Política Económica

Reclamo por Yacyretá y coparticipación: Valdés apuntó contra el reparto de recursos

Compartí esta noticia !

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, volvió a poner en el centro del debate el esquema de distribución de recursos nacionales al denunciar lo que considera una inequidad estructural en el reparto de regalías energéticas de Yacyretá y de la coparticipación federal.

En declaraciones públicas realizadas en un programa de televisión abierta emitido los domingos por la noche en la ciudad de Corrientes, el mandatario sostuvo que su provincia aporta más a la Nación, pero recibe menos recursos, y apuntó directamente contra la situación de Formosa, a la que acusó de beneficiarse sin realizar aportes equivalentes.

Sin mencionar de manera explícita a la represa de Yacyretá, ubicada en Ituzaingó, Valdés aludió al sistema de regalías vinculadas a la generación de energía y expresó su malestar por la distribución actual. “Formosa no produce nada, recibe más y se lleva plata de los correntinos”, afirmó, sintetizando un reclamo que combina argumentos económicos, fiscales e institucionales.

Coparticipación federal y reclamo por un esquema “injusto”

Según el portal CorrientesHoy el eje central de las críticas del gobernador correntino se concentró en el actual régimen de coparticipación federal, al que calificó de “injusto”. Según su planteo, Corrientes contribuye de manera sostenida al financiamiento del Estado nacional a través del trabajo de sus ciudadanos, la producción y las industrias locales, pero esa contribución no se ve reflejada en el volumen de recursos que retorna a la provincia.

En ese marco, Valdés contrastó la situación de Corrientes con la de Formosa, a la que señaló como una provincia que, de acuerdo con su visión, “no aporta nada y recibe más por coparticipación del trabajo de todos los correntinos”. La afirmación apunta directamente a la lógica redistributiva del sistema vigente y reabre una discusión de fondo sobre los criterios con los que se asignan los fondos federales.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente tensión entre las provincias y la Nación por la disponibilidad de recursos, en un escenario económico complejo que obliga a los gobiernos subnacionales a revisar sus estrategias de financiamiento y a reforzar sus reclamos ante el Poder Ejecutivo nacional.

Regalías energéticas y defensa de los intereses provinciales

Aunque no la mencionó de forma directa, el planteo del gobernador tuvo como telón de fondo la represa de Yacyretá, una de las principales fuentes de generación de energía del país y ubicada en territorio correntino. La referencia implícita a las regalías nacionales por energía refuerza la idea de que Corrientes considera insuficiente la compensación que recibe en relación con el impacto territorial, ambiental y productivo que implica albergar una infraestructura de esa magnitud.

Valdés adelantó que insistirá ante el Gobierno Nacional para que se revise la situación y se avance en la sanción de una nueva ley de coparticipación, que garantice un criterio más equilibrado. “No es posible que Corrientes aporte más y reciba menos”, remarcó, fijando una posición política clara de cara al debate federal.

Con este pronunciamiento, el mandatario busca instalar el tema en la agenda nacional, no solo como un reclamo coyuntural, sino como una discusión estructural sobre la distribución de fondos, la equidad fiscal y el reconocimiento a las provincias que generan recursos estratégicos. Al mismo tiempo, reafirma su discurso de defensa de los intereses de Corrientes y de sus recursos naturales, en un escenario donde la puja por ingresos y regalías se vuelve cada vez más visible entre las jurisdicciones.

Compartí esta noticia !

“Héroes de la producción”: la visión de Sturzenegger sobre el impacto del turismo en las divisas

Compartí esta noticia !

En pleno inicio de la temporada de verano y en un contexto de debate recurrente sobre la salida de divisas por turismo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó una mirada contracorriente: aseguró que los argentinos que vacacionan en el exterior no despilfarran dólares, sino que cumplen un rol clave en el funcionamiento de la economía y en la sustentabilidad de la capacidad exportadora del país. La definición, difundida a través de redes sociales, se inscribe en la estrategia oficial de apertura comercial y normalización macroeconómica, con impacto directo en la política cambiaria y productiva.

“Todos los años para esta fecha empieza una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos. Pero es exactamente al revés: son héroes de la producción”, afirmó el funcionario.

Turismo emisivo, divisas y competitividad exportadora

El eje central del planteo de Sturzenegger se apoya en una lógica estructural del comercio internacional. Según explicó, existe un patrón global consistente: los países que más importan también son los que más exportan, medido como proporción del Producto Bruto Interno (PBI).

“Cada importación requiere divisas extranjeras que, típicamente, proveen los exportadores. Cuando hay muchas importaciones, sube la demanda de dólares y aparecen exportadores que suplen esa necesidad”, sostuvo.

Desde esta perspectiva, la demanda de divisas generada por el turismo emisivo funciona como un mecanismo indirecto de sostenimiento del tipo de cambio real, evitando su atraso y preservando la competitividad de los sectores exportadores. Para el ministro, el gasto de los argentinos en el exterior se integra al mismo circuito que las importaciones de bienes y servicios.

“La demanda de divisas de nuestros veraneantes es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y a la exportación de servicios. Cada argentino que veranea en Brasil o en otro país ayuda a sostener la capacidad exportadora del país”, remarcó.

Crítica a las restricciones y al aislamiento comercial

En contraposición, Sturzenegger cuestionó de forma explícita las políticas de restricción a las importaciones, habituales en etapas anteriores de la política económica argentina. Según explicó, limitar el acceso al comercio exterior genera un efecto inverso al buscado.

“Cuando se limitan las importaciones, cae la demanda de divisas y el dólar se abarata en términos relativos, destruyendo la competitividad de nuestro potencial exportador”, advirtió en su cuenta de X.

En ese marco, el ministro vinculó el bajo nivel de integración comercial de la Argentina con décadas de políticas de cierre. “Comerciamos tres veces menos de lo que deberíamos dado nuestro tamaño, por ideas que nos han ido aislando y empobreciendo”, sostuvo.

La consecuencia, según su análisis, es un desaprovechamiento de las ventajas comparativas del país. “Cerrarse al comercio te empobrece, porque dejás de hacer aquello en lo que sos bueno para ponerte a hacer aquello en lo que sos malo”, afirmó, en línea con el enfoque liberal que impulsa el Gobierno nacional.

Apertura comercial y señales políticas

La reflexión del ministro no es aislada: se inscribe en una narrativa oficial que busca reconfigurar el debate público sobre el uso de divisas, el rol del turismo emisivo y la relación entre importaciones, exportaciones y crecimiento. En este esquema, el turismo al exterior deja de ser visto como una amenaza para las reservas y pasa a ser interpretado como una señal de normalización económica.

“Importar más y exportar más es el camino de una Argentina próspera”, concluyó Sturzenegger, al alentar a los argentinos que viajan al exterior durante el verano.

El mensaje apunta tanto al plano económico como al simbólico: desarmar uno de los consensos históricos del debate argentino sobre las divisas y reforzar la idea de que la integración al comercio global es una condición necesaria para el desarrollo sostenido.

Compartí esta noticia !

Con el FMI en pausa, Economía negocia un REPO por u$s2.000 millones para cubrir vencimientos de enero

Compartí esta noticia !

Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) demora la revisión de fin de año y mantiene en suspenso el desembolso de u$s1.050 millones, el Ministerio de Economía y el Banco Central aceleraron un plan financiero alternativo: negocian un préstamo REPO por u$s2.000 millones con un consorcio de bancos internacionales. La operación, que ingresaría íntegramente como reservas brutas, apunta a blindar el balance del BCRA, atravesar el cuello de botella de enero y reducir la dependencia de un eventual waiver del organismo multilateral.

Fuentes de máxima jerarquía en Balcarce 50 y Reconquista confirmaron que la negociación ingresó en etapa definitiva en las últimas 48 horas, con una estructura similar a los repos ampliados utilizados en enero y junio de este año. El crédito se pactaría a uno o dos años, con bonos soberanos como colateral, y podría ampliarse hasta u$s300 millones adicionales, aún no confirmados.

Un REPO como herramienta preventiva en un contexto de reservas exigidas

El mecanismo REPO —acuerdo de recompra con obligación de recompra y tasa variable atada a un benchmark (SOFR) más spread— es habitual en operaciones de emergencia de bancos centrales emergentes, aunque menos difundido en el mercado local. En este caso, el consorcio estaría integrado por entidades que ya participaron en colocaciones previas, con perfil bajo para evitar ruido político.

El timing de la operación es clave. Con reservas netas en terreno negativo y un riesgo país en torno a los 600 puntos básicos, pese a la mejora reciente en la calificación de S&P, el equipo económico busca oxígeno financiero antes de los vencimientos de deuda de enero y de la presión cambiaria de fin de año. El ingreso de u$s2.000 millones permitiría desactivar, al menos temporalmente, el riesgo de una corrección brusca del tipo de cambio y ganar margen de maniobra.

Desde el Palacio de Hacienda insisten en que el REPO no es un salvavidas, sino una herramienta preventiva, y destacan que la tasa sería inferior a la de cualquier colocación en el mercado voluntario. Sin embargo, en el mercado circulan versiones de que el spread podría ubicarse entre 500 y 700 puntos básicos, lo que elevaría el costo efectivo por encima del 9% anual.

Colaterales definidos y señales políticas para el mercado

Según las fuentes, los bonos de garantía ya estarían cerrados: se utilizarían los bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38) como colateral. La definición del respaldo refuerza la probabilidad de cierre en el corto plazo y suma previsibilidad a la estructura del crédito.

En paralelo, el frente político busca anclar expectativas. En una entrevista radial del 23 de diciembre, el presidente Javier Milei afirmó: “Estamos más que cubiertos, tenemos la plata para pagar enero, febrero y todo el primer trimestre sin ningún problema”. En la misma línea, el ministro Luis Caputo sostuvo: “Estamos cómodos, tenemos los fondos necesarios para pagar toda la deuda de enero, febrero y marzo sin ningún tipo de problema”.

En el oficialismo interpretan que operaciones como este REPO responden a la decisión de fortalecer reservas, mejorar el perfil financiero y seguir reduciendo el riesgo país, más que a una urgencia de caja. La lectura institucional es que, aun con la revisión del FMI demorada y el desembolso de u$s1.050 millones en duda, el Ejecutivo amplía su set de herramientas para sostener la estabilidad macro y cumplir con el calendario de pagos.

Compartí esta noticia !

El Gobierno extiende hasta junio de 2026 la transición para eliminar contratos preferenciales del Estado

Compartí esta noticia !

Mediante el Decreto 928/2025, publicado el 31 de diciembre en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional extendió hasta el 30 de junio de 2026 el plazo para rescindir y reordenar los contratos del Sector Público Nacional que otorgaban ventajas o preferencias a empresas con participación estatal. La decisión impacta de lleno en los esquemas de contratación de combustibles, seguros y pasajes aéreos, y se inscribe en la política de desregulación, competencia y neutralidad del Estado impulsada desde diciembre de 2023.

La medida prorroga los plazos establecidos originalmente en el Decreto 747/2024 —ya extendidos una vez por el Decreto 591/2025— ante la persistencia de procesos licitatorios inconclusos o fallidos, varios de ellos bajo la modalidad de “Acuerdo Marco”, considerados estratégicos para el funcionamiento operativo de la administración pública.

El marco normativo: fin de las prerrogativas y contratos preferenciales

El nuevo decreto se apoya en el artículo 50 del Decreto 70/2023, que fijó un principio central de la actual política económica: “las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público”, ni podrán recibir ventajas en la contratación de bienes y servicios.

En esa línea, el Decreto 747/2024 derogó un conjunto de normas que imponían contrataciones obligatorias con empresas estatales. Entre ellas, el Decreto 1189/2012, que obligaba a contratar con YPF S.A. el suministro de combustibles y lubricantes; el Decreto 1191/2012, que establecía la obligación de utilizar Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar S.A. para la compra de pasajes aéreos; y el Decreto 823/2021, que imponía la contratación de pólizas a través de Nación Seguros S.A.

Además, ese decreto dispuso que las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y b), de la Ley 24.156 debían rescindir, en un plazo máximo de un año, todos los contratos que otorgaran beneficios o preferencias, e impulsar procedimientos de selección competitivos y transparentes.

El plazo original, que vencía en agosto de 2025, ya había sido extendido por el Decreto 591/2025. Ahora, el Decreto 928/2025 lo prorroga nuevamente hasta el 30 de junio de 2026.

Licitaciones en marcha, procesos fallidos y cuellos operativos

En los considerandos, el Poder Ejecutivo justifica la nueva prórroga en el estado de avance —y en algunos casos, de estancamiento— de varios procesos licitatorios clave.

Entre los avances concretados, se menciona la Licitación Pública N° 999-0011-LPU24 para la apertura y gestión de cuentas sueldo, adjudicada por la Decisión Administrativa N° 9 del 23 de abril de 2025, que dio lugar al Acuerdo Marco N° 999-2-AM25, vigente por tres años con opción a uno adicional.

También se destaca la Licitación Pública N° 999-0002-LPU25, correspondiente al seguro de riesgos del trabajo, adjudicada mediante la Decisión Administrativa N° 13 del 30 de mayo de 2025, con un acuerdo marco de dos años, prorrogable por uno más. A esto se suma la contratación de seguros integrales, automotor y técnico, formalizada a través del Acuerdo Marco N° 999-7-AM25, perfeccionado el 6 de octubre de 2025.

Sin embargo, el decreto reconoce que persisten contrataciones críticas sin resolver, especialmente en materia de combustibles y pasajes aéreos. En el caso de la Licitación Pública N° 999-0006-LPU25, destinada a la provisión de combustibles y gestión de flota, el procedimiento fue dejado sin efecto en octubre de 2025 tras recibir una única oferta para un renglón y quedar desiertos los restantes.

Algo similar ocurrió con la Licitación Pública N° 999-0008-LPU25, para combustibles a granel destinados a automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales, donde se proyecta declarar fracasados ocho renglones y desiertos otros cuatro.

En paralelo, la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete, se encuentra elaborando un anteproyecto de pliego para una futura licitación de pasajes aéreos bajo la modalidad de Acuerdo Marco, aún sin fecha de convocatoria definitiva.

Alcance de la prórroga y efectos sobre la gestión pública

Frente a este escenario, el decreto no solo extiende hasta el 30 de junio de 2026 el plazo máximo previsto en el artículo 6° del Decreto 747/2024, sino que también faculta a cada jurisdicción competente a ampliar o prorrogar los contratos vigentes, celebrados bajo los decretos ahora derogados, hasta esa misma fecha.

En la práctica, esto implica que los contratos con YPF, Aerolíneas Argentinas, Nación Seguros y otras empresas alcanzadas podrán mantenerse de manera transitoria, evitando vacíos operativos mientras se completan los nuevos esquemas de contratación competitiva.

Desde el punto de vista institucional, la medida refleja las tensiones entre el objetivo político de desarmar privilegios y la complejidad técnica de reemplazar contratos estructurales en áreas sensibles para el funcionamiento cotidiano del Estado. Para los proveedores privados, la prórroga extiende un período de incertidumbre, pero también confirma que el Gobierno mantiene el rumbo hacia un sistema de compras públicas sin preferencias, basado en licitaciones abiertas y transparentes.

Compartí esta noticia !

INDEC: el empleo en la administración pública nacional bajó 7,8% interanual en noviembre

Compartí esta noticia !

La dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo a 281.785 personas en noviembre de 2025, según datos oficiales del INDEC, y acumuló una pérdida de 59.688 empleos desde diciembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei. La cifra consolida el ajuste sobre el sector público como uno de los ejes centrales de la política económica y administrativa del Gobierno nacional, con impacto directo en el funcionamiento del Estado, el mercado laboral y la estructura institucional.

En el último mes relevado, noviembre de 2025, el empleo público cayó 0,3% respecto de octubre (785 puestos menos) y 7,8% en la comparación interanual, lo que equivale a 22.322 trabajadores menos frente a noviembre de 2024. Los datos surgen del informe técnico “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades”, publicado el 30 de diciembre de 2025 por el INDEC.

Un ajuste sostenido en la administración pública nacional

El recorte se verifica en casi todos los segmentos del Estado nacional. La Administración Pública Nacional (APN) cerró noviembre con 192.219 empleados, una baja mensual de 0,2% y una caída interanual del 7,1%. Dentro de ese universo, la administración centralizada pasó de 39.272 a 39.011 trabajadores, lo que implicó una reducción mensual del 0,7% y una caída interanual del 10,7%.

La administración descentralizada, que concentra el mayor volumen de personal, también mostró una contracción: bajó 0,3% mensual, de 116.960 a 116.571 empleados, mientras que la administración desconcentrada fue el único segmento que registró una suba en noviembre, con 22.534 trabajadores, un incremento del 1,3% mensual (284 puestos más). En tanto, los otros entes redujeron su dotación 0,3%, al pasar de 14.148 a 14.103 empleados.

Si se toma el acumulado de enero a noviembre de 2025, la APN perdió 18.178 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 6,06% en lo que va del año. El contraste es más marcado al comparar con el inicio de la actual gestión: en enero de 2024, la administración pública nacional contabilizaba 333.784 puestos, por lo que el retroceso acumulado alcanza el 15,57%.

Empresas y sociedades del Estado: menos personal y menor estructura

El ajuste también se extendió a las empresas y sociedades del Estado, que en noviembre registraron 89.566 empleados, con una caída mensual de 374 puestos (-0,4%) y una reducción interanual del 7,8%. Este segmento explica una parte relevante del recorte total, en un contexto de revisión del rol del Estado empresario y de los costos operativos de las compañías con participación estatal.

En conjunto, la dotación total del sector público nacional —administración central, organismos descentralizados, entes y empresas— pasó de casi 300 mil trabajadores a comienzos de 2025 a los 281.785 actuales, consolidando una tendencia de reducción sostenida mes a mes. El informe oficial detalla que la medición incluye a 125 entidades, aunque en noviembre 10 empresas y sociedades no informaron su dotación, por lo que 5.194 personas (1,8% del total) fueron imputadas estadísticamente.

Impacto económico e institucional del recorte

La caída de casi 60 mil empleos públicos en dos años refleja el alcance del proceso de reorganización y reducción del Estado impulsado por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023. En términos económicos, el ajuste contribuye a la reducción del gasto corriente, especialmente en salarios, uno de los componentes más relevantes del presupuesto nacional. En el plano institucional, sin embargo, plantea interrogantes sobre la capacidad operativa de áreas clave del Estado, en particular en organismos con funciones regulatorias, técnicas o de prestación de servicios.

La evolución del empleo público se convirtió así en un indicador central para seguir la estrategia de desregulación y transformación del Estado, en un contexto de fuerte debate político sobre el tamaño del sector público, la eficiencia administrativa y el impacto social del ajuste. Con los datos de noviembre, el INDEC confirma que la tendencia descendente se mantiene y que el redimensionamiento del Estado sigue siendo uno de los pilares de la política económica vigente.

Dotacion Personal Publico Argentina by CristianMilciades

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin