política argentina

Valdés en Nueva York: el gobernador de Corrientes participa del “Argentina Week”

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, viajará a Nueva York para participar del Foro Económico organizado por J.P. Morgan en el marco de “Argentina Week 2026”, un encuentro que reúne a dirigentes políticos y actores clave del sistema financiero internacional. La presencia del mandatario provincial en ese ámbito —confirmada este martes— lo coloca en una escena donde confluyen política, inversión y posicionamiento territorial, en momentos en que varias provincias buscan ampliar vínculos externos para impulsar sus economías regionales.

La agenda no será individual. Valdés compartirá el espacio con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén). En paralelo, el grupo mantendrá reuniones con especialistas de la Organización de las Naciones Unidas y con el embajador argentino ante ese organismo, Francisco Tropepi. La participación en el foro financiero abre una pregunta política más amplia: hasta qué punto los gobernadores están construyendo una diplomacia económica propia para posicionar a sus provincias en el circuito internacional de inversiones.

El foro financiero como espacio de diálogo político y económico

El evento organizado por J.P. Morgan, una de las principales compañías globales de servicios financieros, se desarrolla dentro de la denominada “Argentina Week 2026”, un ciclo de encuentros en Nueva York que convoca a dirigentes políticos, inversores y analistas del sistema financiero internacional.

En ese marco, la participación de gobernadores argentinos adquiere un significado institucional particular. Los mandatarios provinciales llegan al foro no sólo como representantes políticos de sus territorios, sino también como interlocutores directos ante actores que influyen en decisiones de inversión y financiamiento.

El propio Valdés señaló que su presencia en la ciudad estadounidense apunta a profundizar los vínculos internacionales y promover iniciativas que impulsen el desarrollo regional en las provincias argentinas. Ese objetivo coloca la agenda del viaje en un terreno que combina diplomacia económica y estrategia territorial: acercar proyectos provinciales a espacios donde circula capital financiero y se discuten tendencias de inversión.

La agenda también incluye un encuentro con especialistas de la ONU, acompañado por el embajador argentino ante ese organismo, Francisco Tropepi. Ese diálogo amplía el alcance del viaje más allá del foro financiero y conecta la presencia de los gobernadores con espacios multilaterales donde se discuten agendas de desarrollo.

Gobernadores en la escena global: señales políticas y territoriales

La presencia simultánea de mandatarios de Corrientes, Chubut, Santa Cruz y Neuquén en un foro internacional refleja un fenómeno que viene creciendo en la política argentina: las provincias buscan construir canales propios de interlocución con actores económicos globales.

En ese movimiento se cruzan dos dimensiones. Por un lado, la necesidad de posicionar proyectos regionales ante potenciales inversores. Por otro, la búsqueda de mayor visibilidad política en ámbitos donde se define parte de la agenda económica que impacta en el país.

El foro de J.P. Morgan funciona en ese sentido como un escenario simbólico relevante. No es un ámbito gubernamental ni multilateral, sino un espacio donde el sector financiero global escucha y evalúa propuestas de actores públicos y privados. Para los gobernadores, participar allí implica trasladar la agenda provincial a un ámbito donde se construyen percepciones sobre riesgo, desarrollo y oportunidades económicas.

El encuentro también permite proyectar una imagen de articulación entre provincias que, pese a tener realidades económicas distintas, comparten la necesidad de atraer inversiones y fortalecer vínculos externos.

Diplomacia provincial y proyección internacional

La agenda en Nueva York forma parte de una tendencia que se observa con mayor frecuencia en los últimos años: los gobiernos subnacionales buscan ampliar su presencia internacional para impulsar estrategias de desarrollo económico.

En ese contexto, la participación de Valdés y de otros gobernadores en el foro económico se inscribe en una lógica de diplomacia territorial, donde las provincias intentan vincularse de forma directa con instituciones financieras, organismos internacionales y redes de cooperación.

El encuentro con representantes de la ONU agrega otra dimensión a ese movimiento, ya que conecta la agenda económica con debates globales vinculados al desarrollo regional.

Lo que ocurra en estos encuentros no se traduce necesariamente en anuncios inmediatos. Sin embargo, estos espacios suelen funcionar como plataformas de diálogo donde se gestan contactos, se presentan proyectos y se construyen narrativas sobre el potencial de cada territorio.

La presencia de gobernadores argentinos en “Argentina Week 2026” deja, por ahora, una señal clara: las provincias buscan ocupar un lugar propio en la conversación económica internacional. El verdadero impacto de ese posicionamiento dependerá de lo que ocurra después de los foros, cuando las conversaciones diplomáticas deban transformarse —o no— en iniciativas concretas.

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Herrera Ahuad: “Hay que discutir las leyes que la sociedad está pidiendo”

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El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, trazó un diagnóstico del actual escenario político argentino, marcado -según su visión- por un oficialismo definido y una oposición todavía en proceso de reorganización. En ese contexto, consideró que el Congreso atraviesa una etapa de negociaciones intensas y que el desafío central será avanzar en reformas que la sociedad reclama desde hace años.

“El escenario político nacional hoy tiene una certeza que es el oficialismo y una oposición con muchos fragmentos que se van acomodando más por cuestiones internas de cada espacio”, señaló el legislador misionero. A su entender, el proceso de reconfiguración política aún está en marcha y tomará forma a medida que avancen los próximos meses.

Herrera Ahuad mencionó como ejemplo los movimientos recientes dentro del PRO, con reuniones encabezadas por Mauricio Macri, y también el proceso de reorganización del justicialismo, que -según indicó- todavía no ha consolidado una figura con capacidad de convocatoria nacional, más allá del peso político del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Para el ex gobernador de Misiones, el desafío principal de los espacios opositores será definir una propuesta clara de país. “Lo primero que debe generarse es una idea hacia dónde va la oposición, cuál es su postura sobre la Argentina actual y qué propuesta tiene hacia adelante como oferta electoral”, afirmó.

En paralelo, señaló que las provincias atraviesan dinámicas similares, con oficialismos consolidados y oposiciones que buscan reconfigurarse. En el caso de Misiones, explicó que la política provincial mantiene una identidad propia respecto del escenario nacional, con distintos espacios que irán consolidándose en el transcurso del tiempo.

En ese marco, Herrera Ahuad definió el momento actual como una etapa de negociación política intensa. “Creo que son tiempos de grandes negociaciones, pero sobre todo de ponerse de acuerdo a nivel nacional en una idea de qué es lo que queremos para la Argentina”, sostuvo.

Consultado sobre el funcionamiento del Congreso y la aprobación de leyes impulsadas por el oficialismo, el diputado diferenció la lógica partidaria de las necesidades institucionales. Según explicó, muchas de las normas debatidas en el Parlamento forman parte de una agenda que la sociedad viene reclamando desde hace tiempo.

“Hay leyes que han estado siempre en la agenda nacional y que la mayoría de los argentinos le ha dado la derecha para que se lleven adelante”, indicó. Entre esos temas mencionó el debate sobre una nueva legislación laboral y la discusión sobre la imputabilidad de menores, cuestiones que -remarcó- estuvieron presentes en distintos programas electorales.

Desde su perspectiva, el Congreso debe priorizar las leyes que aporten soluciones concretas a los problemas del país. “No tiene nada que ver con la política partidaria. Hay leyes que no deberían tener bandería política, sino que tienen que servir a la sociedad”, subrayó.

En relación con la agenda legislativa del gobierno de Javier Milei, que plantea la posibilidad de tratar cerca de 90 proyectos durante el período parlamentario, Herrera Ahuad consideró que el volumen de iniciativas no es inusual desde el punto de vista legislativo.

“A mí no me sorprende que se plantee discutir 80 o 90 proyectos. En la Legislatura de Misiones, por ejemplo, se sancionan alrededor de 100 leyes por año. Estamos muy acostumbrados a trabajar con volumen y también con calidad legislativa”, explicó.

No obstante, reconoció que el nivel de negociación requerido en el Congreso nacional es mayor que en las legislaturas provinciales. “En una provincia es más sencillo acordar. A nivel nacional las discusiones son más complejas, pero eso no significa que no se pueda avanzar”, señaló.

El legislador también anticipó algunos de los debates que podrían marcar la agenda parlamentaria en los próximos meses. Entre ellos mencionó una eventual reforma electoral y nuevas discusiones vinculadas al financiamiento universitario, además de otros proyectos estructurales que podrían llegar al Congreso.

Para Herrera Ahuad, el rol del Parlamento es justamente abordar esas discusiones, incluso cuando implican debates profundos sobre el rumbo del país. “La gente nos puso ahí para discutir cosas y no para dejar la historia como está”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la Argentina enfrenta una oportunidad para revisar normas y políticas que, en su opinión, han mostrado limitaciones durante las últimas décadas.

“La historia de los últimos veinte años fue compleja en la aplicación de leyes y en muchas decisiones políticas. Hoy hay discusiones profundas que se tienen que dar en el ámbito político”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que el actual período legislativo tiene una característica que podría favorecer esos debates: no se trata de un año electoral. “Hay que dar estas discusiones en un año que no es electoral, porque permite hacerlo con mayor responsabilidad”, concluyó.

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Milei designa a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

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El presidente Javier Milei decidió reemplazar a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y nombrar en su lugar a Juan Bautista Mahiques, hasta ahora fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El anuncio se concretó con una foto en la Quinta de Olivos junto al funcionario saliente y terminó de materializar una salida que, según trascendió, estaba acordada desde octubre pasado y tenía como horizonte marzo de este año.

La decisión marca el fin de uno de los últimos integrantes del primer Gabinete de Milei y abre una nueva etapa en una cartera estratégica para la relación entre el Gobierno y el sistema judicial. ¿Se trata de un simple recambio por desgaste o de un movimiento más profundo para consolidar influencia institucional en un área sensible?

De fiscal porteño a ministro nacional

Mahiques llega al Ministerio tras ejercer desde finales de 2019 la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, es decir, como jefe de los fiscales porteños. También preside desde 2022 la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) y fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

Su perfil combina gestión técnica y pertenencia a lo que en el ámbito judicial se denomina “familia judicial”. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, integra la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. El Presidente envió recientemente su pliego a la comisión de Acuerdos del Senado para renovar su cargo antes de que cumpla 75 años en noviembre, un gesto interpretado como señal de cercanía política.

El entorno familiar también incluye a Ignacio Mahiques, fiscal porteño y adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, y a Esteban Mahiques, actual director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería e integrante previo del Tribunal de Disciplina de la AFA.

El desplazamiento de Cúneo Libarona responde a un acuerdo previo con los hermanos Milei para permanecer en funciones hasta marzo. El propio ministro saliente admitía en privado el desgaste de la gestión y su intención de dejar el cargo.

Impacto político y equilibrio institucional

El Ministerio de Justicia no solo gestiona políticas públicas; actúa como bisagra entre el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura y el Congreso en materia de reformas judiciales. El ingreso de un fiscal con trayectoria en el ámbito porteño y vínculos consolidados dentro del sistema judicial puede redefinir esa interlocución.

En términos de poder, el movimiento fortalece el ala técnica con anclaje en tribunales y fiscalías. También envía una señal hacia el Senado, donde se tramitan pliegos y designaciones clave. La renovación del cargo de Carlos Mahiques en Casación y la llegada de su hijo al Ministerio configuran un esquema que consolida una red de relaciones institucionales.

Para el Gobierno, el recambio puede servir para ordenar una agenda judicial que incluye reformas pendientes y debates sensibles. Para la oposición, abre interrogantes sobre concentración de influencia y alineamientos dentro del Poder Judicial.

Un nuevo ciclo en Justicia

El cambio ocurre en un momento en que el Ejecutivo necesita estabilidad política y coordinación con el Congreso para avanzar en iniciativas estructurales. La figura del ministro de Justicia es central en ese engranaje.

Habrá que observar cómo Mahiques gestiona la transición, qué señales envía hacia magistrados y fiscales federales y cómo articula con el Parlamento en eventuales proyectos de reforma. También será relevante el tono que adopte la relación con el Consejo de la Magistratura.

La salida de uno de los últimos integrantes del Gabinete original de Milei cierra una etapa. El desembarco de Mahiques abre otra, con un perfil más anclado en la estructura judicial. El alcance real de ese movimiento dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas y de cómo se reconfigure el equilibrio entre el Gobierno y el sistema de justicia.

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El Índice de Confianza en el Gobierno cayó levemente en febrero, pero se mantiene por encima de gestiones anteriores

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El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de febrero de 2026, elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, se ubicó en 2,38 puntos sobre una escala de 0 a 5. El registro implica una baja mensual de 0,6% respecto de enero, aunque conserva niveles superiores a los observados en igual mes de administraciones previas, lo que sugiere una estabilidad relativa del clima de opinión pública en un contexto económico y político aún exigente.

El dato resulta relevante porque el ICG funciona como un termómetro clave de la percepción social sobre la gestión nacional, con impacto directo en expectativas económicas, comportamiento de consumo e inversión y en la gobernabilidad. En términos comparativos, el nivel de febrero es 2,7% mayor al registrado en febrero de 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri y 59,5% superior al de febrero de 2022, bajo el gobierno de Alberto Fernández.

Un indicador que se mueve dentro de un rango acotado

Según el informe, el ICG se mantiene cercano al promedio de la actual gestión presidencial, que alcanza los 2,44 puntos. Desde el inicio del mandato, el índice mostró un mínimo de 1,94 y un máximo de 2,86 puntos, configurando un rango de variación de 0,92 puntos. Esta dinámica refleja que, más allá de fluctuaciones mensuales, la confianza no presenta desvíos abruptos respecto de su nivel medio.

En febrero, la variación del índice fue heterogénea entre sus cinco componentes. Dos dimensiones mostraron mejoras: la Eficiencia en la administración del gasto público alcanzó 2,29 puntos, con un alza mensual de 2,7%, y la Honestidad de los funcionarios se ubicó en 2,76 puntos, con un incremento de 2,6%. En contraste, se observaron retrocesos en la Capacidad para resolver los problemas del país (2,70 puntos; -4,9%), en la Evaluación general del gobierno (2,18 puntos; -1,8%) y en la Preocupación por el interés general (1,99 puntos; -1,0%).

Este comportamiento mixto sugiere que, si bien persisten valoraciones positivas en aspectos vinculados a la transparencia y la gestión del gasto, se mantiene una percepción más crítica respecto de la capacidad de respuesta integral del Gobierno y de su orientación hacia el interés general.

Diferencias sociales, territoriales y expectativas económicas

El relevamiento también expone brechas significativas según género, edad, nivel educativo y región. En febrero, la confianza fue mayor entre los hombres (2,62 puntos, +4,0%) que entre las mujeres (2,11 puntos, -7,0%), ampliándose la brecha a 0,51 puntos. Por edad, el nivel más alto se registró entre los jóvenes de 18 a 29 años, con 2,99 puntos y un aumento mensual de 10,7%, mientras que los grupos de 30 a 49 años (2,13 puntos) y mayores de 50 años (2,47 puntos) mostraron leves descensos.

En el plano geográfico, el Interior del país volvió a exhibir el mayor nivel de confianza, con 2,60 puntos (+0,4%), superando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2,10 puntos) y al Gran Buenos Aires (2,04 puntos). Por nivel educativo, se produjo un cambio relevante: quienes completaron el secundario alcanzaron el valor más alto del índice (2,56 puntos, +6,7%), por encima del segmento con estudios terciarios o universitarios (2,41 puntos, -5,5%).

Las expectativas económicas continúan siendo un factor determinante. El ICG fue significativamente más alto entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,30 puntos, +3,9%) que entre quienes piensan que se mantendrá igual (2,69 puntos, +5,1%) o que empeorará (0,43 puntos, +22,9%). Esta dispersión refuerza la centralidad de la economía en la construcción de la confianza política.

Metodología y alcance del relevamiento

El Índice de Confianza en el Gobierno se confecciona de manera ininterrumpida desde noviembre de 2001. El relevamiento de febrero de 2026 se realizó entre el 2 y el 12 de ese mes mediante una encuesta telefónica nacional a 1.000 casos en 37 localidades de más de 10.000 habitantes, con un error estándar de ±0,07 y un intervalo de confianza del 95% entre 2,26 y 2,51 puntos. El trabajo de campo estuvo a cargo de Poliarquía Consultores.

En síntesis, el dato de febrero muestra una leve corrección a la baja respecto del mes anterior, pero confirma que la confianza en el Gobierno se mantiene en un nivel intermedio y superior al de experiencias recientes, con diferencias marcadas según segmentos sociales y una fuerte dependencia de las expectativas económicas.

ICG_DiTella_Febrero2026 by CristianMilciades

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Diputados aprobó la reforma laboral y ahora vuelve al Senado con cambios

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En una sesión atravesada por el paro general convocado por la CGT y una fuerte movilización sindical en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La votación arrojó 135 votos positivos y 115 negativos, sin abstenciones, y fue celebrada con una ovación del oficialismo y sus aliados.

El texto, sin embargo, deberá retornar al Senado –cámara de origen– para que ratifique la eliminación del polémico artículo 44, que proponía reducir el salario durante las licencias médicas por enfermedad o accidente no laboral. Ese cambio obliga a una nueva revisión en la Cámara alta, donde el oficialismo ya activó el calendario para convertir la iniciativa en ley antes del 1° de marzo, cuando el Presidente inaugure el período de sesiones ordinarias.

Una mayoría construida con aliados provinciales

El resultado fue posible gracias al respaldo de Pro, UCR, MID, Innovación Federal y bloques provinciales alineados con los gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan, Tucumán y Santa Cruz. También acompañaron diputados peronistas referenciados en Catamarca y Tucumán, lo que generó fuertes reproches desde Unión por la Patria, que los tildó de “traidores”.

Minutos antes de la votación se asomaron a los palcos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, en un gesto político que subrayó la relevancia estratégica del proyecto para la Casa Rosada.

El kirchnerismo intentó, sobre el cierre del debate, hacer caer la sesión aprovechando la momentánea ausencia de legisladores oficialistas, pero la maniobra no prosperó. Superado el escollo de la votación en general, el oficialismo avanzó luego en la aprobación en particular de uno de los capítulos más sensibles: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que obtuvo 130 votos afirmativos, 117 negativos y tres abstenciones.

Qué cambia: indemnizaciones, jornada y negociación colectiva

El proyecto –de más de 200 artículos– introduce modificaciones estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo y en el esquema de relaciones laborales. Entre los puntos centrales se destacan:

  • Indemnizaciones: se reduce la base de cálculo al excluir adicionales como aguinaldo y premios.
  • Fondo de Asistencia Laboral (FAL): mecanismo de capitalización con aportes patronales –que hoy van a la Anses– para financiar indemnizaciones. Sus críticos advierten que podría desfinanciar el sistema previsional y convertirse en una herramienta de fondeo estatal.
  • Banco de horas: permite compensar horas trabajadas con días de descanso en lugar de pagar horas extra.
  • Jornada laboral: habilita ampliar la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
  • Vacaciones: podrán fraccionarse y tomarse dentro de una ventana ampliada.
  • Negociación colectiva: prioriza acuerdos por empresa o región sobre convenios sectoriales nacionales.
  • Derecho de huelga: establece limitaciones y redefine servicios esenciales.
  • Justicia laboral: dispone la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias a la justicia porteña.
  • Derogación de estatutos profesionales: capítulo que también genera resistencias y podría sufrir modificaciones.

Un debate áspero y advertencias de judicialización

La oposición más dura –Unión por la Patria, la izquierda y parte de Provincias Unidas– calificó la reforma de “regresiva” e “inconstitucional” y anticipó que, de convertirse en ley, será judicializada.

Máximo Kirchner sostuvo que la norma “va a fracasar” y advirtió que el Gobierno no podrá alegar falta de herramientas legislativas. Sergio Palazzo la definió como “la regresión más brutal en la historia de los derechos laborales”, mientras que Vanesa Siley habló de una “transferencia fenomenal de riqueza” hacia los empleadores.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro recordó que desde el inicio de la gestión se perdieron 120.000 puestos de trabajo y más de 22.000 empresas cerraron, y cuestionó que la ley “facilita la salida de trabajadores más que su ingreso al sistema formal”.

En defensa del proyecto, el miembro informante Lisandro Almirón (LLA) sostuvo que “primero tiene que haber trabajo para que la legislación laboral tenga sentido” y que el actual marco normativo “expulsa a las personas de la formalidad”. Desde la UCR, Lisandro Nieri replicó que quienes hoy critican la reforma no impulsaron cambios cuando tuvieron mayoría parlamentaria.

Carrera contra el reloj

El oficialismo activó una estrategia acelerada en el Senado. La jefa del bloque libertario convocó a un plenario de comisiones para dictaminar el texto modificado y llevarlo al recinto el próximo viernes 27. Solo entonces la reforma quedará definitivamente sancionada.

Para el Gobierno, se trata de una pieza clave de su programa de desregulación económica y modernización del mercado laboral, junto con el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Para la oposición sindical y política, en cambio, la norma implica una flexibilización estructural que tensionará el sistema judicial y el equilibrio institucional.

La pulseada ahora se traslada a la Cámara alta. Y, eventualmente, a los tribunales.

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