Plan Cóndor

Confirman condena a ex policía por crimen de lesa humanidad en el Plan Cóndor

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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la responsabilidad del ex policía federal Juan Carlos Alzugaray en el secuestro del abogado boliviano Gustavo Manuel Medina Ortiz, ocurrido en Salta en octubre de 1975, en el marco de la denominada “Operación Cóndor”.

Por mayoría, el tribunal penal más alto del país rechazó el recurso presentado por la defensa del represor y ratificó la condena como coautor del delito de privación ilegítima de la libertad, calificado como crimen de lesa humanidad. Sin embargo, los jueces Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci absolvieron al imputado del delito de homicidio agravado, voto al que se opuso el magistrado Alejandro Slokar, quien también propuso mantener esa condena.

Ledesma destacó la solidez de las pruebas presentadas durante el juicio oral, entre ellas las declaraciones de los hijos menores de la víctima, de 11 y 12 años, quienes presenciaron el secuestro de su padre por parte de un grupo armado que incluía tanto a agentes argentinos como bolivianos.

Represión transnacional orquestada por diversas dictaduras sudamericanas

El juez Slokar argumentó que los hechos no pueden analizarse de forma aislada, sino dentro de un contexto de represión transnacional orquestada por diversas dictaduras sudamericanas con apoyo logístico e informativo de agencias de inteligencia estadounidenses. En este sentido, subrayó que Alzugaray actuó como parte de una estructura jerárquica destinada a ejecutar un plan sistemático de represión contra opositores políticos.

“La entrega de personas detenidas a agentes del país vecino, con el fin de asegurar su desaparición o eliminación, constituyó una metodología habitual”, advirtió Slokar, quien recordó que la Operación Cóndor implicó la vigilancia y eliminación de disidentes más allá de las fronteras nacionales.

El caso se remonta al 10 de octubre de 1975, cuando Gustavo Medina Ortiz fue secuestrado de madrugada en su domicilio en la ciudad de Salta, frente a su familia, por un grupo de hombres armados, algunos de ellos uniformados. Según el fallo, entre los secuestradores se encontraba Alzugaray, entonces inspector de la Policía Federal, y un agente boliviano. Desde ese momento, no se volvió a saber nada de la víctima.

Medina Ortiz, abogado y militante sindical de izquierda, había huido de Bolivia tras ser perseguido por el régimen de Hugo Banzer y se había radicado en Argentina. Su secuestro fue precedido por hostigamientos y amenazas, incluyendo un allanamiento y advertencias directas de Alzugaray.

Responsabilidad del gobierno norteamericano en el respaldo de las dictaduras sudamericanas

El juez Slokar también citó investigaciones de Stella Calloni y Baltasar Garzón, y documentos desclasificados por Estados Unidos, para señalar la responsabilidad del gobierno norteamericano en el respaldo de las dictaduras sudamericanas. Recordó, entre otras pruebas, la reunión mantenida en 1976 entre Henry Kissinger y el canciller argentino de la dictadura, César Guzzetti, en la que el funcionario estadounidense avaló la represión ilegal.vrdhJQ

“El terror y el desamparo marcaron la vida de nuestros pueblos, que fueron privados de sus derechos sociales, políticos, jurídicos y culturales”, recordó Slokar, citando al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Con esta resolución, la Cámara de Casación reafirmó la calificación de lesa humanidad del caso, en un nuevo avance judicial en el juzgamiento de crímenes cometidos durante la coordinación represiva regional conocida como “Operación Cóndor”.

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Envío de armas a Bolivia: creemos que estamos ante un nuevo formato del Plan Cóndor

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La parlamentaria del Mercosur misionera Julia Argentina Perié, fue entrevistada por la reconocida cadena de medios RT Internacional, sobre la imputación al expresidente argentino Mauricio Macri por el caso del envío de armas a Bolivia en 2019 y aseguró que “estamos ante un nuevo formato del Plan Cóndor”.

La declaración de Perié, reconocida dirigente política y vicepresidenta a nivel nacional del Partido Solidario, se dio en el marco de la denuncia realizada recientemente por el gobierno de Bolivia, que sostiene que el 13 de noviembre de 2019 un militar del gobierno de Áñez le envío al embajador argentino en Bolivia una nota de agradecimiento por el material bélico recibido en el contexto de crisis social que vivía el país.

De acuerdo a lo expresado por la parlamentaria “creemos que estamos ante un nueva faceta del Plan Cóndor, que se presentan en diferentes países como golpes de Estado suave y casos de lawfere: causas judiciales armadas para la persecución de determinados dirigentes políticos”.

A la denuncia realizada sobre el caso por el Gobierno de Bolivia, se sumó recientemente la del gobierno argentino, que realizó ante la Justicia una denuncia a Mauricio Macri por el envío de armamento a la gestión de facto de Jeanine Áñez en Bolivia en 2019. En la presentación figuran una serie de delitos en los que podría haber incurrido el expresidente. Con las firmas de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el ministro de Justicia y DDHH, Martín Soria, y de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el Estado argentino recurrió a tribunales para que se investigue el escándalo que desató la denuncia del gobierno de Bolivia hace unos días.

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Lula, el líder latinoamericano más importante del Siglo XXI, a punto de ir a prisión

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Por Erick Closs. Luis Inácio Lula da Silva vive, quizás, los días más inciertos de su vida: entre una inminente detención y la posible victoria en las elecciones presidenciales de Brasil. Cabe destacar que de acuerdo a la Ley “Ficha Limpa”, si queda firme la confirmación y el aumento de la condena a 12 años y un mes de prisión emitida por TRF-4 (Tribunal Regional Federal Número 4), el líder del Partido de los Trabajadores (PT) no podrá presentarse nuevamente como candidato a presidente de la República Federativa de Brasil en este 2018.
Cronología de la Causa del Triplex en la ciudad balnearia de Guaruja (SP)
En el año 2003, la Cooperativa Habitacional de los Bancarios de San Pablo (Bancoop), anunció la construcción de un condominio en Guaruja. Dos años después, Marisa Letícia, esposa de Lula, adquirió uno de los departamentos, el cual se comprometió a abonarlo en cuotas. 
En el año 2009, Bancoop, ante la imposibilidad de terminar el condominio, lo transmitió a la empresa constructora OAS. Luego de esta operación, Marisa Letícia decidió suspender el pago de las cuotas, por lo que también suspendió la opción de compra, pero según el Ministerio Publico Fiscal, esto no fue tan así, ya que la empresa OAS le reservó en secreto al matrimonio presidencial un inmueble distinto al que la primera dama estaba pagando. Un año después, una investigación de la Rede O Globo, dio a conocer que el matrimonio, supuestamente, era dueño de un inmueble en el Edificio Solaris pero todavía no se sabía qué unidad les correspondía. En el 2014, Lula visitó el inmueble con el presidente de OAS, Leo Pinheiro. Durante este encuentro hubo una foto tomada en secreto, la que fue difundida posteriormente por los medios brasileños.
En el año 2015, el Instituto Lula informó que el matrimonio había desistido de la opción de compra. Pero en el mismo año, el Ministerio Publico de San Pablo inició una investigación sobre la transferencia del condominio de Bancoop a OAS. A partir de esta decisión empezaron a saltar las irregularidades del caso. La Policia Federal de Brasil comenzó a investigar a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero, por ello, realizo una pericia caligráfica sobre uno de los recibos del departamento presidencial, la que determinó que el número de departamento del matrimonio estaba adulterado. 
En el año 2016, el Ministerio Publico Fiscal denunció que Lula recibió el departamento y su posterior remodelación por parte de la constructora  OAS en concepto de dádivas, como parte de una red de corrupción en la cual el ex presidente usaba sus influencias para la contratación de OAS por la petrolera estatal Petrobras. Este plan criminal, en el que habían otros actores, recibió el nombre de “Lava Jato”. Por esta razón, la cuestión del Triplex de Guaruja recayó en el Juzgado Criminal Federal de la Ciudad de Curitiba, a cargo del juez Sergio Moro, quien en Julio de 2017 condenó a Lula a 9 años y medio de cárcel, basando su decisión principalmente en el testimonio del arrepentido Leo Pinheiro, presidente de OAS, quien redujo su pena gracias al acuerdo que logró con la justicia brasileña para delatar a otros implicados en casos de corrupción. La defensa del líder del PT, a cargo del abogado Cristiano Zanin Martins buscó la nulidad del proceso y la consecuente absolución de Lula, fundamentando su estrategia en la falta de pruebas fehacientes: “pedimos la nulidad del proceso y la sentencia”, sostuvo Martins. Además agregó que “el triplex no es del ex presidente Lula. Pertenece a la empresa OAS, como consta en el registro de inmuebles. La familia nunca recibió la llave, y no pasó un día allí”. Lo cierto es que no hay ningún documento que pueda confirmar que el polémico triplex era de familia presidencial o que fue reservado para ellos. 
Este Miércoles, la sala octava del Tribunal Regional Federal Número 4 ratificó la condena al ex presidente Lula por unanimidad. Además los jueces aumentaron la pena de 9 años y medio a 12 años y un mes de prisión. João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Laus consideraron que la vinculación está probada aunque no haya documentos que lo acrediten, porque el acusado no podía ignorar la trama de corrupción que se gestaba en el llamado caso “Lava Jato”. El relator, Gebran Neto, además consideró que los indicios no deben ser tenidos en cuenta como pruebas menores. En la jerga judicial, lo importante es la convicción del juez, el cual se encarga de darle la importancia que corresponde a cada prueba que se encuentra bajo su expediente. Evidentemente, los jueces que intervinieron en la causa, le dieron mucha importancia a los indicios.
Por orden del Juez Federal, Ricardo Leite, Lula tiene prohibido salir del país. 
La realidad es que en la causa por la cual está siendo condenado, hay muchos indicios y pocas pruebas, por eso el interés de los juristas a nivel global.
El futuro de Lula 
Por lo menos, en lo que se refiere a su carrera presidencial, se ve oscuro: la decisión de TRF-4, tribunal colegiado, gatilla la Ley “Ficha Limpa”, por lo que Luis Inácio Lula da Silva se vería imposibilitado de presentarse como candidato a presidente. Su defensa puede pedir al tribunal aclaraciones sobre el fallo, pero la decisión no puede revertirse. ¿Cómo sigue su camino? 
-La defensa tiene 15 días para interponer un recurso ante el Supremo Tribunal de Justicia (instancia previa al STF), el cual va a discutir el mérito de la acción o su nulidad. Luego de la decisión del STJ, la defensa también tiene 15 días para interponer un recurso ante el Superior Tribunal Federal, el cual sólo puede decidir sobre si las leyes federales fueron correctamente aplicadas o si hubo errores en el proceso; en el primer caso la decisión será definitiva y en el segundo, el proceso volverá a primera instancia. La tramitación de estos recursos no tiene un plazo establecido, por lo que esta sería una vía incierta para la carrera presidencial del ex presidente. 
-Lula podría iniciar su campaña gracias a una medida cautelar del Tribunal Supremo Electoral. El plazo para que se inscriban las candidaturas comienza el 20 de julio y termina el 15 de agosto. En el caso de que su candidatura fuera impugnada, el PT tiene la posibilidad de reemplazarlo hasta veinte días antes de las elecciones del 7 de Octubre. Si el ex presidente continua en la campaña electoral y gana las elecciones, su futuro va a depender de si la sentencia queda firme antes de que la justicia electoral reconozca que se encuentra en condiciones de asumir: en este caso, Lula se vería imposibilitado para ocupar la presidencia por lo cual asumiría su vicepresidente; o en el supuesto de que la sentencia quede firme después de que se le reconozca que está en condiciones de asumir, Lula llegaría a la presidencia y cumpliría su mandato sin mayores sobresaltos, ya que la Constitución Brasileña dice que un presidente no puede responder por crímenes cometidos previos al ejercicio de su cargo. El reconocimiento de la justicia electoral normalmente se da a mediados de Diciembre. 
Por lo pronto, Luis Inácio Lula da Silva dice ser inocente. En sus discursos posteriores a la resolución del tribunal, prometió seguir luchando por los más pobres y por la memoria e imagen de su difunta esposa, Marisa Leticia, salpicada por los casos de corrupción. Aunque sabe de cuestiones complicadas, Lula se encuentra una vez más frente a una encrucijada.

 
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Plan Cóndor: Paraguay digitalizará el “Archivo del Terror”

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Los archivos encontrados el 22 de diciembre de 1992, por el activista paraguayo Martín Almada, dejaron al descubierto la historia del Plan Cóndor contada por los propios represores. Ahora el Gobierno paraguayo digitalizará las 70 mil páginas del archivo para poder garantizar su preservación y permitir una mayor accesibilidad.

El Archivo Nacional de Asunción contará con una copia digitalizada del “Archivo del Terror”, unas 700.000 páginas de documentos secretos que prueban los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras del Cono Sur, tras un convenio firmado este jueves en la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

El ministro de Cultura del vecino país, Fernando Griffith, dijo que el convenio permitirá dar mayor accesibilidad al “Archivo del Terror”, descubierto en 1992 en una comisaría de la ciudad de Lambaré por el activista paraguayo Martín Almada y que está disponible al público en el Palacio de Justicia.

“Hoy vivimos tiempos muy violentos, de mucha intolerancia, y por nuestra subjetividad humana vemos cosas distintas. Desde la Secretaría queremos ayudar en la preservación de algo tan valioso como es recuperar nuestra memoria, que es fundamental para la identidad nacional”, dijo Griffith, mediante un comunicado de la SNC.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luís María Benítez Riera, quien firmó el convenio en nombre de la máxima instancia judicial, destacó el valor histórico de esos documentos, que también recogen testimonios del periodo de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

“Lo valioso es que los familiares de víctimas seguirán investigando a través del Archivo Nacional de Asunción, que también facilitará el acceso de estos documentos”, declaró.

El “Archivo del Terror” recoge documentos sobre el Plan Cóndor, una estrategia coordinada de represión instaurada por los principales regímenes dictatoriales latinoamericanos del Cono Sur de América en los años setenta y ochenta y de la dictadura de Stroessner, que dejó una secuela de 425 desaparecidos o ejecutados, unas 20.000 detenciones y el exilio de 20.814 paraguayos, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia publicado en 2008.

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