Precios relativos

La inflación invisible: en el NEA los gastos fijos subieron 464% y le ganaron por 152 puntos al IPC

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Cuando se analiza la inflación en el país, hay muchas maneras de interpretarla en función, principalmente, del tiempo que miremos: un mes, un año, una década y también, contra qué o quién comparamos. El Gobierno de Javier Milei celebra que la suba de precios ha sido controlada, pero la realidad esconde matices que no coinciden con esa expresión de deseos. En la región del NEA tenemos una situación especial: en toda la era Milei (julio 2026 vs. noviembre de 2023) la región acumuló una inflación del 312,3%, la menor entre todas las regiones del país y también por debajo del 328,8% acumulado a nivel nacional. 

A primera vista, podría parecer una buena noticia, en términos relativos para los hogares de la región. Pero si reducimos la mirada al acumulado de este 2026 (julio vs. diciembre 2025), se da la situación inversa: el NEA tiene la más alta del país con 22,3%, por encima del 19,3% del nivel general nacional. 

Sin embargo, quedarse solamente con un número puede llevar a una conclusión equivocada porque, independiente del número que arroja el nivel general regional, la inflación no impacta de la misma manera sobre todos los hogares ni sobre todos los bienes y servicios

Cuando se desarma el índice y se observa qué componentes fueron los que más aumentaron, aparece una realidad más compleja y se advierte que en el NEA, los precios que más crecieron son precisamente aquellos que las familias tienen menos posibilidades de evitar o postergar.

Vamos a empezar con el análisis de largo plazo: el del acumulado de la era Milei. Como ya se dijo, el NEA arrastre un alza de precios del 312,3% entre noviembre 2023 y julio 2026; tomamos noviembre porque la inflación de diciembre 2023, cuando asumió el actual gobierno (y pese a quien le pese) está influenciada en su mayor porción por la devaluación de ese momento (es decir, es toda de Milei, más allá de la alta inflación que se venía teniendo meses atrás). 

Ahora bien, hacia dentro de índice, se configuran fuertes dispersiones: el caso más evidente es el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, componente que acumuló, en ese mismo período, una suba del 722,9%, 2,3 veces más que el aumento del nivel general de precios de la región. 

Dado que se trata de un concepto con baja posibilidad de no consumo (un hogar no puede elegir no pagar el alquiler o pagar las tarifas de luz, agua y gas) es entonces, por lejos, el principal factor que explica la distancia entre la inflación que muestra el índice y la inflación que efectivamente enfrenta buena parte de los hogares.

Ese dato no solo es malo para la región, sino que también lo es en perspectiva comparada: justamente el NEA tiene uno de los mayores incrementos en esa división de todo el país, pese a tener la más baja en el nivel general. A modo comparativo, en el total país el rubro de vivienda y servicios públicos creció acumulado 617,7%, en GBA 565,0%, en la Pampeana 636,2%, en NOA 713,8%, en Cuyo 636,2% y en la Patagonia 729,9%, siendo este última el más alto del país dejando al NEA en segundo lugar. Pero si miramos la dispersión de esa división respecto a los niveles generales de cada región, en el NEA está la mayor distancia: el rubro creció 2,3 por encima del nivel general, la mayor del país, superando al 2,2 de Patagonia y NOA. En otras palabras: la vivienda y los servicios públicos se encarecieron relativamente mucho más que en el resto del país

Mirar esta diferencia entre las velocidades de crecimiento de las divisiones respecto al nivel general nos marca el encarecimiento y/o abaratamiento relativo (los famosos precios relativos). En la era Milei, en el NEA se encarecieron relativamente Vivienda y Servicios Públicos, Salud, Transporte, Comunicación, Educación, Restaurantes y Hoteles y Bienes y servicios varios; en cambio, se abarataron relativamente los alimentos y bebidas, alcohol y tabaco, prendas de vestir y calzado, equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura. 

Acá vemos un importante escenario: los rubros que más se encarecieron son, mayoritariamente, los que más están presentes en el día a día de un hogar tipo como el alquiler, la luz, el agua, la garrafa de gas, los medicamentos, el transporte público, la nafta y el celular y wifi. En cambio, entre los que se abarataron relativamente son, en buena medida, aquellos sobre los que una familia puede tomar decisiones de consumo: indumentaria, equipamiento del hogar, recreación. 

Aquí la excepción en el caso de los alimentos: es una gran noticia que crezca por debajo del nivel general, ya que constituye un gasto fijo que, pese a que el hogar puede tomar decisiones de cantidades o de calidad, no puede reducir a cero el gasto en ese componente.

Esto que describimos genera una especie de ilusión estadística. El promedio general se modera porque algunos bienes pueden postergarse, reemplazarse o directamente dejar de comprarse. Una familia puede comprar menos ropa, renovar más tarde un electrodoméstico, reducir salidas o ajustar consumos. Pero hay gastos que no admiten el mismo margen de maniobra: pagar el alquiler, afrontar las tarifas, mantener determinados servicios o cubrir necesidades de salud y transporte.

Por eso, para entender qué ocurrió realmente con el poder adquisitivo en el NEA, mirar solamente el IPC general resulta insuficiente. Por eso, construimos el Índice de Gastos Fijos que reúne justamente aquellos componentes asociados a compromisos más difíciles de resignar para los hogares y allí aparece el dato central: mientras la inflación general, como decíamos antes, acumuló un alza en el NEA del 312,3% en la era Milei (la más baja del país), el gasto fijo de los hogares aumentó 464,3% (el segundo más alto del país). La diferencia entre uno y otro es de 152 puntos porcentuales y constituye la brecha más grande entre ambas mediciones entre todas las regiones del país. 

En términos relativos, el gasto fijo del NEA creció 48,7% más que su inflación general, frente a una diferencia del 27,1% para el total nacional.

Para graficarlo de manera más potente: supongamos que en noviembre de 2023 un trabajador ganaba $1 millón y llegó a julio de 2026 ganando $ 4.122.621. Eso le permitió empardar con la inflación general: técnicamente, no perdió poder adquisitivo frente al IPC. Sin embargo, si esa misma suba salarial se compara con la evolución del índice de gasto fijo, la historia cambia: en términos reales, ese trabajador perdió un 26,9% de capacidad de compra frente al conjunto de gastos ineludibles del hogar. Dicho de otro modo, aunque su salario haya empatado con la inflación general, una mayor proporción de sus ingresos debe destinarse a cubrir gastos que no puede postergar, reduciendo su ingreso disponible.

Esto nos permite llegar a la conclusión de que el NEA tuvo, acumulado entre noviembre 2023 y julio 2026, la inflación general más baja del país, pero eso no significa que haya tenido el menor impacto inflacionario sobre los hogares. De hecho, puede ocurrir exactamente lo contrario para una familia cuyo presupuesto está fuertemente concentrado en vivienda, tarifas y alimentos.

Si repasamos lo mismo, pero para el acumulado de este 2026, vemos que en este caso el NEA sí tiene la inflación más alta del país al tiempo que persisten los otros problemas. Mientras que el nivel general regional creció 22,3% en los primeros siete meses del año, el rubro de vivienda y servicios públicos lo hizo en 51,7% en la región, la más alta del país y con mucha distancia (2,3 vs. nivel general). Esto se agrava al observar que Alimentos creció también por encima del nivel general (23,2%, un punto porcentual por encima) dándole más presión a los hogares. 

En ese marco, ¿cómo queda el gasto fijo para este período? Mientras la inflación general NEA crece 22,3% en el año, el índice de gastos fijos regional crece en 38,9%, el más alto del país y por lejos, debido a que en ninguna otra región supera el 30%. Volviendo al ejemplo gráfico: si un trabajador tuvo una suba salarial igual a la inflación regional acumulada, aun así mermó 12% su capacidad para afrontar los gastos fijos del hogar; otra vez, el problema queda en el ingreso disponible.

Estas diferencias ayudan a entender por qué muchas veces existe una distancia tan grande entre los indicadores agregados y la realidad cotidiana de los hogares. El promedio estadístico puede mostrar una desaceleración o una menor inflación relativa, mientras que una familia siente que cada mes necesita una proporción mayor de sus ingresos solamente para sostener los gastos básicos. Acá aparece una cuestión particularmente relevante para una región como el NEA: el menor aumento de precios en determinados bienes de consumo puede estar asociado a una menor capacidad de los mercados regionales para trasladar aumentos a precios, producto de un menor poder adquisitivo y de estructuras comerciales diferentes a las de las regiones más concentradas, pero eso convive con una fuerte recomposición de tarifas y servicios que impacta directamente sobre los presupuestos familiares. 

En otras palabras, no todos los pesos que una familia deja de gastar en bienes postergables quedan disponibles para mejorar su calidad de vida. Muchas veces terminan siendo absorbidos por el aumento de aquellos gastos que no pueden evitarse.

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El Gobierno activa subas en gas, luz y combustibles y recalibra el esquema tarifario en marzo

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Marzo comienza con una señal clara del Ejecutivo: la normalización tarifaria sigue en marcha. El Gobierno nacional autorizó nuevos aumentos en gas natural, electricidad y combustibles que impactan desde el 1° de marzo y que, en el caso de los carburantes, se traducen en subas de entre 1% y 1,2% por la aplicación parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos, postergado desde principios de 2024. En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas habilitó incrementos en los cargos del sistema —con alzas del 8% en transporte, desplazamiento e intercambio— y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad aprobó subas de hasta 2,43% en el Costo Propio de Distribución.

El movimiento no es aislado. Forma parte de una estrategia que combina reducción de subsidios, recomposición de ingresos en las empresas reguladas y dosificación del impacto inflacionario. La clave política está en ese equilibrio: sostener el sendero de corrección de precios relativos sin detonar una nueva espiral en un insumo transversal a toda la economía.

Regulación y discrecionalidad: cómo se arma la nueva factura

En gas, el aval del Ente Nacional Regulador del Gas permitió a las distribuidoras trasladar mayores costos al usuario final. Los cargos del sistema suben 8%, aunque el efecto en la boleta no es lineal. Depende del área de concesión, de los cuadros tarifarios vigentes y de los beneficios aplicables. En la zona núcleo el impacto es mayor; en áreas frías, más acotado.

En electricidad, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad autorizó hasta 2,43% de aumento en el Costo Propio de Distribución. Ese componente es solo una parte de la factura, que también incluye el precio de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, subsidios, bonificaciones e impuestos locales. Por eso el traslado al usuario será dispar según zona y categoría.

El caso de los combustibles tiene otra lógica. El Gobierno habilitó una porción del impuesto específico, que había sido diferido desde 2024. Aunque el tributo se fija en valores nominales, el impacto final se traduce en un aumento de entre 1% y 1,2%, al que se suman las remarcaciones que definan las petroleras. Desde la desregulación del mercado en 2024, los precios se mueven con mayor libertad y el Ejecutivo dejó de exigir informes públicos sobre actualizaciones. El resultado fue un 2024 con aumentos en 11 de 12 meses y un alza acumulada superior al 42%, por encima de la inflación anual informada por el Indec.

La dosificación impositiva revela la tensión central: recomponer recaudación sin trasladar de una sola vez el peso tributario al surtidor. Es una decisión fiscal con lectura macroeconómica.

Costos, salarios y consumo bajo presión

El encadenamiento es evidente. Energía y combustibles son insumos difundidos. Afectan transporte, producción industrial, logística y servicios. Cada ajuste impacta de manera directa en el gasto fijo de los hogares y de forma indirecta en la estructura de costos del sector productivo.

Según el Observatorio de Tarifas del IIEP (UBA-CONICET), en 2025 los servicios públicos acumularon actualizaciones promedio de hasta 30%, un ritmo menor al shock de 2024 pero alineado con la inflación anual. El peso estimado de estos gastos ronda el 20% del ingreso mensual de los hogares, en un contexto de cuatro meses consecutivos sin mejora del salario real según el Indec.

Para las empresas energéticas y distribuidoras, la señal es de continuidad regulatoria. El esquema busca garantizar ingresos operativos y previsibilidad en la inversión. Para los consumidores, el efecto es más inmediato: mayor proporción del ingreso destinada a tarifas y combustibles, con menor margen para consumo discrecional.

El Gobierno intenta evitar un salto brusco que reavive expectativas inflacionarias. Sin embargo, la suma de ajustes parciales termina configurando una presión acumulativa. No es un shock único; es una secuencia.

Señales al mercado y clima político

La decisión consolida el rumbo de corrección tarifaria iniciado el año pasado. No hay congelamientos ni interrupciones en el proceso de recomposición de precios relativos. El Ejecutivo muestra coherencia con su política de reducción de subsidios y desregulación, pero también administra tiempos y porcentajes para evitar desbordes macroeconómicos.

El mensaje al mercado energético es de previsibilidad. El mensaje a los hogares es más complejo: la normalización continúa en un escenario donde el poder adquisitivo todavía no acompaña. Esa tensión define el clima económico del primer trimestre.

Marzo abre con tarifas en alza y con un esquema que combina regulación, impuestos y mercado. El impacto pleno se medirá en las próximas mediciones de inflación y en la dinámica del consumo. Por ahora, el ajuste avanza por tramos.

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Índice Big Mac: Argentina es el segundo país más caro del mundo en dólares

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El precio del Big Mac en Argentina volvió a encender alertas en el análisis económico internacional. Con un valor de US$ 7,37, el país se ubicó como el segundo más caro del mundo, solo detrás de Suiza, y por encima de economías desarrolladas como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Noruega y Suecia. El dato, utilizado como referencia informal para comparar precios y poder adquisitivo entre países, vuelve a poner en agenda la persistencia de la inflación en dólares y el desalineamiento entre precios internos, ingresos y tipo de cambio.

Precios en dólares y atraso cambiario: una señal que se repite

El ranking internacional del Big Mac —basado en un producto estandarizado y comparable a nivel global— muestra que el precio del combo en Argentina se encuentra en niveles similares a los de países europeos de alto ingreso, pese a que el salario promedio local medido en dólares es sustancialmente más bajo.

Según el listado, Argentina quedó por encima de economías con mayor poder adquisitivo y estructuras de costos más elevadas, como Estados Unidos (US$ 5,79), Reino Unido (US$ 5,73), Italia (US$ 6,42), Noruega (US$ 6,67) y Suecia (US$ 5,67). Solo Suiza, con US$ 7,99, supera el precio argentino.

Este posicionamiento refuerza el diagnóstico de atraso cambiario, en tanto los precios internos, medidos en dólares, se mantienen elevados incluso en contextos de estabilidad del tipo de cambio. En términos prácticos, el indicador refleja que la economía local presenta bienes y servicios caros en moneda dura, sin una correspondencia equivalente en los niveles de ingresos.

Inflación en dólares: impacto sobre consumo y precios relativos

El ranking vuelve a instalar con fuerza el concepto de inflación en dólares, un fenómeno que se consolidó en los últimos años. A diferencia de la inflación medida en pesos, este indicador muestra cómo determinados bienes se encarecen también en términos internacionales, afectando la competitividad y el poder de compra.

Que Argentina figure en el segundo puesto global con un producto masivo y homogéneo como el Big Mac es una señal relevante: los precios internos se encuentran desalineados respecto de los ingresos y de los valores internacionales. Para el consumo, esto se traduce en mayores restricciones, mientras que para la economía en su conjunto expone dificultades para ordenar precios relativos, sostener demanda y recuperar competitividad.

El fenómeno no solo impacta en el consumo interno, sino que también condiciona sectores vinculados al turismo, los servicios y las actividades que compiten con precios internacionales, donde los costos en dólares resultan determinantes

El ranking global del Big Mac más caro

El listado ordena a los países según el precio final del Big Mac expresado en dólares. En ese esquema, Argentina aparece en una posición inusual para su nivel de ingresos:

  • 🇨🇭 Suiza: US$ 7,99
  • 🇦🇷 Argentina: US$ 7,37
  • 🇺🇾 Uruguay: US$ 6,91
  • 🇳🇴 Noruega: US$ 6,67
  • 🇮🇹 Italia: US$ 6,42
  • 🇨🇷 Costa Rica: US$ 5,90
  • 🇺🇸 Estados Unidos: US$ 5,79
  • 🇬🇧 Reino Unido: US$ 5,73
  • 🇸🇪 Suecia: US$ 5,67
  • 🇩🇰 Dinamarca: US$ 5,64

La comparación deja en evidencia que Argentina presenta precios en dólares propios de países con alto costo de vida, pero sin el respaldo de salarios equivalentes.

Señal de fondo y desafíos pendientes

Más allá de la curiosidad estadística, el ranking del Big Mac funciona como un termómetro de desequilibrios macroeconómicos. La persistencia de precios elevados en dólares erosiona el poder adquisitivo, limita el consumo y expone los límites de una economía que aún enfrenta dificultades para recomponer competitividad y normalizar su estructura de precios.

En ese sentido, el dato vuelve a poner en discusión el desafío central de la economía argentina: alinear precios, tipo de cambio e ingresos, en un contexto donde la inflación en dólares se convierte en un factor clave para explicar el freno del consumo y las tensiones sobre la actividad.

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