Presupuesto 2027: cambios de reglas, discrecionalidad y el impacto en derechos fundamentales
El Presupuesto 2027 propone gastar algo más en términos reales que este año, pero esa recuperación convive con una transformación más profunda del Estado nacional: menos recursos que antes del ajuste iniciado en 2024, menor presencia directa en la obra pública y cambios normativos que alcanzan algunas de las principales políticas sociales.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) puso la lupa sobre esos movimientos en su primer análisis del proyecto enviado al Congreso. El punto de partida ayuda a dimensionar la discusión: tomando las propias proyecciones macroeconómicas del Gobierno -29% de inflación para 2026 y 18% para 2027-, el gasto total aumentaría 3,9% real el próximo año. Sin embargo, todavía quedaría 26,5% por debajo de 2023.
La foto, además, cambia considerablemente según dónde se mire.
Los servicios sociales tendrían una mejora real de 6,1% respecto de 2026, aunque continuarían 16% por debajo de 2023. Dentro de ese universo, Salud aparece con una suba del 16% interanual; Seguridad Social, del 5%; y Educación y Cultura, del orden del 6%. En el otro extremo, Vivienda y Urbanismo conserva una caída del 99% frente a 2023 y Agua Potable y Alcantarillado, del 93%. Los servicios económicos, atravesados entre otros factores por la reducción de subsidios e infraestructura, quedarían 68% debajo de aquel año.
Es decir, 2027 aparece en el proyecto como un año de recuperación parcial, pero no de regreso a los niveles previos al ajuste.
La AUH, sin actualización automática
Uno de los cambios más sensibles no pasa estrictamente por cuánto dinero se asigna, sino por cómo se actualizarían en adelante algunas de las principales transferencias sociales.
El artículo 17 propone derogar la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares establecida por la Ley 27.160. El proyecto no incorpora, en reemplazo, otra fórmula automática, parámetros de actualización ni una periodicidad mínima. De aprobarse en esos términos, los futuros incrementos volverían a quedar sujetos a decisiones del Poder Ejecutivo.
La diferencia entre ambos mecanismos no es menor. ACIJ calculó que las transferencias que cuentan con actualización automática -AUH, Asignaciones Familiares y Plan 1000 Días- recuperaron 31,9% desde 2023, mientras las prestaciones no indexadas sufrieron una pérdida real del 50,5%.
La Prestación Alimentar ofrece un ejemplo concreto. Permaneció 23 meses sin aumentos y recién volvió a actualizarse en mayo de este año. En abril, antes de ese incremento, cubría apenas 19,5% de una Canasta Básica Alimentaria para adulto equivalente, contra 63,5% de cobertura de la AUH.
Para ACIJ, ese antecedente muestra el riesgo que supone abandonar una regla automática: no implica necesariamente que la AUH vaya a dejar de aumentar, pero sí que desaparece el mecanismo que obliga a preservar periódicamente su valor frente a la inflación.
Discapacidad: cambios en prestaciones
Otro de los capítulos que concentra las observaciones de la organización es el de discapacidad.
Los artículos 39 y 41 modifican el funcionamiento del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. En lugar de un arancel homogéneo, cada organismo obligado podría determinar los valores en su relación con los prestadores.
ACIJ advierte que ese esquema puede abrir diferencias de acceso: una cobertura que pague aranceles menores podría disponer de una oferta más reducida de prestadores o servicios. La organización considera que la modificación entra en conflicto con el principio de no regresividad y con derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
También cambia el esquema de pensiones. El proyecto elimina la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, creada por la Ley de Emergencia en Discapacidad y compatible con el trabajo, mientras mantiene la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, cuyos requisitos de acceso son más restrictivos.
En términos presupuestarios hay dos movimientos diferentes. La pensión por invalidez laboral recuperaría 8,5% real frente a 2026, aunque permanecería 26,5% debajo de 2023. En cambio, Incluir Salud, que brinda cobertura sanitaria a beneficiarios de estas prestaciones, sufriría una reducción de 13,9% respecto de este año y de 19% frente a 2023.
Universidades, más ajuste
La tensión también atraviesa al sistema universitario. El proyecto destina $7,5 billones al programa Desarrollo de la Educación Superior. El Consejo Interuniversitario Nacional había calculado en $11 billones los recursos necesarios para cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La brecha entre ambas cifras es del 32%.
Medidos en términos reales, los fondos previstos para las universidades quedarían 24,9% por debajo de 2023.
El deterioro también aparece en los salarios. Según los datos incorporados por ACIJ, el poder adquisitivo de los docentes universitarios cayó 25% entre 2023 y 2026 y 47% respecto de 2015, sin que el proyecto contemple una recomposición específica para 2027.
Obra pública: de 2.339 proyectos, Nación conserva 199
La infraestructura muestra con particular nitidez el cambio de modelo. De una cartera nacional de 2.339 obras, 1.683 fueron dadas de baja o ingresaron en procesos de rescisión; otras 457 fueron transferidas o se encuentran en proceso de traspaso hacia provincias y municipios. Apenas 199 continúan bajo gestión directa de la Nación.
El achicamiento de la cartera vino acompañado por una caída extraordinaria de la inversión.
A precios constantes de 2027, el gasto de capital vinculado con infraestructura pasó de alrededor de $18,4 billones en 2023 a $5,1 billones en 2024. Bajó luego a $3,9 billones en 2025 y $3,7 billones este año. Para 2027 se proyectan $3,8 billones.
Hay una pequeña mejora en el margen, pero la comparación larga resulta mucho más contundente: el gasto seguiría cerca de 80% por debajo de 2023, con especial impacto en vivienda, agua, saneamiento y transporte.
El proyecto busca cubrir parte de ese espacio con capital privado. El artículo 67 crea para nuevos concesionarios de rutas nacionales un esquema de beneficios que contempla amortización acelerada de inversiones, reintegro o crédito fiscal de IVA y la posibilidad de computar el 100% del impuesto a los débitos y créditos contra otros tributos. Para acceder al régimen, además, las provincias involucradas deberán conceder exenciones en Ingresos Brutos y Sellos.
El giro es relevante: parte del apoyo público a la infraestructura deja de materializarse mediante inversión presupuestaria directa y pasa a hacerlo mediante beneficios tributarios orientados a atraer inversión privada.
Género: programas que desaparecieron del detalle presupuestario
El informe también pone el foco sobre las políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género.
El Programa Acompañar redujo 90% sus recursos en 2024 frente al año anterior y desde 2025 dejó de aparecer como una partida presupuestaria identificable. La Línea 144 siguió un recorrido similar: perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y posteriormente desapareció como partida específica.
El proyecto para 2027 no modifica esa situación. Por tercer año consecutivo, ni Acompañar ni la Línea 144 aparecen con partidas propias, lo que, según ACIJ, dificulta conocer cuánto dinero se destina y ejecuta efectivamente en esas políticas.
La contracción alcanza también a la Educación Sexual Integral. El programa específico disponía del equivalente a $2.052 millones en 2023, medidos a precios de 2027. Para el próximo año aparecen apenas $30 millones: 98,5% menos en términos reales.
El primer relevamiento de ACIJ deja así una fotografía con dos movimientos simultáneos. El Presupuesto 2027 interrumpe parcialmente la caída global del gasto, pero no desarma el ajuste acumulado desde 2023. Y, al mismo tiempo, incorpora modificaciones que van más allá de las planillas: cambia reglas de actualización de transferencias sociales, redefine mecanismos de cobertura en discapacidad y profundiza un esquema de infraestructura con menor intervención directa de la Nación.
El debate que comienza en el Congreso, por eso, no estará concentrado únicamente en cuánto gastará el Estado durante 2027. También pondrá en discusión qué obligaciones conservará, cuáles dejarán de tener actualización automática y qué funciones pasarán a depender en mayor medida de decisiones administrativas, provincias o inversión privada.
