Política Provincial

El PAyS propone un alivio fiscal directo para pequeños contribuyentes y jubilados

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El bloque del Partido Agrario y Social presentó un proyecto de ley que reduce de forma concreta la carga tributaria sobre monotributistas y sectores vulnerables en la provincia. La iniciativa fue impulsada por los diputados Castro, Bárbaro y Goring.

El eje es claro. Menos impuestos y más liquidez en el bolsillo de quienes sostienen la economía diaria.

El proyecto establece la exención total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C. También elimina las retenciones y percepciones sobre acreditaciones bancarias y billeteras virtuales. En la práctica, esto significa que el dinero deja de quedar retenido y pasa a estar disponible para trabajar, comprar insumos y sostener la actividad.

Un ejemplo concreto. Un pequeño comerciante que hoy sufre descuentos automáticos en su cuenta bancaria podrá disponer de ese capital en el momento. Mejora su capacidad de reposición y reduce su necesidad de financiamiento.

La propuesta incluye a jubilados y pensionados. Se elimina la retención sobre cuentas donde perciben haberes. Se protege un ingreso que tiene carácter alimentario y que hoy pierde valor frente a la inflación.

El acceso será simple. Un sistema digital con validación automática evitará trámites y demoras. Menos burocracia. Respuesta inmediata.

El proyecto también fija un plazo claro. El alivio fiscal tendrá una duración de dos años. Este punto introduce previsibilidad y permite medir resultados reales en la economía local.

Datos que explican la medida:

  • Alta proporción de trabajadores independientes en Misiones
  • Caída del poder adquisitivo en los últimos años
  • Retenciones que generan saldos a favor y frenan la actividad
  • Impacto directo en consumo y empleo local

Desde el bloque señalan que el objetivo es sostener la actividad económica y evitar el cierre de pequeños emprendimientos. También apuntan a fortalecer la formalidad y dinamizar el mercado interno.

El proyecto abre una discusión concreta. Cómo aliviar la carga fiscal sin frenar la recaudación en el mediano plazo. La apuesta es que más actividad genere más movimiento económico y compense la baja inicial de ingresos tributarios.

La iniciativa ya genera interés en distintos sectores. Comerciantes, profesionales independientes y jubilados aparecen como los principales beneficiados.

El debate queda abierto. Qué modelo fiscal necesita hoy Misiones para sostener su economía real.

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Puerto Iguazú: rescinden el contrato con Delta y quedan sin operar dos embarcaciones turísticas

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Puerto Iguazú pierde sus paseos fluviales, el Gobierno formaliza la salida de Delta tras dos años de operaciones. La rescisión del convenio expone un vacío en la oferta turística y deja vacante un espacio clave en la terminal fluvial en Puerto Iguazú. ¿Se abre una nueva licitación o un rediseño del esquema turístico?

El Gobierno provincial formalizó el 15 de abril de 2026 la rescisión del convenio con Delta Argentina Uruguay S.A. para el uso de la plazoleta y permisos de muelle en el puerto de Iguazú, tras el cese de operaciones de la firma desde el 1° de marzo. La medida, instrumentada mediante la Disposición Nº 028 de la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación, no solo pone fin a un vínculo administrativo reciente —vigente desde agosto de 2024— sino que reabre interrogantes sobre el control, explotación y reconfiguración del frente turístico fluvial en uno de los puntos más sensibles del circuito económico provincial.

Un retiro operativo que activa decisiones administrativas

La secuencia es formal, pero con implicancias políticas. La empresa comunicó la interrupción de sus servicios turísticos fluviales y solicitó la baja de los permisos de uso del muelle correspondientes a las embarcaciones Delta Queen (Matrícula N° 0834) y Delta Eco 1 (Matrícula N° 0285), junto con la rescisión del convenio por el uso de la plazoleta donde funcionaba su boletería.

Ese pedido activó un mecanismo previsto en el propio acuerdo firmado en 2024: la posibilidad de rescindir de común acuerdo, sin derecho a reclamo por parte del permisionario sobre las mejoras realizadas. En ese punto aparece un dato institucional clave: todas las obras fijas incorporadas al espacio pasan automáticamente a integrar el patrimonio portuario, bajo la figura de “accesión de dominio”, conforme al reglamento vigente.

La Subsecretaría avanzó entonces en una decisión integral: rescindió el convenio original, derogó las disposiciones que habían otorgado los permisos (Nº 115/2024, 104/2024 y 140/2024) y formalizó la recepción de las instalaciones sin objeciones, cerrando la relación administrativa sin litigios ni compensaciones.

Marco legal claro, impacto operativo abierto

Desde el punto de vista normativo, la resolución se apoya en instrumentos preexistentes y evita zonas grises. No hay conflicto contractual ni disputa judicial en puerta. Pero esa prolijidad administrativa no elimina el impacto político y económico de fondo: el retiro de un operador privado de un nodo estratégico del turismo fluvial en Iguazú.

El esquema vigente contemplaba permisos “precarios y onerosos”, lo que indica una lógica flexible de concesión. Esa flexibilidad, sin embargo, también expone la fragilidad de los modelos de explotación si no hay continuidad operativa. La salida de Delta deja no solo un espacio físico disponible —la plazoleta en la terminal fluvial— sino también infraestructura ya instalada que ahora pasa a manos del Estado.

La Prefectura Naval Argentina, la Dirección de Vías Navegables y la propia Subsecretaría quedan ahora como actores institucionales con capacidad de redefinir el uso inmediato del área.

Reacomodamiento de actores y señales al sector

En términos de correlación de fuerzas, la decisión no surge de una confrontación sino de un retiro empresarial. Sin embargo, el efecto político es similar al de una intervención: el Estado recupera control directo sobre un activo estratégico.

Esto puede fortalecer la posición del Gobierno provincial en futuras negociaciones con operadores turísticos, al contar con infraestructura disponible sin necesidad de inversión inicial. Pero también plantea una señal ambigua al sector privado: la viabilidad de los proyectos en el puerto dependerá no solo de permisos administrativos, sino de la sostenibilidad económica de la operación.

El movimiento podría reactivar el interés de otros actores del turismo fluvial o incluso abrir la puerta a un rediseño del esquema de concesiones. La ausencia de conflicto judicial facilita ese proceso, pero no elimina la necesidad de una definición política sobre el modelo de gestión.

Un espacio liberado y una decisión pendiente

Con la rescisión formalizada y el espacio ya restituido, el foco se traslada a lo que aún no ocurrió: qué hará el Gobierno con ese activo en el corto plazo. La infraestructura existe, la ubicación es estratégica y la demanda turística en Iguazú sigue siendo uno de los motores económicos de la provincia.

La pregunta ya no es administrativa sino política: si se optará por una nueva concesión, una explotación directa o un esquema mixto. Cada alternativa implica distintos niveles de control estatal, inversión privada y riesgos operativos.

Por ahora, la Disposición Nº 028 cierra un capítulo sin conflicto. Pero, al mismo tiempo, deja abierto un escenario donde el puerto de Iguazú vuelve a ser una pieza en disputa dentro del tablero turístico y económico provincial.

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La Libertad Avanza anunció 100 proyectos y apunta a eliminar la Ley de Lemas en Misiones

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La Libertad Avanza decidió abrir su etapa legislativa en Misiones, casi cuatro meses después de asumir, con una jugada de alto impacto político: presentó un paquete de 100 proyectos y colocó en el centro del debate la eliminación de la Ley de Lemas, la implementación de la Boleta Única de Papel y la incorporación de Ficha Limpia. El anuncio, realizado el 4 de abril a través de redes sociales por el presidente partidario en la provincia, Adrián Núñez, no solo fija agenda sino que instala una pregunta de fondo: ¿es una avanzada capaz de alterar el sistema político local o una estrategia de posicionamiento sin volumen legislativo suficiente?

La iniciativa combina reforma institucional con un gesto de austeridad interna —el bloque anunció que no contratará asesores— y busca traducir a escala provincial la narrativa política que el espacio construyó a nivel nacional. El mensaje es doble: cuestionar reglas de juego históricas y, al mismo tiempo, interpelar el costo de la política.

Reforma electoral y señal política: el núcleo de la ofensiva

El paquete legislativo tiene un punto de partida claro: modificar el sistema electoral misionero. La eliminación de la Ley de Lemas aparece como el eje más sensible, ya que impacta directamente en la forma en que se estructura la competencia política en la provincia.

A esa propuesta se suma la implementación de la Boleta Única de Papel, planteada como mecanismo para simplificar el proceso electoral, reducir costos y mejorar la transparencia. En paralelo, el proyecto de Ficha Limpia introduce una restricción directa a las candidaturas, al impedir que personas con condenas puedan competir por cargos públicos.

El bloque también impulsa la unificación de elecciones provinciales con las nacionales, una decisión que, más allá de lo organizativo, reconfigura el calendario político y altera los incentivos de campaña.

En términos institucionales, se trata de un paquete que apunta a intervenir sobre reglas estructurales. No es una agenda incremental. Es, en esencia, una propuesta de rediseño del sistema político provincial.

Ajuste hacia adentro y disputa por el relato del gasto público

El segundo eje de la ofensiva no pasa por las leyes sino por la propia dinámica legislativa. La decisión de no incorporar asesores —en una Cámara que, según el propio bloque, cuenta con más de 1.500 empleados— introduce una dimensión adicional: la disputa por el sentido del gasto político.

El gesto busca instalar un contraste. No solo frente al oficialismo, sino también hacia el conjunto del sistema político. La invitación al resto de los bloques a replicar la medida refuerza esa lógica: transformar una decisión interna en un punto de presión pública.

En ese movimiento, La Libertad Avanza intenta construir identidad política en la Legislatura antes de construir mayorías. Primero fija posición. Después, eventualmente, negociará.

Entre la agenda y la viabilidad

El impacto político del anuncio no se traduce automáticamente en capacidad de sanción. El paquete de 100 proyectos deberá atravesar el filtro central del sistema: la correlación de fuerzas dentro de la Cámara.

Las iniciativas más disruptivas —como la eliminación de la Ley de Lemas— tocan herramientas históricas del sistema político misionero. Eso anticipa resistencias y obliga a pensar el debate en términos de alianzas, negociaciones y costos políticos.

Al mismo tiempo, el bloque logra instalar temas que exceden su peso legislativo. Reforma electoral, transparencia, gasto político. Son ejes que tienden a ordenar la discusión pública, incluso sin necesidad de avanzar en el recinto.

En ese punto, la estrategia parece clara: convertir la agenda en poder simbólico mientras se construye volumen político.

Entre la presión política y el trámite legislativo

El desembarco libertario en la Legislatura misionera no pasó inadvertido. Pero el verdadero test recién comienza. En las próximas semanas, el foco estará en el tratamiento parlamentario: qué proyectos avanzan, cuáles quedan frenados y qué actores se posicionan a favor o en contra.

También habrá que observar si la agenda logra expandirse más allá del bloque que la impulsa o si queda encapsulada como una propuesta de minoría. La discusión sobre el sistema electoral suele ser estructural, pero también profundamente política.

La ofensiva ya está en marcha. Lo que todavía no está claro es si se trata de un punto de inflexión en la política misionera o de una primera jugada en un proceso más largo de acumulación.

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Víctor Maj, fue oficializado como nuevo subsecretario de Seguridad y Justicia

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El Gobierno de Misiones oficializó la designación de Víctor Eduardo Maj como nuevo subsecretario de Seguridad y Justicia, cargo que depende del Ministerio de Gobierno. Maj reemplazará en el cargo a Milton Astroza.

La medida fue formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, en el que se establece que Maj reúne las condiciones necesarias para asumir las funciones dentro de la estructura estatal.

Según el instrumento legal, el nombramiento rige desde la fecha del decreto y se encuadra en la Jurisdicción 03 – Ministerio de Gobierno, dentro de la Unidad de Organización 01 (Unidad Superior). Asimismo, el decreto dispone que la medida sea refrendada por el titular de la cartera de Gobierno.

La designación se enmarca en la necesidad de cubrir un cargo clave dentro del esquema de seguridad y justicia provincial, en un contexto donde la articulación institucional y la gestión del orden público aparecen como ejes centrales de la agenda.

El documento también instruye a los organismos correspondientes -entre ellos la Dirección General de Coordinación del Sector Público, la Contaduría General y el Instituto de Previsión Social- a tomar conocimiento y ejecutar las acciones administrativas derivadas.

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Presentaron el Parlamento de la Mujer 2026 con foco en la producción rural

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La Cámara de Representantes de Misiones puso en marcha una nueva edición del Parlamento de la Mujer 2026, una iniciativa institucional que este año estará centrada en el rol de la mujer productora en la economía provincial. El programa reunirá a 40 mujeres de distintos sectores de la provincia, quienes participarán de reuniones de comisión el 25 de marzo y culminarán el proceso con una sesión especial el 26 de marzo en el recinto legislativo.

El eje elegido —“Mujer productora, motor de desarrollo, soberanía y bienestar local”— introduce una lectura política clara dentro de la agenda legislativa: visibilizar el peso económico y social del trabajo rural femenino en la estructura productiva misionera. La iniciativa, que permite a las participantes ocupar simbólicamente las bancas del Parlamento y presentar proyectos, busca traducir experiencias territoriales en propuestas que puedan ingresar al circuito formal de debate legislativo.

En un contexto donde las legislaturas provinciales exploran mecanismos de participación social vinculados a la elaboración de políticas públicas, el Parlamento de la Mujer vuelve a aparecer como una herramienta de articulación entre la agenda territorial y el trabajo institucional. La incógnita que sobrevuela cada edición es cuánto de ese debate logra finalmente transformarse en legislación efectiva.

Un mecanismo institucional que conecta demandas sociales con la agenda legislativa

El Parlamento de la Mujer fue creado por ley en 2009 y desde entonces funciona como un espacio de participación que busca acercar problemáticas sociales al ámbito legislativo. La dinámica consiste en convocar a mujeres de distintos sectores sociales y productivos para que elaboren proyectos y expongan sus experiencias en el mismo recinto donde sesionan los diputados provinciales.

El presidente de la Legislatura, Sebastián Macias, destacó que el programa se consolidó como un canal institucional para visibilizar realidades sociales que muchas veces no llegan de manera directa al debate parlamentario. Según explicó, las participantes aportan experiencias vinculadas a sus comunidades y ese intercambio permite que los legisladores incorporen nuevas problemáticas a la agenda pública.

En la práctica, el Parlamento funciona como un espacio intermedio entre la participación social y la producción legislativa. Las parlamentarias presentan iniciativas, debaten en comisiones y finalmente realizan una sesión en el recinto, replicando el funcionamiento formal de la Cámara.

De acuerdo con la Legislatura, varias de las propuestas surgidas en ediciones anteriores terminaron transformándose en proyectos de ley que luego fueron tratados por los diputados.

El foco en la mujer rural y su peso en la economía provincial

La edición 2026 introduce un enfoque específico: el papel de la mujer rural en el sistema productivo de Misiones. El tema busca colocar en el centro del debate el vínculo entre producción, desarrollo local y participación social.

Desde la Legislatura se planteó que el trabajo de las mujeres en las chacras y en la economía regional cumple un rol clave en la estructura productiva de la provincia, tanto en términos de generación de ingresos como de sostenimiento de las economías familiares.

La diputada provincial Heidy Schierse explicó que las 40 participantes ocuparán simbólicamente las bancas del recinto, donde expondrán problemáticas vinculadas a sus territorios y presentarán propuestas orientadas a mejorar las condiciones de sus comunidades.

El programa no se limita a las actividades en la capital provincial. Según indicaron desde la organización, el trabajo incluye recorridas y actividades en distintos puntos del territorio misionero, con el objetivo de recoger demandas locales antes de la etapa de debate legislativo.

Participación, agenda social y construcción legislativa

El Parlamento de la Mujer se posiciona como un dispositivo institucional que busca fortalecer la participación ciudadana dentro del funcionamiento legislativo.

Para la Cámara de Representantes, el valor del programa radica en que las participantes trasladan al ámbito parlamentario experiencias que surgen directamente de la vida social y productiva de la provincia. Ese flujo de información permite que los legisladores conozcan problemáticas concretas y evalúen su incorporación a la agenda legislativa.

El hecho de que algunas iniciativas surgidas en este espacio hayan sido posteriormente convertidas en leyes refuerza la lógica de articulación entre participación social y producción normativa.

Al mismo tiempo, la elección del eje temático anual funciona como una señal política sobre qué debates busca impulsar la Legislatura en el plano público.

Un espacio que se proyecta más allá de la sesión final

El calendario del Parlamento de la Mujer 2026 tendrá dos momentos centrales: las reuniones de comisión del 25 de marzo y la sesión final del 26 en el recinto legislativo. Sin embargo, desde la Cámara sostienen que el impacto del programa no se agota en esas jornadas.

La expectativa institucional es que los proyectos elaborados por las participantes puedan alimentar el trabajo legislativo posterior y convertirse en iniciativas formales dentro de la Cámara.

En ese punto se juega la verdadera dimensión política del programa: si las propuestas logran atravesar el circuito institucional y convertirse en leyes, el Parlamento de la Mujer deja de ser solo un espacio simbólico de participación y se transforma en un mecanismo concreto de construcción legislativa.

Por ahora, el proceso recién comienza. Las discusiones que emerjan en las comisiones y en la sesión final marcarán qué temas logran instalarse en la agenda parlamentaria de los próximos meses.

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