política agropecuaria

El Gobierno oficializó una baja gradual de retenciones

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El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de reducción gradual y permanente de los derechos de exportación para las principales cadenas agroindustriales del país. A través del Decreto 423/2026, se estableció un cronograma que profundiza la rebaja de retenciones sobre soja, maíz, trigo, cebada, girasol y diversos subproductos industriales, con un horizonte de reducción que se extenderá hasta fines de 2028.

La decisión busca consolidar una señal de largo plazo para uno de los sectores que más divisas aporta a la economía argentina. El dato político y económico relevante es que la administración nacional abandona la lógica de reducciones transitorias y plantea un sendero previsible, elemento históricamente reclamado por productores, exportadores e industriales para planificar inversiones.

El decreto ratifica una definición estratégica del Gobierno: considera a las retenciones como un impuesto distorsivo y plantea una eliminación progresiva condicionada al sostenimiento del equilibrio fiscal.

La novedad no está únicamente en la reducción de alícuotas. El valor central para los mercados es la previsibilidad. La norma fija un cronograma explícito para los próximos años, permitiendo anticipar la carga tributaria futura al momento de tomar decisiones de siembra, industrialización o exportación.

Para la soja, principal complejo exportador argentino, el esquema prevé una reducción gradual desde los actuales niveles hasta llegar al 13% para el poroto de soja hacia diciembre de 2028, mientras que los aceites y harinas también seguirán una trayectoria descendente.

En paralelo, cultivos como trigo, cebada, maíz y girasol continúan transitando un sendero de reducción que en numerosos productos industrializados converge hacia niveles cercanos a cero o significativamente inferiores a los actuales.

Qué significa para las economías regionales

Aunque el impacto mediático suele concentrarse en la región pampeana, la medida tiene implicancias para múltiples cadenas productivas del interior.

La reducción de retenciones modifica la ecuación económica de los sectores exportadores porque aumenta el precio neto recibido por productores e industriales. En términos simples, una menor porción del valor exportado queda en manos del Estado y una mayor parte permanece dentro de la cadena productiva.

Para las economías regionales, el efecto más relevante no necesariamente será inmediato sobre los ingresos, sino sobre las decisiones de inversión.

Cuando un productor o una industria conoce con anticipación cuál será su presión tributaria durante los próximos tres años, mejora la capacidad de proyectar ampliaciones de capacidad instalada, incorporación de tecnología o apertura de nuevos mercados.

Biodiésel: una apuesta a nuevos mercados

Uno de los aspectos menos visibles del decreto, pero potencialmente más estratégicos, es el tratamiento diferencial para determinados biocombustibles.

El Gobierno dispuso una reducción específica para biodiésel elaborado a partir de materias primas distintas de la soja, como colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, equiparando su tratamiento tributario al de los aceites vegetales.

La decisión responde a cambios regulatorios internacionales y busca ampliar oportunidades comerciales en mercados que demandan combustibles con menor huella ambiental.

Desde la perspectiva productiva, representa una señal para la diversificación de materias primas destinadas a la transición energética global.

El impacto sobre la industria exportadora

El beneficio no queda restringido al productor primario. Las reducciones alcanzan a harinas, aceites, alimentos balanceados, derivados industriales y múltiples productos con valor agregado. Esto mejora la competitividad de las plantas procesadoras y fortalece el incentivo a industrializar dentro del país en lugar de exportar exclusivamente materias primas.

Para los complejos agroindustriales, el efecto económico es doble: mejora el margen exportador. Incrementa la previsibilidad para inversiones de largo plazo. Reduce el costo fiscal asociado a la agregación de valor. Fortalece la competitividad frente a otros países exportadores. Favorece la planificación de campañas agrícolas futuras.

La baja de retenciones constituye una mejora concreta para la competitividad exportadora, pero no opera en aislamiento.

El efecto final dependerá de variables como el tipo de cambio, los costos logísticos, el acceso al financiamiento, la evolución de los precios internacionales y la demanda global de alimentos y biocombustibles.

Para el sector productivo, el principal valor del decreto es la previsibilidad. La agroindustria argentina convive desde hace años con cambios frecuentes en materia tributaria. La existencia de un cronograma explícito modifica el horizonte de planificación y reduce incertidumbre.

Lo que habrá que seguir de cerca es la capacidad fiscal del Gobierno para sostener el sendero comprometido. Si el programa se mantiene sin alteraciones, Argentina ingresará en un proceso gradual de reducción de la presión exportadora que podría redefinir la competitividad de varias cadenas agroindustriales durante la segunda mitad de la década.

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El Gobierno baja el IVA para el riego y apunta a reordenar costos del agro con la Ley 27.802

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El Gobierno nacional formalizó un giro en su política agropecuaria al instrumentar beneficios fiscales para el riego a través de la Ley 27.802/2026, sancionada en el marco de la reforma laboral. La norma reduce del 27% al 10,5% el IVA sobre la energía eléctrica destinada al riego y habilita incentivos para la inversión en equipamiento. La decisión combina política tributaria y estrategia productiva en un momento donde el Ejecutivo busca consolidar competitividad sin recurrir a subsidios directos. El dato abre una tensión: ¿es un incentivo sectorial puntual o el inicio de un rediseño más amplio del esquema impositivo para el agro?

Un instrumento legal con efectos económicos concretos

La medida se estructura sobre dos artículos clave de la ley. Por un lado, la reducción del IVA impacta directamente en los costos operativos de los productores que utilizan sistemas de riego. Por otro, el artículo 182 incorpora beneficios dentro del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), permitiendo la amortización acelerada en una cuota en el impuesto a las ganancias para la compra de equipos de riego y bienes vinculados a la eficiencia energética.

El paquete se completa con la posibilidad de computar el crédito fiscal del IVA con recupero en tres períodos mensuales, lo que acorta los tiempos financieros y mejora el flujo de caja. Traducido en términos productivos, el esquema busca acelerar decisiones de inversión, especialmente en tecnologías como el riego por pivot y por goteo.

No es un dato aislado. La iniciativa se articula con otras medidas ya implementadas: la reducción de aranceles a la importación de equipos de riego del 14% al 2% y la eliminación del impuesto PAIS. El enfoque es claro: bajar costos estructurales y generar previsibilidad.

El riego como política productiva

El trasfondo de la medida excede lo tributario. El riego aparece como una herramienta estratégica para estabilizar rendimientos y reducir la exposición a riesgos climáticos. En un esquema productivo altamente dependiente de variables externas, la capacidad de planificar se vuelve un activo económico.

Los números oficiales refuerzan esa lógica. En los últimos dos años se incorporaron más de 55.000 hectáreas irrigadas, con aproximadamente 650 pivotes de riego y 8.400 hectáreas bajo sistemas de goteo subterráneo. Actualmente, la superficie irrigada alcanza 2,1 millones de hectáreas, con un potencial de expansión estimado en 4,8 millones adicionales.

El mensaje político es implícito: el Gobierno busca intervenir en la matriz productiva sin modificar el esquema general de retenciones o ingresos, apostando a incentivos focalizados.

Alivio de costos y señal de inversión

El paquete fortalece a los productores con capacidad de inversión, que encuentran mejores condiciones para ampliar o tecnificar su producción. También introduce una señal hacia el mercado: el Ejecutivo prioriza herramientas fiscales que mejoren rentabilidad esperada antes que mecanismos de transferencia directa.

En términos de correlación de fuerzas, la medida alinea al Gobierno con sectores productivos que demandan previsibilidad y reducción de costos. Al mismo tiempo, limita el margen de discusión sobre otros instrumentos más sensibles dentro de la política agropecuaria.

Desde el punto de vista económico, la reducción de costos energéticos y financieros puede impactar en la productividad y, en el mediano plazo, en la oferta exportable. Sin embargo, el alcance dependerá de la capacidad real de inversión de los productores y del contexto macroeconómico.

Incentivos que requieren escala

La implementación de la Ley 27.802 introduce un cambio concreto en el esquema de costos del riego, pero su efecto estructural todavía está en construcción. El desafío será escalar el uso de estas herramientas y traducirlas en expansión sostenida de la superficie irrigada.

En las próximas etapas, la atención estará puesta en la velocidad de adopción tecnológica y en si el paquete logra extenderse más allá de los segmentos con mayor capacidad financiera. También será clave observar cómo evoluciona la combinación entre estabilidad macroeconómica y acceso al crédito.

El Gobierno ya fijó una dirección: menos carga impositiva en insumos clave y más estímulo a la inversión. Queda por ver si ese enfoque alcanza para transformar el potencial en producción efectiva o si requerirá nuevos ajustes en el esquema productivo.

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Activan un pago de casi $4.000 millones al sector tabacalero

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El Gobierno de Misiones habilitará el próximo 11 de abril el pago N° 01/2026 del Fondo Especial del Tabaco (FET), correspondiente al tramo productivo del 2 al 28 de febrero, con un desembolso total de $3.962.279.114,70 destinado a 2.107 productores de tabaco Burley. El dato no es menor: en un contexto económico donde el financiamiento productivo se vuelve restrictivo, la provincia activa liquidez directa para el sector primario. La pregunta que sobrevuela es si se trata de un mecanismo de contención coyuntural o de una herramienta estructural para sostener la matriz productiva.

El FET como instrumento de política económica

El pago se encuadra en la Resolución 34/26 (grilla 1) del precio FET, que regula la distribución de fondos para el sector tabacalero. En este caso, se liquidan 7.226.196 kilos de producción, con un impacto directo sobre miles de unidades productivas distribuidas en la provincia.

El esquema no es nuevo, pero sí adquiere otra dimensión en el escenario actual. El Fondo Especial del Tabaco funciona como un mecanismo de redistribución que busca equilibrar la cadena, garantizando ingresos a productores frente a la volatilidad de precios y costos. En términos concretos, representa una transferencia directa de recursos hacia economías regionales con alta dependencia de la actividad.

La operatoria involucra al Gobierno provincial y al Ministerio del Agro y la Producción, que canalizan los fondos hacia los productores, consolidando un modelo donde el Estado actúa como intermediario clave en la sostenibilidad del sector.

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CRA anuncia Jonagro, impulsa el debate por la ley de semillas y lanza formación para dirigentes del agro

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En el escenario político y productivo de la Expoagro 2026, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) activó una agenda que excede la lógica de una exposición rural: anunció una nueva edición de Jonagro, confirmó el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal y lanzó la tercera cohorte de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

Las definiciones se presentaron durante una conferencia de prensa realizada el miércoles en la muestra agroindustrial de Expoagro, donde la dirigencia de CRA combinó anuncios institucionales con señales políticas hacia el Gobierno nacional.

El dato más inmediato es el calendario: Jonagro se realizará el 12 de mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, mientras que el Congreso de Entes Sanitarios tendrá lugar el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú.

Detrás de esa agenda aparece una estrategia más amplia: reposicionar al agro como actor político en la discusión sobre competitividad, sanidad animal y regulación productiva. Y, al mismo tiempo, sostener canales de diálogo con el Ejecutivo en temas sensibles como la ley de semillas, un debate que lleva años sin resolución legislativa.

La pregunta que empieza a emerger es si el movimiento del ruralismo organizado busca influir en la agenda de políticas públicas del sector o si se trata de un intento por ordenar al propio entramado agropecuario frente a un contexto económico y regulatorio todavía incierto.

Jonagro, el foro político del agro

El presidente de CRA, Carlos Castagnani, fue el encargado de confirmar la nueva edición de Jonagro, el encuentro que la entidad define como la “jornada nacional del campo argentino”.

El congreso tendrá como lema “Producir para el mundo, competir con inteligencia” y convocará a productores, empresarios, técnicos y referentes del ámbito político y económico para debatir el posicionamiento del agro en los mercados internacionales.

Según adelantó Castagnani, cinco gobernadores provinciales ya confirmaron su presencia, un dato que anticipa que el evento volverá a funcionar como espacio de articulación entre el sector productivo y la política territorial.

Jonagro se ha convertido en los últimos años en uno de los ámbitos donde el ruralismo intenta instalar agenda. Allí suelen discutirse cuestiones estructurales como competitividad, infraestructura, presión impositiva y acceso a mercados.

La elección de la Bolsa de Cereales como sede también tiene una lectura institucional: el evento se realiza en uno de los centros históricos de representación del comercio agrícola argentino.

Sanidad animal y estructura federal del agro

El vicepresidente primero de CRA, José Colombatto, presentó otro de los encuentros clave del calendario rural: el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal.

El evento se realizará el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú y reunirá a las organizaciones que gestionan programas sanitarios ganaderos en todo el país.

Colombatto subrayó que estos encuentros cumplen una función federal dentro del sistema agropecuario. Según explicó, permiten intercambiar experiencias, revisar avances y proyectar el futuro de la sanidad animal en Argentina.

El sistema de entes sanitarios es una estructura particular dentro del modelo agropecuario argentino: combina organismos públicos y organizaciones del sector privado para ejecutar políticas de control sanitario en el territorio.

Por eso, cada congreso se convierte también en un espacio donde se revisan los equilibrios institucionales entre productores, entidades y organismos estatales vinculados a la sanidad animal.

La ley de semillas vuelve al centro del debate

En paralelo a los anuncios, el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, reveló que la entidad y la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias mantuvieron una reunión con el secretario de Agricultura para discutir el futuro de la ley de semillas.

La dirigencia rural presentó un documento elaborado desde noviembre e invitó al Gobierno a participar de una mesa técnica para avanzar en el tema.

“Encontramos muy buena predisposición para continuar trabajando y encontrar puntos en común”, señaló Luna Vázquez.

El punto es relevante porque la normativa sobre semillas permanece en debate desde hace años. La dificultad para alcanzar una síntesis refleja tensiones entre productores, empresas biotecnológicas y el propio Estado respecto a la regulación del uso de semillas y los derechos asociados a su desarrollo.

CRA planteó que el objetivo debe ser una política pública construida por consenso, una señal de que el sector busca influir en el proceso legislativo antes de que cualquier iniciativa avance en el Congreso.

Formación política para el sector agropecuario

Otro de los anuncios estuvo a cargo del economista Ernesto O’Connor, quien presentó la edición 2026 de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

La capacitación es organizada en conjunto por Universidad Católica Argentina, CRA y la Fundación CRA.

El programa abrirá su tercera edición con el objetivo de formar dirigentes agropecuarios con formación en economía, políticas públicas y desarrollo territorial.

La iniciativa refleja una tendencia creciente dentro del sector rural: profesionalizar el vínculo entre producción y política pública.

En otras palabras, no se trata solo de representar intereses sectoriales, sino de formar cuadros capaces de intervenir en el diseño de políticas agrícolas.

Una agenda que mezcla institucionalidad y poder sectorial

Más allá de los anuncios formales, la presencia de CRA en Expoagro incluyó reuniones con organismos y actores clave del sistema agropecuario.

Durante los cuatro días de la muestra, la dirigencia rural mantuvo encuentros con SENASA, la Secretaría de Agricultura de la Nación, legisladores nacionales y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, además de reuniones comerciales con empresas del sector.

Ese despliegue confirma que Expoagro funciona no solo como feria productiva, sino también como plataforma política del agro argentino, donde se negocian agendas regulatorias, se construyen alianzas y se marcan posiciones frente al Gobierno.

Lo que se jugará en los próximos meses

La agenda presentada por CRA deja abiertos varios frentes.

Jonagro podría convertirse nuevamente en un escenario de definiciones políticas si los gobernadores y dirigentes del sector utilizan el encuentro para fijar posiciones sobre competitividad, regulación o impuestos.

El debate por la ley de semillas, en tanto, seguirá siendo una prueba para medir hasta dónde el Gobierno está dispuesto a construir consensos con las entidades agropecuarias.

Y la diplomatura impulsada junto a la UCA introduce otra dimensión: la formación de dirigentes con capacidad de intervenir en la discusión de políticas públicas.

En conjunto, los anuncios realizados en Expoagro sugieren que el ruralismo organizado intenta reforzar su peso institucional en un momento donde las decisiones regulatorias y productivas vuelven a ocupar el centro del debate económico.

La incógnita es si esa estrategia logrará traducirse en incidencia concreta sobre la agenda legislativa y las políticas agropecuarias del país.

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CONINAGRO abrió su agenda 2026 con Santilli, pero no hablaron de la crisis de la yerba

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La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Ltda. (CONINAGRO) llevó adelante su primera reunión de Consejo del año 2026, que contó con la presencia del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en un encuentro donde se expusieron las distintas realidades que atraviesan las economías regionales a lo largo del país.

Durante la reunión, productores y consejeros de la entidad presentaron ante el funcionario nacional un diagnóstico de las principales problemáticas del sector productivo, con eje en el acceso al financiamiento, el crédito, la infraestructura y las condiciones macroeconómicas que impactan sobre cooperativas y productores de las distintas regiones.

Pese a la amplitud de la agenda, no fue abordada la crisis que atraviesa actualmente la cadena de la yerba mate, uno de los complejos productivos más sensibles para provincias del NEA y que viene registrando fuertes tensiones en precios, rentabilidad y volumen de cosecha.

Agenda de propuestas de CONINAGRO

Previo al encuentro con el Consejo, Santilli fue recibido por el Comité Ejecutivo de CONINAGRO, que le entregó una serie de propuestas orientadas al sector agropecuario, con especial énfasis en la necesidad de avanzar en procesos de simplificación y armonización tributaria entre los distintos niveles de gobierno.

Entre los ejes presentados, la entidad puso sobre la mesa el Semáforo de Economías Regionales, una herramienta de seguimiento que refleja la situación dispar de las actividades productivas en las provincias y expone los desequilibrios estructurales que afectan al entramado cooperativo y rural.

Asimismo, se planteó una propuesta de Programa de Financiamiento Estratégico para el Campo, enfocado en inversiones en riego, malla antigranizo y hacienda, como complemento de las medidas incluidas en el Proyecto de Modernización Laboral que impulsa el Poder Ejecutivo y que se encuentra actualmente en debate en el Congreso.

Crédito productivo, reforma laboral e infraestructura

Otro de los puntos abordados fue el análisis del crédito al sector productivo, con especial atención en aquellos rubros que enfrentan mayores dificultades de acceso y condiciones de financiamiento más costosas, una problemática recurrente para cooperativas y productores de menor escala.

También se presentaron propuestas de políticas innovadoras para el agro, que incluyen no solo la simplificación tributaria, sino también la creación de un Fondo Anticíclico y de Riesgo Agropecuario, concebido como una herramienta para mitigar el impacto de crisis climáticas, económicas y de mercado sobre las economías regionales.

Al finalizar la visita, Santilli señaló: “Siempre es bueno escuchar a los productores de todas las provincias. Esperemos que a todos los sectores llegue el buen rumbo que está tomando el presidente Javier Milei”*.

En relación al debate por la reforma laboral que se discute en el Congreso, el ministro expresó su expectativa de que el proyecto avance en el Senado: “Yo soy muy positivo en que tengamos media sanción la semana que viene. Tiene que ser el puntapié inicial para los otros cambios que tienen que venir en nuestro país”.

Finalmente, Santilli se refirió a las modificaciones previstas en materia de infraestructura vial y sostuvo que el Ministerio de Economía proyecta concesionar 9.200 kilómetros de corredores viales antes de mitad de año, en un proceso que, según indicó, ya cuenta con antecedentes en rutas como la 14, que atraviesa Entre Ríos y Corrientes.

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