El Gobierno adjudicó cuatro corredores viales por 20 años: quiénes operarán las rutas
La privatización de Corredores Viales S.A. dio un nuevo paso con la adjudicación de cuatro tramos estratégicos de la Red Federal de Concesiones. A través de la Resolución 1149/2026 del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional oficializó los ganadores de la licitación pública internacional que definirá durante los próximos 20 años la operación, mantenimiento, ampliación y explotación de algunos de los corredores más importantes del país.
La medida representa uno de los hitos centrales del proceso de reorganización de la infraestructura vial impulsado por la administración nacional, que busca trasladar al sector privado la gestión de las rutas concesionadas bajo el esquema de obra pública por peaje, con el argumento de mejorar la calidad del servicio y reducir la participación estatal en la operación.
La resolución aprueba la segunda etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0015-LPU25 correspondiente a la denominada Red Federal de Concesiones – Etapa II-B, luego de que la comisión evaluadora analizara las propuestas económicas presentadas por las empresas precalificadas y concluyera que las ofertas seleccionadas eran las más convenientes para el interés público.
Los cuatro corredores adjudicados abarcan zonas de alto tránsito productivo y logístico, fundamentales para el transporte de granos, manufacturas y exportaciones.
El Tramo Mediterráneo fue adjudicado a la unión de empresas CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., que ofertó una tarifa de $1.989,67 sin IVA. El contrato tendrá una duración de veinte años.
Para el Tramo Puntano, la adjudicación quedó en manos de BASAA S.A. – CECOSA S.A., con una propuesta de $1.440,08 sin IVA.
En tanto, el Tramo Portuario Sur también será administrado por CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., cuya oferta ascendió a $1.256,03 sin IVA.
Finalmente, el Tramo Portuario Norte fue adjudicado a CPC S.A., con una tarifa propuesta de $1.856 sin IVA.
Todos los contratos tendrán una vigencia de veinte años e incluyen la construcción, explotación, administración, reparación, conservación, ampliación de infraestructura vial, mantenimiento integral, prestación de servicios al usuario y el desarrollo de actividades complementarias que permitan generar ingresos adicionales.
La licitación despertó un fuerte interés del sector constructor. Más de una decena de grupos empresarios participaron del proceso competitivo, entre ellos Roggio, Cartellone, Rovella Carranza, Panedile, Luciano Construcciones, Paolini Hermanos e IEB Construcciones, entre otros. Tras la evaluación técnica y económica, las ofertas seleccionadas fueron consideradas las más convenientes en términos de tarifa y cumplimiento de las exigencias establecidas en los pliegos.
Un dato relevante es que el dictamen de adjudicación no recibió impugnaciones durante el período reglamentario de publicidad en el sistema CONTRAT.AR, lo que permitió avanzar con la adjudicación definitiva sin nuevos obstáculos administrativos.
Qué cambia para quienes utilizan las rutas
Desde la perspectiva de los usuarios, el cambio no implica una modificación inmediata en el funcionamiento de las rutas, pero sí abre una nueva etapa en la administración de la infraestructura vial nacional.
Las empresas adjudicatarias asumirán la obligación de mantener las condiciones de transitabilidad, ejecutar obras comprometidas, conservar el estado de los corredores y prestar servicios de asistencia al usuario durante toda la vigencia de la concesión.
El esquema busca que las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura sean financiadas mediante el sistema de peajes, reduciendo el aporte directo del Estado en la operación cotidiana.
Para el sector productivo, especialmente las economías regionales, el transporte de cargas y las cadenas exportadoras, la expectativa oficial es que corredores en mejores condiciones permitan disminuir costos logísticos, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial.
Sin embargo, el verdadero desafío será verificar durante los próximos años el cumplimiento efectivo de los planes de inversión comprometidos por las concesionarias y el equilibrio entre las mejoras en la infraestructura y la evolución de las tarifas de peaje, un aspecto que impacta directamente sobre transportistas, productores y usuarios particulares.
Con esta adjudicación, el Gobierno profundiza el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., declarado sujeto a privatización por la Ley 27.742, consolidando un nuevo modelo de gestión para parte de la red vial nacional basado en concesiones privadas de largo plazo.
