precio de la hoja verde

Andresito pierde $64.800 millones por año por el derrumbe del precio de la yerba

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La crisis que atraviesa la producción yerbatera ya no se refleja únicamente en los ingresos de los productores. En Comandante Andresito, uno de los principales polos yerbateros del país, el derrumbe del precio de la hoja verde comienza a medirse en términos de desarrollo local, actividad económica y capacidad de generación de riqueza.

Un informe elaborado por el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones revela que la diferencia entre los aproximadamente $250 por kilo que actualmente reciben los productores y los $700 por kilo que el organismo considera necesarios para cubrir costos y garantizar la sustentabilidad de la actividad provoca una pérdida anual de $64.800 millones para la economía de Andresito.

La magnitud del número adquiere otra dimensión cuando se lo compara con las finanzas públicas del municipio: equivale a casi 14 presupuestos municipales completos que cada año dejan de circular dentro de la localidad.

Una economía que deja de girar

El análisis toma como referencia las cerca de 18.000 hectáreas cultivadas con yerba mate en Comandante Andresito, cuya producción ronda los 144 millones de kilos de hoja verde anuales.

Con el precio actual, esos volúmenes generan ingresos por alrededor de $36.000 millones. Sin embargo, si la materia prima se comercializara a $700 por kilo, el ingreso anual ascendería a $100.800 millones.

La diferencia, de $64.800 millones, representa recursos que hoy no llegan a los productores ni se vuelcan al circuito económico local.

Para una localidad cuya actividad gira en torno a la producción primaria, semejante caída tiene un efecto multiplicador sobre prácticamente todos los sectores.

El impacto supera ampliamente a las chacras

Desde el Ministerio del Agro advierten que la pérdida no termina en el productor.

Menores ingresos implican menos contratación de tareferos, menor demanda de servicios rurales, reducción en la compra de fertilizantes, agroquímicos, combustible y maquinaria, además de una caída del movimiento comercial en talleres mecánicos, estaciones de servicio, corralones, supermercados y pequeños comercios.

Cada peso que deja de percibir un productor es un peso que tampoco circula en la economía de Andresito.

El fenómeno termina afectando el consumo, la inversión privada y también la recaudación de distintos niveles del Estado, profundizando el deterioro económico de una región cuya matriz productiva depende fuertemente de la yerba mate.

Una pérdida que se replica en toda Misiones

El informe también amplía la mirada hacia el conjunto de la provincia.

Tomando una producción anual cercana a los 900 millones de kilos de hoja verde, la diferencia entre el precio actualmente percibido y el valor considerado necesario para sostener la actividad implica que Misiones deja de incorporar alrededor de $405.000 millones por año a su economía.

Ese dinero, sostienen desde la cartera agraria, podría traducirse en mayor inversión productiva, más empleo rural, mayor consumo interno y una mayor capacidad de crecimiento para las economías regionales.

La desregulación, en el centro del debate

El estudio fue difundido en un contexto de fuerte tensión dentro de la cadena yerbatera.

Desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) perdió la facultad de fijar precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada, modificando el esquema de regulación que había funcionado durante más de dos décadas.

La desregulación derivó en una fuerte dispersión de valores pagados a los productores y profundizó el conflicto entre los distintos eslabones de la cadena.

Mientras el Gobierno nacional sostiene que el mercado debe definir los precios, el Gobierno de Misiones, cooperativas, asociaciones de productores y trabajadores rurales vienen reclamando mecanismos que permitan recomponer el valor de la materia prima y evitar el deterioro de las economías regionales.

Para el Ministerio del Agro, el caso de Andresito muestra con claridad que la discusión excede al sector yerbatero: el precio de la hoja verde termina definiendo el nivel de actividad económica de localidades enteras.

Cuando el ingreso del productor cae, también se resiente el empleo, el comercio, los servicios y la inversión. En municipios cuya economía depende casi exclusivamente de la yerba mate, el precio de la materia prima deja de ser un dato sectorial para convertirse en un factor determinante del desarrollo local.

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En Oberá debatirán el futuro de la yerba mate tras la desregulación del INYM: productores expondrán el impacto del DNU 70/23

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La crisis que atraviesa la cadena yerbatera volverá a ocupar el centro de la escena este miércoles 18 de junio en Oberá, donde productores, cooperativistas, tareferos y representantes de distintas organizaciones rurales participarán de una charla debate para analizar las consecuencias económicas, sociales e institucionales que dejó la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Bajo el título “¿Tras la desregulación del INYM, hay crisis yerbatera?”, el encuentro se desarrollará desde las 18 horas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y reunirá a distintos actores de la actividad en un contexto marcado por la persistencia de bajos precios para la hoja verde y la canchada, reclamos de los pequeños productores y un escenario de fuerte incertidumbre para uno de los principales complejos productivos de la provincia.

Durante la jornada se expondrán indicadores económicos actualizados sobre la situación del sector, con especial foco en el impacto que generó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, mediante el cual el Gobierno nacional eliminó, entre otras atribuciones, la facultad del INYM de fijar los precios de referencia para la materia prima.

Los organizadores sostienen que la pérdida de esa herramienta de regulación modificó el funcionamiento del mercado yerbatero y profundizó el deterioro de la rentabilidad de miles de productores, generando un escenario de creciente conflictividad en la actividad.

Además del análisis económico, el encuentro incluirá un abordaje jurídico sobre la situación institucional del INYM, organismo cuya capacidad regulatoria continúa siendo objeto de debate desde la entrada en vigencia del decreto de desregulación impulsado por el Gobierno nacional.

Los participantes también compartirán testimonios sobre las consecuencias sociales que atraviesan actualmente las familias vinculadas a la producción de yerba mate, una actividad que constituye uno de los principales motores económicos de Misiones y que involucra a miles de pequeños productores, trabajadores rurales y cooperativas.

La convocatoria es impulsada por la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), la Asociación Civil Impulso Yerbatero, la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay, la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte y el Movimiento Agrario de Misiones, organizaciones que desde el inicio del proceso de desregulación vienen reclamando la restitución de herramientas que permitan equilibrar la relación entre productores e industria.

El encuentro se realizará en un momento particularmente sensible para la economía yerbatera, atravesada por la caída de los precios pagados al productor, el incremento de los costos de producción y la continuidad del debate sobre el rol que debe desempeñar el Estado en la regulación de una de las principales economías regionales del país.

La jornada buscará, además, construir un diagnóstico compartido entre los distintos eslabones de la cadena y generar propuestas que contribuyan a recuperar la sustentabilidad económica y social del sector, en un contexto donde el futuro institucional del INYM continúa siendo uno de los temas centrales de la agenda agropecuaria misionera.

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La batalla por la renta yerbatera: productores refutan los argumentos de Sturzenegger

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Las asociaciones de productores yerbateros de Misiones y Corrientes respondieron a las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien afirmó que “en diez años la industria de la yerba va a ser una cosa irreconocible”.

Las entidades consideraron que el análisis oficial presenta a la actividad como un bloque homogéneo, cuando la cadena yerbatera está integrada por productores, trabajadores rurales, contratistas, cooperativas, secaderos, molinos, fraccionadores, distribuidores y comercializadores, con intereses y realidades diferentes.

Los productores cuestionaron la afirmación de que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) transformó una industria competitiva en un monopolio. Recordaron que el organismo nunca compró hoja verde, nunca industrializó yerba ni comercializó paquetes al consumidor. Su función consistía en establecer reglas para un mercado marcado por fuertes asimetrías entre miles de productores y un número reducido de compradores.

Según señalaron, la producción primaria está en manos de alrededor de 13.000 productores. Por esa razón, sostienen que no puede hablarse de monopolio. En cambio, describen un mercado oligopsónico, donde pocos compradores concentran la demanda y cuentan con una capacidad económica, financiera y logística muy superior a la de los productores.

Las entidades remarcaron que, sin regulación, los pequeños productores negocian individualmente con empresas de gran escala. Una relación desigual. De un lado, quienes necesitan vender para sostenerse. Del otro, quienes pueden comprar, almacenar, industrializar y esperar mejores condiciones de mercado.

En ese contexto, sostienen que el INYM no reemplazaba al mercado. Introducía condiciones mínimas de equilibrio entre actores que no negocian desde posiciones equivalentes. Confundir regulación con monopolio, afirman, implica desconocer la estructura de la actividad yerbatera.

También rechazaron la idea de que la desregulación redujo a la mitad el precio de la yerba para los consumidores. Argumentaron que lo que efectivamente cayó fue el precio de la hoja verde percibido por los productores.

Las organizaciones señalaron que no se conocen estudios o mediciones que respalden la afirmación oficial. Tampoco observan una reducción equivalente en las góndolas. Por eso plantean una pregunta central: si la materia prima vale mucho menos, ¿por qué esa baja no se trasladó en igual proporción al consumidor?

Para los productores, la discusión pasa por identificar quién capturó la renta generada por esa transferencia de ingresos. Si el productor recibe menos y el consumidor no paga mucho menos, la diferencia queda en otros eslabones de la cadena.

Las entidades destacan que dos empresas concentran cerca de la mitad de las ventas en góndola. También mencionan el peso de las grandes cadenas comerciales y de la carga tributaria estatal. En ese escenario, consideran legítimo preguntarse quiénes fueron los principales beneficiarios de la desregulación.

A su entender, la evidencia disponible muestra una transferencia de ingresos desde los productores primarios hacia los sectores más concentrados de la cadena, sin beneficios equivalentes para los consumidores.

Las asociaciones coinciden en que la actividad debe crecer, exportar más y conquistar nuevos mercados. Sin embargo, advierten sobre las consecuencias de un modelo basado en la desaparición de productores, el éxodo de trabajadores rurales y la concentración de la renta.

“Cuando el ministro celebra que el precio pagado al productor haya caído a la mitad, está admitiendo precisamente el problema que hoy denunciamos ante la Justicia”, sostienen.

La respuesta enfatiza que detrás de cada reducción del precio de la hoja verde existen familias agrarias, cooperativas, comercios locales y miles de trabajadores vinculados a la actividad.

Las organizaciones recuerdan que la yerba mate es una economía regional construida durante generaciones por pequeños y medianos productores. Un modelo productivo singular. Una base social amplia. Un entramado económico que excede la producción y la exportación.

A partir de allí plantean una serie de interrogantes sobre el futuro del sector. Se preguntan si la actividad “irreconocible” mencionada por Sturzenegger será una donde desaparezcan los productores familiares, los trabajadores deban emigrar o la rentabilidad quede concentrada en cada vez menos operadores.

También expresan preocupación por la posibilidad de que la tradicional Ilex paraguariensis pierda centralidad frente a sustitutos, mezclas o productos que aprovechen el prestigio construido durante generaciones por productores de Misiones y Corrientes.

Para las entidades, la fortaleza de la yerba mate argentina no reside únicamente en su potencial exportador. También en su historia, cultura, conocimiento productivo y arraigo territorial.

“Exportar más no puede significar producir menos productores”, afirman.

Por eso sostienen que el debate no debe limitarse al precio que paga el consumidor o al volumen exportado. Debe incluir la retribución justa para el productor, la continuidad de las familias agrarias, la protección del trabajo rural y la preservación de una economía regional estratégica para Misiones.

La acción judicial actualmente en trámite busca determinar si un decreto puede desarticular el sistema institucional que durante décadas garantizó un equilibrio mínimo entre los distintos actores de la cadena.

Las asociaciones concluyen que la Argentina necesita una yerba mate más competitiva y exportadora. Pero también una actividad que conserve productores, trabajadores, cooperativas y comunidades rurales.

Porque una industria puede aumentar exportaciones y, al mismo tiempo, destruir las bases sociales, culturales y productivas que le dieron origen.

“Y cuando eso ocurre, lo que se vuelve irreconocible no es solamente la industria. Se vuelve irreconocible la propia Misiones”.

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Productor atribuyó a la desregulación yerbatera el éxodo laboral de Misiones hacia Brasil

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La profunda crisis que atraviesa la cadena productiva de la yerba mate en Misiones ya tiene consecuencias visibles en la frontera. Miles de trabajadores rurales y familias enteras están migrando hacia Brasil en busca de mejores ingresos, impulsados por la caída de la actividad y la fuerte diferencia salarial entre ambos países.

El productor yerbatero Ygor Sobol hizo mención al informe del diario Folha do Sao Paulo que reveló que más de 40.000 trabajadores argentinos tramitaron documentación brasileña en 2025 para acceder a empleo en el vecino país, una cifra muy superior al promedio histórico de 8.000 trámites anuales.

Según Sobol, el fenómeno responde al deterioro del sector: la actividad yerbatera se redujo cerca de un 90%, lo que dejó sin trabajo a miles de tareferos y trabajadores golondrina que cada año participaban de la cosecha.

La crisis productiva detrás del éxodo

En diálogo con los periodistas Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Sobol describió el escenario que se vive en las zonas productoras de Misiones.

Hace 20 años que no veo algo así. Tuvimos altibajos, pero esto es feo”, señaló. Según explicó, muchos secaderos que hasta hace pocos años trabajaban a pleno hoy permanecen prácticamente paralizados.

“Son una o dos empresas las que están recibiendo hoja verde ahora”, afirmó el productor.

La consecuencia directa es la falta de empleo rural. Muchos trabajadores que tradicionalmente se desplazaban durante la zafra quedaron sin actividad, lo que aceleró el flujo migratorio hacia Brasil.

Uno de los factores determinantes del éxodo es la diferencia salarial.

Sobol explicó que en Brasil los trabajadores de la cosecha pueden ganar entre un millón y 1,2 millones de pesos mensuales, mientras que en Argentina un peón rural percibe alrededor de 385 mil pesos.

“El éxodo está claramente explicado por números. En Misiones no tienen chance”, resumió el periodista Matías Barbería durante la entrevista.

Para Sobol, la decisión de emigrar es comprensible: “Está totalmente justificado”.

La desregulación del INYM, en el centro del debate

Consultado sobre las causas de la crisis, Sobol apuntó a la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que históricamente fijaba precios mínimos para la materia prima.

“Las tasas que cobra el Instituto se siguen pagando, pero no así el precio de la hoja verde”, explicó.

Según detalló, los costos de producción superan hoy los 400 o 500 pesos por kilo, mientras que el mercado está pagando entre 120 y 250 pesos.

“En el bolsillo del productor eso termina siendo 40 o 50 pesos por kilo. No alcanza ni para mantener la chacra”, advirtió.

El sistema anterior permitía fijar un precio mínimo mediante laudo de la Secretaría de Agricultura cuando no había acuerdo en el directorio del INYM. Ese mecanismo hoy ya no funciona.

Una cadena productiva en riesgo

La estructura productiva de la yerba mate en Misiones agrava el impacto de la crisis.

La provincia cuenta con entre 12.000 y 15.000 pequeños productores, muchos de ellos minifundistas, lo que diferencia a la actividad de otras regiones con explotaciones de mayor escala.

“Somos muchísimos productores pequeños, no grandes industrias”, explicó Sobol.

Familias que abandonan sus chacras

El impacto social ya se siente en las localidades cercanas al río Uruguay. Según relató el productor, cada vez es más frecuente ver a familias cruzando la frontera.

“Hay familias que se están yendo a vivir a Brasil con todo su grupo familiar”, afirmó.

El traslado muchas veces se realiza a través de las tradicionales balsas que conectan ambas orillas.

En su caso personal, Sobol explicó que la caída de la actividad también impactó directamente en su producción.

“Hace tres años tenía cuatro o cinco trabajadores fijos y alrededor de veinte temporarios. Hoy estoy en cero”, señaló.

La crisis no solo afecta a los productores, sino también a toda la cadena que incluye tareferos, contratistas de cosecha, secaderos, transportistas y molinos.

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El balance del INYM, un argumento clave frente a la nueva desregulación del sector yerbatero

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El balance de gestión del Instituto Nacional de la Yerba Mate correspondiente al período 2002–2023 se convirtió en un documento central dentro del debate actual sobre el futuro de la actividad yerbatera. En un contexto marcado por la desregulación introducida a partir del Decreto 70/23, el informe permite observar, con datos objetivos y verificables, los logros alcanzados por el organismo hasta antes de la quita de sus facultades, y se posiciona como una pieza clave para argumentar la necesidad de preservar su continuidad institucional. Ese documento fue enviado al ministro del Interior, Diego Santilli, a quien se le pidió que intervenga para frenar lo que consideran una “destrucción criminal” de la producción primaria.

El documento, elaborado por las entidades productivas que tienen representación en el INYM, repasa 21 años de gestión pública-privada en una de las economías regionales más relevantes del noreste argentino. En ese período, el instituto funcionó como ente de derecho público no estatal, con financiamiento del propio sector y un directorio integrado por representantes públicos y privados, y tuvo un rol decisivo en el ordenamiento, crecimiento y modernización de toda la cadena productiva yerbatera .

El INYM fue creado en 2002 por la Ley 25.564, como respuesta directa a una profunda crisis sectorial que derivó en protestas masivas de productores, tareferos, secaderos, cooperativas e industrias, conocidas como los “tractorazos”. En aquel momento, la actividad carecía de datos confiables, normativa actualizada y mecanismos de regulación que garantizaran previsibilidad. Desde su puesta en funcionamiento, el organismo comenzó a generar estadísticas, registros y herramientas de planificación que permitieron diseñar políticas sectoriales de mediano y largo plazo .

Uno de los pilares de su accionar fue la fijación del precio mínimo de la materia prima, una herramienta que, según el balance, permitió ordenar el mercado y generar condiciones de estabilidad. En 2023, incluso, el precio de la hoja verde llegó a pagarse por encima del valor oficial, en un escenario que el propio informe define como uno de los mejores momentos de la actividad en más de un siglo de cultivo sistemático.

Crecimiento productivo y expansión de la cadena

Los datos recopilados por el INYM muestran un crecimiento sostenido de la actividad entre 2011 y 2022. La producción de hoja verde pasó de 703.312 toneladas a 829.237 toneladas, mientras que aumentó la cantidad de productores, secaderos y molinos en la zona productora de Misiones y el norte de Corrientes. En el mismo período, los productores que comercializaron hoja verde crecieron de 7.360 a 9.942, los secaderos de 166 a 209 y los molinos y fraccionadores de 96 a 101 .

El mercado interno también evidenció una expansión: el consumo pasó de 248.989 toneladas en 2011 a 275.809 toneladas en 2022. En paralelo, las exportaciones crecieron de 35.428 a 40.304 toneladas, con presencia en más de 50 países. Estos registros consolidaron a la Argentina como principal productor y exportador mundial de yerba mate, con un consumo per cápita que alcanzó niveles récord en los últimos años.

Uno de los aspectos destacados del balance es la Resolución 170/21, aprobada en junio de 2021, que reguló la expansión de la superficie plantada. La norma habilitó la plantación de hasta cinco hectáreas por año y la renovación de hasta el dos por ciento de la superficie existente, estableciendo reglas comunes para pequeños, medianos y grandes productores. Según el INYM, esta medida permitió un crecimiento ordenado de la materia prima, favoreció el arraigo de las familias rurales, fortaleció a las cooperativas y dinamizó las economías locales donde se concentran las plantaciones .

El informe también detalla el funcionamiento del Servicio de Extensión Yerbatero (SEY), creado en 2020, integrado por ingenieros agrónomos que trabajan directamente con pequeños productores. El objetivo fue mejorar la productividad de manera sustentable, mediante prácticas de conservación de suelos, manejo del agua, control biológico de plagas y mitigación de los efectos del cambio climático. Esta asistencia técnica integral se orientó a lograr incrementos graduales y sostenidos de la producción, sin comprometer los recursos naturales.

En paralelo, el INYM desplegó más de 25 programas de apoyo al sector, que incluyeron la entrega de herramientas, indumentaria y equipamiento, así como becas educativas para hijos de productores y tareferos. Entre 2020 y 2023 se distribuyeron miles de motoguadañas, motosierras, tijeras automáticas y equipos de protección, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y la eficiencia de la cosecha.

El respaldo al sector tarefero ocupó un capítulo específico, con aportes al Programa Intercosecha, capacitación laboral y provisión de equipamiento durante los períodos sin actividad. Estas acciones, según el balance, fueron claves para sostener el empleo y reducir la vulnerabilidad social en una actividad altamente estacional.

Otro eje central fue la política de calidad. El INYM creó el Área de Control y Gestión de Calidad y fortaleció la fiscalización, con controles fisicoquímicos y microbiológicos en toda la cadena. Se implementaron normas para la yerba mate importada, con el objetivo de resguardar a la industria nacional y garantizar que el producto que llega al consumidor cumpla con los estándares argentinos.

En paralelo, el organismo impulsó investigaciones científicas sobre las propiedades benéficas de la yerba mate, organizó jornadas de divulgación y creó una base de datos bibliográfica única a nivel mundial. Estas acciones acompañaron el posicionamiento del producto en mercados internacionales, donde crece la demanda de alimentos naturales y funcionales, y favorecieron el desarrollo de nuevos formatos de consumo.

Un balance que alimenta el debate actual

El documento concluye destacando que, en sus 21 años de funcionamiento, el INYM brindó previsibilidad, crecimiento y desarrollo a una cadena integrada por unos 15.000 tareferos, más de 12.500 productores, decenas de cooperativas, secaderos e industrias, con impacto directo en Misiones y el norte de Corrientes. En ese sentido, el balance se presenta hoy como una herramienta central para evaluar las consecuencias de la desregulación y como un insumo clave en el debate sobre la continuidad del organismo.

En un escenario de fuerte incertidumbre para la actividad yerbatera, los datos del INYM permiten observar que la regulación no sólo ordenó el mercado, sino que también promovió inversión, empleo, calidad y expansión internacional. Para los actores del sector, estos antecedentes constituyen elementos fundamentales para defender la vigencia del instituto como órgano regulador y evitar la pérdida de un esquema que, hasta su desarticulación, había mostrado resultados concretos y medibles en una de las principales economías regionales del país.

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