Política Económica

“Erraron otra vez”: Milei defendió el refinanciamiento de la deuda y descartó riesgos de default

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El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente la estrategia financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tras la cancelación de una parte del swap con el Tesoro de los Estados Unidos mediante un nuevo crédito internacional por USD 2.500 millones. El mandatario rechazó las advertencias sobre un posible default, sostuvo que el movimiento implica un cambio de acreedor sin impacto en reservas y lo presentó como una señal de normalización financiera y confianza del mercado en el programa económico.

A través de su cuenta en X, Milei fue categórico frente a las críticas: “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”. El mensaje estuvo acompañado por un análisis del economista Juan Ramón Rallo, quien explicó que en economías solventes la deuda pública no se cancela íntegramente, sino que se refinancia de manera permanente, siempre que se cumplan los pagos de intereses y exista disciplina fiscal.

La operatoria técnica: un cambio de acreedor sin impacto en reservas

El respaldo presidencial se conoció luego de que el balance del BCRA de la última semana de diciembre reflejara un movimiento financiero por USD 2.500 millones. Según la información oficial, el Gobierno utilizó ese monto para cancelar el tramo ejecutado del swap que formaba parte de un acuerdo total por USD 20.000 millones con el Tesoro estadounidense, suscripto antes de las elecciones legislativas.

Para concretar el pago sin afectar el nivel de reservas internacionales, la autoridad monetaria tomó un nuevo crédito de igual monto con un organismo internacional. Si bien el BCRA no precisó oficialmente el origen de los fondos, en el mercado financiero se especula con un préstamo del Banco Internacional de Pagos (BIS), con sede en Basilea.

Desde el punto de vista contable, la operación implicó un reordenamiento de pasivos: la reducción del rubro “Otros Pasivos” por la cancelación del swap con Estados Unidos fue compensada por un aumento equivalente en las obligaciones con organismos internacionales, sin variación neta en las reservas.

En términos prácticos, el Gobierno logró estirar plazos de vencimiento y modificar la composición de sus acreedores, una maniobra que el oficialismo considera clave para fortalecer el perfil financiero del Estado.

Déficit cero, refinanciamiento y la discusión sobre la solvencia

El eje central del argumento oficial se apoya en la política de déficit fiscal cero. Según la interpretación que difundió Milei junto al análisis de Rallo, el refinanciamiento de vencimientos no incrementa el stock de deuda, sino que posterga su cancelación en el tiempo.

“Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde”, sostuvo el economista en el material compartido por el Presidente. Bajo esta lógica, mientras el Estado mantenga el superávit fiscal, la relación deuda/PIB continúa una trayectoria descendente, reforzando la idea de solvencia.

Desde la Casa Rosada destacan que la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento internacional constituye una señal concreta de que el mercado no percibe un riesgo inminente de default. En esa línea, fuentes del BCRA aclararon que el crédito utilizado no proviene del Fondo Monetario Internacional (FMI) y evitaron brindar precisiones sobre la tasa de interés o el plazo del nuevo préstamo.

Este movimiento se suma, además, a la cancelación de deudas con el BIS realizada a comienzos de 2024, un antecedente que el Ejecutivo utiliza para mostrar una mejora progresiva en la solvencia del Estado argentino.

Repercusiones políticas y financieras

La defensa pública de Milei busca desactivar un debate que volvió a instalarse en el mercado desde mediados de 2025, cuando distintos analistas advirtieron sobre la sostenibilidad de los compromisos externos. Para el Gobierno, el refinanciamiento confirma que la estrategia financiera se apoya en credibilidad fiscal, acceso al crédito y una administración activa de los pasivos del Banco Central.

En el plano político, el mensaje presidencial apunta a consolidar el discurso de orden macroeconómico y disciplina fiscal como ancla de estabilidad, mientras que en el plano financiero refuerza la señal de que el Ejecutivo está dispuesto a utilizar herramientas de mercado para administrar vencimientos sin recurrir a emisión monetaria ni pérdida de reservas.

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Deuda con el FMI: el peso de los intereses marcará el próximo quinquenio

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La carga financiera de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) seguirá presionando las cuentas públicas argentinas durante el próximo quinquenio. Entre 2026 y 2030, el país deberá desembolsar unos US$ 13.432 millones solo en concepto de intereses, según cifras oficiales del organismo, calculadas a la cotización actual de los Derechos Especiales de Giro (DEG). El dato dimensiona la magnitud del compromiso asumido y reabre el debate sobre la sostenibilidad del esquema financiero con el organismo multilateral.

El peso de los intereses en el período 2026–2030

De acuerdo con los datos oficiales del FMI, la Argentina deberá afrontar pagos de intereses por US$ 13.432 millones entre 2026 y 2030, una cifra que representa una exigencia relevante para las arcas nacionales. El mayor esfuerzo se concentrará entre 2026 y 2028, años en los que se acumula la mayor parte de los vencimientos financieros vinculados al acuerdo vigente.

Como referencia, entre 2018 y fines de 2025 el país ya abonó US$ 14.773 millones en intereses, pese a que ese período abarca siete años. Es decir, el próximo quinquenio concentrará un nivel de pagos casi equivalente, pero en un plazo más acotado, lo que refuerza la presión sobre el frente fiscal y financiero.

En lo inmediato, el próximo vencimiento de intereses está previsto para el 1 de febrero, por casi US$ 830 millones, mientras que durante 2026 los pagos de capital e intereses totalizarán US$ 4.400 millones.

Origen de la deuda y evolución del compromiso con el Fondo

El esquema actual tiene su punto de partida en el préstamo extraordinario otorgado por el FMI en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, que luego fue renovado bajo la gestión de Alberto Fernández y acrecentado durante la administración de Javier Milei. Desde entonces, la Argentina mantiene una relación financiera intensa con el organismo, marcada por renegociaciones, reprogramaciones y nuevos desembolsos.

Según datos del Banco Central citados por Clarín, la deuda con el FMI al 31 de diciembre de 2025 ascendía a US$ 57.100 millones. Sobre ese stock se calculan los intereses que explican el flujo de pagos proyectado para los próximos años.

Cabe aclarar que la estimación de intereses por US$ 13.432 millones supone que la Argentina cumple con todos los vencimientos futuros de capital e intereses y que el FMI no otorga nuevos créditos. Bajo ese escenario, la carga financiera tendería a reducirse gradualmente a medida que disminuya el stock de deuda.

Escenarios futuros y el impacto de nuevos desembolsos

El panorama podría modificarse si el organismo decide completar los desembolsos pendientes del crédito por US$ 20.000 millones aprobado en abril de 2025. En ese caso, el FMI aún debería girar poco más de US$ 5.000 millones, lo que implicaría un aumento del stock de deuda, mayores intereses y plazos de pago más extensos.

Si bien esos fondos permitirían cubrir vencimientos inmediatos —incluidos los US$ 4.400 millones previstos para 2026—, también incrementarían la carga financiera de mediano y largo plazo, profundizando la dependencia del esquema de refinanciación con el organismo.

En este contexto, el cronograma de intereses del próximo quinquenio se consolida como uno de los principales condicionantes de la política económica, tanto por su impacto fiscal como por su influencia en la negociación permanente con el FMI.

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Caputo defendió el REPO del BCRA y aseguró que sirve para cancelar deuda, no para aumentarla

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A 48 horas de un vencimiento clave de deuda externa, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender el préstamo por US$ 3.000 millones que tomó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante una operación de REPO con bancos internacionales. El funcionario aseguró que la operación no implica un aumento de la deuda, sino que permitirá cancelar obligaciones por US$ 4.300 millones que vencen este viernes 9 de enero, y aprovechó para diferenciar la estrategia financiera del actual Gobierno respecto de las gestiones kirchneristas.

La defensa del acuerdo se dio a través de redes sociales, en un tono confrontativo, donde Caputo afirmó que el kirchnerismo “ya no psicopatea a nadie” y sostuvo que la actual administración opera bajo un esquema de financiamiento neto negativo, en contraposición a los años de déficit fiscal y endeudamiento.

El REPO para cubrir vencimientos inmediatos

El ministro explicó que el REPO negociado por el BCRA con seis bancos internacionales tiene como objetivo exclusivo afrontar el vencimiento de deuda previsto para este viernes, correspondiente a bonos emitidos en agosto de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, como resultado de la reestructuración encabezada por Martín Guzmán.

“El Gobierno tomó hoy US$ 3.000 millones para cancelar US$ 4.300 millones. O sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga”, escribió Caputo, en referencia a los conceptos utilizados por anteriores administraciones.

Según precisó, el préstamo tiene un plazo de 372 días (un año y 12 días) y devenga una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que implica una tasa anual del 7,4%.

Cruce político y diferenciación con el kirchnerismo

En su mensaje, el titular del Palacio de Hacienda buscó marcar una diferencia estructural entre el endeudamiento actual y el de los gobiernos anteriores. “Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de ‘financiamiento neto positivo’, e incluso lo festejaban”, afirmó.

Caputo insistió en que, a diferencia de ese esquema, la administración libertaria “terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en 50 mil millones”, mientras que durante los gobiernos kirchneristas la deuda habría aumentado en US$ 300.000 millones, según expresó el funcionario.

El ministro agregó que el concepto de financiamiento neto positivo implicaba “festejar engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo”, y cerró su mensaje con una frase provocadora: “Besos para todos y sigan participando”.

Contexto financiero y señales al mercado

La defensa pública del REPO se produjo en un contexto de tensión financiera, con el mercado atento a la capacidad del Gobierno para cumplir con los compromisos heredados sin regresar, por ahora, al mercado internacional de bonos. La operación permitió al Ejecutivo ganar margen de maniobra para cumplir el vencimiento inmediato, aunque a un costo financiero explícito.

El mensaje oficial busca instalar la idea de que la operación no incrementa el stock de deuda, sino que forma parte de una estrategia de ordenamiento macroeconómico basada en el equilibrio fiscal y la reducción de pasivos, en contraste con el enfoque de administraciones anteriores.

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Las represas del Comahue cambian de manos y refuerzan las cuentas del Tesoro

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El Ministerio de Economía apura el traspaso de las principales represas hidroeléctricas del Comahue en una semana decisiva para las finanzas públicas. Con la toma de posesión prevista para este jueves 8 de enero, el Gobierno busca asegurarse el ingreso de más de US$ 700 millones por la venta de las acciones de los complejos Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados, fondos que resultan estratégicos para afrontar un vencimiento de deuda por US$ 4.200 millones previsto para el viernes inmediato.

La operación se apoya en la Resolución 2124/2025, publicada el 30 de diciembre en el Boletín Oficial, y fue complementada esta semana por la Resolución 7/2026 de la Secretaría de Energía, que estableció un régimen excepcional y transitorio para garantizar la continuidad operativa y comercial de las centrales en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) durante el cambio de manos.

Reprivatización exprés y dólares urgentes para el Tesoro

Las cuatro represas del Comahue, cuyas concesiones originales vencieron en agosto de 2023 tras 30 años de privatización y fueron prorrogadas sucesivamente, ingresan ahora en la etapa final de su transferencia accionaria. El cronograma fijó como fecha límite de pago de las acciones el martes 6 de enero, mientras que la toma de posesión de las nuevas concesionarias se concretará el jueves 8 a las 12:00.

Según fuentes empresarias citadas en el proceso, hacia el lunes 5 de enero ya se había transferido más del 90% del monto total, y el resto se completaría dentro del plazo establecido. Aunque inicialmente el pago había sido fijado en pesos —obligando a las empresas a liquidar divisas en el mercado local—, finalmente se acordó que la transferencia pudiera realizarse directamente en dólares.

Desde el Gobierno confirmaron que “esta semana va a estar el pago”, en referencia al ingreso de los US$ 700 millones, que se convertirán en un refuerzo clave para las cuentas del ministro Luis Caputo en una semana marcada por fuertes exigencias financieras.

Quién se queda con cada represa y cuánto pagó

La adjudicación de los complejos se formalizó en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0001-CPU25, cuya preadjudicación fue dispuesta por la Resolución 2059/2025 del Ministerio de Economía.

Los montos ofertados y adjudicatarios quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Piedra del Águila: adjudicada a Central Puerto S.A., con una oferta de US$ 245 millones.
  • El Chocón: otorgada al consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y BML Energía S.A., junto a MSU Green Energy y Orazul, por US$ 235.671.294.
  • Alicurá: adjudicada al grupo encabezado por Edison Holding S.A., con una oferta de US$ 162.040.002,17.
  • Cerros Colorados: quedó en manos del mismo grupo, por US$ 64.174.002,32.

En conjunto, las cuatro operaciones explican el ingreso de algo más de US$ 700 millones a las arcas del Estado nacional.

Transición regulada y continuidad en el Mercado Eléctrico Mayorista

Para evitar interrupciones en la operación del sistema eléctrico, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 7/2026 el 6 de enero, que habilita un régimen excepcional de continuidad automática como agentes del MEM para las nuevas concesionarias desde la fecha de toma de posesión.

La medida se apoya en el Anexo 17 de “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios”, aprobado por la Resolución 61/1992, y en las facultades conferidas por los artículos 35 y 36 de la Ley 24.065. El objetivo es asegurar la continuidad del despacho, la liquidación de transacciones y la administración de garantías, mientras se completa el trámite formal de cambio definitivo de titularidad.

La resolución instruye a CAMMESA a realizar las adecuaciones necesarias en materia de registración, representación comercial y liquidación, y otorga a las nuevas adjudicatarias un plazo de 30 días corridos desde la toma de posesión para cumplir con la totalidad de los requisitos complementarios previstos en la normativa.

El texto aclara que el régimen tiene carácter “estrictamente transitorio e instrumental”, y no implica la aprobación definitiva del cambio de titularidad ni la modificación del régimen contractual establecido en la Resolución 2124/2025.

Impacto fiscal y señales al mercado

El ingreso de los dólares provenientes de las hidroeléctricas llega en un momento de alta sensibilidad financiera. Con un vencimiento de deuda por US$ 4.200 millones, los fondos de la reprivatización aportan aire al Tesoro y refuerzan la estrategia del Gobierno de monetizar activos para sostener el frente externo.

Al mismo tiempo, el esquema regulatorio dispuesto busca enviar una señal de previsibilidad al sector energético y a los agentes del MEM, garantizando que el cambio de concesionarios no afecte la operación ni la seguridad del sistema eléctrico.

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ARCA extiende alivio impositivo a alimentos, medicamentos e insumos pymes importados

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Con el objetivo de reforzar la estrategia antiinflacionaria, el Gobierno nacional decidió prorrogar hasta el 30 de junio de 2026 los beneficios fiscales aplicados a la importación de bienes de cuatro rubros considerados estratégicos. La medida, dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y publicada en el Boletín Oficial, apunta a sostener precios en sectores sensibles del consumo y la producción, en un contexto de apertura comercial y mayor competencia externa.

La resolución excluye del pago del Impuesto a las Ganancias y del IVA a las importaciones de alimentos que integran la canasta básica, bienes de primera necesidad, medicamentos e insumos destinados a pequeñas y medianas empresas, siempre que los importadores cuenten con Certificado MiPyme vigente al momento de la operación.

Alivio fiscal selectivo para bienes sensibles

La prórroga ratifica un esquema de beneficios fiscales focalizados, orientado a reducir costos de ingreso de productos esenciales y a moderar presiones inflacionarias. Desde el Gobierno sostienen que la mayor competencia vía importaciones contribuye a disciplinar precios, especialmente en rubros con fuerte impacto en el índice de inflación.

La medida se enmarca en una coyuntura de dinamismo del comercio exterior: en los primeros once meses del año, las exportaciones argentinas alcanzaron los US$ 70.235 millones, superando ampliamente los US$ 60.775 millones registrados en 2024, un dato que refuerza la estrategia oficial de mayor integración comercial.

No obstante, la prórroga no está exenta de críticas. Sectores de la industria local advierten que incentivar compras externas puede afectar la producción nacional, especialmente en segmentos donde la competencia internacional opera con ventajas de escala y costos.

Contexto: apertura comercial y simplificación aduanera

La extensión de los beneficios fiscales se suma a otras decisiones recientes orientadas a facilitar las importaciones. ARCA ya implementó un nuevo esquema administrativo que simplifica trámites, ordena procedimientos y avanza en la digitalización del sistema aduanero, como el reemplazo de formularios impresos por versiones online.

Estas normas benefician a personas humanas que importan bienes nuevos o usados para consumo personal, sin fines comerciales ni industriales, y buscan modificar la forma en que se gestiona la documentación ante la Aduana, reduciendo tiempos y costos operativos.

En paralelo, especialistas señalan que el Gobierno complementa estas medidas con la liberalización paulatina del mercado cambiario y la eliminación de la mayoría de las trabas al comercio exterior, configurando un esquema más abierto y competitivo.

Impacto económico y posibles repercusiones

Desde la óptica oficial, la prórroga hasta el 30 de junio refuerza el anclaje de precios en productos sensibles, especialmente alimentos, medicamentos y bienes esenciales, con impacto directo en el costo de vida. Para las pymes, el alivio fiscal en insumos importados busca mejorar la competitividad y reducir costos de producción.

Sin embargo, el debate permanece abierto. Mientras el Gobierno apuesta a que la competencia externa ayude a bajar la inflación, sectores industriales anticipan tensiones sectoriales y reclaman medidas complementarias para proteger la producción local.

En ese equilibrio entre precios, consumo e industria se juega una parte central de la política económica de 2026.

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