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El Senado le dio media sanción a la Reforma Laboral

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Tras una maratónica sesión de más de 14 horas y con más de 40 oradores en el recinto, el Senado de la Nación aprobó este jueves a la 1.22 de la madrugada el proyecto de Modernización Laboral, conocido como Reforma Laboral. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra en general, tras lo cual se inició el tratamiento en particular de los 26 títulos que componen el texto.

Tal como estaba previsto, La Libertad Avanza consiguió el respaldo del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista votó en contra en bloque, sin fracturas pese a las tensiones internas.

A los 21 votos del oficialismo se sumaron los 10 senadores de la Unión Cívica Radical, tres del Pro, dos de Provincias Unidas y seis representantes de bloques provinciales alineados con sus gobernadores, entre ellos los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. También acompañaron Edith Terenzi (Chubut), Beatriz Ávila (Tucumán), Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).

Los 30 votos negativos correspondieron a 28 integrantes del interbloque peronista y a los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La votación artículo por artículo

En la votación en particular, el Título I fue aprobado por 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención, la de Julieta Corroza. Antes de votar, las senadoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala dejaron constancia en versión taquigráfica de su rechazo al artículo 44 —que finalmente acompañaron por decisión de bloque— referido a los casos de accidente o enfermedad no laboral, donde el trabajador percibirá el 50% de su remuneración básica.

El Título II, que incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue aprobado por 41 votos a 31. En esta instancia, Flavia Royón votó en contra, tal como había anticipado. En el Título III el oficialismo amplió la ventaja a 44 votos contra 28, con el acompañamiento de Carambia y Gadano.

El resultado 42 a 30 se repitió en buena parte del articulado (títulos IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII). El Título VII fue aprobado por 41 a 30, con abstención de Alejandra Vigo, quien luego votó en contra del Título XIII (41 a 31).

En el Título XIV el resultado fue 40 a 32. Allí, el jefe del bloque Pro, Martín Göerling, había solicitado retrotraer modificaciones al texto original, propuesta que fue rechazada, aunque igualmente votó afirmativamente. En esa instancia votaron en contra Carambia y Gadano, quienes luego acompañaron el Título XVII (44 a 28).

El resultado 41 a 31 también se registró en los títulos XV y XXIV, con el voto negativo de Royón. En uno de los títulos intermedios el resultado fue 40 a 29, con ausencias de Maximiliano Abad, Carambia y Gadano. Finalmente, el título que incluyó derogaciones —entre ellas la del Estatuto del Periodista— fue aprobado por 38 votos a favor y 31 en contra.

Negociaciones hasta último momento

La sesión estuvo atravesada por negociaciones permanentes. Aunque la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había anunciado 28 modificaciones consensuadas, los cambios continuaron ajustándose durante toda la jornada.

Uno de los puntos centrales fue la eliminación de la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades (tramos 2 y 3), a pedido de los gobernadores, ya que implicaba una merma en la coparticipación. El Gobierno cedió y dejó ese debate para una futura reforma tributaria.

También se mantuvo el cobro compulsivo de los aportes solidarios sindicales, con un tope del 2% para los gremios, mientras que los aportes a cámaras empresarias continuarán en 0,5%. Se eliminó además la reducción del aporte patronal a las obras sociales —que iba a bajar del 6% al 5%— y se sostuvo el rol del empleador como agente de retención.

En materia de indemnizaciones, se definió que solo se considerarán conceptos “mensuales, normales y habituales”, excluyendo adicionales no mensuales como aguinaldo y vacaciones. La indemnización será la única reparación frente al despido sin causa.

El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización para cubrir indemnizaciones. A propuesta de la Unión Cívica Radical, las grandes empresas aportarán 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas 2,5%, en lugar del 3% uniforme previsto originalmente.

Cambios estructurales

Entre otros puntos relevantes, la reforma:

  • Introduce nuevas reglas para la licencia por enfermedad, habilitando mayor control médico por parte del empleador y estableciendo que, si la dolencia no deriva de la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% del salario.
  • Crea el mecanismo de “banco de horas”, que permitirá compensar jornadas sin computarlas como horas extra.
  • Amplía el período para tomar vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento.
  • Establece el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).
  • Fija un plazo de un año para la derogación de distintos estatutos profesionales y posterga hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Otro foco de tensión fue la decisión de eliminar la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, manteniendo exclusivamente la vía bancaria. El Pro se pronunció públicamente a favor de las fintech y cuestionó la restricción.

Un debate con fuerte clima político

El oficialismo defendió la reforma bajo la premisa de que busca “generar trabajo” y “modernizar el sistema sin quitar derechos”, mientras que el peronismo la calificó como una ley “para despedir” y “en contra de los trabajadores”.

En las afueras del Congreso, la jornada estuvo marcada por movilizaciones sindicales y de la izquierda. Se registraron incidentes y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, con varios detenidos.

Con la media sanción del Senado, el proyecto clave de la gestión libertaria -que introduce cambios estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo- avanza en el tramo decisivo de su tratamiento legislativo.

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Fuerza Patria impulsa una lista de unidad para normalizar el PJ Misiones y así evitar una interna partidaria

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El espacio político Fuerza Patria pidió formalmente avanzar con una lista de unidad para las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) de Misiones, previstas para el 19 de abril, y desalentó una competencia interna. La definición se adoptó por unanimidad en un plenario realizado en Posadas, con más de 300 dirigentes y militantes, y apunta a acelerar la normalización partidaria, recuperar la centralidad política y fortalecer una conducción federal con participación municipal.

Plenario, diagnóstico y hoja de ruta hacia el 19 de abril

La resolución surgió de un encuentro realizado en el SUM de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales “Juan Figueredo”, en la ciudad de Posadas, donde referentes sindicales, sociales, barriales y políticos de Fuerza Patria consensuaron priorizar el diálogo y la construcción de “los puentes necesarios” para arribar a una lista consensuada. El objetivo explícito es evitar una interna y ordenar la estructura del PJ distrito Misiones en el marco del calendario partidario.

El documento aprobado subraya que la unidad debe expresar la diversidad del peronismo, pero también la coherencia entre doctrina, conducta y acción de quienes representen al partido. En términos políticos, la estrategia busca reducir fricciones internas, ordenar la representación territorial y presentar una conducción legitimada para el proceso de normalización institucional.

Federalización del PJ y protagonismo municipal

Otro eje central del posicionamiento es la vocación de construir un PJ federal, con protagonismo de todos los municipios. El texto propone fortalecer los Consejos Políticos Municipales como ámbito de voz, participación y debate, con el propósito de recomponer capilaridad territorial y capacidad de acción política.

Desde Fuerza Patria sostienen que el contexto actual exige una salida colectiva y que la unidad es la condición para defender un proyecto político con identidad peronista. El comunicado convoca a “volver a juntarse” para ofrecer a la sociedad misionera una opción política que priorice la cohesión interna y la reconstrucción partidaria.

Adhesiones, actores y posibles repercusiones

El pronunciamiento cuenta con la adhesión de agrupaciones políticas, espacios sindicales y referentes territoriales de toda la provincia, incluyendo organizaciones como La Cámpora, La Kristina, Instrumento Político de Territorio y Formación, Sinceramente, Soberanía Política, Somos Pueblo, Pueblo Unido, Peronismo K, Casa Patria Misiones, Generando Futuro y CAITraC, además de múltiples dirigentes y delegados gremiales y universitarios que acompañaron la convocatoria.

En términos de impacto, la decisión de evitar una interna puede reducir costos políticos y organizativos, ordenar tiempos y concentrar recursos en la normalización y en la construcción de consensos. Al mismo tiempo, abre un período de negociación entre los distintos sectores del peronismo misionero, con la expectativa de alinear posiciones y definir una conducción aceptada por la mayoría. Las reacciones de los espacios no alineados y la capacidad de traducir el acuerdo en una lista representativa serán determinantes para la estabilidad del proceso.

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El Partido Justicialista de Misiones votará autoridades el 19 de abril

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El Partido Justicialista de Misiones definió su cronograma electoral y confirmó que las elecciones internas para la renovación de autoridades partidarias se realizarán el próximo 19 de abril, en los 79 distritos de la provincia.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por los interventores del PJ, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). Del encuentro participó también la diputada provincial y dirigente justicialista Carmen Méndez Asón.

Desde la dirigencia destacaron la importancia del proceso electoral interno como un paso central para el fortalecimiento del partido y el pleno ejercicio de la democracia interna, garantizando la participación de las y los afiliados en la definición de las autoridades partidarias.

En ese marco, Méndez Asón celebró la convocatoria y subrayó que “la normalización del PJ Misiones y la participación democrática de la militancia son claves para consolidar un partido fuerte, con raíces en el territorio y de cara a los desafíos que tiene la provincia”.

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Presupuesto 2026: La Libertad Avanza suma apoyo peronista y se encamina a su aprobación en el Senado

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El oficialismo logró un respaldo clave del peronismo y quedó a un paso de aprobar en el Senado el Presupuesto 2026, un hito institucional para el gobierno de Javier Milei, que desde su asunción en diciembre de 2023 administró el Estado nacional con la prórroga del presupuesto sancionado en 2022. Con el acompañamiento de cuatro senadores del bloque Convicción Federal, La Libertad Avanza tendría los votos necesarios para la aprobación en general del proyecto el viernes 26 de diciembre, aunque persiste una fuerte disputa política por el artículo 30, vinculado al financiamiento educativo, científico y técnico.

La definición del Presupuesto no solo ordena el esquema de gastos y recursos del próximo año, sino que también expone una reconfiguración de alianzas en la Cámara alta, con un primer quiebre visible dentro del peronismo entre los gobernadores provinciales y el sector que responde a la conducción parlamentaria de José Mayans.

Apoyo peronista y números para la votación en general

Según confirmaron fuentes parlamentarias, cuatro de los cinco senadores del bloque Convicción Federal votarán a favor del Presupuesto 2026 en general. Se trata de Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). En tanto, Fernando Rejal (La Rioja) aún no definió su posición, debido al rechazo del gobernador Ricardo Quintela a la iniciativa.

Andrada y Mendoza responden políticamente a los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente, ambos alineados con el oficialismo nacional en esta instancia presupuestaria. El respaldo de este sector peronista permitiría al Gobierno alcanzar hasta 48 votos en la votación en general, despejando el principal interrogante que enfrentaba el proyecto en el Senado.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios, incluyendo a Luis Juez, y suma además el apoyo de una decena de legisladores radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por Salta, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y cinco de Provincias Unidas.

Este armado parlamentario permitiría sancionar la ley de Presupuesto, siempre y cuando se logre también el respaldo artículo por artículo, una condición indispensable para su conversión definitiva en ley.

El artículo 30, el punto crítico del debate

La principal incertidumbre para el oficialismo se concentra en el artículo 30, que propone la derogación de los artículos que fijan pisos mínimos de inversión en áreas estratégicas del Estado. En concreto, el texto elimina:

  • La obligación de destinar el 6% del PBI al sistema educativo.
  • El 1% del PBI al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
  • El 0,2% de los gastos del Sector Público a las escuelas técnicas.

En este punto, Convicción Federal anticipó que no acompañará la iniciativa, a diferencia de la votación en general. Para este artículo, el oficialismo solo cuenta con el respaldo del PRO, la mayoría del radicalismo y algunos bloques provinciales, por lo que la aprobación dependerá en gran medida de la presencia efectiva de los senadores opositores en el recinto al momento de la votación.

Voceros parlamentarios admitieron que la definición del artículo 30 es hoy el único aspecto que genera preocupación en el oficialismo, ya que su rechazo podría obligar a reabrir negociaciones o introducir modificaciones al texto.

Tensiones internas en el peronismo y negociaciones abiertas

El respaldo parcial de Convicción Federal marca uno de los primeros quiebres relevantes dentro del peronismo en el Senado, diferenciando a los legisladores que responden a gobernadores del Partido Justicialista de la bancada conducida por José Mayans, alineada con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A esta fragmentación se suma la incógnita sobre la posición del Frente Cívico de Santiago del Estero, integrado por el ex gobernador Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno. En la Cámara de Diputados, de los siete legisladores vinculados a Zamora, cinco votaron en contra del Presupuesto y dos se ausentaron, lo que mantiene abierta la expectativa sobre su comportamiento en el Senado.

Las negociaciones continuarán hasta el mismo viernes, incluso durante la sesión, con el objetivo de asegurar los votos necesarios para cada uno de los artículos. El oficialismo ya definió que no incluirá el Capítulo 11, rechazado previamente en Diputados, que contemplaba la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Un presupuesto clave para el Gobierno

La eventual aprobación del Presupuesto 2026 representará un hito político e institucional para el Gobierno de Javier Milei, al tratarse del primer presupuesto propio sancionado por el Congreso desde el inicio de su gestión. Al mismo tiempo, el debate expone las tensiones estructurales en torno al rol del Estado, el financiamiento de áreas estratégicas y la relación entre Nación y provincias, en un escenario de fuerte ajuste fiscal y reconfiguración del sistema político.

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Dos años de Milei: un país partido, economía en rojo y una batalla cultural en puerta

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A dos años del inicio del ciclo libertario, el balance social aparece atravesado por una grieta casi simétrica: 51% desaprueba la gestión nacional y 48,5% la aprueba. La economía cotidiana inclina el humor (49,7% dice estar peor), pero el “núcleo duro” se mantiene y el escenario 2027 ya se discute. En paralelo, el debate sobre vacunas expone un límite cultural: hay consenso abrumador a favor de la vacunación y de su obligatoriedad, aunque crece un rechazo minoritario con peso en la conversación política.

El experimento libertario cumple dos años y la Argentina llega a este cierre de 2025 con una certeza incómoda: el “cheque en blanco” se agotó. Según un estudio de la consultora Zuban Córdoba, la evaluación social de la gestión de Javier Milei muestra una división casi quirúrgica, con un dato políticamente relevante: la desaprobación supera a la aprobación. No se trata de una brecha amplia, pero sí simbólica, porque marca el primer quiebre claro en la expectativa inicial que acompañó al inicio del gobierno.

La fotografía del humor social no se explica solo por afinidades ideológicas. El factor decisivo es la economía doméstica. De acuerdo con el relevamiento de Zuban Córdoba, casi la mitad de la población considera que su situación económica empeoró desde la asunción de Milei, mientras que apenas uno de cada cinco afirma estar mejor. El resto se reparte entre quienes dicen seguir igual -bien o mal-. En términos políticos, el mensaje es nítido: el ajuste ya impactó en la vida cotidiana y condiciona el respaldo.

Desgaste sin derrumbe

Sin embargo, ese malestar no deriva automáticamente en un colapso político. Ante la hipótesis de una reelección presidencial, el estudio de Zuban Córdoba muestra que un 38,1% volvería a votar a Milei, mientras que el 54,5% no lo haría. La distancia es significativa, pero no terminal. El oficialismo conserva un núcleo duro intenso, con altos niveles de fidelidad entre quienes ya lo eligieron, mientras que el rechazo se concentra con igual fuerza en el campo opositor.

El mapa es el de una Argentina más identitaria que persuasiva: el Gobierno retiene a los propios, pero encuentra dificultades para ampliar su base si la situación económica no mejora. No hay corrimiento masivo, sino trincheras bien delimitadas.

El informe también ilumina un dato estructural: más de la mitad de la sociedad considera que el peronismo ya no representa el mapa social argentino. La medición de Zuban Córdoba refleja una crisis más profunda de intermediación política. Durante décadas, el peronismo funcionó como gran articulador de identidades, territorios y demandas sociales; hoy, una mayoría pone en duda esa capacidad.

El desacuerdo con esa idea se concentra en los votantes peronistas, pero el volumen general del dato confirma un cambio de época: el sistema político discute quién representa a quién y bajo qué lenguajes.

Otro indicador sensible emerge con claridad. Según el estudio de Zuban Córdoba, una mayoría percibe que hoy existe mayor predisposición social a “mirar para otro lado” frente a posibles hechos de corrupción en el gobierno. El dato no implica aval explícito, pero sí tolerancia relativa, un fenómeno que remite a una lógica peligrosa: la idea de que ciertos comportamientos pueden ser aceptados si el rumbo general coincide con las propias convicciones.

La lectura política es inquietante. El rechazo a la corrupción deja de ser un consenso transversal y pasa a filtrarse por la identidad partidaria. La vara moral ya no es común: depende de quién gobierna.

El capítulo sobre vacunación introduce un contraste fuerte. De acuerdo con Zuban Córdoba, más del 80% de la población se manifiesta a favor de la vacunación y cerca del 78% respalda su obligatoriedad en Argentina. El sistema de vacunación aparece como un acuerdo social profundo, arraigado y transversal.

No obstante, el estudio detecta matices relevantes. Entre los jóvenes de 16 a 30 años, el apoyo a la obligatoriedad cae de forma significativa y crece el rechazo. No se trata de una mayoría antivacunas, pero sí de un segmento permeable a discursos de desconfianza hacia el Estado y las políticas sanitarias.

En la práctica, dos tercios de la población afirma haber cumplido con todo el calendario nacional de vacunación. Entre quienes no lo hicieron, predominan las dudas sobre la conveniencia para la salud, la percepción de que no era necesario o la falta de indicación médica, más que problemas de acceso.

El impacto cultural de la pandemia también dejó huella: casi un 30% reconoce que su confianza en las vacunas disminuyó después del COVID-19. No es un rechazo frontal, pero sí un terreno fértil para la sospecha.A dos años de gestión, el balance no entrega un veredicto simple. Hay desgaste, malestar económico y una sociedad dividida, pero también un oficialismo que conserva identidad, lealtad y capacidad de sostenerse en un escenario adverso. La Argentina no solo discute resultados: discute límites.

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