La Cámara de Representantes de Misiones aprobó este jueves el pliego de Andrés Poujade para incorporarse al Superior Tribunal de Justicia (STJ), en una de las decisiones institucionales más relevantes del año para el sistema judicial provincial.
La propuesta enviada por el gobernador Hugo Passalacqua obtuvo 40 votos afirmativos, reflejando un amplio consenso político dentro del recinto. La defensa del dictamen estuvo a cargo de la diputada Anazul Centeno, integrante de Encuentro Misionero, quien destacó la trayectoria profesional, académica e institucional del candidato.
El acompañamiento al pliego trascendió las fronteras partidarias. Votaron a favor legisladores de la Renovación, de sectores libertarios y de bloques opositores. Entre ellos, Martín Arjol, Pablo Steckler, Adrián Núñez, Juan Ahumada y Ramón Amarilla, quienes respaldaron la incorporación de Poujade al máximo tribunal provincial.
La designación permitirá completar nuevamente la integración de nueve miembros del Superior Tribunal de Justicia, luego de la jubilación de Ramona Velázquez. Con este nombramiento, además, se modifica la composición de género del cuerpo, que vuelve a quedar conformado por cinco hombres y cuatro mujeres.
La incorporación de Poujade tiene relevancia institucional por el rol que desempeña el STJ dentro de la estructura estatal. Además de constituir la última instancia judicial provincial, el tribunal ejerce la superintendencia administrativa del Poder Judicial y fija criterios jurisprudenciales que impactan sobre la totalidad del sistema.
La sesión también avanzó con una amplia renovación de cargos judiciales en distintas jurisdicciones de la provincia. Fueron aprobados los acuerdos para Carla Alejandra Freitag como jueza de Instrucción del Juzgado N.º 1 de Posadas; Diego Agustín Lafata para el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá; y César Humberto Lirussi para el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Eldorado.
Asimismo, la Legislatura prestó acuerdo para la designación de Camila Arruti como fiscal de Primera Instancia en Puerto Rico y de Martín Ignacio Balor como agente fiscal en lo Correccional y de Menores de la Primera Circunscripción Judicial.
La nómina se completó con las designaciones de Luis Sebastián Martínez como juez de Paz Letrado de Primera Categoría de Posadas y de Rosa Raquel Dionisia Mazal como jueza de Paz Letrada de Primera Categoría de Puerto Iguazú.
La cobertura simultánea de vacantes en el Superior Tribunal, juzgados de instrucción, fiscalías y juzgados de paz constituye una de las renovaciones judiciales más amplias de los últimos años en Misiones. El objetivo es fortalecer la estructura permanente del Poder Judicial, reducir la dependencia de subrogancias y mejorar la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio provincial.
Desde el punto de vista constitucional, el proceso también ratifica el mecanismo de control cruzado previsto por el sistema republicano provincial: el Poder Ejecutivo propone y la Legislatura evalúa antecedentes, analiza idoneidad y otorga el acuerdo para la designación definitiva de magistrados y funcionarios judiciales.
Con la aprobación de estos pliegos, Misiones consolida una nueva etapa en la integración de su estructura judicial, con funcionarios que tendrán incidencia directa en la administración de justicia durante los próximos años.
La sesión de este jueves en la Cámara de Representantes tendrá uno de los capítulos institucionales más importantes del año. Entre los asuntos incorporados al orden del día figuran una serie de acuerdos legislativos para cubrir cargos vacantes en el Poder Judicial de Misiones, incluyendo la designación de Andrés Poujade como nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia.
La nómina de nombramientos impulsada por el Poder Ejecutivo abarca distintos niveles de la estructura judicial y alcanza a las cuatro circunscripciones de la provincia. Más que una simple cobertura de vacantes, el paquete de acuerdos representa una renovación significativa en organismos clave para el funcionamiento del sistema de justicia.
La designación de mayor trascendencia es la de Poujade, quien recibirá acuerdo legislativo para incorporarse al Superior Tribunal de Justicia. Se trata de uno de los cargos institucionales más relevantes de la provincia, ya que el máximo tribunal no sólo interviene en las causas de mayor importancia jurídica, sino que además ejerce la superintendencia administrativa y define criterios que impactan sobre el conjunto del Poder Judicial.
Con Poujade, el STJ volverá a tener nueve miembros, tras la jubilación de Ramona Velázquez y se romperá la paridad de género, nuevamente con mayoría masculina de cinco a cuatro.
Junto a esa designación, la Legislatura avanzará en la cobertura de cargos estratégicos dentro de la justicia penal.
En Posadas, Carla Alejandra Freitag fue propuesta para asumir como jueza de Instrucción del Juzgado de Instrucción N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial. Se trata de una función central dentro del esquema de investigación penal de la capital provincial, donde se concentra una parte sustancial de las causas que ingresan al sistema.
Para la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Oberá, el acuerdo legislativo alcanzará a Diego Agustín Lafata, quien ocupará el cargo de juez de Instrucción del Juzgado de Instrucción N.º 1. La jurisdicción obereña se ha consolidado como uno de los polos judiciales más activos del interior provincial, atendiendo una amplia región del centro de Misiones.
En Eldorado, César Humberto Lirussi fue propuesto para desempeñarse como juez de Instrucción del Juzgado de Instrucción N.º 2 de la Tercera Circunscripción Judicial. La cobertura de este cargo resulta particularmente relevante en una zona atravesada por dinámicas fronterizas y un crecimiento demográfico sostenido que incrementa la demanda sobre el sistema judicial.
La agenda parlamentaria también contempla el fortalecimiento del Ministerio Público. Camila Arruti fue postulada para ocupar la Fiscalía de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar N.º 1 de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Puerto Rico. El cargo adquiere especial relevancia en un contexto donde los conflictos familiares y las situaciones de violencia requieren cada vez mayor especialización y capacidad de respuesta institucional.
Asimismo, Martín Ignacio Balor recibirá acuerdo para desempeñarse como agente fiscal en lo Correccional y de Menores N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial. Su función estará vinculada a la intervención en causas correccionales y procesos relacionados con niñas, niños y adolescentes.
La nómina se completa con dos designaciones en la Justicia de Paz. Luis Sebastián Martínez fue propuesto para asumir como juez de Paz Letrado de Primera Categoría del Juzgado de Paz Civil y Comercial N.º 2 de Posadas, mientras que Rosa Raquel Dionisia Mazal ocupará el cargo de jueza de Paz Letrada de Primera Categoría en Puerto Iguazú.
Desde una perspectiva institucional, la cobertura de estas vacantes busca consolidar la estructura judicial en distintos puntos de la provincia y reducir la dependencia de mecanismos transitorios como las subrogancias. También representa una señal de fortalecimiento de organismos que cumplen funciones esenciales para garantizar el acceso a la justicia y la resolución de conflictos.
El tratamiento de los acuerdos constituye además una expresión concreta del sistema de controles previsto por la Constitución provincial. Mientras el Poder Ejecutivo impulsa las postulaciones, corresponde a la Legislatura analizar los antecedentes de los candidatos y otorgar el acuerdo necesario para su designación definitiva.
Si los dictámenes son aprobados durante la sesión, Misiones avanzará en una de las renovaciones judiciales más amplias de los últimos meses, incorporando magistrados y funcionarios que tendrán un rol determinante en el funcionamiento del sistema de justicia durante los próximos años.
Puerto Iguazú fue durante dos días algo más que la sede de un congreso jurídico. Entre el jueves 19 de marzo y el viernes 20, el Poder Judicial de Misiones y la Universidad Católica de Santa Fe pusieron en escena un encuentro internacional sobre el “Presente y Futuro del Derecho Procesal” que, detrás del formato académico, dejó una señal institucional más amplia: la Justicia misionera busca intervenir en una discusión de época sobre cómo se tramitan los conflictos, qué margen conserva la decisión humana frente al avance tecnológico y qué lugar quiere ocupar la provincia en ese debate. No fue una actividad menor ni meramente protocolar. La presencia de ministros del Superior Tribunal de Justicia, del Procurador General, de autoridades judiciales de otras provincias, de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de especialistas de América Latina y Europa mostró que la agenda procesal ya no se discute en un círculo técnico cerrado. Se discute, cada vez más, como una cuestión de diseño institucional.
La foto también tuvo una dimensión política concreta. El encuentro recibió declaraciones de interés provincial por parte de la Cámara de Representantes y de interés municipal por parte de la Municipalidad de Puerto Iguazú. Ese respaldo no solo jerarquiza el congreso. También confirma que, cuando la conversación gira sobre inteligencia artificial en la Justicia, procesos colectivos, oralidad y evidencia digital, lo que está en juego no es solo un cambio de lenguaje jurídico, sino una transformación que puede alterar tiempos, criterios y capacidades del sistema judicial.
Una agenda procesal que ya impacta en la estructura del poder judicial
El congreso fue impulsado por Adolfo Alvarado Velloso, de la Universidad Nacional de Rosario, y Silvia Barona Vilar, de la Universidad de Valencia. Pero la organización formal a cargo del Poder Judicial de Misiones y de la Universidad Católica de Santa Fe le dio al evento una impronta institucional definida. No se trató solamente de escuchar voces expertas. Se trató de montar, desde Misiones, un espacio de validación y producción de agenda sobre los cambios que vienen para la Justicia.
Los ejes elegidos no fueron casuales: inteligencia artificial y proceso, procesos colectivos y tutela de derechos en la era digital, y derecho procesal y oralidad. En cada uno aparece una tensión de fondo. La inteligencia artificial interpela la capacidad del sistema judicial para incorporar tecnología sin resignar control humano. Los procesos colectivos empujan a la Justicia a responder a conflictos que ya no son estrictamente individuales. Y la oralidad se vincula con un modelo que promete mayor inmediación y agilidad, pero que también obliga a rediseñar prácticas, roles y criterios.
En ese marco, la apertura a cargo de Juan Manuel Díaz fijó una línea política del encuentro. Su intervención no quedó en el agradecimiento formal. Introdujo una lectura sobre el contexto social e institucional en el que se inserta el debate jurídico. Habló de la necesidad de establecer canales de comunicación, de llegar a puntos de encuentro y de cuidar la vida en un tiempo en el que, según planteó, proliferan discursos de violencia y destrucción. La idea no fue lateral. Colocó al Derecho Procesal no como una técnica neutra, sino como parte de una arquitectura orientada a un “macrofin del derecho”, que identificó con la paz y el cuidado de la vida.
Ahí aparece una de las claves del congreso. La discusión procesal dejó de ser un asunto interno del foro para convertirse en una herramienta desde la cual el Poder Judicial también intenta construir legitimidad, mostrar capacidad de adaptación y fijar posición frente a debates públicos más amplios.
Misiones busca entrar en la conversación global sobre reforma judicial
La elección de Puerto Iguazú como sede también funciona como mensaje. La ciudad, presentada en el texto base como cuna de las Cataratas, se convirtió en punto de encuentro para especialistas de América Latina y Europa. Esa convocatoria no solo aportó volumen académico. Proyectó a Misiones como anfitriona de una conversación transnacional sobre los cambios en la Justicia.
Magín Ramón Ferrer, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la sede Posadas de la UCSF, remarcó precisamente esa dimensión al destacar la presencia de profesores que “han cruzado el Atlántico” para compartir experiencias y conocimiento. Su definición de que el Derecho Procesal “traspasa fronteras” resume el tono de una parte importante del congreso: una provincia que no quiere quedar como receptora pasiva de reformas, sino que busca sentarse en la mesa donde se discuten.
Esa pretensión quedó reforzada con la participación de ministros del Superior Tribunal de Justicia y de la Corte de Justicia de Corrientes y Salta, junto con autoridades de los Poderes Judiciales de la Nación y de la Provincia, del Ministerio Público, de los poderes Ejecutivo y Legislativo provincial y municipal, además de alumnos de la UCSF. La amplitud del auditorio mostró que la cuestión procesal genera interés transversal cuando toca materias sensibles como justicia civil, laboral, penal, procesos electrónicos, litigio ambiental o evidencia digital.
En términos institucionales, el congreso funcionó así como un espacio de articulación. Reunió academia, magistratura, ministerios públicos, representantes políticos y juristas extranjeros alrededor de una agenda común. Ese tipo de convergencia no garantiza reformas inmediatas, pero sí ordena conversaciones que después pueden bajar a proyectos, capacitaciones, rediseños de prácticas o nuevas interpretaciones jurisprudenciales.
Inteligencia artificial, oralidad y evidencia digital: el corazón de una reforma en movimiento
La estructura del congreso dejó ver por dónde pasa hoy la preocupación central del mundo judicial. La conferencia inaugural de Silvia Barona Vilar abordó la “Inteligencia artificial en la Justicia Civil. Retos para la Abogacía del Siglo XXI”. No fue un tema decorativo. Fue, en los hechos, una puerta de entrada a una discusión sobre el modo en que la tecnología empieza a redefinir funciones, tiempos y márgenes de decisión.
A lo largo de las jornadas se sucedieron paneles sobre Derecho Procesal Civil, Laboral, procesos colectivos, proceso electrónico e inteligencia artificial y Derecho Procesal Penal. Esa diversidad muestra que la transformación no se limita a un fuero. Atraviesa todo el sistema.
Valeria Fiore Cáceres planteó, en el panel de Derecho Procesal Civil, un tema que conecta directamente con la reforma judicial: “Proceso y métodos adecuados de solución de controversias: hacia un modelo integrado de tutela efectiva”. Su definición posterior fue todavía más precisa en clave institucional. Dijo que la importancia del congreso se nota en el intercambio de experiencias, en las preguntas y en la posibilidad de aprender de personas que ya recorrieron caminos que en Misiones todavía representan desafíos. Esa formulación traduce el valor práctico del encuentro: no solo teorizar, sino observar modelos ya ensayados en otros contextos para mejorar el sistema de justicia provincial.
La oralidad también apareció como una de las piezas centrales de esa transición. Manuel González Castro expuso sobre los desafíos en la implementación eficaz de la regla de debate oral en el fuero civil. Gustavo Calvinho, por su parte, llevó la experiencia del nuevo Código Procesal Civil Adversarial de la provincia de Neuquén. Allí se coló otro dato relevante: Misiones no discutió en abstracto, sino mirando experiencias concretas de rediseño procesal dentro del país.
El proceso electrónico y la inteligencia artificial tuvieron un lugar específico en el cuarto panel, con exposiciones sobre plataformas digitales y resolución de conflictos, la “Soberanía Sintética” y los horizontes de la inteligencia artificial en el derecho. El solo repertorio de temas evidencia que la Justicia enfrenta un cruce complejo entre automatización, independencia de criterio, validación de evidencia y garantías.
En materia penal, la discusión sobre evidencias en entornos digitales, el rol de la víctima en el proceso acusatorio y el ciberespacio dejó ver otra capa del problema: cuando el delito, la prueba y la interacción social se trasladan a ámbitos digitales, el proceso penal necesita rediseñar herramientas sin debilitar garantías constitucionales.
Un congreso académico, pero con señales para la gobernanza judicial
El encuentro tuvo además un fuerte componente simbólico. La apertura incluyó la presentación del coro de las comunidades aborígenes, que interpretó dos canciones en lengua nativa. El gesto aportó una marca de identidad territorial y cultural a un congreso dominado por discusiones técnicas. En una provincia donde la representación de la diversidad suele adquirir valor político, esa escena no fue un detalle menor.
También hubo señales de reconocimiento institucional. Los diputados provinciales Aryhatne Bahr, Rudi Bundziak y Horacio Martínez entregaron el proyecto de declaración de interés provincial presentado ante la Cámara de Representantes. Leopoldo Lucas, en nombre de la Municipalidad de Puerto Iguazú, hizo lo propio con la declaración de interés del municipio. Ese acompañamiento de actores legislativos y municipales muestra que el evento fue leído como algo más que una actividad universitaria o judicial. Hubo una decisión de darle volumen político.
Esa validación importa por una razón adicional. Cada vez que el sistema judicial abre debates sobre oralidad, procesos electrónicos, litigios colectivos o inteligencia artificial, inevitablemente se acerca a la frontera donde convergen gestión, presupuesto, capacitación, regulación y política pública. La gobernanza judicial ya no depende solo de sentencias. También depende de su capacidad de anticipar transformaciones y construir consensos internos y externos.
La sabiduría humana como límite frente al avance tecnológico
En el cierre de los paneles, Juan Manuel Díaz volvió sobre un punto que atravesó todo el congreso. Al exponer sobre obligaciones de procedimiento en la jurisprudencia internacional frente a la emergencia climática, subrayó que al hablar de asuntos ambientales hay tres ejes fundamentales: la información, la participación y el acceso a la justicia. Esa tríada conecta con una visión del proceso como garantía de derechos y no solo como mecanismo formal.
Pero además dejó una frase que condensa una de las tensiones más profundas del encuentro. En un ámbito donde se habló de inteligencia artificial, sostuvo que lo que debe mantenerse siempre presente es la sabiduría, porque, según afirmó, “la sabiduría es solamente humana”. La definición funciona como advertencia institucional. La Justicia puede incorporar herramientas tecnológicas, pero no delegar el núcleo de su responsabilidad.
En tiempos de automatización creciente, esa idea tiene peso. No solo marca un límite conceptual. También anticipa el tipo de discusión que probablemente gane centralidad en los próximos años: cuánto puede apoyarse el sistema judicial en procesos automatizados sin comprometer la deliberación, la prudencia y la legitimidad de sus decisiones.
Repercusiones: qué se fortalece y qué queda bajo presión
El principal actor fortalecido por el congreso es el Poder Judicial de Misiones, que logró proyectarse como anfitrión de una agenda jurídica contemporánea y sensible. También gana centralidad la articulación entre el sistema judicial y la academia, en este caso a través de la Universidad Católica de Santa Fe. Esa alianza muestra que la formación, la producción doctrinaria y la discusión institucional pueden funcionar como una misma plataforma de legitimación.
A la vez, el encuentro pone presión sobre el propio sistema judicial. Porque abrir la discusión sobre inteligencia artificial, oralidad, procesos electrónicos y litigios colectivos genera una expectativa inevitable: que esas conversaciones no queden en el plano declarativo. El desafío empieza después del congreso. Cómo se traducen estas discusiones en capacitación, modernización, reformas prácticas o nuevas pautas jurisprudenciales será la medida real de su impacto.
También se fortalece la idea de que Misiones quiere tener una voz propia en la conversación sobre reforma judicial. No necesariamente desde una ruptura, pero sí desde una construcción gradual de agenda. El intercambio con especialistas de la Universidad de Valencia, de Zaragoza, de Salamanca, de la Universidad Católica del Paraguay, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Austral, de la Universidad Nacional del Nordeste y de otras instituciones muestra que la provincia busca nutrirse de experiencias externas sin resignar protagonismo local.
Un cierre emotivo y una escena que deja proyección
El congreso cerró el viernes 20 con la entrega de un presente a Adolfo Alvarado Velloso de manos de Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore. El homenaje tuvo una carga simbólica evidente. A lo largo de ambas jornadas fue reconocido como referente y maestro del Derecho Procesal por distintos disertantes. Además, el cierre incluyó el “Manifiesto Garantista” a su cargo, y él mismo definió la organización del encuentro como “una hermosísima fiesta misionera”.
La escena final reforzó una lectura doble. Por un lado, la reivindicación de una tradición doctrinaria y de referentes consolidados. Por otro, la necesidad de poner esa tradición a dialogar con los cambios que empujan la inteligencia artificial, la digitalización, la oralidad y los litigios complejos. Ahí radica la tensión central que dejó el congreso: cómo actualizar la Justicia sin vaciarla de sus garantías.
Puerto Iguazú fue, durante esas dos jornadas, el punto de encuentro de esa discusión. Queda por ver si esa conversación se convierte en insumo para reordenar prácticas concretas dentro del sistema judicial, si alimenta futuras reformas o si funciona, sobre todo, como un movimiento de posicionamiento institucional. Lo cierto es que la Justicia ya empezó a discutir su futuro en voz alta, y cuando eso ocurre, lo que se redefine no es solo un procedimiento.
El Gobierno de Misiones avanzó en el proceso institucional para poner en funcionamiento el nuevo Juzgado de Paz de Primera Categoría en la localidad de Dos Hermanas, en el departamento General Manuel Belgrano, tras declarar la necesidad de cubrir el cargo de juez que encabezará el organismo judicial recientemente creado.
La medida quedó establecida mediante un decreto firmado por el gobernador Hugo Passalacqua y refrendado por el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, en el que se dispone iniciar el procedimiento para la designación del magistrado.
La decisión se enmarca en lo dispuesto por la Ley XV – Nº 24, normativa que creó el municipio de Dos Hermanas y que, en su artículo 19, estableció también la creación de un Juzgado de Paz de Primera Categoría, con dos secretarías letradas y asiento en esa localidad del norte provincial, dentro de la Quinta Circunscripción Judicial.
Según señala el decreto, la iniciativa responde a la política institucional del Poder Ejecutivo de fortalecer el sistema judicial como garantía de seguridad jurídica, un principio considerado clave para el funcionamiento del Estado de Derecho, el fortalecimiento democrático y el desarrollo de las comunidades.
En ese marco, el Ejecutivo provincial declaró formalmente la necesidad de cubrir el cargo de juez de paz, en cumplimiento de lo establecido por la Ley IV – Nº 32, que faculta al Poder Ejecutivo a declarar vacantes cuando se crean nuevos cargos dentro de la estructura judicial.
Con la firma del decreto, el Gobierno provincial también notificó al Consejo de la Magistratura, organismo encargado de llevar adelante el proceso de selección de magistrados, para avanzar en los pasos legales correspondientes hasta la designación del futuro juez.
La puesta en marcha del juzgado busca acercar el servicio de justicia a los habitantes de Dos Hermanas y de la zona norte del departamento General Manuel Belgrano, una región que en los últimos años ha experimentado un crecimiento institucional tras la creación del nuevo municipio.
Puerto Iguazú será escenario de un encuentro académico de alcance internacional. El 19 y 20 de marzo se realizará el Congreso Internacional de Derecho Procesal – Presente y Futuro del Derecho Procesal, organizado por el Posgrado de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) en conjunto con el Poder Judicial de la Provincia de Misiones, con sede en el Hotel O2 de la ciudad turística.
El evento reunirá a juristas, académicos y profesionales del derecho de Argentina y del exterior para debatir sobre los desafíos actuales de la justicia, especialmente en un contexto atravesado por la digitalización, la inteligencia artificial y las transformaciones del proceso judicial.
Durante una entrevista en Open1017, la docente y organizadora Florencia Vely y el coordinador del congreso Francisco Knebel destacaron la relevancia de que Misiones sea sede de un encuentro de este nivel.
“Es un congreso internacional que reunirá a destacados juristas de universidades de España y Argentina para debatir temas que hoy son trascendentales en la comunidad académica y jurídica”, señalaron.
Un espacio para debatir el futuro del sistema judicial
El congreso se desarrollará bajo el lema “Presente y Futuro del Derecho Procesal”, con el objetivo de analizar la evolución de los sistemas judiciales y las nuevas herramientas tecnológicas que están transformando el funcionamiento de los tribunales.
Entre los principales ejes temáticos se destacan:
Inteligencia artificial y proceso judicial
Procesos colectivos y tutela de derechos en la era digital
Derecho procesal y oralidad
Según explicaron los organizadores, el encuentro permitirá realizar una “radiografía del estado actual del derecho procesal” y comparar las experiencias de distintos países.
“Argentina y particularmente el Poder Judicial de Misiones han avanzado mucho en los últimos años en materia de digitalización, oralidad y uso de herramientas tecnológicas en el proceso judicial”, indicaron.
Inteligencia artificial: oportunidades y desafíos
Uno de los temas centrales será el impacto de la inteligencia artificial en el sistema judicial. Para los organizadores, se trata de una herramienta que puede mejorar la eficiencia de los procesos, aunque siempre bajo supervisión humana.
En ese sentido, remarcaron que la inteligencia artificial no reemplaza la actividad jurídica, sino que funciona como un apoyo para tareas como la búsqueda de jurisprudencia, el análisis de información o la elaboración de resúmenes.
“Es una herramienta útil, pero siempre hay que verificar la información. El análisis humano sigue siendo irremplazable”, explicaron durante la entrevista.
Expositores de prestigio internacional
El congreso contará con la participación de especialistas de universidades de España y Argentina, entre ellos:
Silvia Barona Vilar (Universitat de Valencia), quien brindará la conferencia magistral.
Adolfo Alvarado Velloso (Universidad Nacional de Rosario).
Juan Francisco Herrero Perezagua (Universidad de Zaragoza).
Walter Reifarth Muñoz (Universidad de Salamanca).
Lorenzo Bujosa Vadell (Universidad de Salamanca).
Gustavo Calvinho (Universidad Austral).
La presencia de expertos internacionales permitirá generar un espacio de derecho comparado, donde especialistas de distintos países intercambiarán experiencias sobre las transformaciones de la justicia.
Misiones, sede de un debate jurídico internacional
La elección de Puerto Iguazú como sede también responde a su carácter estratégico como ciudad de la triple frontera, lo que facilita la participación de académicos y profesionales de distintos países de la región.
“Será una oportunidad para debatir, intercambiar experiencias y analizar hacia dónde se dirige el derecho procesal en un mundo cada vez más digitalizado”, señalaron los organizadores.
El evento está dirigido a abogados, magistrados, funcionarios judiciales, docentes y estudiantes de derecho, y cuenta con inscripción abierta a través de la Universidad Católica de Santa Fe.
