Política Internacional

Milei recibió a Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada

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El presidente Javier Milei recibió este jueves en Casa Rosada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un encuentro que tuvo como eje la situación en Venezuela y que se inscribe en la estrategia del Gobierno argentino de consolidar un bloque internacional de líderes de derecha. La reunión, de alto contenido político e ideológico, refuerza el posicionamiento externo de la administración libertaria en un contexto de tensiones regionales y reconfiguración de alianzas.

Agenda venezolana y afinidad ideológica en el centro del encuentro

La reunión entre Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso se desarrolló en Casa Rosada y contó con la presencia del canciller Pablo Quirno como funcionario acompañante. Según trascendió, la situación en Venezuela ocupó un lugar central en la conversación, especialmente tras la detención de Nicolás Maduro en Nueva York y la posterior intervención estadounidense en el país caribeño.

El encuentro se produjo en un momento en el que la política exterior del Gobierno argentino prioriza la sintonía con gobiernos y dirigentes alineados ideológicamente, con un discurso crítico hacia el progresismo y el socialismo en la región. En ese marco, la visita de la dirigente española refuerza la narrativa oficial de construcción de un espacio común entre líderes que comparten diagnósticos económicos y políticos.

Milei ya había explicitado esta estrategia en declaraciones al periodista Andrés Oppenheimer, de CNN en Español, al señalar: “Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI”. En la misma línea, sostuvo: “No le pusimos nombre, pero ya hay un bloque de diez países que venimos trabajando para que nuestra propuesta sea plantarnos al cáncer del socialismo del siglo XXI”.

Un vínculo político consolidado y gestos que trascienden lo protocolar

La relación entre Milei y Díaz Ayuso se apoya en una afinidad ideológica que se fue consolidando con el tiempo. La presidenta de la Comunidad de Madrid condecoró recientemente al mandatario argentino con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, una distinción reservada a funcionarios extranjeros reconocidos por su labor institucional. El gesto generó el rechazo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), conducido por Pedro Sánchez, y profundizó la tensión política en España.

Para Milei, Díaz Ayuso representa una de las pocas aliadas en la política española por fuera del ámbito de Vox, el partido liderado por Santiago Abascal, con el que el Presidente argentino mantiene una mayor afinidad discursiva. En ese contexto, la dirigente madrileña se posiciona como un puente relevante con sectores del Partido Popular, aun en medio de las críticas internas dentro de la derecha española.

El propio Abascal cuestionó recientemente al Partido Popular por sus posiciones respecto a la política internacional y, en particular, sobre Venezuela. Según expresó, resulta llamativo que dirigentes que antes criticaban duramente a Donald Trump ahora pretendan alinearse con sus decisiones, luego de haber aplaudido acciones dirigidas contra “el tirano Maduro”.

Venezuela como punto de convergencia política y proyección internacional

La postura de Isabel Díaz Ayuso sobre la crisis venezolana es contundente. A través de su cuenta en X, definió a Nicolás Maduro como “un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”. En ese mismo mensaje, destacó el rol de María Corina Machado, a quien identifica como la dirigente llamada a liderar una transición democrática tras la intervención internacional. Su publicación permanece fijada en redes: “La caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”.

En la Argentina, el respaldo a la intervención en Venezuela es explícito. Desde el entorno presidencial señalaron que “no podría haber un proceso de elecciones libres aún. Todavía hay resabios del régimen”, en referencia a la situación institucional del país caribeño. En línea con esa visión, Milei defendió la postura estratégica de su gobierno y de la administración de Donald Trump, a la que atribuyó un rol central en el escenario global: “Está rediseñando el orden mundial”, afirmó en una entrevista radial, al tiempo que sostuvo que el liderazgo conservador busca “terminar con el socialismo asesino”.

La reunión con Díaz Ayuso se produjo además en un contexto particular de la agenda presidencial. Milei apareció en Balcarce 50 por segunda vez en lo que va del año, dado que mantiene su actividad desde la quinta de Olivos y evita tomarse vacaciones. La dirigente española, en tanto, se encontraba en Punta del Este, Uruguay, junto a su pareja, Alberto González Amador, y tras el encuentro tenía previsto regresar al país vecino sin actividades oficiales ni mediáticas adicionales.

Señales políticas y repercusiones del acercamiento

El encuentro en Casa Rosada refuerza la proyección internacional del Gobierno argentino dentro de un espacio ideológico claramente definido. La sintonía con Díaz Ayuso no solo profundiza el vínculo con un sector relevante de la política española, sino que también envía una señal hacia otros gobiernos y líderes que comparten una agenda crítica del socialismo en América Latina y Europa.

La dirigente madrileña ya había destacado públicamente el impacto del protagonismo internacional de Milei en los primeros meses de su gestión: “Si tenemos en cuenta que ahora mismo Javier Milei está en todas las salsas, porque cuando hay una reunión internacional Argentina está allí representada, eso hace que se ponga en el mapa de nuevo. Eso es dar confianza para la inversión y las empresas”, había expresado.

En ese sentido, el acercamiento entre ambos dirigentes combina contenido ideológico con un mensaje económico implícito: mayor visibilidad internacional, alineamiento con gobiernos afines y construcción de confianza para los mercados. La reunión en Casa Rosada se inscribe así en una estrategia más amplia del Ejecutivo argentino, que busca articular política exterior, posicionamiento geopolítico y narrativa económica bajo un mismo eje discursivo.

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Trump impone una doctrina de fuerza global y Venezuela activa el estado de conmoción exterior

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La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos abrió un punto de inflexión en la política internacional. Mientras la Casa Blanca explicita una doctrina basada en fuerza y dominación, el Gobierno venezolano activó un estado de excepción con amplias facultades represivas. El episodio reconfigura el equilibrio político, jurídico y económico en el hemisferio occidental.

La administración de Donald Trump explicitó esta semana un cambio estructural en el papel global de Estados Unidos, al asumir abiertamente una estrategia de poder basada en la fuerza, la coerción y el dominio directo. La definición quedó en boca de Stephen Miller, uno de los principales asesores presidenciales, tras la operación militar que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos judiciales.

“Vivimos en un mundo que está gobernado por la fuerza, por el poder, por la autoridad. Éstas son las leyes de hierro del mundo”, sostuvo Miller en declaraciones televisivas. Y fue más allá: “Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, nos comportaremos como tal”.

Las declaraciones se produjeron luego de una incursión militar que, según funcionarios estadounidenses, involucró a casi 200 efectivos en territorio venezolano y derivó en un enfrentamiento armado. Trump justificó la operación al presentar a Maduro como el jefe de un cártel de narcotráfico y a Venezuela como una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos.

Una doctrina de fuerza sin control legislativo

El episodio dejó al descubierto un aspecto central del segundo mandato de Trump: el desplazamiento del Congreso en materia de política exterior y uso de la fuerza. La Casa Blanca rechazó la necesidad de autorización legislativa para la captura de un jefe de Estado extranjero, al calificar la incursión como una “misión de aplicación de la ley”.

La posición fue avalada por los líderes republicanos del Congreso. El jefe de la mayoría en el Senado, John Thune, sostuvo que informar previamente al Capitolio habría sido “desaconsejable”, argumentando que el Poder Legislativo “no es el mejor para guardar secretos”.

La operación abrió interrogantes clave: si existe un plan viable para la transición venezolana, cómo se financiará una eventual administración indirecta del país, si habrá nuevas acciones militares y cuál será el costo fiscal para los contribuyentes estadounidenses. Todo esto ocurre mientras la aprobación presidencial de Trump cae por debajo del 40% y persisten tensiones internas por inflación y precios elevados.

En paralelo, el discurso de la Casa Blanca se expandió más allá de Venezuela. Trump lanzó advertencias directas a Colombia, exigió a México “ponerse las pilas” y amenazó a Irán con represalias. Miller incluso deslizó la posibilidad de que Estados Unidos incorpore Groenlandia, al sostener que “para asegurar la región ártica, Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos”.

Venezuela responde con un estado de conmoción exterior

Frente a la ofensiva estadounidense, el Gobierno venezolano activó un Estado de Conmoción Exterior, una figura constitucional inédita desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999. El decreto, publicado en la Gaceta Oficial y firmado por Nicolás Maduro —capturado horas antes— y refrendado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tiene rango de ley y regirá por 90 días, prorrogables por otros 90.

El texto ordena a los cuerpos de seguridad nacionales, estadales y municipales la búsqueda y captura de toda persona que promueva o apoye el ataque armado de Estados Unidos, con miras a su juzgamiento. Además, dispone la militarización de la infraestructura de servicios públicos, de la industria petrolera y de las industrias básicas del Estado, sometiendo temporalmente a su personal al régimen militar.

El decreto habilita también la requisición de bienes para la defensa nacional, la suspensión del derecho a reunión y manifestación y la adopción de “cualquier otra medida necesaria para proteger al pueblo”, aunque mantiene formalmente las garantías a la vida, la libertad personal, el debido proceso y la prohibición de tortura.

Según explicó el jurista Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, el estado de conmoción exterior implica “la restricción de garantías constitucionales” y otorga al presidente “las más amplias facultades desde el punto de vista político, económico y social”. Aunque el decreto puede ser revertido por la Asamblea Nacional o la Justicia, Apitz subrayó que en Venezuela “no hay contrapesos” efectivos al Poder Ejecutivo.

Impacto político, económico e institucional

La escalada redefine el escenario regional. En términos institucionales, Estados Unidos avanza hacia una doctrina que relativiza la soberanía de otros Estados y el derecho internacional, pilares del orden construido tras la Segunda Guerra Mundial y de los tratados fundacionales de la ONU y la OTAN.

En el plano económico, la militarización de la industria petrolera venezolana y la concentración de poder en el Ejecutivo anticipan mayor incertidumbre para la producción, las inversiones y el comercio exterior. A nivel social, el decreto habilita un endurecimiento represivo con impacto directo sobre derechos civiles y políticos.

Desde Washington, el mensaje es claro: Estados Unidos utilizará su poder de forma más abierta y unilateral en defensa de sus intereses. Desde Caracas, la respuesta es el cierre del sistema político y la criminalización de cualquier apoyo interno a la ofensiva extranjera.

El choque de estrategias no solo define el futuro inmediato de Venezuela, sino que proyecta un cambio profundo en el equilibrio político del hemisferio occidental, con efectos que podrían extenderse mucho más allá de la coyuntura actual.

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Maduro se declaró inocente en Nueva York y denunció un “secuestro” tras su captura en Caracas

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El derrocado líder venezolano Nicolás Maduro compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos por narcotráfico y conspiración narcoterrorista que enfrenta en Estados Unidos. En una audiencia marcada por la tensión política y el rigor judicial, se presentó como presidente de Venezuela, afirmó haber sido “secuestrado” en Caracas y rechazó de plano la acusación: “No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí, soy un hombre decente”.

La comparecencia se produjo el 5 de enero de 2026, dos días después de su captura en la capital venezolana durante una operación militar estadounidense de gran escala. El caso, que tramita en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, abre un capítulo inédito en la relación entre Washington y Caracas y plantea fuertes implicancias geopolíticas, judiciales e institucionales para la región.

La primera audiencia: identidad, inocencia y choque con la autoridad judicial

Pasado el mediodía de Nueva York —alrededor de las 14 en la Argentina— el juez Alvin K. Hellerstein dio inicio al procedimiento. Maduro ingresó a la sala vestido con uniforme carcelario naranja y azul marino, esposado y con auriculares para la traducción simultánea, al igual que su esposa, Cilia Flores, quien también compareció ante el magistrado.

Cuando se le pidió que se identificara, Maduro se presentó como “presidente de la República de Venezuela” y sostuvo que estaba “secuestrado”. El juez lo interrumpió para aclarar que el tribunal solo requería su identidad legal. Finalmente, el acusado confirmó su nombre completo: Nicolás Maduro Moros.

Tal como se anticipaba, Maduro se declaró inocente. “No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí, soy un hombre decente”, afirmó en español, con interpretación oficial. Señaló además que tenía el escrito de acusación “por primera vez” en sus manos y prefirió leerlo personalmente cuando el juez le ofreció hacerlo en voz alta.

Flores, por su parte, se identificó como “la primera dama de la República de Venezuela” y también se declaró “completamente inocente”. Durante la audiencia se la vio con una venda en la frente y un hematoma visible cerca del ojo derecho. Su abogado informó que presentaba problemas de salud que requerían atención médica, posiblemente una fractura o hematomas graves en las costillas. El juez ordenó a la fiscalía garantizar la atención sanitaria correspondiente.

Desde dentro de la sala, un periodista del The New York Times resumió la escena como “un notable choque con la realidad”, al señalar que el exmandatario intentó hacer una declaración política, pero debió someterse a las reglas del tribunal, donde la autoridad es exclusivamente judicial.

Acusaciones, defensas y el avance del proceso judicial

La causa está a cargo de los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York, encabezados por Jay Clayton, y se basa en una investigación de largo alcance de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

La acusación formal, publicada el sábado previo a la audiencia, imputa a Maduro los delitos de conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína, mientras que a Flores se la acusa de conspiración para traficar cocaína. De ser hallado culpable, Maduro podría enfrentar penas de entre 30 años de prisión y cadena perpetua.

Según el expediente, Maduro y su esposa habrían participado en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos en asociación con organizaciones violentas como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y el Tren de Aragua.

Maduro estuvo representado inicialmente por un abogado de oficio, aunque luego se confirmó la contratación de un defensor privado, Barry Pollack, quien planteó que existen “cuestiones sobre la legalidad de su secuestro militar” y anticipó la presentación de documentos preliminares “voluminosos” para impugnar el procedimiento. Además, sostuvo que su cliente “es jefe de un Estado soberano y tiene derecho al privilegio” que ese estatus confiere.

Ambos acusados aceptaron permanecer detenidos por el momento. La posibilidad de solicitar libertad bajo fianza será evaluada más adelante. El juez fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo, y se estima que podría pasar más de un año antes de que se conforme un jurado y comience el juicio propiamente dicho.

Al finalizar la audiencia, que concluyó a las 12.31 hora local (14.31 en la Argentina), un hombre del público le gritó a Maduro “presidente ilegítimo”. El acusado respondió: “Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra”. El manifestante fue identificado como Pedro Rojas, quien aseguró haber estado encarcelado por el régimen venezolano.

Captura, traslado y reconfiguración del poder en Venezuela

La comparecencia judicial fue el corolario de un operativo militar estadounidense ejecutado en la madrugada del sábado en Caracas, que incluyó comandos en tierra, bombardeos aéreos y una fuerte presencia naval. Maduro y Flores fueron sacados por la fuerza y trasladados a Estados Unidos.

Durante la mañana del lunes, una caravana partió desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn hacia un campo deportivo cercano, donde un helicóptero trasladó a los detenidos a Manhattan. Desde allí fueron conducidos en un vehículo blindado al tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, un edificio de 27 pisos ubicado en las afueras de Chinatown.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país está “a cargo” de Venezuela y que mantiene conversaciones con las nuevas autoridades encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien expresó su disposición a cooperar con Washington y a avanzar en una agenda de “desarrollo compartido”.

Trump evitó precisar el alcance del control estadounidense, pero ante la insistencia de la prensa respondió: “Significa que nosotros estamos a cargo”. Desde la Casa Blanca se reiteró que la relación con el nuevo gobierno venezolano dependerá, entre otros puntos, de la apertura al acceso de inversión estadounidense en las reservas petroleras venezolanas, consideradas las más grandes del mundo.

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Delcy Rodríguez propone a Trump una agenda de cooperación tras la captura de Maduro

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En medio de la detención y judicialización del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos, la funcionaria a cargo de la transición política en Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó formalmente a Washington a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”. El pronunciamiento se produjo horas después de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que su país está “a cargo” de Venezuela y que necesita “acceso total” a sus recursos estratégicos, en particular el petróleo.

El cruce de mensajes marca un punto de inflexión institucional tras la captura de Maduro en Caracas el sábado y su posterior traslado a Nueva York, donde este lunes debe comparecer ante un juez federal por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo. La situación abre un escenario de redefinición política, diplomática y económica, con impacto directo en la relación bilateral y en la transición interna venezolana.

El mensaje de Rodríguez: paz, cooperación y nueva diplomacia

El domingo por la noche, Rodríguez difundió un comunicado a través de su canal de Telegram en el que reafirmó la “vocación de paz” de Venezuela y su aspiración a vivir “sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional”. En el texto, sostuvo que “la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”.

La funcionaria, que asumió de manera temporal la presidencia con el aval de la Corte Suprema y de las fuerzas militares, planteó como prioridad avanzar hacia un nuevo esquema de relaciones exteriores. “Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia”, afirmó.

Rodríguez extendió además una invitación directa al gobierno estadounidense: “Extendemos la invitación al gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

El pronunciamiento se conoció instantes después de declaraciones públicas de Trump, quien aseguró que Estados Unidos mantiene contactos con “la gente que acaba de asumir el cargo” en Venezuela. Consultado sobre quién ejerce el control político, evitó precisiones: “No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida”.

Trump, los recursos estratégicos y la presión judicial

Desde Washington, Trump afirmó que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos, aunque aclaró que aún no habló personalmente con ella. “Hablaré con ella en el momento adecuado”, dijo. En ese marco, el mandatario vinculó la cooperación con intereses estratégicos concretos: “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo”.

El presidente estadounidense describió a Venezuela como “un país muerto” y sostuvo que serán necesarias “grandes inversiones de las compañías petroleras” para poner en funcionamiento su infraestructura. Trump rechazó que Rodríguez haya respondido con críticas formales a la operación que derivó en la captura de Maduro, pese a que la dirigente había calificado ese accionar como una violación del derecho internacional y de la soberanía. “Ustedes escuchan a una persona diferente de la que yo escucho”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en paralelo al avance del proceso judicial contra Maduro. Trump anticipó que el país enfrentará “un juicio muy duro” y aseguró que “el caso es infalible”. “La gente está muy contenta con lo que hemos hecho”, declaró.

Maduro tiene previsto comparecer este lunes al mediodía ante un tribunal federal de Nueva York, bajo la supervisión del juez de distrito Alvin K. Hellerstein, a quien Trump calificó como “muy respetado”.

Comisión política y el inicio formal del proceso contra Maduro

Tras los comunicados cruzados, el gabinete chavista informó la creación de una comisión “de alto nivel” destinada a buscar la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. El anuncio fue realizado por el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien integrará el grupo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el canciller Iván Gil.

En paralelo, Delcy Rodríguez encabezó el domingo su primera reunión del Consejo de Ministros, apenas un día después de asumir formalmente la presidencia interina.

El núcleo del expediente judicial contra Maduro gira en torno a cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de drogas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se trata de una figura penal que combina delitos de narcotráfico con el uso de violencia o de estructuras armadas para facilitar la distribución de estupefacientes. Los fiscales sostienen que el ex líder chavista participó durante años en un entramado destinado a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense, utilizando al Estado venezolano como plataforma de protección y logística.

Las acusaciones no son nuevas. En marzo de 2020, fiscales federales ya habían presentado cargos formales contra Maduro y otros altos dirigentes, vinculándolos con el denominado Cartel de los Soles. El expediente también menciona a Cilia Flores, señalada como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto actividades ilícitas, y recuerda que dos de sus sobrinos fueron condenados en Nueva York en 2017 por intentar introducir cocaína en Estados Unidos.

Desde el punto de vista judicial, la audiencia de este lunes no implica aún un juicio ni una evaluación de pruebas, sino el inicio formal del proceso con el acusado presente. En esa instancia, la fiscalía detallará los cargos, la defensa podrá plantear objeciones preliminares y el juez resolverá cuestiones como la detención preventiva, el calendario procesal y las condiciones de acceso a la evidencia.

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Justicia de EE.UU. activa la causa contra Maduro y abre un frente judicial clave

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Nicolás Maduro comparecerá este lunes al mediodía ante un juez federal del Distrito Sur de Nueva York para ser notificado formalmente de los cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas que enfrenta en Estados Unidos. La audiencia inicial marca su ingreso al sistema judicial estadounidense y abre una etapa procesal de alto impacto político, diplomático e institucional, tanto para Venezuela como para la región.

Según informó el tribunal, el objetivo de esta primera instancia es comunicar oficialmente las acusaciones, garantizar el acceso a asistencia legal y fijar las pautas iniciales del procedimiento, incluida una eventual solicitud de prisión preventiva. Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen bajo custodia federal tras su detención el sábado en Caracas durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Nueva York.

Los cargos por narcoterrorismo y el alcance de la jurisdicción estadounidense

El eje de la causa se centra en cargos por “narcoterrorismo”, una figura penal que, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, combina delitos de narcotráfico con el uso de violencia o de estructuras armadas destinadas a facilitar la distribución de estupefacientes. La fiscalía sostiene que Maduro participó durante años en un entramado orientado a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense, utilizando al Estado venezolano como plataforma de protección y logística.

Las acusaciones se remontan a marzo de 2020, cuando fiscales federales presentaron cargos formales contra Maduro y otros altos dirigentes venezolanos, vinculándolos con el denominado Cartel de los Soles, una presunta organización integrada por miembros de las fuerzas armadas y del aparato político venezolano. Según ese expediente, el objetivo del grupo consistía en “inundar” Estados Unidos de cocaína como mecanismo de desestabilización.

El escrito judicial también incluye a Cilia Flores, señalada por los investigadores como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto actividades ilícitas. Su nombre ya figuraba en antecedentes judiciales previos en Estados Unidos: en 2017, dos de sus sobrinos fueron condenados en Nueva York tras intentar introducir cocaína en territorio estadounidense, un episodio citado por la fiscalía como parte del entramado familiar y político bajo investigación.

Desde el punto de vista estrictamente procesal, la audiencia de este lunes no implica el inicio del juicio ni la valoración de pruebas. Se trata del acto que da comienzo formal al caso con el acusado presente ante el tribunal, donde la fiscalía expone los cargos y el juez adopta decisiones iniciales sobre la detención, el calendario procesal y el acceso a la evidencia.

El juez del caso y un expediente de alto voltaje institucional

El proceso quedó a cargo del juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, magistrado del Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones más influyentes del sistema judicial estadounidense en causas vinculadas con terrorismo, seguridad nacional y criminalidad internacional. Hellerstein, nacido en 1933, fue abogado del Ejército de los Estados Unidos, ejerció en el sector privado y fue designado juez federal en mayo de 1998 por el entonces presidente Bill Clinton. Desde 2011 tiene estatus de juez sénior, aunque continúa al frente de expedientes de alto impacto.

A lo largo de su trayectoria, intervino en procesos de gran repercusión pública, entre ellos las reclamaciones por daños derivados del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, el caso por acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Epstein y la causa contra Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump.

Hellerstein también lleva el expediente contra el ex general venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, ex jefe de los servicios de inteligencia del chavismo, acusado de narcotráfico en el mismo tribunal. Según la información judicial, el testimonio de Carvajal será relevante en el proceso contra Maduro. El ex general se declaró culpable el pasado verano de cuatro delitos vinculados al narcotráfico y al narcoterrorismo y decidió colaborar con las autoridades estadounidenses.

El juez federal Alvin Hellerstein

Proyección política y judicial del caso

La comparecencia de Maduro ante un juez federal estadounidense proyecta consecuencias que exceden el plano estrictamente judicial. Por primera vez, un ex mandatario venezolano enfrenta de manera directa a la justicia federal de Estados Unidos por delitos graves, reforzando la estrategia de Washington de avanzar por la vía penal contra el núcleo del chavismo, más allá de las sanciones económicas y el aislamiento diplomático de los últimos años.

El expediente también plantea debates jurídicos de fondo, como el alcance de la jurisdicción estadounidense sobre hechos ocurridos fuera de su territorio y el eventual estatus que Maduro podría invocar como ex jefe de Estado. Según la posición de Washington, cualquier protección asociada a ese cargo quedó anulada tras su salida forzada del poder.

En términos procesales, se anticipa un recorrido extenso, con audiencias preliminares, disputas sobre la admisibilidad de pruebas y eventuales negociaciones. La fiscalía deberá acreditar no solo la existencia de envíos de droga, sino el rol específico de Maduro en su planificación, coordinación o encubrimiento, un desafío probatorio central del caso.

Más allá del desenlace judicial, la imagen del ex líder chavista ante un tribunal federal sintetiza un giro de alcance mayor: el traslado del conflicto venezolano al terreno de la justicia penal internacional, con Nueva York como escenario clave de una disputa sobre responsabilidades, poder y legalidad tras más de dos décadas de gobierno en Venezuela.

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