En un giro relevante de la política tecnológica europea, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años, como parte de un paquete de cinco medidas orientadas a recuperar la soberanía digital y reforzar el control sobre las grandes plataformas tecnológicas.
El anuncio fue realizado durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Arabia Saudí, un foro que reúne a líderes políticos y ejecutivos globales. Allí, Sánchez advirtió que las redes sociales se han convertido en espacios donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”, y sostuvo que es urgente transformarlas en entornos más saludables, democráticos y transparentes.
Control de algoritmos y responsabilidad penal
Entre las iniciativas más sensibles para la industria tecnológica, el mandatario adelantó la tipificación penal de la manipulación algorítmica y de la amplificación deliberada de contenido ilegal, una medida que apunta directamente al corazón del modelo de negocios de las plataformas digitales.
Además, el Gobierno español impulsará un sistema de rastreo de “huella de odio y polarización”, con el objetivo de terminar con la impunidad de los directivos de las plataformas frente a la difusión de contenidos ilícitos. En ese marco, Sánchez confirmó que se trabajará junto a la Fiscalía para investigar posibles delitos cometidos por herramientas de inteligencia artificial y redes sociales como Grok (integrada en X), TikTok e Instagram.
España también se incorporó a la denominada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, junto a otros cinco países europeos, para acelerar una regulación más estricta y coordinada del ecosistema digital. La estrategia busca evitar vacíos legales y avanzar en estándares comunes de control, seguridad y responsabilidad corporativa a nivel continental.
El movimiento se alinea con decisiones recientes en la Unión Europea: hace pocos días, Francia aprobó una ley que prohíbe el acceso de menores de 15 años a redes sociales y restringe el uso de teléfonos inteligentes en escuelas, mientras que la Comisión Europea abrió una investigación sobre la difusión de contenidos ilícitos mediante inteligencia artificial generativa.
La Comisión Europea abrió una investigación formal contra la red social X por las funcionalidades de su inteligencia artificial, Grok, tras la difusión de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento. El foco está puesto en el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales y en los riesgos sistémicos que la plataforma podría estar generando dentro de la Unión Europea.
Bruselas activó un nuevo frente regulatorio contra X, la red social propiedad de Elon Musk, al anunciar este lunes la apertura de una investigación por el uso de Grok, su sistema de inteligencia artificial, para la creación y difusión de imágenes sexualizadas, incluidas representaciones de desnudos sin consentimiento. La Comisión Europea evaluará si la compañía cumple con las obligaciones previstas en las leyes digitales europeas, en particular con la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que impone deberes reforzados a las grandes plataformas digitales.
Según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, la investigación analizará si X examinó y mitigó adecuadamente los riesgos asociados al lanzamiento de Grok en la Unión Europea, incluyendo la posible circulación de contenido ilegal, como imágenes manipuladas sexualmente explícitas que incluso podrían encuadrarse como material de abuso sexual infantil.
El foco en la Ley de Servicios Digitales y los riesgos sistémicos
Desde Bruselas señalaron que los riesgos derivados del uso de Grok “parecen haberse materializado”. En ese marco, la Comisión investigará si X cumplió con sus obligaciones de evaluar y mitigar riesgos sistémicos, así como de producir y remitir un informe de riesgos ad hoc sobre aquellas funcionalidades de Grok que alteran de manera significativa el perfil de riesgo de la plataforma antes de su puesta en marcha en territorio europeo.
Incluso antes de anunciar formalmente la apertura de la investigación, la Comisión Europea ya había ordenado a X conservar toda la documentación interna vinculada a Grok durante 2026, en el marco de otra causa en curso que analiza las políticas de la red social frente a los contenidos ilegales. Esa decisión se tomó en plena controversia por la difusión de imágenes de niños y mujeres desnudas generadas por la inteligencia artificial en las últimas semanas.
El caso escaló a nivel institucional luego de que el Gobierno francés denunciara a X ante los tribunales, una situación que se suma a antecedentes recientes, como la publicación por parte de la IA de la plataforma de contenidos vinculados al blanqueo del Holocausto a finales del año pasado.
Una investigación prioritaria y sin plazos definidos
Fuentes comunitarias reconocieron que X adoptó algunas medidas para frenar la circulación de este tipo de imágenes tras la polémica pública y el aumento de la presión regulatoria desde Bruselas. Sin embargo, advirtieron que la investigación abierta “va más allá” de los episodios puntuales de imágenes sexualizadas y apunta a un problema más estructural, relacionado con la arquitectura de la red social y el funcionamiento de su inteligencia artificial.
La Comisión Europea considera que, de confirmarse las alegaciones, X podría estar infringiendo varios artículos de la Ley de Servicios Digitales, especialmente aquellos vinculados a la evaluación y mitigación de riesgos sistémicos para los ciudadanos europeos. Aunque el proceso no tiene un calendario ni fechas límite establecidas, desde Bruselas adelantaron que, debido a la gravedad potencial de los riesgos asociados a Grok, la causa se tramitará “de manera prioritaria”.
Antecedentes recientes y presión regulatoria creciente
El nuevo expediente se suma a una serie de acciones regulatorias previas contra X. En diciembre de 2025, la Comisión Europea multó a la plataforma con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia bajo la Ley de Servicios Digitales. En ese caso, el Ejecutivo comunitario sancionó a la empresa por el “diseño engañoso” de su sistema de verificación azul, la falta de transparencia en su repositorio publicitario y las restricciones al acceso de investigadores a datos públicos.
En paralelo, Bruselas decidió prorrogar este lunes otra investigación abierta en 2023, que examina si X cumple con sus obligaciones de gestión de riesgos en sus sistemas de recomendación de contenidos. Ese análisis ahora incorporará el impacto del reciente cambio hacia un sistema basado en la inteligencia artificial de Grok, tal como anunció la propia compañía.
El avance de estas investigaciones confirma que el uso de inteligencia artificial en plataformas digitales se ha convertido en un eje central de la política regulatoria europea, con implicancias directas para el modelo de negocios de las grandes tecnológicas y para la protección de los derechos digitales dentro del bloque.
El sistema de circulación de la información atravesó en los últimos años una transformación estructural que alteró de manera profunda la forma en que las sociedades se informan, construyen agenda pública y procesan la realidad. El desplazamiento del consumo informativo hacia redes sociales gobernadas por algoritmos redefinió el rol del periodismo, debilitó la centralidad de los medios tradicionales y fragmentó a las audiencias en burbujas cada vez más cerradas. El resultado es paradójico: nunca hubo tanta información disponible, pero eso no se tradujo en una ciudadanía mejor informada.
Durante décadas, la lógica era clara y previsible. La agenda se ordenaba de manera vertical: el diario marcaba los temas por la mañana, la radio los amplificaba durante el día y el noticiero televisivo los jerarquizaba por la noche. Había pocos emisores, millones de receptores y un recorrido informativo común. Ese sistema comenzó a resquebrajarse con internet, pero terminó de romperse cuando la información pasó a consumirse mayoritariamente en plataformas digitales.
Según mediciones del Pew Research Center, el 53% de los adultos en Estados Unidos afirma que hoy se informa a través de redes sociales, al menos de manera ocasional. La noticia dejó de tener un punto de entrada único y comenzó a circular fragmentada, desordenada y, muchas veces, sin un medio claramente identificable como origen.
Cuando compartir desplazó a informar
En una primera etapa, las redes sociales funcionaron como un complemento del ecosistema tradicional. Facebook replicaba titulares, Twitter amplificaba alertas informativas y YouTube alojaba fragmentos de noticieros. El periodismo seguía produciendo contenidos y las plataformas se limitaban a distribuirlos.
Ese equilibrio duró poco. Con el tiempo, la lógica algorítmica pasó a priorizar impacto, interacción y participación, desplazando la relevancia pública como criterio central de circulación. Hoy, el 38% de los adultos dice informarse regularmente a través de Facebook, mientras que el 35% lo hace desde YouTube. No porque esos espacios sean percibidos como medios, sino porque la información aparece integrada a la rutina cotidiana.
La noticia ya no se busca: se cruza.
En ese cruce, el problema no es solo la sobreabundancia de contenidos, sino el criterio de selección. Lo que circula con mayor fuerza no es necesariamente lo más importante, sino lo que genera reacción, emoción o conflicto. Compartir pasó a ser más relevante que informar, y el algoritmo se convirtió en el nuevo editor invisible del sistema.
Plataformas más chicas, consumo más intenso
Uno de los datos más disruptivos del nuevo ecosistema no proviene de las plataformas masivas, sino de aquellas con menor alcance general. Redes como TikTok y X concentran niveles muy altos de consumo informativo entre sus propios usuarios.
Más de la mitad de quienes utilizan TikTok afirma que se informa allí de manera regular, una cifra que hasta hace pocos años era marginal. En el caso de X, el porcentaje de usuarios que consume noticias supera ampliamente el promedio general de las redes sociales.
El contraste es contundente: menos usuarios totales, pero mayor intensidad informativa. Esto explica por qué plataformas que no son mayoritarias logran instalar temas, climas y marcos interpretativos que luego se expanden al resto del sistema mediático.
La agenda ya no se define solo por alcance, sino por densidad de consumo y capacidad de amplificación.
Del timeline al encuadre: la noticia como identidad
El cambio no fue únicamente tecnológico. Fue también narrativo y cultural. Cada plataforma impuso su propia gramática y transformó la manera en que se presenta y se interpreta la información.
En X, la noticia se traduce en conflicto y posicionamiento. En Instagram, en imagen y síntesis. En TikTok, en relato breve, emocional y personalizado. Un mismo hecho puede tener versiones completamente distintas según el entorno en el que circule.
La información dejó de funcionar como un punto de partida común y pasó a convertirse en un insumo para reforzar identidades, emociones y pertenencias. Los datos muestran además una segmentación marcada por edad, género, nivel educativo y orientación política. Los jóvenes consumen más noticias en plataformas visuales y de ritmo acelerado; las audiencias mayores se concentran en espacios más tradicionales. Incluso aparecen diferencias claras entre hombres y mujeres según la red utilizada.
El resultado es un ecosistema informativo fragmentado en múltiples burbujas, donde cada grupo accede a su propia versión de la realidad. Las redes dejaron de funcionar como canales: funcionan como territorios.
Un desafío institucional y político de fondo
En este contexto, el periodismo convive con algoritmos que priorizan impacto y participación y con audiencias que procesan la información en entornos atravesados por emociones e identidades. La agenda pública se construye en tiempo real bajo reglas que ningún actor controla por completo y donde la visibilidad depende tanto del contenido como de su capacidad de circular.
Para la comunicación institucional, corporativa y política, este escenario redefine las reglas del juego. Ya no alcanza con emitir mensajes claros ni con ocupar espacios en medios tradicionales. La reputación se construye en múltiples capas simultáneas, muchas de ellas fuera del control directo de las organizaciones.
Un comunicado puede ser correcto pero irrelevante. Una información precisa, pero invisible.
Informar vuelve a ser un desafío complejo. En un sistema donde más de la mitad de la población se informa fuera de los medios tradicionales, el riesgo no es solo no ser escuchado, sino ser leído fuera de marco, sin contexto y sin jerarquía. La pregunta que queda abierta no es solo cómo circula la información, sino qué tipo de ciudadanía informativa se está construyendo bajo la lógica del algoritmo.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), actualizó los valores correspondientes al régimen especial de ingreso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a operaciones de venta de bienes y prestación de servicios realizadas a través de plataformas digitales. La Resolución General 5794/25, publicada en el Boletín Oficial, establece que los parámetros a tener en cuenta para determinar la habitualidad de un contribuyente en este tipo de operaciones serán los siguientes:
Habitualidad mensual: 10 o más operaciones y un monto total igual o superior a $750.000.
Habitualidad por cuatrimestre: 4 o más operaciones por mes durante el cuatrimestre, con un monto acumulado mencionado en el punto anterior (superior a $750.000).
Para ventas de bienes usados de uso personal, no se considera habitualidad si el monto es menor a $1.500.000, previa declaración del vendedor.
Anteriormente, los montos y cantidades de operaciones que determinaban si un usuario era considerado “habitualista” habían quedado desactualizados frente al aumento de precios y la evolución del comercio digital.
Ahora, los usuarios pasan a ser considerados “sujetos no categorizados” desde el mes siguiente a aquel en el que se verifique la habitualidad, mientras que dejarán de estar alcanzados cuando se inscriban en IVA o Monotributo, o cuando cese la habitualidad. A tal fin, las plataformas deberán asegurar obligatoriamente la identificación tributaria mediante CUIT, CUIL o CDI para todos los operadores alcanzados por el régimen, mientras que las percepciones deberán consignarse de manera clara y discriminada en las facturas.
A partir de ahora, y con el fin de facilitar la comunicación con los ciudadanos, se reemplaza la notificación enviada por DFE con el motivo y la alícuota de percepción, por la consulta disponible en el servicio con Clave Fiscal “Nuestra Parte”. La nueva resolución entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2025 y aplicará a todas las operaciones electrónicas concertadas o perfeccionadas a partir de esa fecha.
