La pobreza infantil cayó al nivel más bajo desde 2018, pero UNICEF alerta por un posible rebote en 2026
La pobreza infantil en Argentina registró durante 2025 una de las mejoras más significativas de los últimos años. Según el informe “Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños”, elaborado por UNICEF Argentina con datos oficiales, el índice de pobreza entre niñas, niños y adolescentes descendió al 42,3% en el segundo semestre del año pasado, alcanzando el nivel más bajo desde 2018. Sin embargo, detrás de esa mejora estadística persisten señales de fragilidad estructural que llevan al organismo internacional a advertir sobre un posible aumento durante el primer semestre de 2026.
La reducción implica que alrededor de 5,1 millones de menores de edad viven en hogares pobres, frente a los 6,3 millones registrados un año antes. La indigencia infantil también mostró una mejora y cayó al 9,4%, desde el 12,3% observado en el segundo semestre de 2024. En términos absolutos, cerca de 1,1 millones de niñas, niños y adolescentes continúan viviendo en hogares cuyos ingresos no alcanzan siquiera para cubrir una canasta alimentaria básica.
El dato representa una recuperación relevante luego del fuerte deterioro social que atravesó el país durante 2024, aunque UNICEF advierte que la tendencia positiva aún no está consolidada. Las proyecciones para el primer semestre de 2026 muestran que la pobreza infantil podría volver a crecer hasta niveles cercanos al 44,4%, mientras que la indigencia escalaría al 10,8%, impulsada por la evolución de los ingresos familiares, el comportamiento de las canastas básicas, la dinámica del empleo y el alcance de las transferencias sociales.
La lectura económica detrás de los números es compleja. Aunque la desaceleración inflacionaria y cierta recomposición de ingresos permitieron reducir los niveles de pobreza monetaria, la estructura social continúa exhibiendo profundas desigualdades que condicionan las posibilidades de una recuperación sostenida.
El informe muestra que la pobreza infantil sigue siendo considerablemente más elevada que la pobreza general de la población. Mientras el índice nacional se ubicó en 28,2% durante el segundo semestre de 2025, entre niñas, niños y adolescentes alcanzó el 42,3%. La misma diferencia aparece en la indigencia: 6,3% para la población total frente a 9,4% entre los menores de edad.
Para UNICEF, esta sobrerrepresentación de la infancia dentro de los indicadores sociales refleja una vulnerabilidad estructural que no puede explicarse únicamente por los ciclos económicos. Los hogares con niños tienen mayores necesidades de consumo, educación, alimentación y cuidado, lo que amplifica el impacto de cualquier deterioro en los ingresos familiares.
Las brechas más profundas aparecen al analizar las características de los hogares. La pobreza infantil alcanza al 68% cuando los adultos de referencia poseen bajos niveles educativos y trepa al 74,8% en hogares donde el principal sostén económico se encuentra desocupado. Asimismo, los hogares monoparentales encabezados por mujeres registran niveles de pobreza del 52,8%, una diferencia que evidencia la persistencia de desigualdades vinculadas a la distribución de ingresos y las tareas de cuidado.
El mercado laboral emerge como uno de los factores decisivos. UNICEF señala que la informalidad continúa siendo uno de los principales determinantes de la pobreza infantil. Incluso en contextos de recuperación económica, los hogares con inserciones laborales precarias mantienen niveles de vulnerabilidad significativamente superiores a aquellos vinculados al empleo formal. El fenómeno confirma que tener trabajo ya no constituye una garantía suficiente para salir de la pobreza.
Otro dato que expone la fragilidad de los hogares argentinos es que tres de cada cuatro familias con niñas, niños y adolescentes recurrieron durante 2025 a algún mecanismo extraordinario para sostener sus gastos cotidianos. Endeudamiento, compras fiadas, asistencia de terceros, utilización de ahorros o venta de bienes personales forman parte de estrategias cada vez más extendidas para compensar ingresos insuficientes.
Sin embargo, la pobreza monetaria no es el único problema. El informe revela que el 42,8% de las niñas, niños y adolescentes experimenta al menos una privación vinculada a derechos básicos, incluyendo vivienda, acceso al agua potable, saneamiento, educación, protección social o condiciones adecuadas de hábitat. A diferencia de la pobreza por ingresos, estas carencias muestran una tendencia prácticamente estancada desde 2020, reflejando déficits estructurales que no se corrigen automáticamente con mejoras coyunturales de la economía.
El estudio también pone en evidencia el papel central que cumplen las políticas de transferencia de ingresos. Sin instrumentos como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar, la indigencia infantil sería aproximadamente seis puntos porcentuales más elevada. Para UNICEF, estos programas constituyen una barrera fundamental para evitar que millones de niños caigan en situaciones de pobreza extrema, aunque resultan insuficientes para resolver por sí solos el problema de la pobreza estructural.
La advertencia cobra aún más relevancia ante el escenario fiscal proyectado para 2026. Según otro informe elaborado por el organismo, el presupuesto nacional destinado a niñez y adolescencia podría registrar una caída real del 16% respecto de 2025 si no se modifican las partidas actualmente vigentes. Aunque el gasto en salud muestra cierta expansión impulsada por vacunas y medicamentos, las áreas de protección social, educación, nutrición y primera infancia enfrentan restricciones presupuestarias que podrían limitar la capacidad de sostener la mejora observada durante el último año.
La conclusión de UNICEF es contundente: Argentina logró reducir la pobreza infantil a niveles que no se observaban desde hace casi una década, pero la recuperación continúa siendo vulnerable. La evolución del empleo, los ingresos reales y la continuidad de las políticas de protección social serán determinantes para evitar que la mejora estadística de 2025 se convierta apenas en una pausa dentro de una problemática que sigue afectando a más de cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes del país.
