Política Económica

El BCRA flexibiliza el ingreso de divisas para el RIGI mientras caen reservas y sube el dólar

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanzó con una flexibilización clave en el ingreso de divisas para proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en simultáneo con una jornada marcada por la caída de reservas internacionales y una nueva suba del dólar en todas sus variantes.

A través de la Comunicación “A” 8426, el organismo permitió que socios o accionistas de empresas adheridas al régimen puedan ingresar y liquidar dólares que luego serán computados como fondos propios de los proyectos. La medida apunta a destrabar la operatoria financiera de grandes inversiones, en un escenario donde el flujo de divisas y la estabilidad cambiaria vuelven a estar bajo tensión.

Flexibilización para sostener inversiones

La decisión del BCRA modifica una restricción operativa relevante: hasta ahora, los fondos destinados a proyectos del RIGI debían ingresar de manera directa a través del vehículo de inversión. Con el nuevo esquema, se habilita que esos dólares sean canalizados por los socios y luego transferidos.

El mecanismo incorpora condiciones específicas: Los fondos deben transferirse al Vehículo de Proyecto Único (VPU) dentro de los cinco días hábiles posteriores a su liquidación. Deben quedar registrados contablemente como destinados al proyecto. Se exige una declaración jurada que certifique el origen y destino de los fondos.

Además, la norma introduce una cláusula de retroactividad, permitiendo regularizar ingresos ya realizados bajo estas condiciones.

La flexibilización también alcanza a la importación de bienes de capital: si un socio obtiene financiamiento externo para adquirir maquinaria, esa operación podrá ser computada dentro del esquema del RIGI.

Más margen operativo para el flujo de dólares

La medida redefine la dinámica de financiamiento de grandes proyectos. En términos concretos: Amplía las vías para el ingreso de divisas. Reduce trabas administrativas. Permite mayor flexibilidad en la estructuración financiera de inversiones.

El BCRA también garantizó que la repatriación de capitales o devolución de aportes mantendrá las mismas condiciones que si los fondos hubieran ingresado directamente, lo que busca dar previsibilidad a los inversores.

Sube el dólar y caen reservas

La decisión se da en un contexto financiero más exigente. En la última jornada: Las reservas internacionales brutas cayeron u$s96 millones, hasta u$s46.088 millones. El BCRA, pese a comprar u$s54 millones en el mercado, no logró evitar la baja. La caída se explicó principalmente por la baja en la cotización del oro (impacto estimado en u$s70 millones) y pagos de deuda por unos u$s30 millones.

En paralelo, el tipo de cambio mostró una tendencia alcista: El dólar mayorista subió por cuarta rueda consecutiva, superando los $1.400. El dólar minorista alcanzó los $1.440 en el Banco Nación. También se registraron subas en las cotizaciones financieras y el mercado informal.

Equilibrio entre atracción de dólares y estabilidad

El movimiento del BCRA revela una doble estrategia. Por un lado, busca garantizar el ingreso de divisas para sostener inversiones de gran escala bajo el RIGI. Por otro, enfrenta un mercado cambiario que comienza a mostrar señales de tensión.

El contexto combina varios factores: Tasas en pesos menos atractivas, lo que debilita el incentivo al carry trade. Reacomodamiento del tipo de cambio tras meses de atraso relativo. Mayor demanda de divisas por cierre de posiciones y cobertura de balances.

En este escenario, la flexibilización del acceso al mercado de cambios aparece como una herramienta para fortalecer el frente de dólares financieros, aunque sin resolver las presiones estructurales sobre el tipo de cambio.

Inversión vs. volatilidad

En términos económicos, la medida apunta a: Facilitar la ejecución de grandes proyectos de inversión. Asegurar el financiamiento externo. Evitar demoras operativas que frenen el ingreso de capital.

Sin embargo, convive con un escenario de mayor volatilidad cambiaria, que puede incidir en decisiones de inversión, costos de importación y expectativas inflacionarias.

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Economía sale a renovar $7,9 billones y apuesta a estirar deuda hasta 2029 con más financiamiento en dólares

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El Ministerio de Economía activará el próximo martes 28 de abril una nueva licitación de deuda con un objetivo central: renovar vencimientos por $7,9 billones —en su mayoría en manos privadas—, extender plazos hasta 2029 y aumentar la captación de dólares a través de bonos soberanos. La jugada, impulsada por la cartera que conduce Luis Caputo, se inscribe en una estrategia más amplia de administración del frente financiero en un contexto donde el Gobierno busca consolidar estabilidad y evitar presiones de corto plazo.

El dato no es menor: el Tesoro no solo intenta refinanciar vencimientos inmediatos, sino también redefinir el perfil de la deuda. ¿Se trata de una señal de fortalecimiento en la gestión financiera o de una necesidad creciente de sostener el equilibrio en un mercado más selectivo?

Un menú orientado a plazo largo y cobertura cambiaria

La licitación presentada por la Secretaría de Finanzas combina instrumentos en pesos y en dólares, con foco en alargar la duration. El menú incluye nuevas emisiones como una LECAP con vencimiento el 12/06/26, un bono TAMAR al 31/8/2028 y un título CER/TAMAR al 29/06/2029, junto a instrumentos ya conocidos como el BONCER 2028 y bonos dólar linked al 30/09/26.

En paralelo, el Tesoro vuelve a apostar por deuda en moneda dura mediante Bonares con vencimientos en 2027 y 2028, con una meta de colocación de u$s350 millones —por encima de los u$s300 millones previos— más otros u$s100 millones en una segunda vuelta.

El esquema se completa con una operación de conversión de títulos que busca postergar vencimientos: bonos dólar linked, duales y ajustados por CER serán canjeados por instrumentos con fechas más largas, en algunos casos hasta 2028. Esta ingeniería financiera ya tuvo un antecedente inmediato: el reciente canje de letras atadas al tipo de cambio permitió postergar compromisos por unos u$s1.300 millones.

En términos concretos, el Gobierno intenta despejar el calendario de pagos de corto plazo y ganar margen de maniobra hacia los próximos años, trasladando vencimientos a una zona donde apuesta a mayor previsibilidad macroeconómica.

Mercado más selectivo y tensiones en la demanda

El movimiento no ocurre en el vacío. En el mercado secundario, la deuda en pesos muestra señales de fatiga en los tramos medios y largos. La demanda se concentra en instrumentos de corto plazo, mientras que las tasas reflejan cierta cautela: alrededor de 1,9% TEM en el tramo corto y entre 2% y 2,1% para vencimientos posteriores a julio.

Los bonos ajustados por inflación (CER), en tanto, exhibieron caídas promedio de 0,5%, con rendimientos que se ubican en torno a CER -5% para vencimientos de este año y CER +5% para el resto de la curva. Este comportamiento sugiere un mercado que empieza a recalibrar expectativas, con menor apetito por duration y mayor preferencia por liquidez.

En este contexto, los instrumentos dólar linked ganan protagonismo. La posibilidad de cubrir riesgo cambiario vuelve a ser un factor determinante en la asignación de carteras, lo que explica el énfasis del Tesoro en este tipo de activos.

Financiamiento, confianza y sostenibilidad

La estrategia oficial tiene un doble filo. Por un lado, logra avanzar en la extensión de plazos y en la reducción de vencimientos inmediatos, lo que mejora el perfil financiero del Estado. Por otro, expone la dependencia de condiciones de mercado que hoy son más exigentes, especialmente en los tramos largos.

El hecho de que casi la totalidad de los $7,9 billones a renovar esté en manos privadas introduce un componente adicional: el éxito de la licitación dependerá de la capacidad del Gobierno para ofrecer incentivos suficientes sin desalinear su esquema macro.

Al mismo tiempo, la búsqueda de dólares vía Bonares revela otra dimensión de la estrategia: reforzar el frente externo sin recurrir a mecanismos extraordinarios. Sin embargo, ese objetivo convive con un mercado que evalúa riesgos y ajusta posiciones con mayor selectividad.

Un equilibrio en construcción

La licitación del 28 de abril funcionará como un test inmediato. No solo medirá la capacidad del Tesoro para renovar vencimientos, sino también el grado de confianza del mercado en la hoja de ruta financiera del Gobierno.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en dos variables: la aceptación de los instrumentos de largo plazo y la respuesta a la mayor oferta de deuda en dólares. También será clave observar si el mercado convalida la estrategia de extender plazos o si refuerza su preferencia por posiciones más cortas y defensivas.

El Gobierno avanza en su intento de ordenar el frente de deuda. Pero el margen de maniobra no depende únicamente de decisiones internas: se juega, en gran medida, en la dinámica de expectativas que el propio mercado está empezando a redefinir.

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Retenciones: un informe proyecta más producción, dólares y recaudación si el Gobierno elimina los DEX

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La discusión sobre los derechos de exportación volvió a meterse en el centro de la agenda económica con un dato que incomoda el esquema fiscal vigente: un ejercicio de simulación proyecta que la eliminación total de retenciones al agro, en un plazo de dos años hasta 2028, no solo expandiría la producción y las exportaciones, sino que también podría mejorar la recaudación del Estado en el mediano plazo. El estudio, presentado en el ámbito de la Bolsa de Comercio de Rosario, plantea un interrogante político de fondo: ¿puede el Gobierno resignar ingresos de corto plazo para reconfigurar su base fiscal a futuro?

Según proyecciones al ciclo 2035/36 basadas en el modelo AGMEMOD Argentina, la eliminación gradual de las retenciones —con un cronograma de dos años hasta su desaparición total en 2028— no solo expandiría la producción y las exportaciones, sino que además podría revertir el impacto fiscal negativo en el corto plazo. El dato clave introduce tensión en la discusión: el Estado nacional comenzaría a recaudar más que en el escenario actual a partir de 2029/30.

El marco económico: entre presión fiscal y competitividad

El análisis compara dos escenarios. Por un lado, un esquema base que mantiene constantes los derechos de exportación (DEX). Por otro, una simulación con reducción progresiva hasta su eliminación. La diferencia no es menor: en el escenario sin retenciones, el área sembrada alcanzaría las 43,4 millones de hectáreas en 2036, frente a 41,1 millones del esquema vigente. La producción total escalaría a 182,6 millones de toneladas, lo que implica un salto de 16,7 millones respecto al escenario base.

La clave está en los incentivos. Sin retenciones, mejora la rentabilidad del productor, se acelera la inversión y se amplía la frontera productiva. En términos concretos, el modelo traduce una decisión tributaria en más superficie cultivada, más tecnología aplicada y mayor volumen exportable. La soja lidera esa expansión, seguida por el maíz.

Exportaciones: más volumen, más divisas

El impacto externo es directo. En 2036, el complejo agroindustrial exportaría 14,1 millones de toneladas adicionales respecto al escenario con retenciones. En valor, la diferencia asciende a US$ 6.400 millones anuales: US$ 50.500 millones sin DEX frente a US$ 44.100 millones con el esquema vigente.

El complejo soja explica la mayor parte de ese salto, con más de US$ 5.200 millones adicionales. La lógica es lineal: menos carga tributaria en origen mejora precios relativos, incentiva producción y amplía saldos exportables.

Pero el dato relevante no es solo el volumen. Es la capacidad de generar divisas en un país donde la restricción externa condiciona toda la política económica.

Recaudación: el punto de quiebre fiscal

El núcleo del debate está en el impacto fiscal. El modelo plantea una secuencia que desafía el argumento tradicional: la pérdida inicial de recaudación por retenciones se compensa con otros impuestos.

Hay dos mecanismos. Uno directo: mayor rentabilidad amplía la base del Impuesto a las Ganancias y del impuesto a los Débitos y Créditos. Otro indirecto: la expansión productiva derrama sobre la economía y genera más actividad gravada.

El resultado es escalonado. A nivel nacional, el punto de equilibrio llega en el cuarto año tras la eliminación. Para 2036, el Estado recaudaría US$ 296 millones más que en el escenario con retenciones.

En las provincias, el efecto es más inmediato. Como los DEX no son coparticipables, no pierden ingresos directos y sí capturan el crecimiento vía Ingresos Brutos y Sellos. En 2036, sumarían US$ 989 millones adicionales.

Cuando se consolida Nación + provincias, el quiebre fiscal aparece antes: en 2028. Solo 2027 muestra una pérdida neta de US$ 153 millones. A partir de allí, la recaudación supera al escenario base, con una diferencia de US$ 1.286 millones anuales hacia 2036.

El agro presiona, el Gobierno administra tiempos

El informe se conoció en paralelo a señales políticas del sector. Desde la Bolsa de Comercio de Rosario se insistió en que la baja de retenciones debe formar parte de una estrategia de desarrollo más amplia y coordinada entre sector público y privado.

La posición introduce una variable clave: el ritmo de la reforma dependerá de la “caja” fiscal. El Gobierno, según se planteó en ese ámbito, avanzaría en reducciones en la medida en que sostenga el superávit. Es una lógica incremental, no disruptiva.

En ese esquema, el agro se posiciona como actor de presión con respaldo técnico. El argumento es claro: menos impuestos hoy pueden traducirse en más recaudación mañana. La tensión está en el timing.

Una transición con costos acotados y beneficios diferidos

El estudio plantea un punto de quiebre fiscal temprano: en 2028, apenas un año después del inicio de la reforma, la recaudación consolidada ya superaría al escenario base. Para 2036, el diferencial positivo alcanzaría US$ 1.286 millones anuales.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, se mostró confiado este viernes en que el Gobierno baje las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas “en la medida que vaya teniendo caja”, es decir, que mantenga el superávit fiscal que consiguió a costa de un fuerte ajuste en salud, educación, obras públicas y pago de haberes jubilatorios. “El planteo que hizo históricamente la Bolsa siempre apunta a las bajas de retenciones”, dijo el titular de la institución.

En el tradicional Remate del primer lote de soja, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario llamó a sostener una agenda estratégica de desarrollo articulada entre el sector público y el privado, y destacó los avances concretos en infraestructura logística, la reducción de derechos de exportación y el rol social de la producción.

Luego del acto oficial, Bortolato dijo a la prensa que la eliminación de los derechos de exportación a los productos agrícola sobre los que aún pesa el gravamen sería la solución al desarrollo nacional. Para eso, la Bolsa presentó un estudio que “muestra claramente que una baja de retenciones en cuatro años como mucho, menos también si tenemos en cuenta el desarrollo que empieza en las provincias, la cadena se daría vuelta y empezaría a crecer todo”, e incluso el Estado recuperaría su capacidad recaudatoria para suplir esa caída de ingresos por derechos de exportación.

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Vuelve a regir la reforma laboral por decisión judicial y reabre la disputa por el modelo de empleo en Argentina

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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este jueves restablecer la plena vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, al revocar la medida cautelar que había suspendido más de 80 artículos tras un planteo de la CGT. La decisión judicial reactiva de inmediato cambios sensibles en el régimen de vacaciones, indemnizaciones y organización de la jornada laboral. El dato no es solo técnico: devuelve al Ejecutivo una pieza central de su programa económico en medio de una puja abierta con el sindicalismo. ¿Es un respaldo institucional que consolida la agenda oficial o el inicio de una nueva fase de conflicto?

Un fallo que reconfigura el marco laboral

La resolución de la Sala VIII deja atrás el freno judicial que pesaba sobre la ley de modernización laboral aprobada por el Congreso. Con la cautelar caída, el nuevo esquema normativo entra nuevamente en vigencia y redefine aspectos estructurales del vínculo entre empleadores y trabajadores.

Entre los cambios más relevantes aparece la implementación del banco de horas, que habilita acuerdos escritos para compensar horas extraordinarias dentro de límites legales y con descansos mínimos de 12 horas. El instrumento permite reorganizar la jornada laboral con mayor flexibilidad, incluso con participación sindical.

En materia de vacaciones, la ley mantiene el período tradicional entre octubre y abril, pero habilita acuerdos para tomarlas fuera de esa ventana y permite fraccionarlas en tramos de al menos siete días. Además, obliga a garantizar el acceso a la temporada estival al menos una vez cada tres años.

El capítulo de indemnizaciones introduce un giro más profundo: redefine la base de cálculo al limitarla a la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos como el aguinaldo o las vacaciones. A la vez, establece un mecanismo de actualización de créditos laborales por IPC más un 3% anual e incorpora el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado por aportes patronales. También abre la puerta a fondos de cese laboral por capitalización individual, a definir en convenios colectivos.

Costos, incentivos y cambios en la lógica de litigio

El nuevo marco no solo modifica derechos individuales, sino también la estructura de costos laborales y el funcionamiento del sistema judicial. La posibilidad de cancelar sentencias en cuotas —hasta seis para grandes empresas y hasta doce para pymes— introduce un cambio en la ejecución de fallos.

A esto se suma la ampliación del período de prueba a seis meses, extensible a ocho en empresas de hasta cinco empleados, y la eliminación de multas por empleo no registrado, reemplazadas por incentivos a la regularización. En paralelo, se avanza hacia la digitalización del registro laboral bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y se establece la obligatoriedad del pago bancario de salarios.

El conjunto configura una reingeniería del sistema laboral que apunta a reducir costos y flexibilizar condiciones, pero también redefine el equilibrio entre protección y competitividad.

Respaldo empresarial y tensión sindical

La decisión judicial generó una reacción inmediata en el oficialismo. El vocero Manuel Adorni celebró el fallo en redes sociales, mientras el presidente Javier Milei lo presentó como un paso hacia el crecimiento económico.

Del lado empresario, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas respaldó la reactivación de la ley y planteó la necesidad de avanzar en su reglamentación. En ese ámbito, se destacó la expectativa de reducir “costos ocultos” y dar previsibilidad a las relaciones laborales.

La contracara es el frente sindical, que había logrado frenar parte de la norma en primera instancia. La caída de la cautelar no cierra ese capítulo: reposiciona el conflicto en un terreno distinto, donde la disputa puede trasladarse a la implementación concreta y a nuevas acciones judiciales o gremiales.

Un nuevo equilibrio

La reactivación de la reforma laboral no clausura el debate, lo reabre bajo nuevas condiciones. El Gobierno recupera una herramienta clave de su agenda, pero ahora deberá sostenerla en un escenario donde la aplicación efectiva será tan determinante como la letra de la ley.

En las próximas semanas, la atención se concentrará en la reglamentación pendiente, las negociaciones paritarias y la respuesta de los distintos actores. También en cómo impactan estos cambios en el empleo real y en la dinámica judicial.

La decisión de la Cámara marca un punto de inflexión formal. Lo que todavía está en juego es si ese respaldo se traduce en estabilidad normativa o en una nueva etapa de tensión en el sistema laboral argentino.

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Milei recibió a Peter Thiel en Casa Rosada y abre un canal directo con el capital tecnológico global

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El presidente Javier Milei recibió este jueves a las 14 en la Casa Rosada al empresario tecnológico Peter Thiel, en un encuentro que combinó agenda económica e intercambio político. La reunión, que contó con la presencia del canciller Pablo Quirno, se enfocó en posibles inversiones en Argentina. Pero detrás del dato formal aparece una señal más amplia: el intento del Gobierno de vincularse de manera directa con actores centrales del capital tecnológico global. ¿Se trata de una apuesta para acelerar inversiones o de una construcción de afinidad estratégica con impacto político a futuro?

Una reunión que mezcla inversiones y afinidad ideológica

El encuentro se inscribe en una estrategia del Ejecutivo orientada a posicionar a la Argentina como destino de capital en sectores de innovación. Thiel no es un inversor convencional: cofundador de PayPal y primer inversor externo de Facebook, su trayectoria incluye participaciones en compañías como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX. También es creador de Palantir, con vínculos con agencias de seguridad.

Ese perfil lo ubica en la intersección entre tecnología, financiamiento y poder global. La reunión no solo abordó oportunidades de inversión, sino que incluyó un intercambio conceptual: el Presidente destacó la cercanía filosófica con el empresario, en torno a visiones de mercado y organización económica. Esa dimensión, aunque no normativa, introduce un componente político que excede la lógica estrictamente económica.

Señales al mercado y reconfiguración del vínculo con el capital

En términos de correlación de fuerzas, el encuentro proyecta un mensaje hacia el ecosistema inversor internacional: el Gobierno busca interlocutores con capacidad de movilizar capital en sectores estratégicos. La presencia de un actor con influencia en Silicon Valley refuerza esa señal, en un contexto donde la administración intenta consolidar credibilidad externa.

Al mismo tiempo, el gesto también tiene implicancias internas. La articulación directa con figuras del capital global puede fortalecer la narrativa oficial sobre apertura económica, pero exige resultados concretos en términos de inversiones efectivas. En ausencia de anuncios específicos, el impacto inmediato queda más ligado a expectativas que a decisiones operativas.

Un vínculo en construcción y un escenario abierto

La reunión abre un canal, pero no define aún su alcance. El interés de Thiel en analizar oportunidades en el país sugiere una fase exploratoria, donde el factor clave será la evolución del contexto económico y regulatorio.

En las próximas semanas, el foco estará puesto en si estos contactos derivan en proyectos concretos o permanecen en el plano de la interlocución estratégica. También en cómo se articula este vínculo con otras agendas del Gobierno, tanto económicas como políticas.

La foto en Casa Rosada deja una señal. Lo que todavía no está claro es si será el inicio de un flujo de inversiones o parte de una construcción más amplia, donde economía e ideología empiezan a entrelazarse en la proyección internacional del Gobierno.

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