Precarización laboral

Nuevo índice APP: cuántos pedidos necesita hacer un delivery para no ser pobre

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El Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP) pone números concretos a una pregunta clave del trabajo en plataformas: ¿cuántos pedidos necesita realizar un repartidor para cubrir gastos básicos y alcanzar ingresos mínimos? El último relevamiento muestra una mejora respecto de septiembre, aunque advierte una creciente desigualdad entre plataformas, con trayectorias de ingresos cada vez más dispares.

El índice toma como referencia un pedido promedio de $3.032,9, sin propina, calculado a partir de valores de PedidosYa y Rappi, y lo cruza con indicadores oficiales de ingresos, canastas básicas y costos de vida. El resultado permite traducir el esfuerzo laboral en una métrica directa: cantidad de pedidos necesarios para vivir.

Los números que explican la precariedad

De acuerdo con el informe, un hogar tipo de cuatro integrantes necesita realizar 454 pedidos mensuales para cubrir la canasta básica total y no ser considerado pobre. En el caso de una persona sola, sin alquiler, el umbral de pobreza se ubica en 140 pedidos, mientras que la canasta básica alimentaria individual se cubre con apenas 63 pedidos, señala un informe fue elaborado por la Fundación Encuentro.

El estudio también permite dimensionar el costo de la crianza: criar a un niño requiere 170 pedidos mensuales, mientras que un bebé demanda 152 pedidos. El alquiler promedio representa 244 pedidos, aunque en un monoambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el valor baja a 167 pedidos, evidenciando fuertes diferencias territoriales.

En términos de ingresos laborales, para alcanzar el ingreso promedio individual en Argentina se necesitan 328 pedidos, mientras que llegar al Salario Mínimo Vital y Móvil requiere 110 pedidos. Incluso los costos formales del trabajo aparecen medidos en esta lógica: el monotributo A equivale a 12 pedidos, y un tanque de nafta, insumo básico para repartir, se cubre con solo 2 pedidos.

El dato clave: mejora promedio, brecha creciente

El APP muestra una mejora general respecto de septiembre, pero no es homogénea. El informe advierte que las distintas plataformas presentan trayectorias divergentes, lo que amplía la brecha de ingresos entre repartidores según la app en la que trabajen, aun realizando esfuerzos similares.

En un sector caracterizado por la ausencia de paritarias, escalas salariales y referencias claras de esfuerzo e ingreso, el índice APP aporta una herramienta concreta para ordenar el debate público sobre precarización laboral, ingresos reales y regulación del trabajo en plataformas.

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La CGT y ATE endurecen su rechazo a la reforma laboral y advierten que profundizará la precarización

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La conducción sindical intensificó sus críticas al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa no solo “va a empeorar la situación laboral”, sino que además es “inconstitucional”. Así lo sostuvo el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, quien alertó sobre un creciente rechazo social —especialmente entre los jóvenes— a medida que se conocen los alcances del texto. En paralelo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó que el proyecto “se tiene que caer completo” y llamó a profundizar la estrategia de paro y movilización.

Las declaraciones marcan un endurecimiento del posicionamiento sindical y anticipan un escenario de mayor conflictividad política y social en la antesala del tratamiento legislativo de la iniciativa.

“Va a empeorar la situación laboral”: el diagnóstico de la CGT y el cuestionamiento constitucional

Jorge Sola afirmó que “hay una creciente consciencia” de que la reforma laboral promovida por Javier Milei “va a empeorar la situación laboral y es inconstitucional”. Según explicó, el avance del debate público permitió que distintos sectores identifiquen que la propuesta apunta a “profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos consagrados por la Constitución”.

El dirigente sostuvo que el deterioro del empleo no se origina en el marco normativo vigente, sino en el rumbo macroeconómico. “No es la legislación laboral, sino la política económica que aplica el Gobierno, que prioriza lo financiero y abandona la productividad, la que está agravando la crisis en las empresas, especialmente en las PyMes, destruyendo el tejido industrial del país”, afirmó.

Sola describió un escenario de impacto económico negativo que atraviesa al mercado de trabajo: “Vemos caída del consumo, aumento de la desocupación, caída de la recaudación. Y aún a la gente con trabajo, la plata le alcanza cada vez menos. Mientras aumenta el endeudamiento familiar y el del Estado nacional”. En ese contexto, pidió a los legisladores que “antes de votar piensen en legislar a favor del país y de las y los trabajadores” y advirtió que, de aprobarse el proyecto, “la Justicia dictaminará su total inconstitucionalidad”.

Estrategia política y presión sobre gobernadores y legisladores

Además del cuestionamiento jurídico, la CGT anticipó una reactivación de su estrategia política para incidir en el trámite parlamentario. La central obrera buscará dialogar con gobernadores con el objetivo de que no acompañen la iniciativa a través de sus legisladores o impulsen modificaciones en los artículos que concentran el mayor rechazo sindical.

La ofensiva sindical se apoya en la lectura de que el proyecto, tal como está redactado, genera un cambio estructural en las relaciones laborales y reduce derechos colectivos, lo que podría abrir una etapa de judicialización prolongada y tensión institucional entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y el sistema judicial.

ATE: “El proyecto se tiene que caer completo” y llamado a la movilización

El rechazo se profundizó con la posición de ATE. Tras reunirse con el titular del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, Rodolfo Aguiar aseguró que “hay un consenso creciente en la dirigencia sindical sobre que el paro y la movilización son las herramientas más eficaces para enfrentar la reforma laboral”.

Aguiar descartó la posibilidad de una negociación parcial: “No podemos caer en la ingenuidad de pensar que modificando un par de artículos vamos a frenar un ataque sin precedentes a todos nuestros derechos. No nos podemos conformar con el mal menor. Este proyecto legal de contrarreforma laboral se tiene que caer completo”. En un comunicado, afirmó que el texto “fue redactado por los estudios jurídicos de las grandes patronales” y que su aplicación “puede traducirse en más precarización, más explotación para los trabajadores y más rentabilidad para las empresas”.

El dirigente también cuestionó el argumento oficial de que la reforma promoverá el empleo. “La creación de empleo no depende de una ley, depende de la economía, y precisamente es la política económica del Gobierno la que ha destruido durante dos años los puestos de trabajo formales en la Argentina”, señaló. De la reunión también participó el abogado Matías Cremonte.

Finalmente, Aguiar alertó sobre los derechos colectivos en juego y convocó a la acción directa: “No podemos permitir que se afecte el derecho de huelga y que pretendan eliminar las asambleas. Sería una vergüenza que alguien termine aceptando que nos paguen nuestros salarios con paquetes de yerba o que tengamos que pedir permiso para realizar una asamblea. El único camino posible es la calle”.

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La Argentina perdió 205.000 puestos asalariados desde noviembre de 2023, según datos oficiales

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El empleo asalariado cayó al nivel más bajo desde el inicio del gobierno de Javier Milei: se perdieron más de 200.000 puestos. El sector privado acumuló la mayor destrucción de empleo, seguido por el público y las casas particulares. La industria, la construcción y el transporte encabezaron las caídas.

El empleo asalariado formal registró en julio de 2025 su nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, de acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) publicados por la Secretaría de Trabajo. Desde noviembre de 2023, el país perdió 205.500 empleos asalariados registrados, en un proceso que afecta tanto al sector privado como al público y al trabajo doméstico.

Según el relevamiento, se destruyeron 127.000 puestos en el sector privado, 57.900 en la administración pública y 20.600 en casas particulares, lo que redujo el total de trabajadores asalariados formales a 10.096.200, la cifra más baja desde octubre de 2022. En el segmento privado, el empleo se ubicó en su mínimo desde agosto del año pasado, confirmando el estancamiento del mercado laboral formal en un contexto de fuerte contracción económica.

Destrucción de empleo y estancamiento productivo

El ajuste en el gasto público y la recesión en la obra pública impactaron directamente sobre la industria manufacturera y la construcción, dos sectores que concentran el grueso de la caída del empleo formal.
Solo en julio, se perdieron 8.800 empleos privados, con la industria manufacturera aportando 3.300 bajas. En términos acumulados desde diciembre, la construcción redujo su plantilla en 60.500 puestos, mientras que la industria perdió 39.200, alcanzando su menor nivel desde mayo de 2022.

El deterioro también se extendió al sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 15.100 empleos menos, y alcanzó a ramas tradicionalmente más estables como la actividad minera-petrolera y el sector financiero, que hoy operan con los niveles de empleo más bajos desde 2022 y 2011, respectivamente.

A nivel territorial, el senador Martín Barrionuevo destacó que la pérdida de empleo fue generalizada: “Salvo Neuquén, Tucumán, Mendoza y Río Negro, todas las provincias registraron caídas en el empleo asalariado”, señaló en redes sociales.

“Década perdida” en el empleo privado

El investigador Luis Campos, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, definió el panorama como un “proceso estructural de estancamiento” del empleo privado formal. “En julio de 2025 hay menos asalariados registrados en el sector privado que en julio de 2015. Decir ‘década perdida’ es poco a esta altura”, sostuvo.

En la misma línea, el economista Juan Manuel Telechea remarcó que “la Argentina tiene exactamente los mismos 6,2 millones de empleos privados registrados que hace diez años, pero con una población que hoy cuenta con casi cinco millones de personas más”.

Aunque el ritmo de destrucción de empleo se desaceleró desde agosto de 2024, el informe oficial indica que no se vislumbran señales de recuperación sostenida. De hecho, julio marcó la tercera caída mensual consecutiva y el peor desempeño desde el inicio del año.

Aumento del trabajo independiente y precarización

El retroceso en el empleo asalariado fue parcialmente compensado por un aumento en los trabajadores independientes, entre los que se sumaron 127.100 nuevos monotributistas y autónomos. No obstante, este fenómeno refleja una mayor informalidad y precarización, en un mercado laboral que no logra absorber la oferta de fuerza de trabajo bajo condiciones formales.

Para la segunda mitad del año, Campos advirtió un escenario “muy complicado”: “En agosto el índice de evolución del empleo cayó un 0,3%, el segundo peor agosto de la última década. Estamos frente a un modelo económico que no crea empleo y que no demanda fuerza de trabajo”, alertó.

En contraste, el dato positivo del informe fue la recuperación parcial del salario real privado, que mejoró por tercer mes consecutivo. En julio, los sueldos del sector privado registrado se ubicaron 3,8% por encima del nivel de noviembre de 2023, aunque todavía 0,4% por debajo del pico alcanzado en febrero de este año.

Entre la estabilidad macro y la pérdida de empleo

El gobierno nacional sostiene que la política de ajuste fiscal y equilibrio macroeconómico será la base para una futura recuperación del empleo privado. Sin embargo, los datos del SIPA reflejan que, al menos en el corto plazo, el impacto del programa económico libertario recae sobre los asalariados, tanto del sector público como del privado.

La caída acumulada de más de 200.000 empleos desde el inicio de la gestión Milei coloca al mercado laboral en su nivel más bajo en casi tres años y plantea un desafío estructural para la recuperación de la actividad productiva y del consumo interno.

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Inspecciones en Misiones revelan graves irregularidades laborales en el sector yerbatero y tealero

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Operativos conjuntos de UATRE, RENATRE y el Ministerio de Trabajo constataron condiciones de precariedad extrema en la zona centro de la provincia. Se labraron actas para exigir mejoras inmediatas y regularización laboral.

Inspectores de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) Seccional 1115, junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y al Ministerio de Trabajo, realizaron múltiples operativos en establecimientos rurales dedicados al secado de té y al cultivo de yerba mate en la zona centro de Misiones.

Los controles revelaron irregularidades graves en materia laboral y habitacional, que comprometen la salud y los derechos básicos de los trabajadores. Entre las falencias detectadas, los informes destacan:

  • Falta de indumentaria adecuada para tareas de riesgo.
  • Ausencia de baños: se utilizan letrinas improvisadas.
  • Deficiencia en el acceso al agua potable, limitado a una vertiente ubicada a 50 metros.
  • Cocción de alimentos en fogones improvisados en el suelo, por falta de cocinas o equipamiento mínimo.

En materia laboral, los inspectores constataron la falta de registración de numerosos trabajadores, salarios inferiores a lo fijado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) y condiciones de alojamiento catalogadas como infrahumanas, sin electricidad ni transporte disponible en caso de emergencias.

Actas labradas y exigencia de regularización inmediata

Frente a estas irregularidades, se labraron actas de inspección que exigen a los empleadores la implementación inmediata de mejoras en higiene, seguridad, infraestructura y formalización de los contratos de trabajo.

Desde la conducción de UATRE Oberá remarcaron que la situación “vulnera derechos elementales de los trabajadores rurales y constituye una deuda pendiente en sectores productivos clave para la economía misionera”.

Además, recordaron que cualquier irregularidad laboral puede ser denunciada de manera anónima a través del sitio oficial: www.uatre.org.ar/denuncia.aspx.

La detección de estas condiciones refuerza las tensiones históricas en torno al modelo productivo de yerba mate y té, dos pilares de la economía misionera que concentran decenas de miles de empleos directos e indirectos.

El desafío de la fiscalización laboral en zonas rurales dispersas sigue siendo un punto crítico. Si bien los organismos nacionales y sindicales intensificaron los operativos en los últimos años, los informes confirman que la informalidad y la precarización laboral persisten como un problema estructural, especialmente en pequeños y medianos establecimientos.

El RENATRE advirtió que continuará coordinando operativos con el Ministerio de Trabajo y con las delegaciones provinciales para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. “El objetivo es claro: que ningún trabajador rural quede fuera del sistema de protección legal”, señalaron desde el organismo.

La expectativa es que las actas labradas deriven en procesos de regularización forzosa, con sanciones para los empleadores que no acaten las disposiciones. Al mismo tiempo, se prevé que las denuncias anónimas y los controles itinerantes refuercen la vigilancia en áreas rurales de difícil acceso.

La discusión sobre la sustentabilidad social del agro misionero vuelve al centro del debate: mientras el sector productivo reclama alivio impositivo y financiamiento, los sindicatos y organismos de control subrayan que la competitividad debe construirse con trabajo registrado, condiciones dignas y respeto por los derechos laborales.

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Residencias en cardiología: precariedad laboral y ausencia de horizonte profesional

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Según cifras preliminares de una encuesta sobre 250 médicos residentes en Cardiología, más de 8 de cada 10 (83%) pensaron en la posibilidad de emigrar del país para ejercer su profesión en otros mercados. Precariedad, malas condiciones laborales, escasa contención, sueldos bajos y una elevada carga de horas de trabajo son algunas de las razones que están detrás de esta falta de horizonte profesional. 

Estas conclusiones surgen de un relevamiento realizado por el Consejo de Residentes en Cardiología (CONAREC) en noviembre de 2022 y cuyos resultados completos serán presentados en el próximo Congreso Argentino de Cardiología, que se realizará en octubre, organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC).  

Entre otros datos surgidos de la encuesta, casi el 40% de los residentes reconoció que trabaja en promedio más de 80 horas semanales; al momento del relevamiento, 3 de cada 10 recibían un sueldo inferior al salario mínimo vital y móvil; y el 30% no disponía de un lugar para descansar durante las guardias. Un número cercano a 1 de cada 3 de los residentes corresponde a médicos de otros países, mayoritariamente de Latinoamérica, que cursaron la carrera en la Argentina.

“Esta situación crítica de la profesión nos muestra claramente la falta de motivación que tienen nuestros médicos para quedarse desarrollando su carrera profesional en nuestro país, pensando además en su proyecto familiar. Luego de 6 o más años de carrera y de 4 años de residencia, nos encontramos con un médico muy formado al que, sin embargo, el sistema no le ofrece posibilidades de crecimiento profesional ni económico acordes al esfuerzo y a la capacidad demostrada”, afirmó el Dr. Lucas Campana, presidente del CONAREC.

“La precarización, muchísimos aspectos de no respeto al profesional y la necesidad de participar en múltiples trabajos para acceder a un sueldo digno son un reflejo del deterioro general del sistema de salud en la Argentina y las residencias no escapan a esta situación”, sostuvo por su parte el Dr. Ricardo Iglesias, ex presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC).

“La residencia médica se define conceptualmente como un sistema de aprendizaje supervisado y, si por motivos que hacen a la coyuntura económica los educadores y los educandos no pueden trabajar en conjunto, el médico de planta (educador) no va poder estar supervisando, orientando, ni siendo modelo para los más jóvenes que están en formación”, completó el Dr. Iglesias

Para el Dr. Alberto Alves de Lima, médico cardiólogo, ex director del Área de Docencia de la Sociedad Argentina de Cardiología, sin duda es necesaria una ley que regule el marco del trabajo de los residentes, porque en la práctica no son ‘estudiantes’, ya que tienen matrícula para su desempeño con responsabilidad legal, pero tampoco son trabajadores tradicionales, porque su trabajo requiere supervisión en diferentes niveles y es un proceso de aprendizaje supervisado que se da sólo muy parcialmente. 

“La tarea de gestión del talento de un residente es una mesa de 3 patas: propósito, reconocimiento profesional y remuneración. El propósito es muy vocacional y es una característica propia del residente que lo lleva adentro, pero la remuneración no es acorde y no le permite resolver sus necesidades básicas, mientras que el reconocimiento está en crisis: prácticamente no hay supervisión. La falta de supervisión, jornadas extenuantes, enorme responsabilidad legal y baja remuneración constituyen un combo que atenta contra el interés de los profesionales jóvenes en acceder a una residencia”, insistió el Dr. Alves de Lima

“Los médicos de Latinoamérica vienen a nuestro país por varios motivos: por el prestigio argentino en educación médica, porque la formación aquí es gratuita, mientras que en sus países suele ser muy costosa y compleja, y también porque para ellos vivir en Argentina es muy económico”, consignó el Dr. Iglesias

“No consideramos que exista ningún inconveniente en que se incorporen extranjeros a las carreras de grado y a las residencias médicas de nuestro país. El problema radica en que luego de formarse, sean argentinos o no, emigran porque ven mejores posibilidades de desarrollo en el exterior”, completó el Dr. Campana

Se estima que en nuestro país se producen unas 290 vacantes de residencias en cardiología cada año (total país, incluyendo instituciones públicas y privadas). Sobre ese total, históricamente se seleccionaban los postulantes sobre una cantidad de inscriptos 5 o 6 veces superior. Sin embargo, en los últimos años esa relación fue cambiando y actualmente se inscribe apenas el doble de potenciales interesados respecto de la totalidad de vacantes disponibles.

El sistema de residencias médicas en Argentina está regulado por la Ley N° 22.127 y establece que el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud será el encargado de regular y garantizar la actividad de los residentes médicos nacionales. Entre otras cosas, establece que el residente debe poder transitar su proceso de formación de forma adecuada y favorable. 

En opinión del Dr. Mario Fitz Maurice, médico cardiólogo especialista en arritmias, ex Director del Consejo de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Argentina de Cardiología, las precarias condiciones de trabajo, sus bajas remuneraciones, las guardias de 24 horas y el destrato generalmente recibido, no solo por los médicos a cargo, sino también por los pacientes que creen que los residentes no son médicos, no permiten garantizar sus actividades en condiciones adecuadas como lo menciona la ley. “Mirar para otro lado ante este problema es permitir apagar el motor de la mayoría de las instituciones de salud con sus terribles consecuencias, mientras que fortalecer el sistema de residencias es fortalecer la salud”, aseguró.

Otro tema es el de la violencia y el maltrato. A ese respecto el Dr. Alves de Lima, consideró que la violencia tiene mucho que ver con el modelo jerárquico de funcionamiento de los médicos. Lo interesante es que, de los 6 primeros perpetradores de maltrato, 4 son del equipo de salud: residentes superiores, jefe de residentes, médico de planta y personal de enfermería. Los otros 2 son los pacientes y los familiares. “Esta situación se suma al escenario desfavorable del día a día en la jornada laboral del residente”, insistió. 

Desde la Sociedad Argentina de Cardiología afirmaron que debe ser una preocupación primordial que todo el sistema de salud priorice las políticas que correspondan para prestigiar la formación médica y la jerarquización profesional. “De lo contrario la adecuada y eficiente atención de la población estará en grave riesgo en un futuro muy cercano si es que ya no lo está”, concluyeron.

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