pliegos judiciales

El Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli tras una tensa pulseada política

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En una de las votaciones más sensibles para la relación entre el Gobierno nacional y el Senado, la Cámara alta aprobó finalmente el pliego de Verónica Michelli para ocupar la vacante de jueza en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. La decisión se produjo luego de una intensa negociación política que expuso diferencias internas dentro del oficialismo y dejó en evidencia los límites de la capacidad de disciplinamiento de la Casa Rosada sobre sus propios aliados parlamentarios.

La magistrada obtuvo 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, luego de que el pleno habilitara previamente el tratamiento de su candidatura con una mayoría especial de 63 votos a favor y apenas dos rechazos. El resultado significó una derrota política para el Poder Ejecutivo, que pocas horas antes había remitido formalmente al Senado el pedido de retiro del pliego.

La controversia se originó por el vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del denominado caso $LIBRA, una causa que incomoda al oficialismo. Sin embargo, la mayoría de los bloques decidió avanzar con la designación bajo el argumento de que las relaciones familiares no constituyen impedimento para evaluar los antecedentes profesionales de una candidata que ya había atravesado el proceso de audiencias públicas y obtenido dictamen favorable.

Bullrich se diferenció de la Casa Rosada

Uno de los movimientos más relevantes de la jornada fue protagonizado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien se apartó de la postura impulsada por el Ejecutivo y defendió el tratamiento del pliego. Aunque finalmente optó por abstenerse en la votación, dejó una definición que sintetizó su posición política.

“No se puede atribuir consecuencias disciplinarias por una relación familiar”, sostuvo antes de la votación, al tiempo que destacó que Michelli había realizado los méritos necesarios para llegar a esa instancia institucional. Luego anunció su abstención y concluyó con una frase cargada de significado político: “Las personas son únicas e irrepetibles”.

La postura de Bullrich ya había generado ruido dentro del oficialismo desde comienzos de la semana. El lunes por la noche comunicó públicamente que el Senado debía continuar con el tratamiento parlamentario del pliego, una posición que contrastó con la decisión posterior del Gobierno de solicitar formalmente su retiro.

Según trascendió en ámbitos parlamentarios, la ministra puso su renuncia a la conducción de la bancada a disposición del presidente Javier Milei, quien finalmente decidió sostenerla en el cargo. Sin embargo, el episodio profundizó las diferencias con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que había impulsado una estrategia más dura para bloquear la designación.

El interbloque Popular inclinó la balanza

La aprobación del pliego fue posible gracias al respaldo mayoritario del interbloque Popular, que aportó 21 votos positivos sobre sus 25 integrantes. Sólo estuvieron ausentes Adán Bahl, Marcelo Lewandowski, Florencia López y Mariano Recalde.

La negociación se extendió durante más de una hora en un cuarto intermedio marcado por fuertes discusiones entre los presidentes de bloque. Finalmente, el oficialismo cedió ante la presión de los sectores dialoguistas y aceptó incluir el expediente en el temario.

El acuerdo permitió además destrabar el tratamiento de los 74 pliegos judiciales que habían sido dictaminados tras las audiencias públicas realizadas entre el 13 y el 15 de mayo, una cuestión que se había transformado en el principal foco de conflicto institucional de la sesión.

Más allá del caso puntual de Michelli, la discusión dejó planteada una cuestión de fondo sobre el funcionamiento del sistema de designación de magistrados y el equilibrio entre los poderes del Estado.

La mayoría de los senadores interpretó que permitir el retiro de un pliego ya dictaminado por razones vinculadas a la actividad periodística de un familiar sentaría un precedente complejo para futuros procesos de selección judicial. En esa lectura, el respaldo a Michelli terminó funcionando también como una defensa de la autonomía institucional del Senado frente a las presiones políticas coyunturales.

Nueve nuevos pliegos judiciales ingresaron al Senado

Mientras se resolvía la situación de Michelli, la Cámara alta dio ingreso parlamentario a otros nueve expedientes enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes estratégicas en distintos tribunales federales y nacionales.

Entre las postulaciones figuran Florentino Malaponte para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; Javier Jorge Cosentino para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Ramiro Ariel Mariño para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54; Ángela Cecilia Pagano Mata para el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia; José Ignacio Polizza para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14; María Gabriela Janeiro para el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 5; Diego Andrés Villanueva para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42; Mariano Adolfo Klumpp para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9; y Miguel Ángel Asturias para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27.

La incorporación de estos expedientes anticipa que la disputa por la integración del Poder Judicial continuará ocupando un lugar central en la agenda parlamentaria durante las próximas semanas. La aprobación de Michelli mostró que, aun con una Casa Rosada decidida a intervenir en el proceso, el Senado conserva márgenes propios de negociación y capacidad para imponer sus tiempos y decisiones.

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El Senado activó pliegos judiciales y avanzó con la candidatura de Ruth Ponce de León para el Tribunal Federal de Posadas

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El Senado avanzó este martes con el tratamiento de cerca de 80 pliegos judiciales impulsados por el Gobierno nacional, en una negociación política que involucró al oficialismo y a sectores dialoguistas del PRO, la UCR y bloques provinciales. Entre las postulaciones incluidas aparece la de la misionera Ruth María Ponce de León, propuesta para ocupar el cargo de jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.

La movida representa uno de los acuerdos institucionales más amplios que logró hasta ahora La Libertad Avanza en la Cámara alta en materia judicial. El oficialismo obtuvo dictámenes favorables en la Comisión de Acuerdos luego de incorporar decenas de cargos reclamados por provincias y fueros federales del interior del país.

El pliego de Ponce de León quedó así habilitado para avanzar hacia la etapa de acuerdos legislativos, dentro de un paquete que incluye jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas para distintas jurisdicciones federales.

La negociación política se aceleró luego de que el Gobierno enviara alrededor de cincuenta nuevos pliegos vinculados a juzgados federales del interior. Esa decisión permitió que bloques opositores dialoguistas acompañaran los despachos que estaban pendientes desde audiencias anteriores.

En la práctica, el oficialismo logró consolidar una mayoría circunstancial para avanzar con designaciones estratégicas en la estructura judicial federal, un terreno históricamente sensible por su impacto institucional y político.

Dentro de ese esquema también se destacó la audiencia pública de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su exposición concentró parte de la atención política de la jornada y funcionó como señal de acercamiento entre sectores del oficialismo y el entramado judicial federal.

Qué implica el avance del pliego para Misiones

La postulación de Ruth María Ponce de León se vincula directamente con el Tribunal Oral Federal de Posadas, órgano clave en causas federales vinculadas a narcotráfico, delitos económicos y criminalidad compleja en la región.

Aunque el texto base no detalla vacantes específicas ni tiempos de cobertura, el avance del pliego aparece en un contexto donde el Gobierno busca acelerar nombramientos en tribunales federales estratégicos del interior.

Para Misiones y el NEA, el movimiento tiene peso institucional porque los tribunales federales cumplen un rol central en una región atravesada por dinámicas fronterizas, comercio internacional y delitos transnacionales.

La inclusión de cargos para Chaco, Corrientes, Formosa, Salta y Misiones también refleja una lógica de distribución territorial en la negociación parlamentaria, un reclamo que sectores dialoguistas venían sosteniendo frente a la concentración de designaciones en Buenos Aires.

La Justicia federal volvió al centro de la negociación política

El tratamiento conjunto de más de 80 pliegos exhibe un dato político relevante: aun con minoría parlamentaria, el oficialismo consiguió articular acuerdos para intervenir en la conformación del mapa judicial federal.

La estrategia incluyó habilitar nombramientos en distintas provincias y fueros, una señal orientada a contener demandas de gobernadores, senadores provinciales y sectores judiciales que reclamaban cobertura de vacantes.

En paralelo, el debate volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos de selección de magistrados y el nivel de discrecionalidad en los concursos judiciales. Durante la audiencia, Emilio Rosatti sostuvo que existen distintos proyectos para modificar el sistema y “bajar la discrecionalidad” en las designaciones.

Aunque los dictámenes ya fueron habilitados en comisión, el proceso aún depende de futuras sesiones del Senado para convertir las postulaciones en designaciones efectivas.

La próxima etapa será observar si el oficialismo logra sostener la misma mayoría circunstancial en el recinto y cómo impacta esa negociación en otras discusiones legislativas abiertas entre el Gobierno y la oposición dialoguista.

En el caso de Misiones, la evolución del pliego de Ruth María Ponce de León quedará ligada a esa dinámica política nacional, en un escenario donde la Justicia federal continúa siendo uno de los espacios de mayor sensibilidad institucional y de disputa de poder.

El listado completo de los nuevos pliegos judiciales:

Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.

Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.

Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.

Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.

Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.

Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.

Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.

Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.

Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.

Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.

Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.

Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.

Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.

Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.

Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.

Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.

Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.

Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.

Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.

Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.

Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.

Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.

María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.

Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.

Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.

Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.

Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.

María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.

Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.

Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.

Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.

Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.

Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.

Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.

Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.

Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.

Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.

Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.

Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.

Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.

Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.

Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.

Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.

José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.

Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.

María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.

Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.

Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Saraboso, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

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La Legislatura convocó audiencias públicas para cubrir siete cargos clave en la Justicia de Misiones

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La Cámara de Representantes de Misiones convocó a audiencias públicas para tratar los pliegos de siete postulantes propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos estratégicos dentro del Poder Judicial provincial, entre ellos jueces de instrucción, jueces de paz y fiscales en distintas circunscripciones judiciales.

Las audiencias se realizarán el lunes 1 de junio de 2026, desde las 8:00, en el Salón Auditorio del segundo piso del edificio anexo de la Legislatura provincial, en Posadas, y estarán a cargo de la Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca.

Entre los cargos a cubrir se encuentran juzgados de instrucción en Posadas, Eldorado y Oberá, además de juzgados de paz en Puerto Iguazú y Posadas, y fiscalías en Puerto Rico y en la Primera Circunscripción Judicial.

El primer pliego corresponde a César Humberto Lirussi, propuesto para ocupar el cargo de juez de Instrucción del Juzgado de Instrucción número 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Eldorado. La audiencia fue fijada para las 8:00.

A las 8:30 será el turno de Rosa Raquel Dionisia Mazal, postulada como jueza de Paz Letrada de Primera Categoría de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Puerto Iguazú.

Luego, a las 9:00, se analizará la propuesta de Carla Alejandra Freitag para el cargo de jueza de Instrucción del Juzgado de Instrucción número 1 de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en Posadas.

A las 9:30 se tratará el pliego de Camila Arruti, propuesta para fiscal de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar número 1 de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Puerto Rico.

Posteriormente, a las 10:00, será la audiencia de Luis Sebastián Martínez, candidato a juez de Paz Letrado de Primera Categoría del Juzgado de Paz Civil y Comercial número 2 de Posadas.

A las 10:30 se evaluará la postulación de Martín Ignacio Balor para desempeñarse como agente fiscal de la Fiscalía en lo Correccional y de Menores número 2 de la Primera Circunscripción Judicial.

Finalmente, a las 11:00 se desarrollará la audiencia correspondiente a Diego Agustín Lafata, propuesto para juez de Instrucción del Juzgado de Instrucción número 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Oberá.

La resolución también establece que cualquier ciudadano podrá presentar impugnaciones fundadas por escrito dentro de los cinco días hábiles posteriores a la última publicación oficial, acompañando pruebas o señalando su existencia. Estas presentaciones podrán realizarse en formato papel ante la Comisión o, excepcionalmente, mediante correo electrónico institucional.

Además, el público podrá participar mediante preguntas por escrito vinculadas exclusivamente a la función para la cual fue propuesto cada candidato. Las consultas deberán ser autorizadas por la presidencia de la Comisión y serán leídas durante la audiencia pública.

Los antecedentes y copias de los pliegos estarán disponibles para su consulta de 7:00 a 13:00 en la oficina de la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio legislativo sobre calle Constituyentes Provinciales 1980 de Posadas.

El proceso forma parte del mecanismo institucional previsto para garantizar transparencia y participación ciudadana en la designación de magistrados y funcionarios judiciales en la provincia.

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Milei avanza con la Justicia: envió al Senado 62 pliegos para cubrir vacantes clave

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El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la reconfiguración del Poder Judicial. El presidente Javier Milei envió al Senado los pliegos para cubrir 62 cargos vacantes, en un sistema que arrastra más de 300 puestos sin cubrir y un nivel de vacancia que ya supera el 36% en la Justicia nacional y federal.

La iniciativa incluye la designación de 50 jueces, cinco defensores, un fiscal y seis conjueces. Los expedientes ya ingresaron a la Cámara alta y serán analizados por la Comisión de Acuerdos antes de su eventual tratamiento en el recinto.

Según confirmó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se trata de la “primera tanda” de nombramientos, en una estrategia que busca comenzar a descomprimir el funcionamiento de los tribunales, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, donde se concentra la mayoría de las vacantes.

El proceso legislativo demandará acuerdos políticos en el Senado, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia. La intención es avanzar con el tratamiento en las próximas semanas, una vez que los pliegos tomen estado parlamentario.

Entre los nombres propuestos aparecen figuras con vínculos directos con el sistema judicial. Uno de los casos más destacados es el de Emilio Rosatti, postulado para un tribunal federal en Santa Fe, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Desde el entorno del magistrado aclararon que no participó en la selección de la terna.

También figuran Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, lo que reaviva el debate sobre la independencia y los vínculos dentro del Poder Judicial.

Un dato relevante es que ninguno de los pliegos enviados corresponde a tribunales de Comodoro Py, el fuero donde se investigan causas de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, a pesar de que cerca del 31% de sus cargos se encuentran vacantes.

El envío de estos pliegos se produce en un contexto crítico para la Justicia. Según datos oficiales, el 36,5% de los cargos judiciales está sin cubrir y podría escalar al 42% en los próximos meses. En el Ministerio Público, la situación es aún más delicada: el 46% de los puestos permanece vacante.

El nuevo reglamento del Senado establece que los pliegos deberán publicarse con al menos 15 días de anticipación a la audiencia pública, lo que fija un cronograma mínimo antes de su aprobación.

La movida del Ejecutivo abre una etapa de negociación política clave para definir el mapa judicial de los próximos años, en medio de tensiones por la independencia del sistema y la necesidad de cubrir cargos críticos para el funcionamiento institucional.

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