Una investigación federal que se extendió durante más de un año culminó con uno de los mayores operativos contra el contrabando realizados recientemente en el Nordeste argentino. El procedimiento permitió secuestrar mercaderías, vehículos y otros bienes valuados preliminarmente en más de 1.500 millones de pesos y derivó en la detención de seis personas acusadas de integrar una organización dedicada al ingreso ilegal de productos desde Paraguay y Brasil.
La causa fue impulsada por la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, que ordenaron la realización de 17 allanamientos simultáneos. Quince de ellos se concretaron en distintos puntos de Misiones, mientras que los restantes tuvieron lugar en Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los procedimientos fueron ejecutados por personal de ARCA-Aduana, dependiente de la Dirección Regional Aduanera Noreste y de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior, con apoyo de la Unidad de Investigaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), además de efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
Los allanamientos alcanzaron viviendas particulares, locales comerciales, depósitos y centros de recepción y despacho de encomiendas que formaban parte del circuito bajo investigación.
Durante las requisas, los investigadores hallaron una importante cantidad de mercadería extranjera que no contaba con la documentación necesaria para acreditar su ingreso legal al país. Entre los productos secuestrados figuran neumáticos para camiones y vehículos particulares, teléfonos celulares, artículos electrónicos, cigarrillos electrónicos, equipos de aire acondicionado, productos textiles, prendas de vestir, calzados, artículos de bazar y diversos electrodomésticos.
Además, fueron interceptadas encomiendas preparadas para ser enviadas a distintos puntos de la Argentina que contenían cigarrillos y otros derivados del tabaco.
La investigación también permitió el secuestro de armamento. Entre los elementos hallados se encuentran una escopeta calibre 12, una pistola calibre 9 milímetros y municiones de distintos calibres, además de documentación considerada de interés para la causa.
En materia logística, las autoridades incautaron dos camiones con semirremolques, uno de ellos refrigerado, un semirremolque adicional y tres vehículos particulares que presuntamente eran utilizados para el transporte y distribución de la mercadería.
Uno de los aspectos más relevantes del operativo estuvo vinculado al mercado ilegal de neumáticos. En los allanamientos fueron secuestradas más de 300 cubiertas, de las cuales unas 140 estaban destinadas al transporte pesado.
A ello se sumó un operativo cerrojo realizado en forma coordinada entre ARCA-Aduana, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que permitió interceptar un camión de carga que trasladaba otras 300 cubiertas de origen extranjero presuntamente vinculadas a la misma estructura investigada.
Como resultado de las medidas judiciales, seis personas fueron detenidas. Tres de ellas fueron arrestadas en Puerto Iguazú, una en Comandante Andresito, otra en San Javier y la restante en la ciudad entrerriana de Gualeguay.
Los investigadores también secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento digital, equipos DVR utilizados para sistemas de videovigilancia, dinero en efectivo y cheques. Todo ese material será sometido a peritajes para profundizar las líneas investigativas.
La causa tuvo su origen en 2025, cuando personal especializado de la División Investigaciones y Operativa Regional de ARCA-Aduana detectó un transporte que movilizaba mercadería extranjera valuada en más de 500 millones de pesos sin respaldo aduanero.
A partir de ese procedimiento, los investigadores reconstruyeron el entramado comercial y financiero detrás de la operatoria. El análisis permitió detectar inconsistencias entre movimientos económicos, bienes patrimoniales, niveles de facturación y declaraciones juradas de los involucrados.
Según la hipótesis que maneja la Justicia Federal, la organización ingresaba mercadería desde Paraguay y Brasil a través de pasos fronterizos no habilitados. Luego los productos eran almacenados en distintos puntos de Misiones, comercializados en el mercado interno y distribuidos mediante encomiendas que aparentaban operaciones legales.
Los investigadores también detectaron que para algunos envíos se habrían utilizado identidades de terceros como supuestos remitentes, una maniobra destinada a dificultar la trazabilidad de las operaciones y encubrir el origen de la mercadería.
Otra de las líneas de investigación apunta a una empresa habilitada como Operador de Comercio Exterior (IMEX), que figura entre los actores vinculados a la causa y cuyo rol dentro de la presunta estructura delictiva es analizado por la Justicia Federal.
El volumen de los bienes secuestrados y la extensión territorial de los procedimientos convierten al operativo en uno de los más importantes realizados en los últimos años contra el contrabando en la frontera noreste del país.
