Política Económica

Caputo frena el nuevo IPC y tensa la relación con el FMI

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno no aplicará por ahora la actualización de la canasta con la que se mide la inflación y que el Índice de Precios al Consumidor continuará calculándose con la metodología vigente, basada en una estructura de consumos de 2004.

La nueva medición ya había sido comprometida ante el Fondo Monetario Internacional y era utilizada por el Banco Central de la República Argentina, que incluso incorporó su propio indicador complementario. La primera difusión oficial estaba prevista para el 10 de febrero, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicara el dato de inflación de enero. El desacuerdo interno en torno a este cambio derivó en la salida de Marco Lavagna, tras seis años al frente del organismo estadístico.

El compromiso con el FMI

El acuerdo firmado con el FMI en abril del año pasado establecía que el Gobierno debía avanzar en la implementación de la nueva metodología. El documento señala que “la asistencia técnica del Fondo seguirá apoyando a las autoridades en la implementación de las ponderaciones actualizadas del Índice de Precios al Consumidor” y agrega que “se espera que estas estén finalizadas e implementadas para la segunda revisión del programa”.

Originalmente, esa segunda revisión estaba pautada para noviembre de 2025, con supervisión de las metas a septiembre de ese año. Sin embargo, en la primera revisión del acuerdo se modificó el cronograma y la segunda quedó fijada para enero de 2026, evaluando el cumplimiento de los objetivos a diciembre. En ese marco, se espera que la misión técnica del FMI llegue al país en los próximos días.

En la primera revisión, realizada en agosto del año pasado, el Fondo había planteado que el INDEC debía publicar hacia fines de 2025 el nuevo IPC, actualizado en base a la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/2018 (ENGHO), con el objetivo de “reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de consumo y mejorar la calidad de los datos”.

No obstante, también quedó establecido que “el momento preciso de esta publicación se discutirá en el contexto de la próxima revisión”, es decir, la que se desarrolla este mes. Esa aclaración se alinea con la postura expresada por Caputo, quien sostiene que el cambio metodológico debe implementarse una vez consolidado el proceso de desinflación. En el oficialismo apuntan a que la inflación mensual comience con cero a mediados de este año.

La posición del Banco Central

En su Informe de Política Monetaria, el Banco Central explicó que la actualización del índice “busca reflejar las modificaciones en los patrones de consumo de los hogares”, tanto por cambios de precios relativos como por nuevos hábitos.

La nueva medición contemplaba no sólo un ajuste en las ponderaciones, sino también el relevamiento de una mayor cantidad de bienes y servicios. Según el análisis del BCRA, perderían peso relativo los alimentos, las prendas de vestir y las comidas fuera del hogar, mientras que ganarían participación distintos rubros de servicios.

Entre ellos, se destaca el caso de Alquileres y gastos conexos, cuyo peso en el índice podría duplicarse, pasando de alrededor del 3% al 6%. En ese sentido, el Banco Central sostuvo que lanzar el nuevo IPC en 2026, luego de una fuerte recomposición tarifaria, permitiría reducir el riesgo de sobreponderar gastos como electricidad y gas, un problema que se habría generado de aplicarse la actualización en años anteriores.

De acuerdo con la entidad monetaria, los cambios metodológicos “no deberían afectar significativamente la tendencia inflacionaria esperada”.

El indicador propio del BCRA

Más allá de la medición oficial, el Banco Central desarrolló su propio indicador de inflación subyacente (IPC-S), que excluye componentes volátiles como carnes y alquileres, a diferencia de la inflación núcleo que publica el INDEC.

Como referencia, en diciembre la inflación general fue del 2,8%, la núcleo del 3% y la subyacente del BCRA del 2,1%. En términos interanuales, las cifras fueron 31,5% para la general, 33,1% para la núcleo y 28,1% para el IPC-S.

La entidad remarcó que esta práctica es habitual entre bancos centrales, especialmente la exclusión de la carne por la elevada volatilidad de sus precios. “En el margen, el IPC-S del BCRA sugiere una tendencia inflacionaria más benigna que las medidas convencionales informadas por el INDEC”, señalaron, aunque advirtieron que a comienzos de 2026, cuando se revierta el efecto estacional de los precios de la carne, podría observarse el efecto contrario.

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Marco Lavagna, tras su renuncia: “Fue un privilegio haber estado al frente del INDEC”

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Tras presentar su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna agradeció este lunes “los mensajes y saludos recibidos” y aseguró que “fue un privilegio haber estado al frente” del organismo estadístico.

“Gracias por todos los mensajes y saludos recibidos. Fue un verdadero privilegio haber estado al frente del INDEC y trabajar junto a un equipo tan comprometido con la producción de estadísticas públicas. Nueva etapa se abre”, destacó el economista en su cuenta de la red social

La dimisión de Lavagna generó incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación, y justo cuando su gestión había trabajado para la puesta a punto de una nueva metodología de medición. 

El ahora ex funcionario, que había asumido el 30 de diciembre de 2019 cuando gobernaba Alberto Fernández, lideró una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas públicas con un sentido de transparencia en la gestión.

Su partida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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Caputo postergó el nuevo IPC tras la salida de Lavagna y ratificó que seguirá la medición actual hasta consolidar la desinflación

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La implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) quedará en suspenso hasta que el proceso de desinflación esté “consolidado”. Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al referirse a la renuncia de Marco Lavagna como titular del INDEC, una salida que —según explicó— se produjo en “muy buenos términos” pero estuvo directamente vinculada a diferencias sobre los tiempos para aplicar el cambio metodológico. El episodio reabre el debate sobre la medición de la inflación, su impacto político y la credibilidad estadística en un contexto de ajuste macroeconómico y tensión financiera.

La renuncia de Lavagna y la decisión de postergar el nuevo IPC

La salida de Marco Lavagna del INDEC, organismo que conducía desde 2019, sorprendió al inicio de la semana y fue confirmada por el propio Caputo en una entrevista radial. El ministro reconoció que el motivo central fue la discrepancia sobre cuándo poner en marcha el nuevo IPC, cuya implementación estaba prevista para febrero de 2026.

“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación esté consolidado”, explicó Caputo. Según detalló, cuando se definieron originalmente los plazos, la inflación mostraba una desaceleración que permitía prever un escenario más estable para este año. “En mayo, cuando estábamos en 1,5%, podíamos pensar que para enero íbamos a estar mejor”, señaló, aunque advirtió que luego “el ataque político tuvo implicancias en el riesgo país y la inflación”.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que, tras ese episodio, la evolución de los precios “pegó un salto”, lo que llevó a replantear la estrategia. En ese marco, Caputo confirmó que el nuevo índice no se aplicará hasta que la baja inflacionaria sea sostenida, con el objetivo de evitar cuestionamientos sobre un eventual impacto estadístico en la desaceleración de los precios.

La metodología en debate y el trasfondo técnico

El nuevo IPC, basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018, se encuentra técnicamente listo desde fines de 2024. Sin embargo, su entrada en vigencia fue postergada en distintas oportunidades. De acuerdo con la información oficial, Lavagna había optado inicialmente por esperar a que pasaran las elecciones de medio término para evitar que una aceleración de precios condicionara el escenario político.

El inicio del nuevo cálculo estaba previsto para el martes 10 de febrero, junto con la difusión del dato de inflación de enero de 2026. No obstante, Caputo justificó la postergación al afirmar que “cambiarlo en el momento en que estás haciendo que todo caiga” podría generar la percepción de que la inflación baja no por el efecto de la política económica sino por un cambio en el índice.

El ministro también relativizó las diferencias entre ambas metodologías. Según indicó, las simulaciones realizadas por el propio Lavagna mostraban resultados similares: “Diciembre daba un poquito más abajo el nuevo. Enero lo mismo”. Incluso citó estimaciones privadas, como la del economista Martín González Rozada, que ubicaron la inflación en 33,6% frente al 31,5% que cerró el INDEC con la ENGHo 2003/2004, sin evidenciar un “recalentamiento” sustantivo del indicador.

El nuevo IPC prevé un mayor peso relativo de rubros como vivienda —que incluye servicios públicos—, transporte y comunicaciones, reflejando cambios en los patrones de consumo de los hogares.

Continuidad institucional y señales al mercado

Caputo insistió en que la salida de Lavagna fue “acordada” y sin conflictos personales, y confirmó que Pedro Lines, actual número dos del organismo, será el nuevo titular del INDEC. “Es un funcionario de excelente trayectoria e intachable. Está en el INDEC desde hace muchísimos años”, afirmó, al despejar dudas sobre la continuidad técnica del instituto.

Desde el punto de vista institucional, la decisión de mantener el IPC vigente busca preservar la credibilidad del proceso de desinflación y evitar lecturas políticas sobre los datos oficiales. Al mismo tiempo, el Gobierno envía una señal de cautela a los mercados, en un contexto donde el riesgo país y las expectativas inflacionarias siguen siendo variables sensibles.

“Estamos confiados que la inflación va a caer y no queremos dar lugar a que se diga que ocurrió porque tocamos el índice”, reiteró Caputo. La definición deja en claro que, por ahora, la prioridad oficial es consolidar la tendencia descendente de los precios antes de introducir cambios metodológicos que, aun siendo técnicamente consistentes, podrían generar ruido político y financiero.

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Valdés respaldó la reforma laboral y Santilli amplía el apoyo de gobernadores

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El ministro del Interior, Diego Santilli, sumó este viernes el respaldo del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, a la reforma laboral que el Poder Ejecutivo nacional busca sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero. El apoyo se formalizó tras una reunión en la Casa de Gobierno provincial y refuerza la estrategia del oficialismo de consolidar aval político en las provincias para avanzar con una iniciativa clave de su agenda económica.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, afirmó Santilli, al subrayar el carácter estructural de la reforma y su impacto esperado sobre el mercado laboral y el desarrollo regional.

Reforma laboral: apoyo político y coincidencias con las provincias

Durante el encuentro, Santilli y Valdés destacaron las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial y coincidieron en “la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma laboral”. El respaldo del mandatario correntino se suma a una serie de adhesiones que el Ejecutivo viene acumulando en distintas jurisdicciones, en un contexto legislativo clave.

Por su parte, Valdés remarcó la importancia de avanzar en cambios normativos que permitan actualizar el esquema vigente sin afectar derechos adquiridos. “Es altamente positivo que se discuta la modernización laboral sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores”, sostuvo el gobernador.

En la misma línea, el mandatario provincial señaló que existe una definición política clara por parte del Ejecutivo nacional. “Hay una apuesta del gobierno nacional a que el mercado laboral crezca. Es una normativa nueva que busca generar más trabajo de acá para adelante”, expresó.

Las declaraciones reflejan una convergencia discursiva entre Nación y provincias en torno a la necesidad de modernizar el sistema laboral, con el objetivo de estimular la inversión privada y mejorar los niveles de empleo formal.

Asistencia financiera y articulación institucional

En el marco de la reunión, Santilli también adelantó que el Gobierno nacional enviará Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por 3.000 millones de pesos a Corrientes. La asistencia fue solicitada para paliar la crisis generada por las inundaciones que afectan a los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía, según informó el Ejecutivo en un comunicado oficial.

El anuncio refuerza la agenda de coordinación entre Nación y provincias, combinando respaldo político a reformas estructurales con asistencia financiera ante emergencias climáticas que impactan en la economía y el tejido social de los territorios.

Nueve gobernadores respaldan la iniciativa

Con el apoyo de Valdés, Santilli alcanzó el respaldo de nueve gobernadores a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. La lista incluye a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut), además del mandatario correntino.

La acumulación de apoyos provinciales constituye un activo político central para el oficialismo en la antesala del debate parlamentario, en un escenario donde la reforma laboral aparece como uno de los ejes económicos e institucionales de las sesiones extraordinarias.

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El Gobierno negocia la reforma laboral, pero se niega a cambiar Ganancias

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El Gobierno nacional mantiene una posición firme frente a la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese al reclamo de los gobernadores, mientras habilita una revisión parcial del articulado de la reforma laboral, una de las prioridades legislativas del presidente Javier Milei. La discusión se intensificó durante un intercambio de mesa chica realizado el jueves pasado, convocado el miércoles a última hora en las oficinas del Ministerio del Interior, aunque hasta el momento no hay definiciones cerradas.

La estrategia oficial combina resistencia fiscal y flexibilidad política selectiva. Mientras la baja de Ganancias para sociedades —con impacto directo en la recaudación provincial— aparece como una línea roja, el Ejecutivo evalúa ceder en algunos puntos de la Reforma Laboral para asegurar los votos necesarios en el Congreso, en la antesala de su tratamiento legislativo.

Ganancias, gobernadores y una línea roja fiscal

Según trascendió del encuentro, la posición predominante dentro del círculo reducido que rodea al Presidente es no retroceder en la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese a las advertencias de los mandatarios provinciales por el efecto sobre los recursos locales. “Los gobernadores están en contra de la baja de impuestos. Es un delirio, pero todavía no definimos”, admitió uno de los participantes del intercambio, que tuvo lugar en la planta baja del Ministerio del Interior.

La decisión de no ceder en Ganancias para sociedades se consolida como el eje de mayor tensión en la negociación política. En el oficialismo reconocen, sin embargo, la necesidad de conformar a los gobernadores para sostener el andamiaje legislativo del proyecto general, en un escenario de equilibrios frágiles y respaldos condicionados.

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, quedó a cargo de receptar los reclamos provinciales y ofrecer soluciones limitadas, con el objetivo de sumar adhesiones que permitan al oficialismo anotarse un nuevo triunfo parlamentario.

Reforma Laboral: disposición a revisar el articulado

A diferencia del capítulo fiscal, la Reforma Laboral muestra mayor margen de negociación. La mesa política se muestra dispuesta a revisar parte del articulado, aunque el debate interno gira en torno a qué puntos ceder sin desnaturalizar el espíritu del proyecto, diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado).

En la articulación legislativa también intervienen la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes mantienen contactos con legisladores aliados que expresaron reparos públicos sobre algunos aspectos del texto.

Mientras tanto, los interlocutores del Ejecutivo intensifican la militancia política del proyecto, no solo en reuniones con gobernadores, senadores y diputados, sino también a través de actividades destinadas a despejar dudas de los sectores involucrados. En ese contexto, LLA impulsó un conversatorio el jueves pasado para responder inquietudes de actores que manifiestan resquemores, en particular del sector empresarial.

Agenda legislativa y próximos pasos

De cara al calendario parlamentario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión de la mesa política para el próximo miércoles, una vez iniciado el período de sesiones extraordinarias, que comenzará el lunes. El encuentro se realizará en la previa al tratamiento de la ley previsto para el miércoles 11 de febrero.

Así, el Gobierno encara una semana clave con una hoja de ruta definida: defender el núcleo fiscal del proyecto, negociar ajustes puntuales en la Reforma Laboral y sostener un delicado equilibrio político para avanzar con una de las iniciativas centrales de la agenda presidencial.

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