política agropecuaria

Passalacqua ratificó su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras y defendió el rol del Estado

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La discusión sobre el futuro de la propiedad de la tierra volvió a instalarse en la agenda política nacional y encontró una respuesta contundente desde Misiones. Durante un encuentro con representantes del sector yerbatero, el gobernador Hugo Passalacqua ratificó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras, al considerar que una mayor apertura a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros podría afectar el control de recursos estratégicos y la planificación del desarrollo provincial.

El pronunciamiento se produjo en el marco de una reunión en Casa de Gobierno con asociaciones de productores, cooperativas, sindicatos rurales y representantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), convocada para analizar la crisis que atraviesa la cadena yerbatera. Sin embargo, el debate trascendió la coyuntura del sector y derivó en uno de los temas que hoy genera mayor tensión entre las provincias y la Nación: la administración del territorio y la autonomía sobre los recursos naturales.

Según información oficial otro de los temas abordados durante la reunión fue el proyecto nacional que propone modificar la Ley de Tierras y ampliar el porcentaje permitido para la adquisición de propiedades rurales por parte de extranjeros.

En ese marco, el gobernador reiteró su rechazo a la iniciativa y sostuvo que Misiones no acompañará medidas que comprometan el control sobre sus recursos estratégicos y su territorio. Por último, advirtió que “si el Estado no está” se pierde el equilibrio entre las dinámicas del mercado y las necesidades del conjunto de la sociedad.

La posición del mandatario se apoya en una característica estructural de Misiones. La provincia registra una de las mayores participaciones de tierras en manos de capitales extranjeros del país, una realidad que históricamente alimentó el debate sobre los límites a la concentración de la propiedad rural y la preservación del dominio local sobre áreas consideradas estratégicas.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, reforzó esa postura al señalar que la provincia mantendrá una posición firme frente al proyecto nacional. “Misiones es una de las provincias que tiene más tierra en manos extranjeras, así que el gobernador fue contundente: no vamos a acompañar la ley de tierras”, afirmó tras el encuentro.

El posicionamiento provincial se inscribe en una discusión de mayor alcance sobre el federalismo y las competencias de las provincias en la administración de sus recursos. Para la gestión misionera, la tierra no constituye únicamente un activo económico, sino también un componente central de la planificación territorial, la producción agropecuaria, la conservación ambiental y el arraigo de las comunidades rurales.

La defensa de la Ley de Tierras se articuló con otro de los ejes centrales de la reunión: la crisis de la actividad yerbatera. Productores presentaron un anteproyecto para establecer un precio mínimo sostén para la hoja verde, en respuesta a la pérdida de las facultades regulatorias del INYM. En ese contexto, Passalacqua reiteró su respaldo a la recuperación de las atribuciones del organismo y aseguró que continuará impulsando herramientas para proteger a quienes sostienen la principal economía regional de Misiones.

“Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, expresó el gobernador, al tiempo que insistió en que la provincia continuará trabajando junto con los distintos sectores para construir alternativas mientras persista el vacío regulatorio generado por las modificaciones nacionales sobre el INYM.

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Caputo descartó una nueva baja de retenciones en la Rural y condicionó futuros recortes al superávit fiscal

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En la antesala del acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, el ministro de Economía, Luis Caputo, llevó un mensaje de cautela al sector agropecuario. Durante su visita al predio y tras compartir un almuerzo con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), descartó que el presidente Javier Milei anuncie una nueva reducción de las retenciones el próximo domingo y dejó en claro que cualquier modificación futura estará supeditada a la consolidación del superávit fiscal.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda buscaron moderar las expectativas que se habían instalado en torno al tradicional discurso presidencial en la Rural, escenario históricamente elegido para comunicar definiciones vinculadas a la política agropecuaria. “Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, afirmó.

El mensaje confirma que la estrategia económica del Gobierno continúa priorizando el equilibrio de las cuentas públicas como condición para avanzar con una reducción gradual de la presión tributaria. En ese esquema, las retenciones dejan de aparecer como una herramienta de corto plazo y pasan a depender de la evolución de los ingresos fiscales y del sostenimiento del programa económico.

La última modificación del esquema de Derechos de Exportación (DEX) fue anunciada por Javier Milei durante su exposición en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Allí se definió un cronograma de reducción progresiva para distintos complejos productivos, que comenzará a implementarse desde 2027 y se extenderá durante dos años.

Según ese cronograma, el trigo y la cebada reducirán sus retenciones del 7,5% al 5,5%, mientras que la soja iniciará un descenso gradual desde el 24% hasta el 15% hacia 2028. En el caso del maíz y el sorgo, la baja será escalonada mediante reducciones trimestrales hasta alcanzar el 5,5%, mientras que el girasol también seguirá un esquema progresivo que concluirá con una alícuota del 3%.

Para el sector agropecuario, la definición implica que no habrá modificaciones inmediatas en un contexto donde los productores continúan reclamando una menor carga impositiva para mejorar la competitividad y acelerar las inversiones. Sin embargo, el Gobierno mantiene el compromiso de avanzar con una reducción gradual, siempre que las condiciones macroeconómicas lo permitan.

Caputo también aprovechó su visita para destacar la evolución de la economía y poner en valor la mejora de la calificación crediticia otorgada recientemente por Moody’s, que se suma a las revisiones positivas realizadas previamente por Fitch Ratings y Standard & Poor’s.

Según el ministro, esas decisiones reflejan un cambio estructural en la economía argentina y fortalecen la percepción internacional sobre el rumbo del programa económico. “Muestran que hay un cambio estructural en el país y eso es lo que están viendo todos”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que la actividad económica mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido cuando se elimina el efecto de la estacionalidad. “Cuando le sacamos la estacionalidad y nos concentramos en la tendencia ciclo, la economía está creciendo desde hace 26 meses consecutivos, cosa que no pasaba hace más de 15 años. Todos los motivos para estar optimistas”, concluyó.

Desde una perspectiva económica, la postura oficial refleja una estrategia de gradualismo fiscal. El Gobierno busca sostener la confianza de los mercados y preservar el superávit como principal ancla macroeconómica, aun cuando ello implique postergar demandas de sectores estratégicos como el agro. La señal hacia el campo es que las futuras rebajas tributarias continúan siendo parte del horizonte oficial, pero su ejecución dependerá de la capacidad del Estado para mantener el equilibrio fiscal sin comprometer la estabilidad alcanzada.

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El Gobierno oficializó una baja gradual de retenciones

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El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de reducción gradual y permanente de los derechos de exportación para las principales cadenas agroindustriales del país. A través del Decreto 423/2026, se estableció un cronograma que profundiza la rebaja de retenciones sobre soja, maíz, trigo, cebada, girasol y diversos subproductos industriales, con un horizonte de reducción que se extenderá hasta fines de 2028.

La decisión busca consolidar una señal de largo plazo para uno de los sectores que más divisas aporta a la economía argentina. El dato político y económico relevante es que la administración nacional abandona la lógica de reducciones transitorias y plantea un sendero previsible, elemento históricamente reclamado por productores, exportadores e industriales para planificar inversiones.

El decreto ratifica una definición estratégica del Gobierno: considera a las retenciones como un impuesto distorsivo y plantea una eliminación progresiva condicionada al sostenimiento del equilibrio fiscal.

La novedad no está únicamente en la reducción de alícuotas. El valor central para los mercados es la previsibilidad. La norma fija un cronograma explícito para los próximos años, permitiendo anticipar la carga tributaria futura al momento de tomar decisiones de siembra, industrialización o exportación.

Para la soja, principal complejo exportador argentino, el esquema prevé una reducción gradual desde los actuales niveles hasta llegar al 13% para el poroto de soja hacia diciembre de 2028, mientras que los aceites y harinas también seguirán una trayectoria descendente.

En paralelo, cultivos como trigo, cebada, maíz y girasol continúan transitando un sendero de reducción que en numerosos productos industrializados converge hacia niveles cercanos a cero o significativamente inferiores a los actuales.

Qué significa para las economías regionales

Aunque el impacto mediático suele concentrarse en la región pampeana, la medida tiene implicancias para múltiples cadenas productivas del interior.

La reducción de retenciones modifica la ecuación económica de los sectores exportadores porque aumenta el precio neto recibido por productores e industriales. En términos simples, una menor porción del valor exportado queda en manos del Estado y una mayor parte permanece dentro de la cadena productiva.

Para las economías regionales, el efecto más relevante no necesariamente será inmediato sobre los ingresos, sino sobre las decisiones de inversión.

Cuando un productor o una industria conoce con anticipación cuál será su presión tributaria durante los próximos tres años, mejora la capacidad de proyectar ampliaciones de capacidad instalada, incorporación de tecnología o apertura de nuevos mercados.

Biodiésel: una apuesta a nuevos mercados

Uno de los aspectos menos visibles del decreto, pero potencialmente más estratégicos, es el tratamiento diferencial para determinados biocombustibles.

El Gobierno dispuso una reducción específica para biodiésel elaborado a partir de materias primas distintas de la soja, como colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, equiparando su tratamiento tributario al de los aceites vegetales.

La decisión responde a cambios regulatorios internacionales y busca ampliar oportunidades comerciales en mercados que demandan combustibles con menor huella ambiental.

Desde la perspectiva productiva, representa una señal para la diversificación de materias primas destinadas a la transición energética global.

El impacto sobre la industria exportadora

El beneficio no queda restringido al productor primario. Las reducciones alcanzan a harinas, aceites, alimentos balanceados, derivados industriales y múltiples productos con valor agregado. Esto mejora la competitividad de las plantas procesadoras y fortalece el incentivo a industrializar dentro del país en lugar de exportar exclusivamente materias primas.

Para los complejos agroindustriales, el efecto económico es doble: mejora el margen exportador. Incrementa la previsibilidad para inversiones de largo plazo. Reduce el costo fiscal asociado a la agregación de valor. Fortalece la competitividad frente a otros países exportadores. Favorece la planificación de campañas agrícolas futuras.

La baja de retenciones constituye una mejora concreta para la competitividad exportadora, pero no opera en aislamiento.

El efecto final dependerá de variables como el tipo de cambio, los costos logísticos, el acceso al financiamiento, la evolución de los precios internacionales y la demanda global de alimentos y biocombustibles.

Para el sector productivo, el principal valor del decreto es la previsibilidad. La agroindustria argentina convive desde hace años con cambios frecuentes en materia tributaria. La existencia de un cronograma explícito modifica el horizonte de planificación y reduce incertidumbre.

Lo que habrá que seguir de cerca es la capacidad fiscal del Gobierno para sostener el sendero comprometido. Si el programa se mantiene sin alteraciones, Argentina ingresará en un proceso gradual de reducción de la presión exportadora que podría redefinir la competitividad de varias cadenas agroindustriales durante la segunda mitad de la década.

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El Gobierno baja el IVA para el riego y apunta a reordenar costos del agro con la Ley 27.802

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El Gobierno nacional formalizó un giro en su política agropecuaria al instrumentar beneficios fiscales para el riego a través de la Ley 27.802/2026, sancionada en el marco de la reforma laboral. La norma reduce del 27% al 10,5% el IVA sobre la energía eléctrica destinada al riego y habilita incentivos para la inversión en equipamiento. La decisión combina política tributaria y estrategia productiva en un momento donde el Ejecutivo busca consolidar competitividad sin recurrir a subsidios directos. El dato abre una tensión: ¿es un incentivo sectorial puntual o el inicio de un rediseño más amplio del esquema impositivo para el agro?

Un instrumento legal con efectos económicos concretos

La medida se estructura sobre dos artículos clave de la ley. Por un lado, la reducción del IVA impacta directamente en los costos operativos de los productores que utilizan sistemas de riego. Por otro, el artículo 182 incorpora beneficios dentro del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), permitiendo la amortización acelerada en una cuota en el impuesto a las ganancias para la compra de equipos de riego y bienes vinculados a la eficiencia energética.

El paquete se completa con la posibilidad de computar el crédito fiscal del IVA con recupero en tres períodos mensuales, lo que acorta los tiempos financieros y mejora el flujo de caja. Traducido en términos productivos, el esquema busca acelerar decisiones de inversión, especialmente en tecnologías como el riego por pivot y por goteo.

No es un dato aislado. La iniciativa se articula con otras medidas ya implementadas: la reducción de aranceles a la importación de equipos de riego del 14% al 2% y la eliminación del impuesto PAIS. El enfoque es claro: bajar costos estructurales y generar previsibilidad.

El riego como política productiva

El trasfondo de la medida excede lo tributario. El riego aparece como una herramienta estratégica para estabilizar rendimientos y reducir la exposición a riesgos climáticos. En un esquema productivo altamente dependiente de variables externas, la capacidad de planificar se vuelve un activo económico.

Los números oficiales refuerzan esa lógica. En los últimos dos años se incorporaron más de 55.000 hectáreas irrigadas, con aproximadamente 650 pivotes de riego y 8.400 hectáreas bajo sistemas de goteo subterráneo. Actualmente, la superficie irrigada alcanza 2,1 millones de hectáreas, con un potencial de expansión estimado en 4,8 millones adicionales.

El mensaje político es implícito: el Gobierno busca intervenir en la matriz productiva sin modificar el esquema general de retenciones o ingresos, apostando a incentivos focalizados.

Alivio de costos y señal de inversión

El paquete fortalece a los productores con capacidad de inversión, que encuentran mejores condiciones para ampliar o tecnificar su producción. También introduce una señal hacia el mercado: el Ejecutivo prioriza herramientas fiscales que mejoren rentabilidad esperada antes que mecanismos de transferencia directa.

En términos de correlación de fuerzas, la medida alinea al Gobierno con sectores productivos que demandan previsibilidad y reducción de costos. Al mismo tiempo, limita el margen de discusión sobre otros instrumentos más sensibles dentro de la política agropecuaria.

Desde el punto de vista económico, la reducción de costos energéticos y financieros puede impactar en la productividad y, en el mediano plazo, en la oferta exportable. Sin embargo, el alcance dependerá de la capacidad real de inversión de los productores y del contexto macroeconómico.

Incentivos que requieren escala

La implementación de la Ley 27.802 introduce un cambio concreto en el esquema de costos del riego, pero su efecto estructural todavía está en construcción. El desafío será escalar el uso de estas herramientas y traducirlas en expansión sostenida de la superficie irrigada.

En las próximas etapas, la atención estará puesta en la velocidad de adopción tecnológica y en si el paquete logra extenderse más allá de los segmentos con mayor capacidad financiera. También será clave observar cómo evoluciona la combinación entre estabilidad macroeconómica y acceso al crédito.

El Gobierno ya fijó una dirección: menos carga impositiva en insumos clave y más estímulo a la inversión. Queda por ver si ese enfoque alcanza para transformar el potencial en producción efectiva o si requerirá nuevos ajustes en el esquema productivo.

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Activan un pago de casi $4.000 millones al sector tabacalero

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El Gobierno de Misiones habilitará el próximo 11 de abril el pago N° 01/2026 del Fondo Especial del Tabaco (FET), correspondiente al tramo productivo del 2 al 28 de febrero, con un desembolso total de $3.962.279.114,70 destinado a 2.107 productores de tabaco Burley. El dato no es menor: en un contexto económico donde el financiamiento productivo se vuelve restrictivo, la provincia activa liquidez directa para el sector primario. La pregunta que sobrevuela es si se trata de un mecanismo de contención coyuntural o de una herramienta estructural para sostener la matriz productiva.

El FET como instrumento de política económica

El pago se encuadra en la Resolución 34/26 (grilla 1) del precio FET, que regula la distribución de fondos para el sector tabacalero. En este caso, se liquidan 7.226.196 kilos de producción, con un impacto directo sobre miles de unidades productivas distribuidas en la provincia.

El esquema no es nuevo, pero sí adquiere otra dimensión en el escenario actual. El Fondo Especial del Tabaco funciona como un mecanismo de redistribución que busca equilibrar la cadena, garantizando ingresos a productores frente a la volatilidad de precios y costos. En términos concretos, representa una transferencia directa de recursos hacia economías regionales con alta dependencia de la actividad.

La operatoria involucra al Gobierno provincial y al Ministerio del Agro y la Producción, que canalizan los fondos hacia los productores, consolidando un modelo donde el Estado actúa como intermediario clave en la sostenibilidad del sector.

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