POLÍTICA FISCAL

Misiones refuerza su política fiscal para amortiguar la crisis

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En un contexto de fuerte restricción macroeconómica a nivel nacional, Misiones profundiza una estrategia fiscal propia con eje en el alivio impositivo, la previsibilidad y la defensa de la actividad económica local. A través de una batería de medidas sostenidas en el tiempo —y no como acciones aisladas— la Provincia busca amortiguar el impacto de la desaceleración sobre hogares, profesionales, comercios e industrias, sin resignar equilibrio fiscal.

Las decisiones, impulsadas por el gobernador Hugo Passalacqua y ejecutadas por la Agencia Tributaria Misiones (ATM), combinan prórrogas de vencimientos, bonificaciones directas, suspensión de regímenes de retención y esquemas especiales sobre tributos clave como Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor. El objetivo es claro: reducir costos operativos, sostener el empleo y preservar la capacidad productiva provincial.

Uno de los ejes centrales es la prórroga del vencimiento del pago anual del Impuesto Inmobiliario 2026 hasta el 10 de febrero, manteniendo descuentos de hasta el 40% por pago contado. La medida apunta a aliviar el arranque del año para las familias misioneras, en un escenario donde los ingresos reales continúan tensionados.

En la misma línea, el Régimen Especial del Impuesto Provincial al Automotor ofrece quitas relevantes de intereses y sanciones, junto con opciones de pago contado o financiado, favoreciendo la regularización voluntaria de deudas sin recurrir a esquemas coercitivos.

Profesionales y servicios: alivio directo al costo fiscal

En el segmento de profesionales y servicios, Misiones decidió prorrogar hasta abril de 2026 la bonificación del 30% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes matriculados y en regla, sin topes de facturación ni por operación. El beneficio alcanza a un universo amplio que va desde salud, derecho y contabilidad hasta arquitectura, ingeniería, turismo y servicios sociales.

A esto se suma la continuidad, hasta el 30 de abril de 2026, de la suspensión del régimen de autorretención de Ingresos Brutos para profesionales, una decisión que reduce carga administrativa y mejora el flujo de caja en actividades intensivas en servicios.

Industria y combustibles: foco en competitividad

En el plano productivo, la Provincia mantiene la reducción del pago a cuenta de Ingresos Brutos para industrias alcanzadas por el Convenio Multilateral, fijándolo en el 1,50%. La medida apunta a mejorar competitividad, sostener niveles de actividad y preservar empleo industrial, en un contexto de costos crecientes y demanda contenida.

En paralelo, se avanzó en la equiparación fiscal de las estaciones de servicio de bandera blanca con las empresas petroleras, reduciendo la alícuota de Ingresos Brutos sobre la venta mayorista de combustibles destinada a la reventa. El impacto es relevante en un sector con márgenes ajustados y altos costos operativos.

Consumo y orden fiscal

Como complemento, el Gobierno provincial confirmó la continuidad de los programas “Ahora Misiones” hasta marzo de 2026, sosteniendo estímulos al consumo en rubros clave como bienes durables, turismo interno, gastronomía y productos esenciales, con impacto directo en comercio y servicios.

En simultáneo, y como señal de disciplina fiscal, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de nuevas designaciones en planta permanente, con excepciones en áreas estratégicas como educación, salud y seguridad.

Desde la gestión provincial subrayan que el esquema refleja una política fiscal anticíclica sostenida: alivio concreto al sector privado, incentivos al consumo y a la producción, y control del gasto público. Una combinación que busca sostener actividad y empleo en Misiones, aun en un escenario nacional marcado por la incertidumbre.

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ATM avanza con medidas de alivio fiscal y simplificación tributaria

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La Agencia Tributaria Misiones (ATM) puso en práctica nuevas disposiciones orientadas a agilizar exclusiones y simplificar trámites vinculados con los medios de pago digitales, en un contexto donde el comercio electrónico y las transacciones con billeteras virtuales y tarjetas de crédito crecen de manera sostenida en la provincia.

La medida busca acompañar al sector comercial con un esquema más ágil de gestión tributaria, en línea con la estrategia de alivio fiscal que el Gobierno de Misiones viene desarrollando en los últimos meses.

Los contribuyentes podrán tramitar la exclusión de regímenes a través de un procedimiento más simple. En particular, se destacan las mejoras aplicadas al Formulario SF-178 para SIRTAC y SIRCUPA, que concentran la mayor parte de las operaciones digitales.

ATM detalló que con estas modificaciones se reducen pasos burocráticos y se eliminan exigencias que retrasaban la tramitación. “Simplificamos los procesos en estos regímenes, generando un alivio concreto para el comercio”, indicaron desde el organismo.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación del requisito de presentar la certificación contable en las nuevas solicitudes realizadas mediante el Formulario 178 y la eliminación del cobro del formulario 349 Esto representa una carga administrativa menos para profesionales y empresas, al tiempo que acelera la resolución de los trámites.

Impacto en el sector comercial

La medida apunta a beneficiar especialmente a los comercios que trabajan con medios de pago digitales, una modalidad que crece en Misiones en paralelo al aumento del consumo con tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

Este anuncio se suma a otras herramientas impulsadas por el Gobierno provincial que buscan proteger el poder adquisitivo y estimular el consumo interno, como el programa Ahora Misiones, el Ahora Pan y los planes de financiamiento para pymes y comercios locales.

Una política de alivio fiscal sostenida

En informes anteriores ya hemos dado cuenta de cómo ATM viene aplicando una política de alivio tributario que combina reducción de cargas fiscales, simplificación de trámites y acompañamiento al sector privado. En ese marco, se inscriben tanto la agilización de exclusiones en billeteras virtuales y tarjetas, como la eliminación de pasos contables innecesarios.

De esta manera, el Gobierno provincial busca sostener la competitividad de Misiones en un escenario económico nacional complejo, donde la presión tributaria y la inflación han golpeado con fuerza al entramado pyme.

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Las criptomonedas plantean importantes problemas fiscales, y podrían empeorar

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Escriben Katherine Baer, Ruud de Moojj, Shafik Hebous y Michael Keen -Los sistemas tributarios deben actualizarse para hacer frente a los criptoactivos, cuyo anonimato y naturaleza descentralizada plantean desafíos, sobre todo para el impuesto al valor agregado.

Los criptoactivos que pueden ser utilizados como instrumentos de pago han proliferado en más de 10.000 variantes desde el debut de Bitcoin en 2009, el primer y sigue siendo el más grande. La velocidad desconcertante con la que se han desarrollado y el seudónimo que pueden proporcionar han dejado a los sistemas tributarios jugando a la captura hacia arriba.

En un nuevo documento, discutimos cómo los gobiernos pueden abordar lo emergente. Desafíos de gravar estos activos criptográficos mientras su uso aún es limitado, por lo que que eviten una fuga de ingresos fiscales y protejan la integridad de la fiscalidad.

Clasificación de criptografía

Las opiniones de los activos criptográficos son diversas y se mantienen con pasión. La perspectiva de liberar las transacciones financieras de la supervisión por parte de los gobiernos y el La participación de las instituciones financieras es un sueño libertario para algunos. El Salvador y la República Centroafricana han ido tan lejos como para adoptar Bitcoin como moneda de curso legal.

Los críticos, sin embargo, ven los activos criptográficos no solo como inherentemente inútiles, sino que Un frente para el crimen, las estafas y los juegos de azar. También señalan su vértigo volatilidad. Bitcoin, por ejemplo, se disparó de $ 200 hace una década a casi $ 70,000 en 2021 antes de caer a alrededor de $ 29,000 hoy.

El colapso de FTX el año pasado y la reciente Bolsa de Valores de EE.UU. Las demandas de la Comisión contra Binance y Coinbase han alimentado la ansiedad entre los usuarios, mientras que la apelación a las actividades delictivas ha se ha reflejado en incautaciones de alto perfil de miles de millones de dólares. Estos Los acontecimientos han provocado un escrutinio cada vez mayor por parte de los responsables políticos y Llamamientos generalizados a la regulación.

Pero ya sea que los activos criptográficos finalmente aumenten o caigan, una forma coherente de gravar ellos es necesario.

Una cuestión clave es cómo clasificar los activos criptográficos, si deben considerarse como ¿Propiedad o moneda? Cuando la criptografía se vende con fines de lucro, las ganancias de capital deben tributar como lo serían sobre otros activos. Y compras realizadas con criptografía deben estar sujetos a los mismos impuestos sobre las ventas o al valor añadido, o IVA, que se aplicaría a las transacciones en efectivo.

Por lo tanto, una tarea importante es garantizar la aplicación de estos principios, que requiere claridad sobre cómo caracterizar la criptografía a efectos fiscales: en esencia, como monedas para el IVA y los impuestos sobre las ventas y como activos para el impuesto sobre la renta Propósitos. Si bien esto no es fácil debido a la naturaleza evolutiva de los activos criptográficos transacciones, es perfectamente posible. Los desafíos más profundos están entonces en aplicación.

Consideraciones sobre los ingresos

Las estimaciones crudas sugieren que un impuesto del 20 por ciento sobre las ganancias de capital de la criptografía habría recaudado alrededor de $ 100 mil millones en todo el mundo en medio de los precios en alza en 2021. Eso es alrededor del 4 por ciento de los ingresos globales del impuesto sobre la renta corporativa, o 0.4 porcentaje de la recaudación total de impuestos.

Pero con la capitalización total del mercado criptográfico un 63 por ciento por debajo del pico de finales de 2021, los ingresos fiscales se habrían marchitado. Si estos Las pérdidas se compensaron totalmente con otros impuestos, habría un reducción correspondiente de los ingresos. En tiempos más normales y con el Tamaño actual del mercado, los ingresos globales por impuestos criptográficos probablemente promediarían menos que $ 25 mil millones al año. Eso, en el esquema más amplio de las cosas, no es un gran cantidad.

También hay importantes cuestiones de equidad en juego. Aunque su El seudónimo hace que sea difícil estar seguro exactamente quién tiene criptografía, hay señales de que la propiedad está fuertemente concentrada entre los relativamente rico, a pesar de que la tenencia de criptografía es sorprendentemente común entre las personas con bajos ingresos también. Las encuestas disponibles indican que alrededor de 10.000 personas mantener una cuarta parte de todo Bitcoin.

También hay IVA. Las transacciones criptográficas tienen similitudes con las del efectivo en su potencial para ocultarse a las administraciones tributarias. Hoy en día, el La proporción de compras realizadas con criptomonedas sigue siendo pequeña. Pero el uso generalizado, si los sistemas fiscales no estaban preparados, podría significar algún día una evasión generalizada del IVA e impuestos sobre las ventas, lo que lleva a ingresos gubernamentales materialmente más bajos. Esto puede ser la mayor amenaza de la criptografía.

Abordar la aplicación

La dificultad más fundamental para gravar los activos criptográficos es que son “seudónimo”. Es decir, las transacciones utilizan direcciones públicas que son extremadamente difícil de vincular con individuos o empresas. Esto puede hacer que los impuestos Evasión más fácil. Por lo tanto, la aplicación está en el centro de la cuestión fiscal autoridades.

El problema es superable cuando las personas realizan transacciones a través de Intercambios, ya que estos pueden estar sujetos a la norma “Conozca a su cliente” reglas de seguimiento y posiblemente retención de impuestos. Muchos países están poniendo tales reglas establecidas con la expectativa de que el cumplimiento tributario mejorará.

Sin embargo, las obligaciones de información podrían inducir a las personas a mantener las autoridades fiscales ignorante al utilizar intercambios centralizados en el extranjero. Para abordar eso preocupación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha desarrolló un marco para el intercambio de información relacionada con la criptografía entre Países. La implementación, sin embargo, está algo lejos.

Una posibilidad más preocupante es que las reglas de presentación de informes (y los fallos de algunos intermediarios criptográficos) podrían inducir a las personas a realizar transacciones cada vez más a través de intercambios descentralizados o directamente a través de operaciones peer-to-peer donde ningún órgano central de gobierno supervisa estas transacciones. Esos son: sigue siendo extremadamente difícil de penetrar para los administradores fiscales.

Dada la complejidad de los desafíos fundamentales planteados por el seudónimo, la rapidez de la innovación, las vastas brechas de información y la Incertidumbres por delante, la marea aún no ha cambiado en la batalla a Incorporar criptografía adecuadamente en el sistema tributario más amplio. Algunos de los elementos necesarios para hacerlo, como la claridad en su clasificación para el impuesto propósitos: son claros.

Pero los desafíos son fundamentales, y los riesgos, particularmente para el IVA y los impuestos sobre las ventas, pueden ser mayores de lo que la gente reconoce. Tantos (aunque lejos de todos) los gobiernos están empezando a darse cuenta de que los responsables de la formulación de políticas necesitan Desarrollar marcos claros, coherentes y efectivos para gravar la criptografía.

Katherine Baer, Jefa de la División de Administración de Ingresos II del Departamento de Finanzas Públicas del FMI

Ruud de Mooij, Director Adjunto del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI

Shafik Hebous, Jefe Adjunto de División del Departamento de Finanzas Públicas del FMI

Michael Keen, Subdirector del Departamento de Finanzas Públicas del FMI

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Los gobiernos necesitan políticas fiscales ágiles a medida que aumentan los precios de los alimentos y los combustibles

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Escriben Jean-Marc Fournier, Vitor Gaspar, Paulo Medas y Roberto Accioly Perrelli – Los imperativos de gasto de la pandemia y la guerra cumplen con la alta deuda y las estrictas restricciones presupuestarias.

Así como el aumento de las vacunas ofreció esperanza, la invasión rusa de Ucrania interrumpió la recuperación económica mundial. Uno de los efectos globales más visibles ha sido la aceleración de los precios de la energía y los alimentos, lo que generó preocupaciones sobre episodios de escasez de alimentos y aumentó los riesgos de desnutrición y malestar social. Los precios mundiales de los alimentos aumentaron un 33,6 por ciento en marzo respecto al año anterior, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Nuestro último Monitor Fiscal analiza cómo los gobiernos, que enfrentan una deuda récord y costos de endeudamiento crecientes, pueden responder mejor a las necesidades urgentes. Enfatiza el llamado a una mayor cooperación global.

Perspectiva fiscal altamente incierta

Las economías de todo el mundo han acumulado capa tras capa de legados de crisis pasadas desde la crisis financiera mundial. Las acciones fiscales extraordinarias en respuesta a la pandemia llevaron a un aumento de los déficits fiscales y la deuda pública en 2020.

Además, la perspectiva siguió siendo incierta mientras el mundo navegaba por un entorno sin precedentes, con una inflación en aumento y una divergencia cada vez mayor en las recuperaciones, y luego Rusia invadió Ucrania, lo que aumentó considerablemente los riesgos geopolíticos.

Los déficits y la deuda mundiales están cayendo desde niveles récord, pero los riesgos en torno a las perspectivas son excepcionalmente altos y las vulnerabilidades están aumentando. Se espera que la deuda pública global caiga en 2022 y luego se estabilice en alrededor del 95 por ciento del producto interno bruto a mediano plazo, 11 puntos porcentuales más que antes de la pandemia. Las grandes sorpresas de inflación en 2020-21 ayudaron a reducir los índices de deuda, pero a medida que la política monetaria se endurece para frenar la inflación, los costos de los préstamos soberanos aumentarán, lo que reducirá el alcance del gasto público y aumentará las vulnerabilidades de la deuda.

En las economías avanzadas, se proyecta que los déficits disminuyan y las políticas están pasando del apoyo pandémico a la transformación estructural. Las perspectivas fiscales en Europa se enfrentan a una incertidumbre excepcional dada la guerra en Ucrania y sus efectos secundarios. En la mayoría de los mercados emergentes, los déficits se reducirán, pero con grandes variaciones entre países. Los países de bajos ingresos, que ya sufren las cicatrices de la pandemia, tienen un espacio fiscal muy limitado, ya que se ven muy afectados por los efectos secundarios de la guerra.

Los distintos shocks también han traído nuevos riesgos a las finanzas públicas. Los gobiernos están bajo presión para hacer frente al aumento de los precios de la energía y los alimentos. Para aliviar la carga de los hogares, garantizar la seguridad alimentaria y evitar el malestar social, la mayoría de los gobiernos han anunciado medidas para limitar el aumento de los precios internos. Sin embargo, tales acciones podrían tener grandes costos fiscales y exacerbar los desajustes de la oferta y la demanda global, ejerciendo más presión sobre los precios internacionales y posiblemente provocando escasez de energía o alimentos. Esto perjudicaría aún más a los países de bajos ingresos que dependen de la energía y los alimentos importados.

Además, la lucha contra la pobreza ha sufrido un revés, especialmente en los mercados emergentes y los países de bajos ingresos. En relación con las tendencias previas a la pandemia, la crisis de la COVID-19 empujó a 70 millones de personas más en todo el mundo a la pobreza extrema en 2021. En muchas economías avanzadas, los hogares estaban protegidos por apoyo directo del gobierno o esquemas de retención de empleo. Los hogares gastaron menos y ahorraron más debido al distanciamiento social, las restricciones de movilidad y la incertidumbre sobre el futuro. Estos ahorros en exceso son un amortiguador importante pero, si se gastan rápidamente, podrían aumentar aún más el impulso de la inflación. La situación es mucho más grave en otros países con un gran número de personas pobres, donde el aumento de la inflación podría empujar a más personas a la pobreza y exacerbar la crisis alimentaria.

Gestionar crisis tras crisis

Los gobiernos se enfrentan a decisiones difíciles en este entorno altamente incierto. Deben centrarse en las necesidades de gasto más urgentes y recaudar ingresos para pagarlas.

Recomendamos estrategias fiscales ágiles adaptadas a las circunstancias de cada país:

En las economías más afectadas por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, la política fiscal debe responder a la crisis humanitaria y las perturbaciones económicas. Dado el aumento de la inflación y las tasas de interés, el apoyo fiscal debe dirigirse a las áreas más afectadas y prioritarias.
En las naciones donde el crecimiento es más fuerte y las presiones inflacionarias siguen siendo elevadas, la política fiscal debería continuar su cambio de apoyo a normalización.
En muchos mercados emergentes y economías de bajos ingresos que enfrentan condiciones financieras difíciles o el riesgo de sobreendeudamiento, los gobiernos deberán priorizar el gasto y aumentar los ingresos para reducir las vulnerabilidades.
Los exportadores de materias primas que se benefician de precios más altos deberían aprovechar la oportunidad para reconstruir las reservas.
Las respuestas gubernamentales al aumento de los precios internacionales de las materias primas deberían dar prioridad a la protección de los más vulnerables. Un objetivo crítico es evitar una crisis alimentaria manteniendo la cohesión social. Los países con redes de seguridad social bien desarrolladas podrían implementar transferencias de efectivo específicas y temporales a grupos vulnerables mientras permiten que los precios internos se ajusten. Esto limitará las presiones presupuestarias y creará los incentivos adecuados para aumentar la oferta (como invertir en energía renovable). Otros países podrían permitir un ajuste más gradual de los precios internos y utilizar las herramientas existentes para ayudar a los más vulnerables durante esta crisis, mientras toman medidas para fortalecer las redes de seguridad.

Los aumentos en los precios de los combustibles fósiles resaltan aún más la urgencia de acelerar la transición a la energía limpia y renovable, lo que aumentaría la seguridad energética y ayudaría a cumplir con la agenda climática urgente: estamos dramáticamente fuera del camino para limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados.

Alrededor del 60 por ciento de los países de bajos ingresos corren un alto riesgo de sobreendeudamiento o ya lo están experimentando. Se enfrentan a cicatrices persistentes de COVID-19. Son especialmente vulnerables a los aumentos de precios de los alimentos, dada la gran proporción del gasto en alimentos en los presupuestos de sus hogares. Estos países necesitan el apoyo de la comunidad internacional.

Pero la necesidad de una acción colectiva es más amplia. La cooperación global es necesaria para abordar los problemas apremiantes y urgentes que enfrenta el mundo: crisis energética y alimentaria, pandemias actuales y futuras, deuda, desarrollo y cambio climático.

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Efectos de la política cambiaria en la economía de la región NEA

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El informe de Coyuntura Regional NEA realizado por Gerardo Alonso Schwarz y Juan Cuevas para la Fundación Mediterranea – IERAL donde analizan como la política cambiaría ha impactado en la región.

En los últimos meses el cambio en la política cambiaria ha generado una serie de incentivos desiguales en distintos sectores de la economía. Como consecuencia de esto se observan diferentes impactos de la variación del tipo de cambio en las economías regionales.

En las provincias de la región NEA, especialmente debido a su relación con las economías de Brasil y Paraguay es posible observar los efectos en el turismo, comercio fronterizo, comercio exterior, ahorristas e inversiones en la economía real.

De esta manera, si bien este escenario tiene un aspecto positivo en el impulso en el corto plazo del turismo doméstico y receptivo y las compras en las localidades argentinas fronterizas, genera también fuertes desincentivos a la inversión tanto para el turismo, como en el sector exportador y especialmente a la inversión extranjera en el país.

Teniendo en cuenta esta realidad cambiaria, analizamos como estos distintos tipos de cambio (ver gráfico 1) pueden afectar a los distintos sectores económicos del NEA entiéndase turismo, comercio exterior, ahorristas e inversiones en la economía real o inversión en el sector financiero.

En el caso del sector turismo, particularmente el emisivo, cualquier persona que quisiera comprar divisas en casas de cambio para viajar al exterior pagaría el impuesto solidario (82,5 pesos por dólar), lo mismo pasaría si cualquier persona residente utiliza su tarjeta de crédito o débito en pesos en el extranjero. Otra opción es comprar divisas a un tipo de cambio blue (el dólar blue, dólar paralelo o dólar negro, son eufemismos que se utilizan en Argentina para referirse al dólar estadounidense comprado ilegalmente en el mercado negro y suele tener un tipo de cambio que se encuentra muy por encima del dólar oficial) a 78 pesos por dólar que por el momento sigue siendo levemente menor al dólar solidario (en el caso de decidir vender pesos para adquirir divisas en el exterior, la cotización es muy similar a estos valores).

Para el turismo receptivo la situación es similar, ya que los turistas extranjeros pueden venir con sus divisas e ir a una casa de cambio (pueden vender el equivalente en pesos hasta 560.000 pesos al año o un máximo de 280.000 pesos por mes y a su vez para comprar divisas tienen que tener una previa autorización del Banco Central Argentina con un límite de cien dólares) y cambiar las mismas al tipo de cambio oficial (actualmente en el Banco Nación 58,5 por dólar) o la otra opción es vender sus divisas en el mercado paralelo (o en el exterior antes de viajar) donde, la transacción se hará en valores cercanos al dólar blue (75 pesos por dólar), lo cual genera una ventaja para el turista extranjero de obtener mayores pesos por divisa.

Observando esta realidad cambiaria que enfrentan los residentes como también los no residentes que quieren hacer turismo nos permite inferir un mayor movimiento de argentinos haciendo turismo dentro del país y pocos argentinos viajando al exterior. A su vez, la situación antes descripta implica que manejarse con efectivo resulta más beneficioso que con utilizar tarjetas de crédito o débito tanto para residentes como para no residentes.

En lo que se refiere exclusivamente al turismo de compras y teniendo en cuenta la realidad geográfica del NEA (en la cual las provincias limitan con Brasil y Paraguay), consideramos conveniente analizar los precios de distintos productos y servicios con un tipo de cambio oficial (en el caso de Argentina se tomó en cuenta el dólar solidario) que se ofrecen tanto en ciudades del NEA como así también en ciudades limítrofes de Paraguay y Brasil. En el caso de ciudades de Argentina que son limítrofes con ciudades de Paraguay (ver gráfico 2), se aprecia que para un grupo de productos y servicios en la actualidad la gran mayoría resulta más barato en Argentina que en Paraguay, salvo tres productos.

En los casos de ciudades argentinas y ciudades de Brasil (ver gráfico 2), los resultados nos muestran una situación muy similar a la anterior, de manera tal que la gran mayoría de productos y servicios seleccionados son más baratos en Argentina con la excepción de cinco productos.

Esta comparación de precios en ciudades fronterizas explica claramente no sólo el poco tránsito fronterizo de argentinos yendo a hacer compras a ciudades fronterizas sino también la mayor cantidad de brasileños y paraguayos haciendo viajes de compras a ciudades fronterizas argentinas (especialmente en las ciudades de Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen, Paso de los Libres y Posadas).

En el comercio exterior (en este caso los sectores exportadores del NEA1 ) cuando concretan una venta al extranjero y las divisas son depositadas en sus cuentas bancarias las mismas tienen que pesificarse al tipo de cambio comprador del banco al cual fueron realizadas las transferencias que generalmente toman como referencia el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina. Cabe aclarar que en la misma ley del impuesto solidario también generó cambios con los impuestos que se cobran a las exportaciones ya que se cobraban sumas fijas concepto de impuestos las exportaciones las mismas pasaron a ser un porcentaje. En el caso de los productos exportados del NEA (ver tabla 1) en su mayoría tributan impuestos a las exportaciones por un porcentaje del 12% salvo algunas excepciones en las que tributan el 9% (entiéndase pasta celulósica), 6% (arroz partido) y 5% (leña, carbón vegetal y madera en bruto) por lo cual el tipo de cambio efectivo será el oficial menos el porcentaje de retenciones aplicables

Las importaciones, actualmente tienen un arancel externo común del 10% más la tasa de estadística del 3% entre otros costos lo que hace que los importadores realicen transacciones a un dólar vendedor del Banco Nación de 72,3 pesos por dólar, sumado a que si el producto que importa tiene licencia automática o no automática (las licencias automáticas son aprobadas, para todos los casos, previa la importación y luego de su solicitud en concordancia con el reglamento que se encuentre vigente, mientras que las licencias no automáticas pueden demorarse para su aprobación por lo general entre 30 a 60 días).

Esta realidad cambiaria para los exportadores muestra los desincentivos que actualmente tienen ya que deben exportar a un dólar menor al oficial y a su vez, al importar bienes de capital o afrontar compromisos en divisas, deben hacerlo a un tipo de cambio mayor al cual exportan.

Por otra parte, las inversiones en la economía real (por ejemplo la compra de inmuebles, maquinaria, empresas entre otras cosas) generalmente suelen hacerse mediante la transferencia bancaria al tipo de cambio oficial comprador (actualmente en 59 pesos por dólar en el Banco Nación).

El inconveniente en las inversiones radica cuando se quieren girar las utilidades al exterior porque actualmente solamente las empresas multinacionales pueden girar el 30% de la inversión realizada, entonces la opción que tienen es el dólar contado con liquidación (esta es una operatoria realizada a través del mercado de valores. Existe un valor de referencia que nace a partir de calcular la diferencia entre una cotización en el mercado local, y otra cotización de la misma empresa en USA. La operación consta en una serie de pasos, primero comprar un título público o acción con cotización en el mercado de valores local y afuera. Luego hay que solicitar al bróker de bolsa, que envié el título al exterior, donde debemos tener una cuenta bancaria en dólares. Allí se venderá el título público o acción y se recibirá el importe en la cuenta correspondiente. A su vez, esta operatoria también sirve para ingresar fondos al país) actualmente este tipo de dólar se negocia a 82,2 pesos por dólar. Entonces si las divisas entran al país a un tipo de cambio de 59 pesos por dólar y tendrían que salir del país a un tipo de cambio de 82,2 pesos por dólar deberían tener como mínimo una rentabilidad de 39,3% (entiéndase es el cociente entre el valor del dólar CCL y el valor del dólar tipo comprador del Banco Nación)

Finalmente, aquellos individuos o empresas que quieran destinar sus ahorros a compras de divisas mayores a doscientos dólares de manera legal pueden recurrir al dólar bolsa (Se llama dólar bolsa o dólar Mep a la compra/venta de dólares realizada a partir de la operatoria de bonos. Dichos bonos están nominados en dólares, pero cotizan tanto en dólares como en pesos, permitiendo operarlos en ambas monedas) que actualmente está en 82,18 pesos por dólar.

Como conclusión ante un nuevo escenario con diversos tipos de cambios efectivos según la actividad, se aprecia que el mismo si bien tiene un aspecto positivo en el impulso en el corto plazo del turismo doméstico y receptivo y las compras en las localidades argentinas fronterizas, genera también fuertes desincentivos a la inversión tanto para el turismo, como en el sector exportador y especialmente a la inversión extranjera en el país.


1 entiéndase Arroz, Madera y sus Manufacturas, Pasta Celulósica Tabaco, Té y Yerba Mate

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