política fiscal

ARCA publicó las tablas de Ganancias 2026, qué cambia en las retenciones y quiénes reciben devolución

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó las deducciones personales y la escala del Impuesto a las Ganancias aplicables a empleados en relación de dependencia para el primer semestre de 2026. La actualización, ya disponible en el sitio oficial del organismo, tiene impacto inmediato en las retenciones mensuales y habilita la devolución de importes retenidos en exceso, ya que rige con carácter retroactivo al 1° de enero.

La medida resulta clave tanto para trabajadores alcanzados por el tributo como para empleadores, que deberán recalcular las liquidaciones ya efectuadas en caso de haber aplicado las tablas correspondientes al período anterior. El esquema define nuevos mínimos no imponibles, deducciones por cargas de familia y una escala progresiva con alícuotas que van del 5% al 35%, según el nivel de ganancia neta imponible acumulada.

Nuevas deducciones personales: los montos vigentes a diciembre de 2026

Según las tablas publicadas por ARCA, los conceptos deducibles del Impuesto a las Ganancias para personas humanas alcanzadas por la cuarta categoría presentan los siguientes valores anuales:

  • Ganancias no imponibles (artículo 30, inciso a): $5.151.802,50
  • Cargas de familia (artículo 30, inciso b):
    • Cónyuge: $4.851.964,66
    • Hijo: $2.446.863,48
    • Hijo incapacitado para el trabajo: $4.893.726,96
  • Deducción especial (artículo 30, inciso c):
    • Apartado 1: $18.031.308,76
    • Apartado 1 – “nuevos profesionales/emprendedores”: $20.607.210,01
    • Apartado 2: $24.728.652,02

Además, se mantiene la deducción especial equivalente a la doceava parte del total de deducciones de los incisos a), b) y c) apartado 2, que se computa según la situación particular de cada contribuyente.

Estos valores determinan el piso a partir del cual los ingresos quedan alcanzados por el impuesto y resultan determinantes para reducir la base imponible mensual de los trabajadores en relación de dependencia.

Escala progresiva: cómo se calcula el impuesto en el primer semestre de 2026

La tabla de alícuotas publicada por ARCA establece tramos acumulados de ganancia neta imponible, con montos fijos a ingresar y porcentajes crecientes sobre el excedente. El esquema es el siguiente:

  • Hasta $2.000.030,09: 0%
  • Más de $2.000.030,09 y hasta $4.000.060,17: 5% sobre el excedente
  • Más de $4.000.060,17 y hasta $6.000.090,26: 9%
  • Más de $6.000.090,26 y hasta $9.000.135,40: 12%
  • Más de $9.000.135,40 y hasta $18.000.270,80: 15%
  • Más de $18.000.270,80 y hasta $27.000.406,20: 19%
  • Más de $27.000.406,20 y hasta $40.500.609,30: 23%
  • Más de $40.500.609,30 y hasta $60.750.913,96: 27%
  • Más de $60.750.913,96: 35%

Este esquema define una progresividad más clara del impuesto y permite estimar con mayor precisión el impacto del tributo sobre el ingreso disponible de los asalariados.

Aplicación retroactiva y devolución de retenciones

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que la publicación de las tablas habilita de inmediato su aplicación por parte de los empleadores. “De esta forma, los empleadores ya pueden actualizar sus sistemas y empezar a aplicar las retenciones a los empleados considerando las tablas del primer semestre 2026”, señaló.

Domínguez remarcó además que la normativa tiene efecto retroactivo al 1° de enero, por lo que “si los empleadores ya pagaron remuneraciones aplicando la tabla del año pasado, tienen que hacer el recálculo en el próximo pago de sueldos y devolver lo retenido de más”.

En la práctica, el especialista advirtió que muchas empresas demoran la actualización de sus sistemas de liquidación. “Es muy probable que si alguna empresa paga en estos días, siga aplicando tablas anteriores y lo solucione en el próximo pago”, indicó. No obstante, aclaró que algunas firmas optan por recalcular de inmediato y devolver exclusivamente la retención de Ganancias, beneficiando de forma directa al trabajador.

Impacto para trabajadores y empresas

La actualización de las escalas de Ganancias tiene un doble efecto. Por un lado, alivia la carga tributaria efectiva sobre los salarios, especialmente en un contexto de ajustes nominales de ingresos. Por otro, genera una obligación administrativa adicional para los empleadores, que deben recalcular retenciones y efectuar devoluciones cuando corresponda.

Desde el punto de vista fiscal, la medida ordena el esquema de retenciones del primer semestre de 2026 y reduce contingencias futuras por ajustes mal aplicados. Para los asalariados alcanzados, en cambio, puede traducirse en mejoras puntuales en el ingreso de bolsillo durante los próximos meses, producto de las devoluciones retroactivas

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La CEPAL advierte por un crecimiento débil y heterogéneo en América Latina y el Caribe

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El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), confirma que la región cerró el último año con un crecimiento económico bajo, desigual entre países y condicionado por restricciones macroeconómicas persistentes, en un contexto marcado por la desaceleración global, la volatilidad financiera y tensiones estructurales no resueltas. El informe advierte que, sin cambios en la dinámica de inversión y productividad, la región seguirá enfrentando limitadas perspectivas de desarrollo y mayor vulnerabilidad social.

Crecimiento económico acotado y marcado por desequilibrios estructurales

Según el informe de la CEPAL, el desempeño económico regional estuvo caracterizado por tasas de crecimiento moderadas, con comportamientos dispares entre subregiones y economías nacionales. El documento señala que la expansión del producto fue insuficiente para recuperar plenamente los niveles previos a las crisis recientes, lo que consolida una tendencia de bajo dinamismo que la región arrastra desde hace más de una década.

La CEPAL identifica como factores centrales la debilidad de la demanda interna, la baja inversión, la restricción externa y el impacto de un escenario internacional menos favorable. A ello se suma el endurecimiento de las condiciones financieras globales, que encarece el acceso al crédito y limita el margen de maniobra de las políticas económicas.

Inflación, política fiscal y márgenes de acción limitados

El informe destaca que, si bien en varios países se observó una desaceleración de la inflación, esta continúa en niveles elevados en comparación con los promedios históricos, afectando el poder adquisitivo de los hogares y el consumo privado. En paralelo, la política monetaria se mantuvo restrictiva durante gran parte del período analizado, con efectos contractivos sobre la actividad económica.

En el plano fiscal, la CEPAL advierte que los gobiernos enfrentan espacios fiscales acotados, producto de mayores necesidades de financiamiento, elevados niveles de deuda pública y presiones sociales crecientes. Si bien se registraron esfuerzos de consolidación fiscal, el organismo remarca que estos ajustes deben compatibilizarse con la necesidad de sostener el gasto social y la inversión pública.

Empleo, inversión y riesgos para el desarrollo regional

El balance preliminar subraya que la recuperación del empleo fue incompleta y de baja calidad, con altos niveles de informalidad y una persistente brecha de productividad. La inversión, tanto pública como privada, continúa siendo uno de los principales cuellos de botella del crecimiento regional, lo que limita las posibilidades de transformación productiva y diversificación económica.

La CEPAL alerta que, de mantenerse estas tendencias, la región podría enfrentar un escenario de crecimiento insuficiente para reducir la pobreza y la desigualdad, profundizando las brechas sociales y territoriales. En este marco, el organismo insiste en la necesidad de políticas macroeconómicas coordinadas, reformas estructurales y una agenda de desarrollo productivo sostenible que permita fortalecer la resiliencia de las economías latinoamericanas.

Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe by CristianMilciades

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La presión tributaria cayó 1,1 puntos del PBI en 2025 y fue la más baja en diez años

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La recaudación tributaria nacional cerró 2025 con una baja real del 1% interanual y una caída de 1,1 puntos porcentuales del PBI en la presión tributaria efectiva, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). El dato confirma un giro relevante en la política fiscal, con impacto directo sobre las cuentas públicas, el esquema tributario y la relación Nación–provincias.

El año 2025 habría finalizado con una reducción significativa de la presión tributaria efectiva nacional, que se ubicó en el nivel más bajo de los últimos diez años. De acuerdo con el informe de recaudación nacional de diciembre de 2025 elaborado por el IARAF, la relación entre los ingresos tributarios y el tamaño de la economía descendió 1,1 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) respecto de 2024, en un contexto marcado por la eliminación del impuesto PAIS y la reducción de la carga sobre varios tributos clave.

En términos reales, la recaudación tributaria nacional acumulada del año habría registrado un descenso del 1% interanual, sin lograr compensar la baja de impuestos aplicada durante el ejercicio. El informe, fechado el 2 de enero de 2026, se apoya en datos difundidos por ARCA y utiliza como supuesto una inflación mensual del 2,5% para diciembre.

Cinco meses consecutivos de caída y fuerte impacto en derechos de exportación

El informe señala que en diciembre de 2025 se registró la quinta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total, con una baja del 3% real respecto del mismo mes de 2024. Al excluir los tributos vinculados al comercio exterior, la variación real interanual habría sido nula, lo que refleja el peso de estos impuestos en el desempeño global de los ingresos fiscales.

Al analizar el comportamiento por tributo, la mayor caída real interanual correspondió a los derechos de exportación, con un desplome del 58%, incluso sin considerar la eliminación del impuesto PAIS. Según el IARAF, este retroceso estuvo directamente vinculado a la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario.

Le siguieron los impuestos internos, con una baja real interanual del 25%, y Bienes Personales, con una contracción del 19%, explicada por la comparación con una base elevada de diciembre de 2024 y por la reducción de alícuotas.

Entre los tributos de mayor peso, el IVA, principal impuesto del sistema, registró una caída real del 6,8%, mientras que los aportes y contribuciones a la seguridad social, segundo rubro en importancia, descendieron un 1,2% real interanual.

En contraposición, los tributos con mayor incremento real en diciembre fueron los derechos de importación (+12,6%), el impuesto a las ganancias (+9,7%) y el impuesto a los combustibles (+5%), mostrando una recomposición parcial de ingresos por la vía del comercio exterior y el consumo específico.

Un año completo en retroceso y presión tributaria en mínimos históricos

Considerando el total de 2025, la recaudación tributaria nacional habría caído un 1% real respecto de 2024. Sin embargo, el informe aclara que, si se excluyen los tributos vinculados al comercio exterior, la recaudación total habría aumentado un 4,5% real interanual, lo que pone en evidencia el efecto contractivo de la política tributaria sobre ese segmento.

En el acumulado anual, los tributos con mayor caída real fueron Bienes Personales (-34,6%), derechos de exportación (-16%) e internos coparticipados (-11,7%). En sentido inverso, los mayores incrementos se observaron en el impuesto a los combustibles (+42,9%), derechos de importación (+22,3%) y seguridad social (+13,8%).

El relevamiento histórico del IARAF muestra que la recaudación tributaria nacional de 2025 se ubicó en el noveno lugar de los últimos diez años, bajo un orden de mayor a menor, y fue 6,6% inferior en términos reales a la de 2023.

Más contundente aún es el dato sobre presión tributaria efectiva: en el período 2016–2025, el año 2025 ocupa el último lugar, consolidando una tendencia descendente que redefine el esquema de ingresos del Estado nacional y abre interrogantes sobre su sostenibilidad fiscal y el financiamiento de políticas públicas.

Implicancias fiscales y desafíos hacia adelante

El informe del IARAF refleja un cambio estructural en la relación entre el Estado y la economía, con menor presión tributaria pero también con menores recursos reales disponibles. Este escenario impacta de lleno en la capacidad fiscal de la Nación, en el esquema de coparticipación y en la planificación presupuestaria, especialmente en un contexto donde la recaudación muestra señales persistentes de debilidad.

La evolución de los ingresos tributarios en 2026 dependerá, en gran medida, del desempeño de la actividad económica, de la dinámica del comercio exterior y de eventuales ajustes en la política impositiva. Por ahora, los datos confirman que 2025 marcó un punto de inflexión en la presión tributaria argentina.

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Paraguay promulgó el Presupuesto 2026 con foco social y control del déficit fiscal

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, una ley clave que define el rumbo económico y social del país para el próximo año. El plan de gastos e ingresos asciende a 149,6 billones de guaraníes, equivalentes a unos 19.000 millones de dólares, y representa un incremento del 12,3% respecto al presupuesto 2025, con un fuerte énfasis en inversión social, salud, educación y seguridad, pero manteniendo el déficit fiscal dentro del tope del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

La norma, sancionada previamente por el Congreso y promulgada en el último día de 2025, marca el inicio del proceso de reglamentación y ejecución presupuestaria para 2026. Desde el Poder Ejecutivo destacaron que se trata de un presupuesto consensuado con el Poder Legislativo y alineado con el objetivo de priorizar a los sectores más vulnerables sin desordenar las cuentas públicas.


Un presupuesto expansivo con fuerte eje en políticas sociales

El Presupuesto 2026 destina partidas significativas a programas sociales emblemáticos. Entre ellos se destaca el programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, que contará con 370 millones de dólares, con el objetivo de alcanzar a un millón de estudiantes en todo el país. A esto se suma una asignación de 412 millones de dólares para el programa de adultos mayores, que permitirá incorporar 30.000 nuevos beneficiarios al sistema.

El esquema de gastos también refuerza áreas sensibles como Seguridad, Defensa, Salud y Educación, consolidando un perfil de presupuesto orientado a la inversión social y a la provisión de servicios públicos esenciales. En el área sanitaria, las modificaciones introducidas por el Congreso incluyeron un aumento cercano a 47.000 millones de guaraníes, destinados a obras e inversiones específicas como la ampliación del Hospital de Caaguazú (20.000 millones), la adquisición de mamógrafos (10.000 millones), equipamiento para el futuro hospital de Curuguaty y la reposición de recursos para el Centro de Tratamiento de Adicciones.

Cambios legislativos y reasignaciones estratégicas

Durante el debate parlamentario, ambas cámaras introdujeron ajustes relevantes al proyecto original del Ejecutivo. Uno de los cambios más significativos fue la reasignación de fondos originalmente previstos para el Ministerio de Obras Públicas, que se redireccionaron para fortalecer el presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con el objetivo de dinamizar la construcción de viviendas sociales en 2026.

También se incrementó el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en 10.000 millones de guaraníes, y el del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en 17.000 millones de guaraníes, destinados en gran parte al proyecto “Letrina Cero”, que prevé la construcción de baños adecuados en 347 escuelas, con una asignación específica de 15.000 millones, mientras que el resto se orientará a tareas de supervisión regional.

En términos globales, el PGN aprobado asciende a 149,1 billones de guaraníes (unos 18.928 millones de dólares), una cifra muy cercana a la propuesta original del Ejecutivo y consistente con la estrategia fiscal del Gobierno.

Orden fiscal y señal política al mercado

Uno de los aspectos más destacados del Presupuesto 2026 es el cumplimiento del tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB, un límite que no se respetaba desde 2018. Al conocerse la sanción legislativa, el presidente Peña celebró este punto y subrayó su relevancia institucional y económica: “Esto marca un hito: es la primera vez desde 2018 que se aprueba un presupuesto dentro de este límite, lo que demuestra nuestro compromiso absoluto con el orden administrativo”.

Desde una mirada macroeconómica, el PGN 2026 busca combinar expansión del gasto social con disciplina fiscal, un equilibrio que será observado de cerca tanto por los actores políticos internos como por analistas económicos y organismos internacionales. La ejecución efectiva del presupuesto y el cumplimiento de las metas fiscales serán determinantes para sostener la credibilidad del programa económico del Gobierno en un año clave para la gestión.

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El Gobierno extendió el beneficio en contribuciones patronales para colegios privados

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El Poder Ejecutivo Nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 el régimen especial de contribuciones patronales aplicable a los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial, con el objetivo de evitar un fuerte aumento de costos laborales que impactaría sobre las provincias y las familias. La medida fue oficializada mediante el Decreto 939/2025, firmado el 31 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026, con vigencia a partir del 1° de enero de 2026.

La decisión extiende lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N° 27.541, que excluye a estos empleadores del esquema general de contribuciones patronales, y se adopta tras informes técnicos favorables del Ministerio de Economía y del Ministerio de Capital Humano.

El marco normativo y los antecedentes de la prórroga

El decreto repasa un extenso entramado normativo que se inicia con el Decreto N° 814/2001, que había eliminado exenciones y reducciones en las contribuciones patronales y fijado nuevos niveles aplicables a los empleadores del sector privado, incluyendo a las instituciones educativas privadas comprendidas en las Leyes Nros. 13.047 y 24.049.

A lo largo de más de dos décadas, una sucesión de decretos suspendió transitoriamente la aplicación plena de ese régimen para los colegios privados, con el objetivo de evitar incrementos abruptos en las cargas laborales. Si bien el Decreto N° 814/01 fue derogado por el artículo 26 de la Ley N° 27.541, el Capítulo 3 del Título IV de esa ley mantuvo, en términos generales, los niveles de contribuciones vigentes en 2019.

Sin embargo, el artículo 24 de la Ley N° 27.541 excluyó expresamente de ese esquema a los establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza oficial hasta el 31 de diciembre de 2020, facultando al Poder Ejecutivo a prorrogar el beneficio “cuando así lo aconseje la situación económica del sector”. En uso de esa delegación legislativa, el Gobierno extendió el plazo en varias oportunidades, la última de ellas mediante el Decreto N° 68/2025, que lo había fijado hasta el 31 de diciembre de 2025.

Con el Decreto 939/2025, el Ejecutivo vuelve a ejercer esa facultad y extiende el régimen diferencial por un año más, hasta fines de 2026.

Impacto económico: costos laborales, provincias y aranceles

El texto oficial subraya que el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos privados es el salarial, incluyendo las contribuciones patronales. En ese contexto, advierte que la aplicación plena del régimen general previsto en la Ley N° 27.541 durante 2026 hubiera generado un “incremento desmesurado” de las cargas patronales, con efectos más severos en las jurisdicciones alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, debido a las diferencias regionales en los beneficios vigentes.

El decreto también pone el foco en el impacto fiscal indirecto sobre las provincias. La mayoría de los establecimientos educativos privados recibe aporte estatal, financiado exclusivamente por las jurisdicciones provinciales tras la transferencia de los servicios educativos dispuesta por la Ley N° 24.049. Un aumento de las contribuciones patronales, señala la norma, implicaría una mayor presión sobre los presupuestos provinciales, ya que esos aportes cubren no solo los salarios docentes sino también las cargas sociales asociadas.

En los casos en que los colegios no reciben aporte estatal, o lo hacen de manera parcial, el Gobierno advierte que el aumento de las contribuciones se trasladaría a los aranceles que pagan las familias, afectando su economía y la sustentabilidad de los establecimientos.

Servicio educativo y alcance institucional de la medida

Desde una perspectiva institucional, el Poder Ejecutivo sostiene que la aplicación del régimen general de contribuciones a las instituciones educativas privadas afectaría la prestación del servicio educativo, con un impacto negativo mayor en las regiones más necesitadas y en los establecimientos de menores recursos que atienden a sectores socialmente vulnerables.

Por ese motivo, y con base en los informes técnicos de las áreas competentes, el decreto concluye que resulta “indispensable” prorrogar el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026, preservando la continuidad del esquema diferencial.

En cumplimiento de la Ley N° 26.122, la medida será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, encargada de expedirse sobre la validez de los decretos dictados en ejercicio de delegaciones legislativas.

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