación de la AGP S.A.U.

La bonificación del Canal Martín García: alcance y fundamentos

En ese contexto operativo y regulatorio, la ANPyN había resuelto en noviembre de 2025 una bonificación temporaria del 16,7% en el peaje del Canal Martín García, por 30 días desde el 5 de noviembre, medida que fue renovada en diciembre por un período idéntico. La Resolución 1/2026 extiende nuevamente el beneficio, con carácter retroactivo desde el 4 de enero de 2026, y por 30 días corridos desde su entrada en vigencia.

El descuento aplica en ambos sentidos del trayecto comprendido entre las secciones 0.0 a 1.2 del contrato de concesión y alcanza a todos los buques que utilicen el Canal Martín García. La decisión apunta a mantener la competitividad del corredor, facilitar el ordenamiento del tráfico en el Río de la Plata y acompañar las tareas de mantenimiento de la navegabilidad en un período de transición institucional.

Impacto económico

La reiteración de la bonificación tiene efectos directos sobre los costos logísticos de los usuarios del sistema fluvial, en un corredor clave para el comercio exterior y el transporte regional. En términos institucionales, la medida refuerza el rol de la ANPyN como autoridad rectora del sistema, al tiempo que garantiza continuidad operativa mientras avanzan los procesos licitatorios y de reorganización previstos por los decretos vigentes.

En el corto plazo, el esquema de rebajas temporarias sugiere una estrategia de gestión activa del peaje para sostener el flujo de tránsito y evitar distorsiones en la elección de rutas. Hacia adelante, el impacto dependerá de la definición del nuevo contrato de concesión y de las condiciones económicas que establezca la futura licitación para la Vía Navegable Troncal.

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