Política Económica

Caputo negocia crédito por hasta US$7.000 millones y proyecta baja del riesgo país

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Caputo confirmó que negocia un crédito de hasta US$7.000 millones con bancos privados para sostener las reservas y reducir el riesgo país

El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que avanza en negociaciones con entidades financieras privadas para obtener un financiamiento de entre US$6.000 y US$7.000 millones destinado a cubrir el pago de intereses de enero sin afectar el nivel de reservas. El funcionario aseguró que el acuerdo, junto con el paquete de leyes que el Gobierno enviará al Congreso, será clave para bajar el riesgo país y recuperar acceso al crédito internacional.

Negociación por US$7.000 millones y objetivo central: mantener las reservas en enero

Al participar del encuentro “Líderes”, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno trabaja con bancos privados en un esquema de financiamiento por hasta US$ 7.000 millones, que tendría como finalidad evitar una caída de reservas durante el pago de intereses previsto para enero.

Los bancos nos ofrecieron US$6.000/7.000 millones y estamos viendo cuánto le tomaremos”, señaló el titular del Palacio de Hacienda. Y remarcó el propósito central de la operación:
“Queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”.

El acuerdo aparece como un puente financiero de corto plazo para ordenar el frente externo, mientras el Gobierno busca reconstruir la demanda de pesos y normalizar el flujo de dólares hacia la cuenta financiera.

Además, Caputo afirmó que espera una reducción del riesgo país en las próximas semanas, impulsada tanto por la negociación con bancos como por el paquete de leyes que el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso Nacional, un elemento que considera clave para generar previsibilidad macroeconómica.

Desmentida sobre un préstamo de US$20.000 millones y señales al mercado

En su intervención, el ministro negó categóricamente que existieran gestiones para obtener un financiamiento por US$20.000 millones provenientes de bancos privados.

No hay ninguna posibilidad de que los bancos le presten a un país US$20.000 millones. No hablábamos con los bancos, hablábamos con Estados Unidos y dos más para hacer un fondo para juntar esos US$20.000 millones”, precisó.

Caputo afirmó que finalmente el Gobierno decidió no avanzar con ese mecanismo:
Cuando se descomprimió el riesgo ‘kuka’, elegimos ‘hacerla por las nuestras’, porque es mucho más fuerte la señal de que podemos hacerlo solos”.

En ese contexto, explicó que la oferta de entidades privadas se convirtió en el camino más adecuado para evitar la pérdida de reservas y enviar una señal de orden fiscal y monetario.

El ministro también anticipó que la cartera económica comunicará formalmente el proceso de acumulación de reservas y los detalles del acuerdo con bancos, al tiempo que proyectó que “la lógica diría que en los próximos meses debiera bajar el riesgo país”.

Bandas cambiarias, demanda de dinero y posibilidades de acumulación de reservas sin emisión neta

Caputo sostuvo además que el esquema de bandas cambiarias continuará vigente, por la limitada dimensión del mercado local:
El mercado de cambios argentino es muy chico, con días de operaciones de US$90 millones. Una intervención para comprar reservas distorsionaría el precio”, explicó.

Aseguró que la oferta de divisas deberá provenir de la cuenta financiera, lo que consideró positivo porque “eso es inversión”.

Sobre la capacidad de compra de reservas, el ministro detalló el marco monetario que permitiría absorber dólares sin necesidad de esterilizar: Si la base monetaria se mantiene constante en relación con el PBI, crecería 25% en términos nominales, lo que habilitaría la adquisición de US$7.000 millones sin expandir por encima de ese nivel. Si la demanda de dinero se recuperara un punto del PBI, permitiría comprar otros US$7.000 millones adicionales. Con una recuperación de dos puntos, la capacidad teórica ascendería a US$20.000 millones, también sin necesidad de esterilizar.

El ministro alertó que esta estrategia depende de que exista oferta de dólares y que la demanda tenga capacidad de absorber la emisión asociada a la compra. “Si hay una oferta muy grande y no acompaña la demanda, la compra con pesos emitidos sin demanda generará presiones inflacionarias”.

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El Gobierno reglamentó la Ley de Defensa de la Competencia y activó la Autoridad Nacional Antimonopolio

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El Gobierno reglamentó la Ley de Defensa de la Competencia, se activa la Autoridad Nacional y el Tribunal Antimonopolio

Con el Decreto 803/2025, el Poder Ejecutivo dispuso la entrada en funciones inmediata de la Autoridad Nacional de la Competencia y del Tribunal de Defensa de la Competencia, organismos clave para la regulación de mercados y control de prácticas monopólicas. La medida actualiza la reglamentación de la Ley 27.442 y busca garantizar la continuidad administrativa y la transparencia en su implementación.

La nueva reglamentación acelera la puesta en marcha del sistema antimonopolio

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este 12 de noviembre de 2025 el Decreto 803/2025, mediante el cual se modifica la reglamentación de la Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, aprobada originalmente por el Decreto 480/2018.

El nuevo texto redefine los artículos 18 y 28 del reglamento, eliminando el período de transición previo a la operatividad del organismo y disponiendo que la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) —junto con el Tribunal de Defensa de la Competencia— comience a ejercer sus funciones de manera inmediata una vez constituida.

Esta decisión marca un cambio sustancial respecto del régimen anterior, que establecía un lapso de sesenta días antes del inicio de sus funciones. Según el decreto, la medida busca “evitar dilaciones en la puesta en marcha y operatividad de la Autoridad Nacional de la Competencia” y “garantizar la continuidad administrativa necesaria para proteger la libre competencia y el interés económico general”.

El decreto también establece que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) supervisarán el accionar del organismo, con obligación de publicidad y transparencia en todos sus actos vinculados a recursos, gastos, contrataciones y nombramientos de personal.

Un paso clave en la institucionalización del control de mercados

La Ley 27.442, sancionada en 2018, introdujo un esquema integral de prevención y sanción de conductas anticompetitivas, como acuerdos colusorios, abusos de posición dominante o concentraciones económicas que afecten el interés general. Su implementación plena, sin embargo, permanecía demorada por la falta de constitución formal de la Autoridad Nacional de la Competencia, prevista como un ente autárquico y descentralizado del Poder Ejecutivo.

Con el Decreto 803/2025, el Gobierno busca destrabar ese proceso institucional y consolidar la aplicación de una ley considerada estructural para el funcionamiento transparente de los mercados.

En su artículo 1°, el decreto sustituye completamente el texto del artículo 18 de la reglamentación anterior, disponiendo que la Autoridad se considerará legalmente constituida “con el nombramiento de su presidente, dos primeros vocales del Tribunal y los secretarios instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas”, quienes iniciarán sus funciones inmediatamente.

Además, hasta tanto se reglamente el régimen laboral previsto por el artículo 18 de la Ley 27.442, el personal mantendrá las condiciones laborales vigentes. Esto garantiza continuidad operativa y estabilidad para los empleados en transición desde la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

El artículo 2° del decreto también actualiza la reglamentación del artículo 28, reafirmando que el Tribunal de Defensa de la Competencia “comenzará a ejercer las funciones establecidas en la ley inmediatamente después de constituida la Autoridad Nacional”, y que deberá dictar su reglamento interno y las normas necesarias para su funcionamiento.

Proyección del cambio

La entrada en vigencia del Decreto 803/2025 implica un reordenamiento institucional relevante en la política de defensa de la competencia. Desde 2018, las funciones de control antimonopolio eran ejercidas en forma transitoria por la Secretaría de Comercio Interior, lo que limitaba la independencia del proceso y generaba críticas por la falta de autonomía técnica.

Con la constitución formal de la Autoridad Nacional de la Competencia, el Gobierno busca descentralizar la regulación del mercado, otorgando al nuevo ente capacidad sancionatoria y regulatoria propia, un elemento crucial en un contexto de reconfiguración estructural de la economía argentina.

El decreto señala explícitamente que esta medida “coadyuvará a la observancia de la libre competencia y la protección del interés económico general”, en línea con los objetivos de la Ley 27.442. En términos institucionales, representa un paso hacia la consolidación de un sistema moderno de control de mercado, comparable con los organismos antimonopolio de la Unión Europea o la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC).

Si bien el texto no define plazos concretos para los nombramientos, la designación de autoridades será determinante para la efectividad del cambio. La creación de una estructura autónoma permitirá monitorear operaciones de concentración económica, fusiones y adquisiciones, así como sancionar prácticas abusivas o colusorias entre empresas de distintos sectores estratégicos: energía, alimentos, telecomunicaciones y transporte, entre otros.

En términos económicos, la puesta en marcha del nuevo ente podría fortalecer la transparencia en la formación de precios, mejorar el clima de inversiones y otorgar previsibilidad a los mercados. A su vez, introduce un marco más estable para el control de fusiones empresarias y posiciones dominantes, temas sensibles en sectores con alta concentración.

Transparencia y rapidez institucional

La decisión del Poder Ejecutivo de acelerar la entrada en funciones de la Autoridad Nacional de la Competencia responde a un objetivo institucional de eficiencia y transparencia en la aplicación de la política de competencia.
El Decreto 803/2025 no crea nuevas estructuras, pero habilita su operatividad efectiva, cerrando una vacancia normativa de más de siete años desde la sanción de la Ley 27.442.

En un contexto de reformas estructurales, el fortalecimiento del marco antimonopolio constituye una señal de compromiso con las reglas de mercado, la protección del consumidor y la transparencia económica.

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Domingo Cavallo: “Aunque estén Trump y Bessent detrás, acumular reservas es ineludible”

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Exministros Cavallo, Dujovne y López Murphy coincidieron en la Conferencia Anual de FIEL: “Sin reservas, no hay estabilización posible”

En la Conferencia Anual de FIEL, tres exministros de Economía trazaron un diagnóstico común sobre la fragilidad del esquema macroeconómico argentino. Domingo Cavallo, Nicolás Dujovne y Ricardo López Murphy advirtieron que la acumulación de reservas y la eliminación del cepo son condiciones imprescindibles para cualquier programa de estabilización.

“Aunque estén Trump y Bessent detrás, acumular reservas es ineludible”

En un panel de alto voltaje político y técnico, Domingo Cavallo, Nicolás Dujovne y Ricardo López Murphy coincidieron en que el Gobierno debe definir con urgencia un marco cambiario y monetario estable, acompañado de un fortalecimiento de las reservas internacionales y una liberación gradual del tipo de cambio.

Durante la Conferencia Anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), los tres exfuncionarios —que integraron distintas administraciones— abordaron las limitaciones del esquema actual y los riesgos de operar con reservas negativas en el Banco Central.

Cavallo fue tajante. “Es imposible pensar que puede funcionar bien la economía sin reservas o con reservas negativas como ahora. ¿Quién le va a creer al ministro de Economía que va a asegurar el techo de la banda si no tiene divisas con las cuales intervenir?”.

El exministro, artífice de la convertibilidad en los años noventa, sostuvo que la acumulación de reservas es una condición sine qua non, incluso si existiera respaldo financiero externo. “Aunque estén Trump y Bessent detrás, acumular reservas es ineludible”, dijo, en alusión a los vínculos internacionales del actual equipo económico.

Cavallo insistió en que la prioridad debe ser eliminar el cepo cambiario y migrar hacia un sistema bimonetario sin restricciones, donde el peso y el dólar coexistan libremente. “No estamos en condiciones de pensar en un sistema totalmente dolarizado, sino en un sistema bimonetario que funcione sin controles de cambio. Así va a funcionar bien el sistema, como en Perú, donde el sistema bimonetario funciona muy bien”, agregó.

En ese marco, advirtió que una política económica inspirada en el modelo estadounidense actual sería riesgosa para la Argentina. “Ojalá el gobierno argentino no imite la política económica de Trump, por más identificación que tenga; es un modo discrecional e inconducente para el país”.

Dujovne: “El país necesita una flotación libre y un régimen reconocible”

Por su parte, Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri, planteó que la Argentina necesita un régimen cambiario “reconocible y funcional”, basado en la flotación libre. “Ese es el camino virtuoso para un régimen sostenible. Los mexicanos durante el Tequila también decían que no estaban preparados para flotar, que su ADN no les permitía flotar… hoy son uno de los países floaters más estables del mundo”, recordó.

Dujovne defendió la idea de construir credibilidad institucional alrededor de un esquema transparente y sin discrecionalidad política. “La clave para reducir la volatilidad cambiaria es acumular reservas, como Uruguay o Perú, que flotan menos”.

Además, propuso una reforma legislativa que impida la reinstauración de controles de capitales. “Hay que sacarle al BCRA y al Ministerio de Economía la facultad de reimponer cepos. Necesitamos institucionalidad y estabilidad para que el sistema sea creíble”.

El exministro enfatizó la necesidad de coherencia macroeconómica y disciplina fiscal, subrayando que “la paciencia y la consistencia serán los activos más valiosos del próximo ciclo”.

López Murphy: “Sin reservas, no hay sentido común que alcance”

En la misma línea, Ricardo López Murphy remarcó que la recomposición de reservas es una condición estructural para la estabilidad, y que ningún programa de estabilización puede sostenerse sin ese respaldo. “La idea de que uno va a andar al descubierto y no va a pasar susto no va con el sentido común”, afirmó.

Recordó que el propio programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya establecía esa prioridad. “Decía recomponer las reservas a toda velocidad en los próximos años. Ese rumbo de superávit fiscal y recuperación de reservas es imposible de evitar, cualquiera sea quien gobierne”.

López Murphy también proyectó un escenario internacional más favorable en caso de que la Argentina logre estabilidad interna. “El dólar está en proceso de debilitamiento por la política fiscal de Estados Unidos, y eso va a crear una oportunidad para países como Argentina, que está muy dolarizada. Si logramos recomponer reservas y sostener el equilibrio fiscal, se abren oportunidades importantes para la inversión y el crecimiento sostenido”.

Un consenso económico: estabilidad, reservas y credibilidad

El panel de FIEL dejó al descubierto una coincidencia transversal entre economistas liberales y ortodoxos: sin reservas y sin credibilidad institucional, ningún programa de estabilización puede sostenerse.

La discusión técnica sobre la velocidad de la liberalización cambiaria y la forma de transición hacia un esquema bimonetario o de flotación libre es el punto de divergencia, pero el consenso sobre el diagnóstico es claro: la acumulación de reservas, la disciplina fiscal y la previsibilidad son los tres pilares ineludibles para cualquier política económica futura.

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El Gobierno autorizó obras por $85 mil millones y concesionará rutas bajo gestión privada

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Milei reactivó la obra pública, autorizó inversiones por $85 mil millones y licitó 1.800 km de rutas bajo gestión privada. El Gobierno cambia de estrategia: reaparece la inversión pública y se consolida el modelo de concesiones

El Gobierno de Javier Milei autorizó la contratación de diez obras públicas nacionales por un monto total de $85.000 millones en los próximos tres años y lanzó una licitación pública nacional e internacional para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en lo que representa un giro significativo en la política de infraestructura tras meses de parálisis casi total.

La medida marca un punto de inflexión en la administración libertaria, que había reducido al mínimo la ejecución de proyectos de inversión durante el primer semestre de gestión. Según datos oficiales del Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, hasta mayo de 2025 solo se habían concluido 330 obras públicas nacionales, con 78 proyectos en ejecución normal y más de 1.400 sin avances.

El cambio de rumbo llega tras el resultado electoral favorable al oficialismo y la convocatoria al diálogo con provincias no peronistas, factores que influyeron en la decisión de corregir el Presupuesto nacional para reincorporar una porción acotada de inversión pública.

“Buscamos transparencia, eficiencia y estándares de calidad”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar el nuevo esquema vial en su cuenta de X.

10 obras reactivadas: foco en infraestructura vial, ambiental y de agua potable

De las 2.692 obras nacionales que habían quedado inconclusas del gobierno anterior —sobre un total de 6.700 iniciadas entre 2019 y 2023—, el Ejecutivo decidió descongelar diez proyectos distribuidos en distintas provincias, con prioridad en infraestructura básica y de servicios esenciales.

Las obras seleccionadas implican una inversión total superior a los $85.000 millones, con ejecución escalonada entre 2024 y 2026.

Entre los proyectos destacados figuran:

  • Sistema de provisión de agua potable en Tucumán, con una inversión de $25.938 millones, el más costoso del conjunto.
  • Mantenimiento y mejora de la Ruta Nacional 11 (Rosario–Santa Fe), por $17.516 millones.
  • Conservación mejorativa de la Ruta Nacional 33 (Rosario–Sancti Spíritu), por $23.631 millones.
  • Construcción del Muelle Cabecera Norte en el Parque Nacional Lago Puelo (Chubut), por $4.716 millones.
  • Obras ambientales y de conservación forestal en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Córdoba y Santiago del Estero, bajo el Proyecto Paisajes, con montos entre $1.400 y $2.200 millones.
  • Reubicación y remodelación del BCG PPD MC en el barrio de Barracas (CABA), con $1.637 millones de inversión total.

La mayor parte de las obras se ejecutarán entre 2025 y 2026, lo que confirma una estrategia de reprogramación presupuestaria gradual, compatible con el objetivo de déficit fiscal cero.

La concentración geográfica también es significativa: Santa Fe reúne tres proyectos estratégicos, seguida por Tucumán, Córdoba y Chubut, mientras que las provincias patagónicas y del norte suman obras de menor escala pero de alto impacto local.

Red Federal de Concesiones: el Estado pasa de operador a regulador

Paralelamente, el Gobierno lanzó una nueva licitación pública para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en el marco de la Red Federal de Concesiones, una de las reformas estructurales más ambiciosas de la gestión Milei.

El esquema se sustenta en la premisa de que el Estado debe “liberarse de funciones improductivas” y actuar como regulador y garante de competencia, en lugar de operador directo de servicios.

El plan se articula en dos tramos principales:

  • Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, de 1.325 kilómetros, que abarca las rutas nacionales 3, 205 y 206, además de las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.
  • Tramo Pampa, de 547 kilómetros, correspondiente a la Ruta Nacional 5, entre Luján y Santa Rosa.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será la encargada de supervisar los contratos y garantizar los estándares de seguridad y mantenimiento.

Esta segunda etapa se suma a la primera, presentada en enero de 2025, que ya había incorporado las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario–Victoria y tres pasos fronterizos a la gestión privada.

Desde la Casa Rosada destacan que el nuevo modelo “sigue estándares internacionales” y permitirá atraer capital genuino sin aumentar el gasto público.

Impacto económico y político: señales de gobernabilidad y apertura federal

La decisión de reactivar parcialmente la obra pública y relanzar el sistema de concesiones envía una señal política de moderación fiscal con apertura federal, tras meses de tensión con gobernadores y sectores afectados por la parálisis.

Según un informe de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI), la interrupción de obras públicas había generado problemas de infraestructura crítica, como la falta de un hospital materno infantil en La Matanza, deficiencias de agua potable en Santa Fe, cloacas sin tratamiento en Corrientes y tramos intransitables de la Ruta 40 en Chubut.

Con la nueva orientación, el Ejecutivo busca recomponer relaciones con provincias y recuperar capacidad de negociación institucional, al tiempo que traslada al sector privado la ejecución y mantenimiento de obras estratégicas.

El desafío inmediato será asegurar transparencia y competencia real en las licitaciones, en un contexto donde los mecanismos de control estatal seguirán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Obras Públicas.

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CRA reclamó previsibilidad y apoyo a las economías regionales desde Mendoza

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Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclamó previsibilidad y apoyo a las economías regionales desde Mendoza: “No pedimos privilegios, pedimos competitividad”

Durante la Jornada Mundo Uco, el vicepresidente de CRA, Javier Rotondo, advirtió sobre la falta de estabilidad macroeconómica y reclamó políticas diferenciadas que fortalezcan la producción del interior. El dirigente destacó el rol estratégico del Valle de Uco y de las economías regionales como motor del desarrollo nacional.

Previsibilidad y estabilidad: el reclamo central del campo

En el marco de la Jornada Mundo Uco, realizada en la provincia de Mendoza, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo, planteó la necesidad urgente de generar previsibilidad económica y estabilidad institucional para el desarrollo sostenible del sector agropecuario y de las economías regionales.

Los productores pueden adaptarse a la sequía, a los mercados o a la distancia, pero no pueden planificar si las reglas cambian cada año. Necesitamos estabilidad macroeconómica, reglas claras y un Estado que acompañe con visión productiva, no con presión fiscal o burocrática”, afirmó Rotondo durante su exposición, en la que participaron referentes del ámbito rural, académico y empresarial.

El dirigente ruralista subrayó que, pese a los vaivenes económicos y climáticos, el interior productivo sigue siendo el corazón de la economía real argentina. “Cada vez que recorremos el interior confirmamos una verdad que desde Buenos Aires muchas veces no se ve: la Argentina productiva no se detiene. Aquí se trabaja, se invierte y se genera empleo genuino”, expresó.

El potencial cuyano y la necesidad de políticas diferenciales

Durante su intervención, Rotondo destacó el potencial productivo del Valle de Uco y de toda la región cuyana, con sectores clave como la vitivinicultura, la fruticultura, la horticultura y la ganadería, pero advirtió que ese potencial “solo puede concretarse con políticas diferenciadas que den previsibilidad y competitividad”.

No pedimos privilegios, pedimos previsibilidad. No reclamamos subsidios, reclamamos competitividad. Queremos producir más, exportar más y generar desarrollo donde nacen los alimentos”, señaló el vicepresidente de CRA, en un mensaje que apuntó a las autoridades nacionales y provinciales.

El Valle de Uco, considerado uno de los epicentros de la producción vitivinícola argentina, se ha consolidado como un modelo de innovación y desarrollo en el interior, aunque enfrenta los mismos desafíos que el resto de las economías regionales: altos costos logísticos, presión impositiva, inestabilidad cambiaria y falta de crédito accesible.

Un llamado al federalismo productivo y al desarrollo equilibrado

Rotondo también planteó que el federalismo productivo debe ser una decisión política y no solo un discurso, reclamando mayor participación del interior en las decisiones económicas estratégicas.

Cuando se apoya al campo, no se beneficia a un sector: se impulsa a toda la Argentina que trabaja, produce y cree en el futuro”, concluyó el dirigente, reafirmando el compromiso de CRA con los productores de todo el país.

El mensaje de la entidad llega en un contexto en el que distintos sectores productivos reclaman una agenda económica con previsibilidad, infraestructura y competitividad, factores esenciales para sostener el empleo y las exportaciones regionales en un escenario de desaceleración macroeconómica.

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